Rosa Alejandra Vargas Rauda

Expediente 655/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
655/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Rosa Alejandra Vargas Rauda
  • Juez de Control Y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de noviembre al doce de diciembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificada el veinticinco de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho, dentro del juicio de amparo indirecto número 655/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6573/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 655/2022, sin la asistencia de las partes. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La demanda e, Informes justificados. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez determina: Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por realizada la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 655/2022, promovido por Rosa Alejandra Vargas Rauda, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, turnado en esa misma data a este Juzgado de Distrito, Rosa Alejandra Vargas Rauda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. - Señalo las siguientes A.- EN SU CARÁCTER DE AUTORIDADES ORDENADORAS. a. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA FISCALIA REGIONAL DE URUAPAN, MICHOACAN, DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, con domicilio Calle Leona Vicario sin número, (como referencia se encuentra a un costado del Cereso), Colonia San Rafael Uruapan, Michoacán. b. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AREA DE LA FISCALIA REGIONAL DE URUAPAN, MICHOACAN, DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, con domicilio Calle Leona Vicario sin número, como referencia le encuentra a un costado del Cereso Colonia San Rafael Uruapan, Michoacán. C. DIRECTOR DEL AREA DE INTEGRACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA REGIONAL DE URUAPAN, MICHOACAN, DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, con domicilio Calle Leona Vicario sin número, como referencia se encuentra a un costado del Cereso Colonia San Rafael Uruapan, Michoacán. d. JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL REGION URUAPAN, MICHOACÁN, con domicilio en carretera Uruapan-Taretan kilómetro 4.5 colonia San Rafael, Uruapan, Michoacán. B.- EJECUTORAS. - e. DIRECTOR DE LA POLICIA DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA REGIONAL DE URUAPAN, MICHOACAN, DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, con domicilio Calle Leona Vicario sin número, como referencia se encuentra a un costado del Cereso Colonia San Rafael Uruapan, Michoacán. IV. LEY O ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que reclamo de la autoridad señalada como ordenadora la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención y/o citación, ASI COMO LA CARPETA DE INVESTIGACION (La cual solicito se les pida a la autoridad responsable para que se envíe a dicho tribunal como informe que envíe una vez que acepte el acto reclamado), que se sigue en mi contra que podría ir acompañada de mi detención y por consiguiente de una privación de la libertad ilegal, todo esto girado en mi contra y de las ejecutoras el cumplimiento que pretenden dar a dicha orden." La promovente del amparo expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano de control constitucional, se registró bajo el número 655/2022 y en acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, y se previno a la parte promovente para que precisara el nombre y domicilio del quejoso, toda vez que, en el apartado correspondiente al quejoso, se asentó un nombre distinto a la persona que signa dicho libelo constitucional. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, previo desahogo de la prevención decretada, por una parte se desechó la demanda de amparo por los actos consistentes en las actuaciones del Ministerio Público respecto a la Carpeta de Investigación que se sigue en su contra, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En el mismo auto, se admitió a trámite la demanda únicamente por lo que ve a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, búsqueda, localización, detención, presentación y comparecencia, girada contra el aquí quejoso; y, su ejecución, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TECERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vista la razón actuarial de veintisiete de octubre del año en curso, de la cual se desprendía la imposibilidad que el actuario de la adscripción tuvo, para entregar los oficios: 18584/2022 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. 18585/2022 Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. 18586/2022 Director del Área de Integración de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Lo anterior, virtud que a que fue informado en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en el área de Carpetas de Investigación, que los oficios dirigidos a los Agentes del Ministerios Público, le indico "que existen treinta y cuatro agentes, especializados en diversas áreas, solo por mencionar algunos, atención inmediata, robo de vehículos, personas desaparecidas, fenimicidios, homicidios, violencia familiar", siendo indispensable proporcionar, en su caso, número de carpeta de investigación o nombre del Agente Ministerial. Por su parte, respecto a la autoridad Director del Área de Integración de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, no existía autoridad con esa denominación. Por tanto, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como Director del Área de Integración de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, y se ordenó suspender toda comunicación con ella. Por su parte, respecto a las autoridades señaladas como Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo y Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, se ordenó dar vista a la parte quejosa, por tres días, para que manifestara lo que su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de dichas autoridades, con apercibimiento de no hacerlo, se tendría como inexistentes las mismas y se suspendería toda comunicación con ellas. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento hecho a la quejosa, al no haber manifestado nada dentro del plazo concedido, y se tuvo por inexistentes a las citadas autoridades, y se suspendió toda comunicación con las esas autoridades. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables ya que su inexistencia fue determinada previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Finalmente, en esta misma data, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado surte sus efectos dentro del territorio en el que este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este juicio de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión, búsqueda, localización, detención, presentación y comparecencia, girada contra el aquí quejoso; y, su ejecución. De las siguientes autoridades ordenadoras y ejecutoras: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, consultable en la foja 68, tomo 76, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 212775, que dice: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. En esa tesitura, en relación con los actos materia de presente considerando, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo En ese sentido, las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo y Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, negaron categóricamente la existencia del acto que la parte quejosa les reclama en esta vía, sin que éste haya aportado prueba idónea para desvirtuar esas negativas. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridades responsables realizaron los correspondientes actos que les reclamó. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existen los actos reclamados, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que a la letra dice "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Así como, la tesis que a continuación se transcribe PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rosa Alejandra Vargas Rauda, contra actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz,quien da fe.

  3. Principal

    En nueve de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de octubre pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la vista que se le dio, en relación a la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades responsables "Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo" y "Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo", transcurrió del cuatro al ocho de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que fue notificado de manera electrónica el tres de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto número 655/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, a la fecha, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de octubre pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la vista que se le dio, en relación a la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades responsables "Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo" y "Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo", transcurrió del cuatro al ocho de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que fue notificado de manera electrónica el tres de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa está la relativa a señalar las autoridades responsables, lo cual constituye un requisito indispensable para identificarlas e integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. En consecuencia, si el quejoso fue omiso en pronunciarse al respecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tienen por inexistentes a las citadas autoridades y, se suspende toda comunicación con ellas. Notifíquese. A

  4. Incidental

    En nueve de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de octubre pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la vista que se le dio, en relación a la imposibilidad que se tuvo para notificar el auto de veintiséis de octubre del año en curso, a las autoridades responsables "Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo" y "Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo", transcurrió del cuatro al ocho de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que fue notificado de manera electrónica el tres de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto número655/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, a la fecha, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de octubre pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la vista que se le dio, en relación a la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo y Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, transcurrió del cuatro al ocho de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que fue notificado de manera electrónica el tres de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa está la relativa a señalar las autoridades responsables, lo cual constituye un requisito indispensable para identificarlas e integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. En consecuencia, si el quejoso fue omiso en pronunciarse al respecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tienen por inexistentes a las citadas autoridades y, se suspende toda comunicación con ellas. Notifíquese. A

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