Roque Toledo García

Expediente 740/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
740/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Roque Toledo García
  • Roque Toledo García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al cual adjunta el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 17/2022, que se resolvió en los términos siguientes: "RESUELVE: PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que la competencia legal para seguir conociendo del juicio promovido por ****** y otros, se surte a favor del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. TERCERO. Remítanse los autos al indicado Juzgado para que se avoque al conocimiento del asunto." De donde se advierte que, la superioridad fincó competencia en favor del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca; y remitió los autos al Juzgado declarado competente, a fin de que se avoque al conocimiento del asunto. Al respecto, acúsese el recibo correspondiente. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. En tales condiciones, advertido que en este cuaderno de antecedentes y en la caja de valores, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar. Por tanto, se archiva este expediente como definitivamente concluido, y con fundamento en el inciso a), de la fracción I, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, procédase a su destrucción transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo. Lo anterior, al no ubicarse en alguno de los supuestos de relevancia documental señalados en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese vía usuario electrónico a la parte quejosa y mediante oficio al AD QUEM; y cúmplase. A

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio 4173/2022, signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual, acusa recibo del oficio 16083/2022, del índice de este juzgado; asimismo, informa que formó y registró como conflicto competencial 17/2022. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por medio del cual informa los motivos por los cuales no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, anótese su reingreso y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia a su favor, por las consideraciones que quedaron precisadas en el auto de veintisiete de junio del año en curso. En específico, en razón del acto reclamado consistente en: ".la actividad de trascabo, extracción, selección y comercialización del material pétreo (piedra) de las tierras de uso común de la Comunidad de Santa Gertrudis Miramar, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca." En efecto, se reitera que le corresponde la competencia a la referida autoridad, por ser el que ejerce jurisdicción, en dicha comunidad, en donde en su caso se llevará a cabo la ejecución de dicho acto. Con independencia de lo anterior, que los demás actos que reclama la parte quejosa sean omisivos y negativos, los que en términos legales otorgan competencia a este juzgado; sin embargo, contrariamente a lo apreciado por la autoridad oficiante, dicho acto sí tiene ejecución en el lugar de su residencia, porque precisamente ahí se encuentra desarrollándose la extracción que reclaman los quejosos; por ello, este juzgado determina no tener la competencia para conocer de este asunto y se insiste que quien debe conocer es el Juzgado con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Por tanto, este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por cuestión de territorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo; y cuyas razones específicas, como se dijo, quedaron plasmadas en el proveído de veintisiete de junio del presente año. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefinición jurídica a los gobernados, resulta trascendente definir a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer sobre las cuestiones controvertidas planteadas por el interesado, a fin de preservar la seguridad jurídica del particular, pues ninguna controversia puede quedar sin resolverse, de conformidad con el derecho fundamental de acceso al sistema de administración de justicia, reconocido en el párrafo segundo del citado artículo 17 constitucional. Por lo cual, con fundamento en los artículos 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el objeto de que tenga a bien determinar, el órgano jurisdiccional que le corresponde conocer del presente juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 31/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo II, Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 200280, cuyo rubro es: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. CÓMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO". En consecuencia, hágase del conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, dentro del juicio de amparo ******************** de su índice; remítase el cuaderno de antecedentes al tribunal de alzada para que esté en aptitud de resolver el conflicto planteado; y fórmese un cuaderno relacionado a partir de esta fecha, el cual se glosará sin acuerdo posterior, una vez recibido los autos originales. Finalmente, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO, hasta una vez que se resuelva el conflicto competencial. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    "° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo que se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el veintitrés de junio en curso, y que se turnó a este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente; promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 740/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. II. Incompetencia. Ahora, es pertinente destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juzgado Federal, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.2o.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página treinta y seis, agosto de 1992, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que se ejecute el acto reclamado. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa impugna de las autoridades responsables, lo siguiente: "DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS, APARTADO I, INCISO A: SE LE RECLAMAN LAS OMISIONES PARA REALIZAR ACCIONES O DICTAR MEDIDAS ENCAMINADAS A LA DECLARACIÓN Y/O PRESERVACIÓN DE DERECHOS DE LOS SUSCRITOS QUEJOSOS COMO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD: a). Derecho a una consulta previa e informada. b).-Derecho del acceso a la información relativa al impacto ambiental con motivo de la extracción de recursos naturales no renovables de la comunidad, que se ejecuta actualmente por el diverso particular c).- Derecho del acceso a la información del motivo de la extracción de los recursos naturales no renovables de la comunidad que se ejecuta actualmente por el diverso particular señalado como responsable. DE LOS PARTICULARES SEÑALADOS COMO ORDENADORAS Y EJECUTORAS EN EL APARTADO II INCISOS A, B, C, D, E, F y G; SE LES RECLAMA: a). La Violación del Derecho a una consulta previa a informada que tenemos ante cualquier obra o acción que se ejecute o vaya a ejecutar en la comunidad y tenga una repercusión en general a la comunidad. b).- La violación al Derecho del acceso a la información relativa al impacto ambiental con motivo de la extracción de recursos naturales no renovables de la comunidad, que se ejecuta actualmente por el diverso particular señalado como responsable. c).- la Violación al Derecho del acceso a la información del motivo de la extracción de los recursos naturales no renovables de la comunidad que se ejecuta actualmente por el diverso particular señalado como responsable. d).- La exclusión política y participativa de los suscritos, ya que los particulares se encuentran en una situación de poder y jerarquía, quienes, al amparo de los puestos o nombramientos del comisariado ejidal y consejo de vigilancia, actuaron como particulares en el proceso y autorización de la extracción de recursos naturales no renovables de la comunidad. DEL PARTICULAR SEÑALADO COMO EJECUTOR EN EL APARTADO III INCISO A: a).- Se le reclama la actividad de trascabo, extracción, selección y comercialización del material pétreo (piedra) de las tierras de uso común de la Comunidad de Santa Gertrudis Miramar, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca." (Lo resltado no es de origen) De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito en esta entidad federativa, con sede en Salina Cruz, en turno, dado que es en dicha comunidad, el lugar en el que ejerce jurisdicción territorial la aludida autoridad jurisdiccional, donde tienen ejecución los actos reclamados. En razón de lo anterior, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra Santo Domingo Tehuantepec. Dicha porción normativa, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado no es de origen) Por lo tanto, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio. Apoya lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En tales condiciones, se ordena remitir la presente demanda de amparo, al Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias respectivas. III. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa proporciona el usuario carlos_azcona, en consecuencia, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y segundo párrafo del numeral 35 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le tiene por autorizado para acceder al expediente electrónico del juicio de amparo 740/2022, con el nombre de usuario que proporciona y consultarlo vía internet, al corroborarse la existencia del usuario respectivo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el apartado de "Usuarios de juicio en línea": Se instruye al encargado del SISE realice la autorización del usuario mencionado en el presente expediente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II y 71 fracción III de la Ley de Amparo, por ese medio, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio de amparo. Se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, a las personas que refieren, por así solicitarlo expresamente. Se toma en consideración el número telefónico que proporcionan, como medio de contacto con este Juzgado, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por esa vía, toda vez que no se encuentra autorizada para su realización en la Ley de Amparo. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se designa como representante común de la parte quejosa a ****. V. Acceso, consulta y notificación electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se exhorta a las partes, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Adicionalmente, se insta a las partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. VI. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. VII. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese vía electrónica y por oficio a autoridad correspondiente

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