Roque Galván Padilla
Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Roque Galván Padilla
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Vistas las constancias de autos se advierte que la incompetencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, fue aceptada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, radicándola como juicio de amparo indirecto con número de expediente ********************. 1.1 Anotaciones. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este asunto. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que este expediente se considera un expediente auxiliar de conformidad con la fracción XIX del numeral 3, en razón que es un cuaderno de antecedentes que contiene actuaciones procesales vinculadas al procedimiento que conoció este órgano jurisdiccional, pues, no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este Juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que este expediente judicial se trata de un cuaderno de antecedentes creado con motivo a la incompetencia dictada en auto inicial, quien esto provee considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 2.2 Destino. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda suscrito por ********, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 689/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Incompetencia. Del análisis de la demanda se arriba a la conclusión de que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo; 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con base en las consideraciones siguientes: Del artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierten tres reglas básicas que determinar la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: i) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ii) Cuando el acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. iii) Si el acto que se reclama no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, el quejoso ************** señala como acto reclamado el traslado involuntario sin audiencia previa y sin ningún documento de consentimiento y autorización al Centro Federal de Reinserción Social Número 18, con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, ejecutado desde el once de enero de dos mil veintidós. Es decir, el acto controvertido conlleva una ejecución material en ese centro de reclusión, de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, el cual determina que la competencia para conocer sobre una demanda recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese contexto, resulta patente que, aun cuando la demanda de amparo se haya presentado en este órgano de control constitucional, lo cierto es que, de la misma no se advierte que los actos reclamados puedan tener ejecución en el territorio sobre el cual se encuentra dotado de competencia este Juzgado de Distrito, dado que, el motivo del juicio constitucional es que el justiciable fue trasladado del Estado de Chiapas al centro federal ubicado en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, esto, según lo expuesto en el escrito inicial en cumplimiento a una ejecutoria de amparo emitida por un juez federal del Estado de Chiapas. Ahora bien, como se observa de los antecedentes precisados, el promovente de la demanda de amparo afirmó que los actos reclamados continúan teniendo ejecución en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, ya que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18, de esa ciudad. Además de lo anterior, cabe mencionar que el hecho de que el juicio de amparo se desarrolle en el Distrito judicial más cercano al lugar donde el quejoso se encuentra privado de la libertad favorece el derecho de defensa del mismo. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su artículo CUARTO, que dispone la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, fracción VIII Octavo Circuito, primer párrafo, los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito judicial conformado, entre otros municipios, por el de Ramos Arizpe. De modo que, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es en los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, donde radica la competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, en virtud de que dichos juzgados ejercen jurisdicción en el lugar donde, según lo expuesto en la demanda de amparo, el acto reclamado continúa ejecutándose. 3.1 Se declina competencia. En consecuencia, conforme a los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo presentada por *****************************, por razón de territorio; por lo que, se declina la demanda en favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza en turno, con sede en Saltillo, para los efectos de su competencia, de quien se solicita comunicar respecto a la aceptación o no de la competencia declinada y acusar recibo de estilo. 3.2 Criterio aplicable. Sobre el tema resulta aplicable la jurisprudencia 63/2019 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. 5. Suspensión. No es el caso resolver sobre la suspensión del acto reclamado solicitada por la parte quejosa, atendiendo a que no se ubica en los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, que haga procedente la suspensión de plano. Por tanto, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se decreta la suspensión de plano. 6. Exhorto. Ahora bien, toda vez que *******, se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 18, con sede en Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza en turno, con sede en Saltillo, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, se sirva comisionar a quien corresponde para que notifique personalmente el presente proveído al citado promovente, previo cercioramiento de ser la persona indicada en el lugar de su reclusión. Para el Juzgado de Distrito correspondiente se habilitan días y horas inhábiles a fin de que practiquen las notificaciones correspondientes en el presente asunto; lo anterior, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento. 7. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.
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