Roque Mina Gomez
Expediente 1103/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roque Mina Gomez
- Roque Mina Gomez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1103/2018-IVB; y, R e s u l t a n d o; Primero. Por auto de dieciséis de julio de los corrientes, se admitió la demanda, se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió el informe previo y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o; Primero. La parte quejosa señala substancialmente como acto reclamado "LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO, CITACIÓN, LLAMAMIENTO A JUICIO O CITACIÓN A PROCEDIMIENTO LABORAL A CONSTRUCTORA GEOFÍSICA RMG S.A. DE C.V. Y EN CONSECUENCIA DE ELLO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES, LABORALES, ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVARON O SE ESTÉN LLEVANDO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NÚMERO J.6/653/2014 DEL ÍNDICE DE LA JUNTA NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN TEXCOCO CON RESIDENCIA EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO". Segundo. Las autoridades responsables Presidente, Actuario y Representantes Obrero y Patronal de la Junta número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, al rendir su informe previo aceptaron la existencia del acto recamado. En relación a la emisión de los actos reclamados; se niega la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, por tratarse de actos de naturaleza consumada en contra de los cuales es improcedente conceder la medida cautelar que se solicita, pues equivaldría a darle efectos restitutorios propios de sentencia que se dicte en el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número quinientos cincuenta y siete que aparece publicada en la página trescientos setenta y uno del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si estos tienen el carácter de consumados pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora bien, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas que derivaron del laudo emitido en el juicio laboral de origen, se tiene que las autoridades responsables Presidenta y Actuario de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, al rendir su informe previo manifestaron que el ocho de enero de dos mil dieciocho, se dictó auto de ejecución por la cantidad de $228, 833.98 (doscientos veintiocho mil ochocientos treinta y tres pesos 98/100 moneda nacional), por lo que el doce de abril del año que trascurre, se le embargo al quejoso la cuenta bancaria número 0568406218, de Banco Mercantil del Norte y en fecha seis de los corrientes, dicha institución le remitió la cantidad antes mencionada, mediante cheque de caja, en ese orden de ideas se provee: A fin de hacer pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa -parte patronal en el juicio de origen-, en términos de lo que dispone el artículo 190 de la Ley de Amparo, es menester valorar los siguientes aspectos: a) Que únicamente podrá concederse la medida cautelar respecto de la ejecución del laudo cuyo monto líquido exceda del indicado para la subsistencia del trabajador, y b) Que el lapso estimado para la substanciación de un juicio de amparo es de seis meses. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VIII.1o.52 L, publicada en la página: 1217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EL IMPORTE DE LOS SALARIOS PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR NO PUEDE SER MENOR AL DE SEIS MESES." Así como la jurisprudencia 2ª./J.21/2001, dictada por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de a Nación, consultable en la página 293, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUEL.". En razón de lo anterior, se niega la suspensión definitiva solicitada, por lo que la junta responsable queda en posibilidad de ejecutar el laudo respectivo hasta por la cantidad de $15,904.80 (quince mil novecientos cuatro pesos 80/100 moneda nacional); sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho de que la parte quejosa no haya manifestado a cuanto ascendía el monto de sueldo que venía percibiendo el trabajador en el juicio de origen, pues en este caso, debe arribarse a esa cuantía con base en el salario mínimo general vigente, el cual asciende a $88.36 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional); lo que multiplicado por seis meses (ciento ochenta días) arroja la cantidad antes citada; dejando la vía expedita a la autoridad responsable para ejecutar el laudo únicamente por el monto antes señalado, para la subsistencia de la parte trabajadora en el juicio de origen. Tercero. Por tanto, con apoyo en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos previstos en dicho precepto, esto es, la solicitó la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no concederse, los daños que se causaren serían de difícil reparación, aunado al hecho que la medida cautelar permite preservar la materia del juicio. Medida cautelar que surte sus efectos en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, desde el momento en que se pronuncia el presente acuerdo y, aun cuando sea recurrido, para el efecto de que la autoridad responsable no disponga de la cantidad que le fue embargada a la quejosa, hasta por la cantidad de $212,929.18 (doscientos doce mil novecientos veintinueve pesos 18/100 moneda nacional) ni haga entrega de la misma