Roque Alfonso Barros Cepeda
Expediente 780/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roque Alfonso Barros Cepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Agréguese a los autos el oficio del Director de Garantías de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual acusa recibo del oficio 175/2023, por el que se le remitió el billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), que en su oportunidad, exhibió el quejoso ********************, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil veinte. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentada físicamente. Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero dedos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 780/2020 promovido por el quejoso ***, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, feneció el término de dos años que se otorgó al aludido peticionario de amparo, en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, para que compareciera ante esta potestad, a solicitar la entrega del billete de depósito N-871906 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en su oportunidad, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en resolución interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil veinte; sin que a la data en que se emite este proveído, haya comparecido a este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante esa circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se previno al referido quejoso, en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción del billete de depósito N-871906 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos cero centavos, moneda nacional); por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase dicho documento bancario a la Tesorería de la Federación, a fin que lo haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero General de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo del billete de depósito de referencia, que se le envía para el efecto antes indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Finalmente, acorde a lo establecido en los artículos 253 y 263, fracción IV1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 1 "Artículo 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se estima innecesario generar la impresión del presente proveído y agregarlo al expediente físico, en razón a que la citada normativa del Consejo de la Judicatura Federal persigue privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, así como optimizar tiempos en el desarrollo de la actividad jurisdiccional; máxime, que en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se autorizó a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, y que la práctica de las notificaciones derivadas de las determinaciones emitidas en el presente sumario constitucional, se realizaran de forma electrónica, por lo que el quejoso estará en condiciones de consultar el expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea; sin perjuicio que, de así estimarlo pertinente, podrá deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto." "Artículo 263. Con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en las fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y[.]". acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, para consultar el expediente electrónico en el equipo dispuesto para tal efecto. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 263, fracción III, del mencionado Acuerdo General, se ordena agregar únicamente al expediente físico, la minuta del comunicado deducido del presente proveído, al resultar necesario para la notificación del mismo a la Tesorería de la Federación. Notifíquese electrónicamente al quejoso; por lista al resto de las partes y, por oficio al Tesorero de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Además, en virtud que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 871906, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicio Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI),por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de diez a las doce horas, y a partir del cuatro de enero de dos mil veintiuno, en razón de que en esa data el Titular de este juzgado se encontrará reincorporado a sus actividades; debiendo acompañar copia de identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor el Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera -como acontece en el presente asunto- la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 5. Lina Claudia Ordoñez Pérez, Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele las mismas; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las citadas documentales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la tercera intersada; así como por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/2537/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Maribel Pereda Corvera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Maricela. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 780/2020-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Roque Alfonso Barros Cepeda, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día hábil a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Roque Alfonso Barros Cepeda, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte (fojas 9 a 17), se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 780/2020-C y se admitió a trámite con incidente de suspensión, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 31). TERCERO. Parte tercero interesada. En cumplimiento al auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte (fojas 38 y 39), se emplazó a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, así como a Alonso Cajica Rugerio, representante legal de la moral "Litogragía Magno Graf, Sociedad Anónima de Capital Variable"; en el entendido que dicha persona moral se apersonó al juicio, a través de su apoderada legal Yolanda Otero García, quien acreditó su personalidad con el testimonio del instrumento notarial número veinticuatro mil cincuenta y ocho, volumen quinientos, pasado ante la fe del Notario Público número veintisiete de la Ciudad de Puebla (fojas 62 a 103). CUARTO. Cita para audiencia. En proveído de diez de noviembre de dos mil veinte (foja 131), se difirió la audiencia constitucional y se citó a las partes para su verificativo el día de la fecha, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos, se advierte que el quejoso esencialmente, reclama lo siguiente: La orden de busca, aprehensión y detención, librada en su contra el once de septiembre de dos mil veinte, dentro del proceso penal 04/2020 de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, 404, fracción XVII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por ALONSO CAJICA RUGERIO y su ejecución. TERCERO. Inexistencia y existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden. Autoridad responsable Sentido del Informe 1. Abogado Luis Fernando Cornejo Huesca. Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (Foja 23) 2. Abogada Olga Margot Cortés León. Jueza Segundo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (Foja 32) 3. Abogado Alberto Zenteno Reyes. Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (Foja 44) 4. Abogado Juan Marcelino Romero de Jesús. Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega. (Foja 33) 5 Abogada Lina Claudia Ordoñez Pérez. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla. Acepta (Foja 35) 6 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, Licenciada Ofelia Urtuzuaztegui Sánchez. Niega (Foja 37) 7 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Maestro Gerardo Mejía Granados. Niega. (Foja 36) I. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Las autoridades responsables 1. Abogado Luis Fernando Cornejo Huesca. Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, 2. Abogada Olga Margot Cortés León. Jueza Segundo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 3. Abogado Alberto Zenteno Reyes. Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Puebla y 4. Abogado Juan Marcelino Romero de Jesús. Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla; al rendir sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Al respecto, la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar tal negativa; en consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto del acto atribuido a las autoridades responsables citadas. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, a jurisprudencia VI.2° J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". II. