Roque Carrillo Núñez
Expediente 367/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Roque Carrillo Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra el auto de veintiséis de agosto del año en curso, dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE 01 SEPTIEMBRE 2016 SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA TERCERO INTERESADA COMLUMBA SERRANO GONZÁLEZ, el auto que en lo conducente dice: Visto, toda vez que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las autoridades responsables que denominó como Agentes del Ministerio Público números dos y tres y Agente del Ministerio Público adscrito, todos en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; en consecuencia, como se le apercibió en el citado auto, se tienen por inexistentes a las referidas autoridades, en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar y se suspende toda comunicación con dichas autoridades. Por otra parte, agréguese a sus autos para obrar como corresponda, el oficio 1511 y anexo, signado por la autoridad responsable, Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el dieciséis del actual, remite el auto que declara ejecutoriada la resolución de tres de agosto en curso, por el que dictó el sobreseimiento por excusa absolutoria dentro la causa 01/2013, instruida contra Roque Carrillo Núñez; de donde deriva la resolución de treinta y uno de enero de dos mil trece, por la que se libró la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado; así como del oficio 1510 de nueve del actual, por el cual deja sin efecto la referida orden de aprehensión. Ahora bien, en atención a que en la resolución de tres de agosto actual, en su resolutivo segundo y tercero determinó: "SEGUNDO. Se dicta auto de sobreseimiento en favor de Roque Carrillo Núñez, por el delito de Fraude, cometido en perjuicio de Columba Serrano González. TERCERO. El sobreseimiento en cuestión surtirá los efectos de una sentencia absolutoria y una vez ejecutoriado tendrá el valor de cosa juzgada; debiéndose cancelar en su oportunidad la orden de aprehensión respectiva". En consecuencia, en el presente asunto opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso hizo consistir en la orden de aprehensión, de treinta y uno de enero dos mil trece, pronunciada en la causa 01/2013, instruida contra Roque Carrillo Núñez, pues al decretar el sobreseimiento del proceso, mismo que causó ejecutoria y haber librado el oficio que cancela la orden que constituía el acto reclamado, cesaron los efectos de la violación alegada; en consecuencia, procede el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en lo conducente en la tesis V.2o.23 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 612, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACION DE EFECTOS. SOBRESEIMIENTO INDEBIDO EN EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA ORDEN DE APREHENSION POR EMITIRSE AUTO DE FORMAL PRISION. De acuerdo al segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, no por dictarse formal prisión se actualiza la causal de sobreseimiento por cesación de efectos prevista en la fracción XVI, del citado artículo, cuando se reclame una orden de aprehensión, ya que la aludida causal sólo es atendible cuando se constituye una situación idéntica a la que habría existido si la orden de aprehensión no se hubiese emitido. Verbigracia, cuando se reclama la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar o de sobreseimiento y siempre y cuando éstos adquieran firmeza; o en su caso, después del auto de formal prisión se pronuncie sentencia absolutoria; lo que no acontece en tratándose de orden de aprehensión y auto de formal prisión como continuidad del procedimiento, pues ello no implica que hayan cesado los efectos de la orden de captura y aun con la cancelación de ésta, ya que sus efectos, que son los de poner al inculpado a disposición de la autoridad judicial para la instauración del proceso penal, se están produciendo permanentemente, inclusive la afectación a la libertad personal del inculpado, aunque por distinto acto, sigue subsistiendo". En esa tesitura, como antes se indicó procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar al día señalado para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las once horas del siete de septiembre de dos mil dieciséis, se deja sin efecto dicho señalamiento. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 10/2003, resultado de la contradicción de tesis 26/2002-PL. aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO.- PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial." El sobreseimiento se hace extensivo respecto a la autoridad señalada como ejecutora Comandante de la Policía Ministerial en Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas, toda vez que a sus actos, el quejoso no les atribuye vicios propios, sino que los hizo depender del reclamado a la autoridad ordenadora. Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia VI,2°. J/7, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios." Sin que obstáculo a la anterior determinación que el quejoso señaló como diversas autoridades responsables ordenadoras a los Juez Segundo Mixto de lo Penal del distrito judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas y Agente del Ministerio Público número Uno de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; y, como diversos actos presentación búsqueda y detención, toda vez que las citadas autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron los actos a ellas atribuidos, con lo que se dio vista al quejoso por acuerdos de veinte y veintiuno de julio de dos mil dieciséis, sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto.
