Roque Aladino Salas Mis

Expediente 1314/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1314/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Roque Aladino Salas Mis
  • Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
  • Roque Aladino Salas Mis y Otros.
  • Manuel de Jesús Uc Cante y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veinte. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito de Nanzi Noemí Salas Canul autorizada en términos amplios de la parte quejosa, con el que solicita se gire oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que cancele la nota jurídica y anotación restrictiva, respecto del predio marcado con el número trescientos trece, de la calle dos, de la colonia Salvador Alvarado Sur y el predio marcado con el número trescientos treinta y ocho de la calle diez de la colonia José María Iturralde, de esta Ciudad de Mérida, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En mérito de lo anterior, se hace del conocimiento de la ocursante que no se accede a su petición consistente en girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que realice dicha cancelación, toda vez que este Juzgado no ordenó la anotación a que hace referencia la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las trece horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1314/2019-II, promovido por Roque Aladino Salas Mis, albacea de la sucesión de intestado de Andrés Antonio Salas Fernández también conocido como Andrés Salas Fernández y Margarita Mis Canul alias Margarita Mis, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, asistido del secretario, licenciado Juan Armando Cortés Carabias, con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con las constancias de notificación realizadas a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el Juez acuerda: que se tenga por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo y con las constancias enviadas por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por el Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridades responsables, en sus respectivos informes justificados. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las referidas probanzas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario informa que las partes no formularon ninguno, por lo que se tiene por concluida la fase de referencia. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1314/2019-II, promovido por Roque Aladino Salas Mis, albacea de la sucesión de intestado de Andrés Antonio Salas Fernández también conocido como Andrés Salas Fernández y Margarita Mis Canul alias Margarita Mis, contra los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Roque Aladino Salas Mis, albacea de la sucesión de intestado de Andrés Antonio Salas Fernández también conocido como Andrés Salas Fernández y Margarita Mis Canul alias Margarita Mis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actuario de su adcripción y Director del Instituto Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán. Segundo. Admisión demanda. Por auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se fijan de la siguiente manera: La falta de notificación y emplazamiento, así como el embargo de bienes y demás actuaciones existentes en el juicio ejecutivo mercantil 1102/2009 del índice del entonces Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente 2108/2009 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Luis Alejandro González Cepeda, por conducto de su endosataria en procuración, en contra de Mariana Hiliana Suemi Barmón Priego, Manuel de Jesús Uc Canté y Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis. Tercero. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Actuario de la adscripción y Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por así haberlo manifestado al rendir sus correspondientes informes justificados, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó la Juez responsable y la última de las autoridades nombradas al rendir los mismos, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en consecuencia, se tienen por ciertos tales actos. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Las copias certificadas relativas a las constancias del juicio ejecutivo mercantil número 1102/2009 del índice del entonces Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente 2108/2009 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, remitidas con el informe justificado de la juez responsable, brindan la información siguiente: 1. Mediante escrito de diez de agosto de dos mil nueve, recepcionado por la oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado el trece del referido mes y año y turnado al entonces Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, la endosataria en procuración de Luis Alejandro González Cepeda, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis y codemandados (fojas 2 y 3 del cuaderno auxiliar). 2. Por auto de catorce de agosto de dos mil nueve, se admitió a trámite la demanda de referencia, decretando auto con efectos de mandamiento en forma, a fin de que se procediera a requerir a Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis y codemandados, el pago de las prestaciones reclamadas y de no hacerlo se les embargaran bienes de su parte, suficientes para cubrir el monto de las prestaciones reclamadas (foja 5 del cuaderno auxiliar). 3. En diligencia de treinta y uno de enero de dos mil once, se llevó a cabo, previo citatorio dejado el dia veintiocho del referido mes y año, la correspondiente diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis, por conducto del Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en la cual se entendió con una persona, quien dijo llamarse Areceli Salas Mis, la cual manifestó que la demandada antes referida vive, habita y tiene su domicilio en el lugar al cual el federatario se había constituído y que era hija de la referida demandada, manifestando al actuario judicial que no pagaba y que no señalaba bienes para embargar, por lo que la parte actora en el juicio de origen señaló para embargar como propiedad de la referida demandada el cincuenta por ciento respecto de un bien inmueble, en consecuencia, el Actuario responsable trabó formal embargo respecto de dicho bien (fojas 43 a 47 del cuaderno auxiliar). 4. En mérito de lo anterior mediante auto de quince de febrero de dos mil once, la Juez Cuarto Mrecantil del Primer Departamento Judicial del Estado, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, a fin de que procediera a inscribir el referido embargo (foja 48 del cuaderno auxiliar). 5. Integrada la litis y seguido el juicio en sus etapas procesales, el ocho de julio de dos mil once, se dictó la correspondiente sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 1102/20197-II-B del índice del entonces Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, la cual fue declarada ejecutoriada mediante auto de treinta y uno de agosto del referido año (fojas 90 a 92 y 94 del cuaderno auxiliar). 