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, la autoridad responsable 5. Abogada Lina Claudia Ordoñez Pérez. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su respectivo informe justificado manifestó que son ciertos los actos reclamados; en virtud de lo cual, se tiene plenamente probada la existencia de éstos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza del acto que se corrobora con el duplicado de la causa penal 04/2020 (Anexos de Pruebas I y II) y copias certificadas que de esa causa remitió el juez penal responsable en apoyo de su informe justificado, cuyas constancias tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; de las que se advierte la existencia de la orden de aprehensión reclamada y su acto de ejecución. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, no obstante que las autoridades responsables ejecutoras 6. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, Licenciada Ofelia Urtuzuaztegui Sánchez y 7. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Maestro Gerardo Mejía Granados, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, en atención a que la autoridad responsable ordenadora 5. Abogada Lina Claudia Ordoñez Pérez. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, aceptó la emisión del mandamiento de captura, se tiene por cierto el acto impugnado a las ejecutoras en cita. Se invoca en apoyo lo anterior la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica de los actos combatidos (la orden de aprehensión y su ejecución), la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza alguna excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En este caso, conforme a lo informado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, en cuanto a que tuvo conocimiento del acto que reclamó el dieciocho de octubre del presente año, y la demanda que dio origen a este juicio de amparo, fue presentada el diecinueve de octubre del año en curso; en esas condiciones, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del diecinueve de octubre al nueve de noviembre del presente año, previo descuento de los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, uno, siete y ocho de noviembre último, al haber sido inhábiles conforme al artículo 19, de la Ley de Amparo, y el dos de noviembre del presente año, conforme a la circular 17/2020 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En esa tesitura, si la demanda se presentó el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, resulta evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados, se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal de donde emana el acto reclamado. SEXTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En efecto, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, el suscrito juez Federal advierte, de oficio, que respecto de la orden de aprehensión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". Del precepto trascrito se desprende que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Aunado a lo anterior, conviene precisar que en materia penal la libertad personal puede restringirse por diversos motivos y el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen dicha restricción de la libertad se denomina situación jurídica. En ese sentido, cada tipo de restricción de la libertad, tiene características peculiares que no puede afectar a la otra, así que cada forma de restricción de la libertad (situación jurídica) excluye a la que le antecedió. Tales formas de restringir la libertad personal son: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave y, la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional. 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas. 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión. 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional. A lo anterior es aplicable, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/66, que dice: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior". Precisado lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que el quejoso reclama lo siguiente: a) La orden de busca, aprehensión y detención, librada en su contra, el once de septiembre de dos mil veinte, dentro del proceso penal 04/2020 de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, 404, fracción XVII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por ALONSO CAJICA RUGERIO. b) Su ejecución. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que: 1. La 5. Juez Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, el once de septiembre de dos mil veinte, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, 404, fracción XVII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por ALONSO CAJICA RUGERIO. 2. El treinta de octubre de dos mil veinte, el quejoso Roque Alfonso Barros Cepeda, compareció ante la juez responsable, y se llevó a cabo el desahogo de la diligencia de declaración preparatoria, a partir de las dieciséis horas de ese día, dentro de la causa penal 04/2020, en la que entre otros temas, se reservó el derecho a declarar y solicitó la ampliación del término constitucional para la resolución de su situación jurídica. 3. El cinco de noviembre del año que transcurre, dentro del plazo constitucional ampliado, se resolvió la situación jurídica del quejoso Roque Alfonso Barros Cepeda, y se decretó a su favor, libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, conforme al artículo 219, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, 404, fracción XVII, en relación con el diverso 13, del Código Penal para el Estado de Puebla, que se dijo cometido en agravio de la persona moral denominada LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por Alonso Cajica Rugerio, en virtud que la juez responsable, consideró que los elementos de convicción recabados por el representante social no tienen el alcance probatorio necesario para acreditar los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del antijurídico aludido. En ese contexto, es evidente que cambió la situación jurídica del quejoso, en virtud que su libertad personal, en principio, se vio restringida con motivo de que se libró en su contra una orden de aprehensión, al considerarse que se encontraban reunidos los requisitos previstos en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, posterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el cinco de noviembre último, la Juez responsable, en términos del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que tuvo por ampliado el término constitucional, decretó en favor del quejoso Roque Alfonso Barros Cepeda, la libertad por falta de elementos para procesar bajo reservas de ley, respecto del delito cuya comisión se le atribuyó, con lo que definió su situación jurídica, por tanto, el proceso 04/2020, del que deriva el acto reclamado en el presente juicio, se encuentra bajo los efectos del artículo 219, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Como corolario de lo anterior, se llega al conocimiento de que ha operado un cambio en la situación jurídica de la parte quejosa dentro del procedimiento judicial que se le inició, pues ahora está determinada por el auto de libertad por falta de elementos para procesar, que le fue decretado y, por ende, las violaciones que se hubieren cometido en contra del quejoso en la orden de aprehensión reclamada deben estimarse consumadas de un modo irreparable por no poder decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica a que se alude. A lo arriba considerado, tiene aplicación el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 95/2007, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aprehensión reclamada a la 5. Abogada Lina Claudia Ordoñez Pérez. Jueza Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables: 6. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, Licenciada Ofelia Urtuzuaztegui Sánchez y 7. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Maestro Gerardo Mejía Granados, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Atento a lo anterior, no es jurídicamente factible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, en virtud que la consecuencia del sobreseimiento es concluir el juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, 74, 75, 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ROQUE ALFONSO BARROS CEPEDA, en contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta resolución, en términos del diverso tercero apartado I y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso; por lista al tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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