- Principal
Visto, toda vez que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las autoridades responsables que denominó como Agentes del Ministerio Público números dos y tres y Agente del Ministerio Público adscrito, todos en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; en consecuencia, como se le apercibió en el citado auto, se tienen por inexistentes a las referidas autoridades, en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar y se suspende toda comunicación con dichas autoridades. Por otra parte, agréguese a sus autos para obrar como corresponda, el oficio 1511 y anexo, signado por la autoridad responsable, Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el dieciséis del actual, remite el auto que declara ejecutoriada la resolución de tres de agosto en curso, por el que dictó el sobreseimiento por excusa absolutoria dentro la causa 01/2013, instruida contra Roque Carrillo Núñez; de donde deriva la resolución de treinta y uno de enero de dos mil trece, por la que se libró la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado; así como del oficio 1510 de nueve del actual, por el cual deja sin efecto la referida orden de aprehensión. Ahora bien, en atención a que en la resolución de tres de agosto actual, en su resolutivo segundo y tercero determinó: "SEGUNDO. Se dicta auto de sobreseimiento en favor de Roque Carrillo Núñez, por el delito de Fraude, cometido en perjuicio de Columba Serrano González. TERCERO. El sobreseimiento en cuestión surtirá los efectos de una sentencia absolutoria y una vez ejecutoriado tendrá el valor de cosa juzgada; debiéndose cancelar en su oportunidad la orden de aprehensión respectiva". En consecuencia, en el presente asunto opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso hizo consistir en la orden de aprehensión, de treinta y uno de enero dos mil trece, pronunciada en la causa 01/2013, instruida contra Roque Carrillo Núñez, pues al decretar el sobreseimiento del proceso, mismo que causó ejecutoria y haber librado el oficio que cancela la orden que constituía el acto reclamado, cesaron los efectos de la violación alegada; en consecuencia, procede el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en lo conducente en la tesis V.2o.23 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 612, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACION DE EFECTOS. SOBRESEIMIENTO INDEBIDO EN EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA ORDEN DE APREHENSION POR EMITIRSE AUTO DE FORMAL PRISION. De acuerdo al segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, no por dictarse formal prisión se actualiza la causal de sobreseimiento por cesación de efectos prevista en la fracción XVI, del citado artículo, cuando se reclame una orden de aprehensión, ya que la aludida causal sólo es atendible cuando se constituye una situación idéntica a la que habría existido si la orden de aprehensión no se hubiese emitido. Verbigracia, cuando se reclama la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar o de sobreseimiento y siempre y cuando éstos adquieran firmeza; o en su caso, después del auto de formal prisión se pronuncie sentencia absolutoria; lo que no acontece en tratándose de orden de aprehensión y auto de formal prisión como continuidad del procedimiento, pues ello no implica que hayan cesado los efectos de la orden de captura y aun con la cancelación de ésta, ya que sus efectos, que son los de poner al inculpado a disposición de la autoridad judicial para la instauración del proceso penal, se están produciendo permanentemente, inclusive la afectación a la libertad personal del inculpado, aunque por distinto acto, sigue subsistiendo". En esa tesitura, como antes se indicó procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar al día señalado para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las once horas del siete de septiembre de dos mil dieciséis, se deja sin efecto dicho señalamiento. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 10/2003, resultado de la contradicción de tesis 26/2002-PL. aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO.- PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial." El sobreseimiento se hace extensivo respecto a la autoridad señalada como ejecutora Comandante de la Policía Ministerial en Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas, toda vez que a sus actos, el quejoso no les atribuye vicios propios, sino que los hizo depender del reclamado a la autoridad ordenadora. Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia VI,2°. J/7, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios." Sin que obstáculo a la anterior determinación que el quejoso señaló como diversas autoridades responsables ordenadoras a los Juez Segundo Mixto de lo Penal del distrito judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas y Agente del Ministerio Público número Uno de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; y, como diversos actos presentación búsqueda y detención, toda vez que las citadas autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron los actos a ellas atribuidos, con lo que se dio vista al quejoso por acuerdos de veinte y veintiuno de julio de dos mil dieciséis, sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para obrar como corresponda, el oficio 1434, signado por la autoridad responsable, Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por el que informa que dentro del proceso penal 1/2013 de su índice, el tres de agosto de dos mil dieciséis, compareció el licenciado Miguel Ángel Viveros Ramírez, en su carácter de apoderado legal del indiciado Roque Carrillo Núñez, a exhibir la cantidad de nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos, cero centavos ($9,155.00) asimismo compareció Columba Serrano González, quien recibió de conformidad dicha cantidad y otorgó su más amplio perdón al indiciado, decretándose el sobreseimiento por excusa absolutoria. Atento a lo anterior y a fin de estar en condiciones de resolver lo procedente en el juicio de amparo en que se actúa, con transcripción de este auto, solicítese a la autoridad responsable, Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, informe el estado procesal en que se encuentra la causa penal 1/2013, instruido contra Roque Carrillo Núñez, esto es, si ya causó ejecutoria la resolución de tres de agosto de dos mil dieciséis, como lo señala en su oficio, fue cancelada dicha orden de aprehensión, y si es así, en el término de tres días a que se refiere la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten; o bien, informe el impedimento que tenga para hacerlo, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por cien unidades de mediada actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Camila del Río Montoya, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida de la secretaria de juzgado, Ma. De los Ángeles Huerta Vázquez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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