Roque Moisés Díaz Méndez

Expediente 916/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
916/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Roque Moisés Díaz Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de siete de junio de este año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. B. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su apoderado legal ****, personalidad que acredita con el acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 01/2022; misma que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, contra el acto que reclama a la autoridad 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 916/2023-IV. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARÍA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A", ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIAL DE PARTES. Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Causa de Improcedencia De acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que, en esencia, la promovente reclama de la autoridad responsable: La dilación procesal para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 01/2022, ya que en acuerdo de quince de mayo del año actual, se señalaron las nueve horas del dos de agosto de dos mil veintitrés para su verificativo; esto es, fuera del plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En razón de lo anterior, esta juzgadora estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En el caso particular, se estima que el acto impugnado no es de aquellos de naturaleza de ejecución irreparable, a los que alude la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, antes bien, resulta ser violación que sólo produce efectos formales en el proceso, que de ningún modo, ocasionan trasgresiones a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Al respecto, nuestro más alto tribunal, ha sostenido que algunos de los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y por el contrario, no existe tal ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; de tal suerte, que definió que los primeros, son susceptibles de ser combatidos, a través del juicio de amparo indirecto, mientras que los segundos, pueden ser reparados en amparo directo. Cobran aplicación, las tesis del tenor siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Así como la diversa, del tenor literal: EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. Por otra parte, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido un criterio orientador, a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. Sobre el tema, se determinó que también deben ser considerados como actos de imposible reparación aquellos, que sin afectar derechos sustantivos, constituyen violaciones procesales, que afecten en grado predominante o superior a las partes. Conforme a los criterios que llevaron al Máximo Tribunal a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior, debe decirse que esa afectación exorbitante sólo puede determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el procedimiento; así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzó a admitir ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, siempre y cuando las consecuencias de los actos procesales afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ilustra el criterio fijado en la tesis aislada P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Aunado a ello, respecto a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación del criterio invocado, en tanto que se opone a la definición de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso particular, el acto que se reclama es derivado del procedimiento laboral 1/2022, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la dilación procesal para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 01/2022, ya que en acuerdo de quince de mayo del año actual, se señalaron las nueve horas del dos de agosto de dos mil veintitrés para su verificativo; esto es, fuera del plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Como se aprecia de párrafos precedentes, el acto reclamado es eminentemente de naturaleza procesal; por lo cual, no es de imposible reparación, por ende, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Así, aplicando lo expuesto al caso de nuestra atención, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable no constituye un acto de imposible reparación, que en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, haga procedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que, el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que, no se afecte materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues se reitera es un acto procesal, cuyos efectos son meramente formales que no producen efectos legales y materiales en su perjuicio. Por lo anterior, el acto reclamado especificado, únicamente puede constituir una violación de derechos adjetivos con efectos intraprocesales que no afecta a las partes, pues no representan una ejecución de imposible reparación, porque en esos actos no se contiene una disposición del juzgador que afecte con su solo pronunciamiento los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, la propiedad, etcétera, sino que el acto reclamado tiene origen en el auto en el que la responsable se pronunció sobre la fijación de la fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 01/2022, fuera del plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, cuestión adjetiva, no suficiente para proceder el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, tomando en consideración que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sin embargo, en el caso en concreto, no se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que para ello, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En ese sentido, este juzgado considera que no se está en la presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, para actualizar el supuesto de excepción previsto en la norma; ello, tomando en consideración que en la data en que se actúa, de ser el caso procedente la demanda, sería infructuosa su tramitación, atendiendo a los términos previstos para el señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, diferimiento, y el término para causar ejecutoria después de dictada la sentencia; por lo que, atendiendo a esas fechas, así como el primer periodo vacacional de la responsable, se estima, no se actualiza dicha circunstancia; ya que, atendiendo a las fechas indicadas, llegaría en primer término la fecha programada para la celebración de la audiencia indicada al de la posible ejecutoria que pudiera dictarse en el juicio de amparo que de ser el caso, concedería la protección constitucional. IV. Desechamiento de la demanda Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su apoderado legal *****. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional. "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Por último, se estima que no es obstáculo para arribar a dicha determinación, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada en la página 929, libro X, julio de 2012, tomo 2, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo anterior, en virtud de que en los casos como el que nos ocupa, donde existen diversidad de criterios firmes para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pueden válidamente constatarse los requisitos de procedencia desde el auto inicial, ello de acuerdo con las manifestaciones expuestas en el escrito de demanda y su escrito aclaratorio, la naturaleza del acto reclamado y los anexos que se acompañen, lo que constituye un límite razonable en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17, constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, pues en la especie, aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo, pues con ello no variaría la naturaleza del acto impugnado. V. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. Domicilio y Autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, en esta ciudad. VIII. Autorización para la consulta de expediente electrónico. Conforme con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; y se ordena al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta al antes citado, registrado con el nombre de usuario "****", para consultarlo de manera electrónica, toda vez que se encuentra registrado y habilitado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con ese nombre de usuario, no así el que proporciona en su escrito inicial de demanda (****), por no ser el usuario correcto. En consecuencia, dése de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. IX. Uso de Medios Electrónicos De conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se informa a la parte quejosa, que al tener la autorización para la consulta del expediente electrónico, puede descargar en su equipo de cómputo toda la documentación que integra el mismo; esto es, tanto de las constancias recibidas en forma impresa como la generada electrónicamente; asimismo, se precisa que se considera certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica; ello, tratándose de los documentos que cuenten con firma electrónica de quien, en su caso, los suscribe. XI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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