Rosa Alicia Camarena Quiróz
Expediente 1642/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1642/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rosa Alicia Camarena Quiróz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por ********************, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ******************** y en su carácter de Tutora del Incapaz ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos Actuario adscrito a la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos El emplazamiento al juicio laboral ******************** que tuvo como consecuencia el procedimiento, incluyendo el dictado del laudo. Del incidente de suspensión Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento a las autoridades responsables de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que las autoridades responsables podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De la audiencia constitucional Se señalan las diez horas con seis minutos del ocho de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. Se ordena el emplazamiento de la parte tercero interesada Por conducto del actuario adscrito a este Juzgado Federal, emplácese a la parte tercero interesada ********************, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa en su escrito de demanda, para lo cual, se ordena correr traslado con copia del escrito inicial de demanda y con el presente auto, conforme al plazo y procedimiento establecido en los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27 de la Ley de Amparo, de igual forma, se requiere al tercero interesado, para que al momento de la diligencia, o en el plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado federal, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; plazo que se fija conforme al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, conforme a su numeral 2. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas que ofrece, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como las personas que propone para los mismos efectos. Correo electrónico y número telefónico Se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa como medios extraordinarios de comunicación, sin que a través de ellos puedan realizarse notificaciones judiciales por no preverse dicha situación en la Ley de Amparo. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, se tiene a la vista anexo en copias certificadas que acompaña a la demanda de amparo, consistente en resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil dieciocho, auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, y comparecencia de aceptación de cargo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, se acuerda favorable la solicitud relativa a la expedición de copias certificadas de las constancias antes referidas. Notifíquese Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, se ordena formar electrónicamente el incidente de suspensión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo al juicio de amparo 1642/2023, promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ******************** y en su carácter de Tutora del Incapaz ********************, por la que solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos y otra autoridad, y únicamente se ordena formar el cuaderno físico para glosar las constancias que sean presentadas de esa forma. Lo anterior, con fundamento en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Requerimiento del informe previo Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable, el informe previo, el cual deberá rendir en un solo tanto, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142, de la Ley de Amparo. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe previo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se informa a la autoridad que en el informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De la audiencia incidental: Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con tres minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: Asentado lo anterior, se procede verificar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada, a partir del acto que se precisa a continuación: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos Actuario adscrito a la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos El emplazamiento al juicio laboral ******************** que tuvo como consecuencia el procedimiento, incluyendo el laudo. La suspensión, la solicita la parte quejosa para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. En ese sentido, procede verificar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada. Primero, resulta importante destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar a la parte quejosa la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables a la parte quejosa está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, la parte quejosa podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: El perjuicio del interés social. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene la parte quejosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Con base en lo anterior, se provee lo siguiente: 1. Se niega la suspensión solicitada por el monto de hasta seis meses de salario. Ahora bien, tomando en cuenta que del contenido del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado deriva de la ejecución del laudo emitido por la autoridad responsable, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por lo que hace el monto equivalente a seis meses de salario de la trabajadora (aquí tercero interesada), en virtud de que se estima necesario para su subsistencia, entretanto se resuelve el juicio de garantías del que deriva este incidente, ello de conformidad con los artículos 138 y 152 de la Ley de Amparo. Quedan expeditas las facultades de la Junta responsable, para despachar la ejecución del laudo condenatorio, únicamente por cuanto se refiere a la cantidad del excedente de los meses de salario a que se hace referencia. La negativa de la suspensión de la ejecución del laudo condenatorio, hasta por el monto equivalente de seis meses de salario de la trabajadora, se fija tomando en consideración el cálculo de la duración del juicio de garantías con la finalidad de resguardar la subsistencia de la trabajadora que pueda verse afectado por la dilación en el trámite y resolución del juicio de amparo, pues se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la subsistencia del actor en el juicio laboral natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.2 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES EXIGIBLE AL PATRÓN QUE SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN AL PROCESO LABORAL, SIEMPRE QUE EXISTA LAUDO CONDENATORIO EN SU CONTRA. