Rosa Alejandra Velasquez Arroyo
Expediente 1663/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1663/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/11/2022
Partes del expediente
- Rosa Alejandra Velasquez Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Audiencia incidental e interlocutoria. RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva.
- Principal
ZAPOPAN, JALISCO, A CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL PERITO JOSÉ REFUGIO OLIDEN TORNERO, EL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE SE ESBLECIÓ LO SIGUIENTE: No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por última ocasión requiérasele para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que se constituya ante este Juzgado Federal a revisar las constancias respectivas, emita su dictamen correspondiente a la prueba pericial anunciada en autos, o en su caso, manifieste su imposibilidad para cumplir con lo anterior; en virtud de los diversos requerimientos realizados en autos. Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de la medida de mérito por $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), que es el valor actual de esa medida, según lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se señalan, para su celebración las nueve horas del diez de noviembre de dos mil veintidós. LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE.
- Principal
Ténganse por recibidos el comunicado y anexos que remiten el Presidente Auxiliar y el Secretario de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante los cuales cumplen el requerimiento de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, y al efecto, con fundamento en los preceptos 75 y 119 de la Ley de Amparo, remiten las constancias que indican; con su contenido dese vista a las demás partes para su conocimiento, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dispuso dar vista a las partes para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento de que se trata. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirlo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, motivo por el que se concluye que dicho fallo se encuentra cumplido en su totalidad. Por otra parte, téngase por recibido el comunicado y anexo remitidos por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, atento a su contenido únicamente agréguese para que obre como corresponda en virtud de lo señalado en los párrafos que anteceden. Ahora bien, se advierte que la información contenida en el informe rendido por la autoridad oficiante, es considerada como confidencial y reservada; por lo que, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para garantizar su confidencialidad, únicamente se utilizará para los fines que fueron transferidos. En efecto, importa señalar que en relación con los datos contenidos en el informe recibido, en modo alguno implica que el quejoso no pueda tener acceso a la información que obra en éste, dado que ello es una cuestión diferente que necesita valorarse conforme a los lineamientos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su jurisprudencia. Esos lineamientos se pueden esquematizar de la siguiente manera: Lo primero que debe hacer el juez de amparo es analizar la información considerada reservada o confidencial. Una vez identificada la información, debe ponderar los derechos implicados en el asunto, valorar las características del acto reclamado y las especificidades del caso en concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso de una o todas las partes a esa información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado. De manera debidamente fundada y motivada, el juez debe decidir si permite el acceso únicamente a aquella información que haga viable la defensa efectiva de las partes; información que, una vez conocida en el juicio, se considerará, para todos los efectos, como información reservada en posesión de un particular, por lo que sólo podrá ser usada en su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. En caso de que se conceda el acceso a la información clasificada como reservada o confidencial, el juez, además de decidir qué parte o partes tendrán acceso a ella, podrá imponer las modalidades que considere necesarias, a efecto de determinar, por ejemplo, que se tenga acceso a los documentos clasificados el tiempo necesario para familiarizarse y tener conocimiento de ellos, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información. Como puede verificarse, la decisión del Juez no puede ser automática. Necesita emprender una tarea que no es tan simple, como parece. Hay que revisar la información y las particularidades del caso para decidir si se permite el acceso únicamente a aquella información que haga viable la defensa del quejoso o toda la que se encuentra disponible, lo que sucede en el caso, en tanto que, las constancias que se remiten consisten en aquellas actuaciones verificadas en el juicio en el que es parte actora. En ese sentido, las partes pueden no estar de acuerdo con esta decisión, pero deben reconocer que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el Juez constitucional debe permitir el acceso de aquella información que haga viable la defensa efectiva de las partes, lo que en el caso acontece. No obstante lo anterior, la suscrita considera prudente recordar a la parte quejosa que, una vez conocida la información, ésta se considerará, para todos los efectos, como información reservada en posesión de un particular, por lo que sólo podrá ser usada en su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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