Roque Basilio Santiago

Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
6/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Roque Basilio Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    VI... Vista la certificación que antecede, ... el auto de veintidós de enero del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 288, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ..., este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia. Finalmente, se hace del conocimiento que este proveído se dicta hasta esta fecha atendiendo a la suspensión de labores decretada -con excepción de los juzgados de guardia- del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, lapso en el cual únicamente se mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, así como la tramitación y resolución de los asuntos mediante el esquema de "juicio en línea"; lo anterior bajo un estricto distanciamiento social y trabajo a distancia como ejes centrales, y con las restricciones de personal establecidas. No obstante, es hasta el trece de febrero de dos mil veintiuno, que se determina levantar la suspensión de plazos y términos decretada al inicio de la contingencia, a partir del dieciocho de febrero del presente año.

  2. Principal

    VI... Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por Roque ...; contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 6/2021-VI. Previo acordar lo conducente, es dable destacar que el ocurso que se atiende fue promovido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, consultar a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos, lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal. Acorde con lo anterior, los artículos 1º, 3º, 14, 16, 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indican los requisitos para presentar demandas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como la forma de consultar el expediente electrónico. En este contexto, del artículo 3º de la ley de la materia se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y promueva en los términos En este contexto, del artículo 3º de la ley de la materia se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. De igual forma, precisa que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 16 del acuerdo aludido párrafos precedentes, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la misma norma y se registren en el sistema, estableciendo los pasos para realizar dicho trámite. Además, el artículo 42 del acuerdo en cita establece las excepciones para promover demandas sin tener firma electrónica, que son aquellos en los que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En ese contexto, en el ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica alguna que denote la firma electrónica de la parte quejosa. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como alguno de los que enuncia el artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así tomando en consideración que de la lectura integra de la demanda, la parte quejosa se duele de la orden de detención y aprehensión emitidas por las autoridades responsables ordenadoras Juez Penal de Primer Instancia, y Juez Penal y de Juicios Orales de Cuantía Menor ambos del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, autoridades judiciales que en términos del artículo 16 Constitucional, están facultadas para emitir ordenes privativas de libertad, como en el caso acontece, por lo cual el acto reclamado no encuadra en alguno de los supuesto a que hacen referencia los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que el suscrito está facultado para proveer respecto del escrito de demanda a la luz de los razonamientos expuestos y en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla. Así, de los preceptos invocados queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del presente juicio, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Relacionado con lo anterior, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, es necesario que el promovente ingrese su "nombre de usuario y contraseña" que generó al momento de registrarse, o bien, a través de su firma electrónica vigente; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda y agregarán a dicho escrito su firma electrónica. Lo anterior, implica que ante la falta de firma electrónica a nombre del promovente no existe voluntad de su parte para dar inicio a la presente instancia constitucional. Por lo que, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma del promovente, no pueden expresar la voluntad de éste, pues es a través de la firma electrónica correspondiente que se responsabiliza de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, al ser considerada la falta de firma como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Además, como se estableció en párrafos anteriores, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.... Sin que pase inadvertido que el escrito que se provee, se encuentre dirigido al "C. JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS CIVILES FEDERALES EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO", ya que de conformidad con lo establecido en el acuerdo general 11/2011 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano de control constitucional con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, se desecha la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, no ha lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que se mencionan, toda vez que el promovente no firmó el escrito de demanda y, por ende, no se le puede reconocer tal calidad a aquél para que actúe en su nombre, con las facultades que confiere el numeral señalado. De conformidad con el numeral 26 fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista, misma que puede consultarse en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la puerta de acceso al edificio donde se localiza este órgano jurisdiccional. Respecto a su petición de recibir notificaciones mediante el correo electrónico leo-nel_jf@hotmail.com, así como el número de celular 427 123 7494 para llamadas, y plataformas de WhatsApp y telegram, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no contempla la práctica de notificaciones mediante los medios que refiere el quejoso. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia en autos de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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