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto como persona extraña por equiparación a un proceso laboral, del que dijo haber tenido conocimiento después de la emisión del laudo, y solicitó la suspensión del acto reclamado. Al decidir sobre esa medida, el Juez de Distrito aplicó el artículo 152 de la Ley de Amparo, por lo que la negó en el monto que garantizara la subsistencia de la parte trabajadora mientras dure el juicio de amparo, y la concedió por el excedente. Contra esa determinación, aquélla interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la obligación de garantizar la subsistencia del trabajador es exigible al patrón que se ostenta como persona extraña por equiparación al proceso laboral, cuando promueve juicio de amparo indirecto contra la ejecución de un lado condenatorio en su contra y solicita la suspensión. Justificación: Ello es así, pues el artículo 152 referido establece una regla general para el juicio de amparo indirecto, en el sentido de que cuando se reclame la última resolución del procedimiento de ejecución de un laudo, la suspensión del acto reclamado debe negarse por la cantidad que garantice la subsistencia de la parte trabajadora mientras se resuelve ese proceso constitucional, y sólo podrá concederse por el excedente. Al respecto, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU CASO, LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña, ocurre un supuesto de excepción a la aplicación de ese artículo, cuya consecuencia es que no tenga la obligación de garantizar la subsistencia de la trabajadora en los términos aludidos. Sin embargo, esa excepción es inaplicable al patrón que acude como persona extraña por equiparación en cuya contra existe un laudo condenatorio porque, en este escenario, la condena constituyó un derecho en favor de la trabajadora para que aquél le cubra las prestaciones que la Junta estimó procedentes, de modo que debe presumirse que las requiere para subsistir mientras se decide sobre la constitucionalidad del litigio, como lo determinó la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 13/90, de rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUÉL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO.". Además, esa propiedad no está presente en el caso de excepción que identificó la Segunda Sala, pues reconoció que éste se refería a la parte quejosa que persiguiera un fin distinto al de los condenados que deben garantizar la subsistencia de la trabajadora en los términos descritos". 2. Se concede suspensión por el excedente del monto equivalente a los seis meses de salario referido Por otra parte, de conformidad con los artículos 132, 136, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables acerca de la suspensión definitiva; medida cautelar que se concede tomando en consideración las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la parte quejosa en su escrito de demanda; con lo cual por el momento acredita el interés que tiene para que les sea concedida tal suspensión. La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 132 y 136 de la ley de la materia, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe ante este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de este proveído, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cuyo concepto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional a ********************, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ******************** y en su carácter de Tutora del Incapaz ********************, en el incidente de suspensión número 1642/2023". En el entendido de que la garantía antes señalada podrá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley; si se trata de compañía aseguradora deberá señalar el o los nombres de las personas autorizadas en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal; así como la manifestación de que se somete a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en esta ciudad, para el caso de litigio; por último, deberá indicar el nombre de los representantes legales de dicha institución en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en el artículo 2802 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según su dispositivo 113. Se hace del conocimiento a la parte quejosa, que en caso de exhibir la garantía en certificado de depósito, también deberá requisitarlo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el día catorce de mayo de dos mil siete, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, incluyendo la leyenda expresa en lo relativo al "CONCEPTO", lo siguiente: "Se autoriza al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control del presente billete de depósito.". Medida suspensional que no surtirá efecto legal ni material alguno si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo, si los actos que se reclaman ya fueron ejecutados, o si los actos derivan de algún procedimiento en el que la parte quejosa haya sido oída y vencida, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo; lo anterior es así, en atención a que el Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrá de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, en razón a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo. Salvedades de los efectos de la suspensión provisional No obstante lo anterior, la medida cautelar indicada no surtirá efecto legal ni material alguno si los actos reclamados por los que se concedió la misma, derivan de un procedimiento en que la parte quejosa haya sido oída y vencida en un juicio; si los actos motivo de la suspensión, ya fueron ejecutados en su totalidad, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Notifíquese Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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