Rosa Aguilar Uribe
Expediente 51/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/05/2021
Partes del expediente
- Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco
- Rosa Aguilar Uribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agrega oficio autoridad. Téngase por recibido el comunicado signado por el Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, en atención a su contenido, costúrese sin mayor acuerdo, toda vez que el juicio en el que se actúa, por auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplido en fallo protector, ordenando su archivo como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Rosa Aguilar Uribe, para los siguientes efectos: 1) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de inmediato la autoridad responsable, deberá por escrito dar respuesta en forma completa y congruente a la petición realizada por la agraviada y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8o Constitucional. 2) Notificar a la quejosa sin dilación, la respuesta que recayó a su petición. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan enseguida: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206849, Tercera Sala, Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." (Época: Décima Época, Registro: 2006825, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.), Página: 1672) Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio comunicado acordado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Área de Registro "B" del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca el oficio C-RAN-JAL/47/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se dio respuesta al escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, así como la constancia de imposibilidad que tuvo para para notificar a la parte quejosa dicha determinación, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento. Por ello, en dicho proveído se le requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada, legible y completa de la notificación que en su momento se realizará a la quejosa Rosa Aguilar Uribe. Luego, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se proveyó el comunicado oficio DG-RANJAL/762/2020 que signa el Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del año en curso, remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entre las cuales destaca la constancia de imposibilidad para notificar a la parte quejosa el oficio C-RAN-JAL/47/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se dio respuesta al escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte. Del sumario se advierte que por autos de diez y veintitrés de noviembre, así como el catorce de diciembre de dos mil veinte y veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, el diverso acuerdo de trece de octubre pasado, en el que se le requirió por el cumplimiento del fallo protector, sin que pudiera ser entregado dicho comunicado. Fue hasta el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en que se proveyó la constancia elaborada por el Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de la que se advirtieron los motivos por los cuales no fue posible entregar el oficio 17027/2020, relativo al acuerdo de trece de octubre pasado, dirigido a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, en virtud de que desde el día cuatro de agosto de dos mil veinte, el domicilio oficial de la autoridad mencionada, se encontraba cerrado, sin que hubiera información acerca de la reactivación. Finalmente, en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el comunicado del Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, allegó copia certificada de diversas constancias, entre ellas, la constancia de remisión al correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la notificación en el domicilio que había señalado para ello, de la resolución que fue acordada en este juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la que dio respuesta a la solicitud 14190015875, presentada el once de septiembre de dos mil diecinueve, dirigida al Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, al haber dado respuesta congruente al escrito que la parte quejosa le presentó y haberlo hecho de su conocimiento. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO.- Por este medio, se le notifica a la parte quejosa, el proveído de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, que en síntesis indica lo siguiente: Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Rosa Aguilar Uribe, para los siguientes efectos: 1) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de inmediato la autoridad responsable, deberá por escrito dar respuesta en forma completa y congruente a la petición realizada por la agraviada y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8o Constitucional. 2) Notificar a la quejosa sin dilación, la respuesta que recayó a su petición. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan enseguida: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206849, Tercera Sala, Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." (Época: Décima Época, Registro: 2006825, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.), Página: 1672) Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio comunicado acordado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Área de Registro "B" del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca el oficio C-RAN-JAL/47/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se dio respuesta al escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, así como la constancia de imposibilidad que tuvo para para notificar a la parte quejosa dicha determinación, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento. Por ello, en dicho proveído se le requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada, legible y completa de la notificación que en su momento se realizará a la quejosa Rosa Aguilar Uribe. Luego, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se proveyó el comunicado oficio DG-RANJAL/762/2020 que signa el Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del año en curso, remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entre las cuales destaca la constancia de imposibilidad para notificar a la parte quejosa el oficio C-RAN-JAL/47/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se dio respuesta al escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte. Del sumario se advierte que por autos de diez y veintitrés de noviembre, así como el catorce de diciembre de dos mil veinte y veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, el diverso acuerdo de trece de octubre pasado, en el que se le requirió por el cumplimiento del fallo protector, sin que pudiera ser entregado dicho comunicado. Fue hasta el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en que se proveyó la constancia elaborada por el Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de la que se advirtieron los motivos por los cuales no fue posible entregar el oficio 17027/2020, relativo al acuerdo de trece de octubre pasado, dirigido a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, en virtud de que desde el día cuatro de agosto de dos mil veinte, el domicilio oficial de la autoridad mencionada, se encontraba cerrado, sin que hubiera información acerca de la reactivación. Finalmente, en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el comunicado del Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, allegó copia certificada de diversas constancias, entre ellas, la constancia de remisión al correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la notificación en el domicilio que había señalado para ello, de la resolución que fue acordada en este juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la que dio respuesta a la solicitud 14190015875, presentada el once de septiembre de dos mil diecinueve, dirigida al Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, al haber dado respuesta congruente al escrito que la parte quejosa le presentó y haberlo hecho de su conocimiento. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del análisis del expediente en el que se actúa se observa que en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio DG-RANJAL/762/2020 que signó el Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del año en curso, remitió copia certificada de las constancias con las que pretendió acreditar las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entre las cuales destacaron la constancia de imposibilidad para notificar a la parte quejosa el oficio C-RAN-JAL/47/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se dio respuesta al escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, no obstante que expuso los motivos por los cuales no fue posible notificar a Rosa Aguilar Uribe, se advirtió que dicha notificación se pretendió efectuar nuevamente en el domicilio que la citada quejosa señaló en este juicio de amparo para recibir notificaciones; sin embargo, de la revisión del acuse de recibo de la petición formulada ante la responsable el once de septiembre de dos mil diecinueve, se advierte que señaló diverso domicilio para recibir notificaciones, esto es, la calle Retinto Golondrino, número 5811, en Zapopan, Jalisco. Autoridad informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa el Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias, entre ellas, la constancia de remisión al correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la notificación en el domicilio que había señalado para ello, de la resolución que fue acordada en este juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la que dio respuesta a la solicitud 14190015875, presentada el once de septiembre de dos mil diecinueve, dirigida al Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco. Constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, así como el oficio y anexos recibidos en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, debiendo expresar claramente lo que notifica y entrega el funcionario judicial de la adscripción en el acta respectiva, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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