a la parte actora en el juicio laboral número J.6/653/2014, radicado ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco. En la inteligencia de que si los actos que se reclaman ya fueron ejecutados, la suspensión que ahora se decreta no surtirá eficacia legal alguna, ya que la misma no tienen efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte sobre el fondo del amparo; igualmente, esta medida dejara de producir sus consecuencias si los actos reclamados provienen de autoridades diversas a las señaladas o han sido dictados en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Medida cautelar que surte sus efectos desde luego, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 136 y 139 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe ante este Juzgado, la cantidad de $19,946.10 (diecinueve mil novecientos cuarenta y seis pesos 10/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley dentro del término de cinco días; cabe indicar que esa cantidad es obtenida de sumar los conceptos de daños y perjuicios. Para tal fin se atiende a la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA." Los daños son la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio. El poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país; dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación y que es actualizado los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda. Y los perjuicios, son las ganancias lícitas que obtendría la tercera interesada, de tener bajo su dominio el monto reclamado durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría la cantidad que pretende obtener, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero; al respecto, sirve de parámetro la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), a plazo de 182 días, que también se publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. En el primer caso, al acudir a la dirección electrónica www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.aspx, se consultó en la calculadora de inflación por el plazo de los últimos seis meses a la fecha, que la tasa promedio mensual fue de 0.19%; así, al multiplicarlo por la suma que se fijó en el auto de ejecución que se combate es de $212,929.18 (doscientos doce mil novecientos veintinueve 18/100 moneda nacional); en ese sentido, se obtiene por el plazo de seis meses la cantidad de $2,427.36 (dos mil cuatrocientos veintisiete 36/100 moneda nacional), por concepto de daños. En el segundo caso, los perjuicios se obtienen de multiplicar el restante de la condena de $212,929.18 (doscientos doce mil novecientos veintinueve 18/100 moneda nacional); por la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), que al día de hoy es de 8.227500%, obteniéndose la suma de $17,518.74 (diecisiete mil quinientos dieciocho pesos 74/100 moneda nacional), por concepto de perjuicios. Por tanto, del cálculo realizado por los conceptos anteriores, se obtiene que por concepto de daños resulta la cantidad de $2,427.36 (dos mil cuatrocientos veintisiete 36/100 moneda nacional), y de perjuicios la cantidad $17,518.74 (diecisiete mil quinientos dieciocho pesos 74/100 moneda nacional), lo cual al sumarse, se obtiene la cantidad de $19,946.10 (diecinueve mil novecientos cuarenta y seis pesos 10/100 moneda nacional), salvo error aritmético. Asimismo, se hace la aclaración que la suspensión antes concedida, no surtirá efectos contra diversos actos o procedimientos del que aquí se reclama, y en el caso de haberse ordenado por autoridades diversas a las señaladas como ordenadoras. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 140, y 144 de la Ley de Amparo, se; R e s u e l v e: Primero. Se niega la suspensión definitiva a Roque Mina Gómez, respecto de los actos apuntados en el considerando primero, por los motivos y autoridades expuestas en el segundo considerando de esta resolución interlocutoria. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a Roque Mina Gómez, respecto de los actos apuntados en el considerando primero, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Agréguese a los presentes autos el informe previo rendido por las autoridades que lo remiten, para ser tomado en cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva en el presente asunto.
- Principal
"...Agréguese el escrito del tercero interesado...mediante el cual señala domicilio procesal, autorizados, formula alegatos y ofrece probanzas; en ese sentido, se acuerda: Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Por lo que respecta a las manifestaciones que vierte en forma de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por expuestos, mismos que de ser el caso, serán tomados en consideración al momento de resolver. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional..."
- Incidental
"...Agréguese el escrito del tercero interesado...mediante el cual señala domicilio procesal, autorizados, formula alegatos y ofrece probanzas; en ese sentido, se acuerda: Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Por lo que respecta a las manifestaciones que vierte en forma de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por expuestos, mismos que de ser el caso, serán tomados en consideración al momento de resolver. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia incidental..."
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