Roque Coca Gómez

Expediente 1829/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1829/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
21/01/2016

Partes del expediente

  • Roque Coca Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Mersa V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de treinta y uno de diciembre de este año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia, se hizo correctamente a la parte promovente por conducto de su autorizado el cinco de enero siguiente; de ahí, que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de revisión, transcurrió del siete al veinte de enero de este año; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que por una parte, se reclamó la resolución de término constitucionales de treinta y uno de octubre de dos mil quince, por el delito de portación de arma (en el caso de bombas) de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y por otra se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. ..

  2. Principal

    Mesa V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil quince. Datos de la demanda. Visto el escrito de José Ambrosio Luna, en su carácter de defensor particular de Roque Coca Gómez, por el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto inicial, manifiesta que la resolución materia del acto reclamado fue notificada al promovente como al directamente quejoso el treinta y uno de octubre de dos mil quince; por ende, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal reformada; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la referida demanda en sus términos. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, toda vez que del contenido integral de la demanda no se advierte el capítulo de suspensión respectivo, o bien, la petición del mismo. Solicitud de informes. En términos de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y según el caso, acompañará copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbaseles que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte inculpada, aquí quejosa, o de las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238, 251 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Juicio de amparo vigente, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente, al momento de incurrir en la conducta sancionada. Apercibimiento. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ellas, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del ocho de enero de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia vigente. Emplazamiento terceros interesados. Como la agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción es parte en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, por esta ocasión, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso K), y 27 fracción I, del mismo ordenamiento legal, notifíquesele el presente auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y sus anexos, entregándole copia íntegra del presente auto, autorizada por la secretaria encargada del trámite de este asunto. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), mediante oficio que al efecto se gire, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca, quien actúa en la causa penal 30/2015 que se instruye contra el aquí quejoso, la intervención que le corresponde como tercero interesado en este juicio, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo vigente. Hágase del conocimiento del juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, llevador de la causa penal 30/2015, de donde deriva el acto reclamado, que sin perjuicio de la continuación del procedimiento, lo suspenda una vez que declare cerrada la instrucción, hasta que se le notifique la sentencia ejecutoria que en cuanto al fondo del juicio constitucional se pronuncie, lo anterior en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente. Pruebas. Se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que se desahogarán y relacionarán en la audiencia constitucional. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señalan en su escrito de demanda. Autorizados. Se tienen por autorizadas en los términos que refieren a las personas que mencionan. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx La parte que desee realizar el registro, una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Ley de transparencia. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese...

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