6. Mediante auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, asumió la competencia del juicio de origen con motivo de la conclusión de funciones del juzgado que había sido conocedor del mismo, correspondiéndole el número 2108/2019 (foja 149 del cuaderno auxiliar). 7. Mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, presentado ante la oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado de Yucatán el día tres de noviembre del referido año, Roque Aladino Salas Mis, ahora albacea de la sucesión de intestado de la demandada Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis y parte quejosa en el presente juicio de amparo, compareció en el Juicio Ejecutivo Mercantil 2108/2019 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, memorial al cual adjuntó copia simple del acta de defunción de la referida Mis Canul y del acta del nacimiento y credencial para votar del referido compareciente, nombrando asesores jurídicos y señalando domicilio para oir y recibir notificaciones en el juicio de origen (foja 153 del cuaderno auxiliar). Quinto. Estudio Oficioso de Causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta autoridad de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Igualmente, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo en vigor, precisa que el término para la interposición de la demanda se contará, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Así, en el presente caso, los actos reclamados lo constituyen la falta de notificación y emplazamiento, así como el embargo de bienes y demás actuaciones existentes en el juicio ejecutivo mercantil 1102/2009 del índice del entonces Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente 2108/2009 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Luis Alejandro González Cepeda, por conducto de su endosataria en procuración, en contra de Mariana Hiliana Suemi Barmón Priego, Manuel de Jesús Uc Canté y Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la Juez Segundo Mrcantil del Primer Departamento Judicial del Estado a su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el aquí quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, al menos, desde el día veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. En efecto, de las copias certificadas del juicio de origen, obra el escrito de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por Roque Aladino Salas Mis, aquí quejoso, presentado ante la oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado, mediante el cual compareció en el Juicio Ejecutivo Mercantil 2108/2019 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, memorial al cual adjuntó copia simple del acta de defunción de la referida Mis Canul y del acta del nacimiento y credencial para votar del referido quejoso, nombró asesores jurídicos y señaló domicilio para oir y recibir notificaciones en el juicio de natural. Asimismo, Roque Aladino Salas Mis acreditó ante esta autoridad el carácter de albacea de la sucesión de intestado de la demandada en el juicio de origen Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis y del diverso Andrés Antonio Salas Fernandez (o) Andrés Salas Fernández, con las copias certificadas de la audiencia testimonial y preliminar de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, en autos del Juicio Sucesorio Intestado 1063/2015 del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Es importante precisar que no obstante que del escrito del quejoso de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete dirigido a la juez responsable, se advierte que el promovente del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado en dicha fecha, también es evidente que en la misma aún no tenía la representación con la cual promueve el presente juicio de amparo, esto es el carácter de albacea de la sucesión de intestado de la demandada en el juicio de origen Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis y del diverso Andrés Antonio Salas Fernandez (o) Andrés Salas Fernández, pues dicho carácter le fue reconocido al peticionario de garantías posteriormente a la presentación de dicho ocurso, especificamente en la audiencia testimonial y preliminar de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, en autos del Juicio Sucesorio Intestado 1063/2015 del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo que es a partir de dicha fecha (nueve de marzo de dos mil dieciocho), en la cual se le reconoció dicho carácter, en la que Roque Aladino Salas Mis estaba facultado para promover el juicio de amparo contra los actos reclamados antes referidos. En estas condiciones, si Roque Aladino Salas Mis estaba facultado para promover el juicio de amparo y tenía conocimiento de los actos reclamados, cuando menos desde el nueve de marzo de dos mil dieciocho, y presentó la demanda de amparo el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, es inconcuso que ha transcurrido con exceso el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar dicha demanda, el cual comenzó a computarse el día siguiente partir de la fecha en que le fue reconocido el carácter de albacea de la sucesión referida en los párrafos que anteceden, fecha en la cual ya tenía conocimiento de los actos que reclama en el presente juicio de amparo, conforme a lo señalado por el citado numeral 18 de la ley de la materia. Brinda apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Por consiguiente, si la petición de amparo fue presentada hasta el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (es decir, un año, seis meses y diez días después de la fecha en que le fue reconocido a Roque Aladino Salas Mis el carácter de albacea de la sucesión de intestado de la demandada en el juicio de origen Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis y del diverso Andrés Antonio Salas Fernandez (o) Andrés Salas Fernández, fecha en la cual dicho albacea ya tenía conocimiento de los actos reclamados y por tanto de la existencia del juicio de origen), según se observa de la audiencia testimonial y preliminar de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, en autos del Juicio Sucesorio Intestado 1063/2015 del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y del escrito de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete suscrito por el referido quejoso, presentado ante la oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado el día tres de noviembre del referido año; motivo por el cual, es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Por tanto, el hecho de que hasta el día nueve de marzo de dos mil dieciocho se le tuvo por reconocido a Roque Aladino Salas Mis el carácter de albacea de la sucesión de intestado de la demandada en el juicio de origen Margarita Mis Canul (o) Margarita Mis y del diverso Andrés Antonio Salas Fernandez (o) Andrés Salas Fernández, no se contrapone al diverso hecho de que el citado albacea en la referida fecha ya tenía conocimiento de los actos que reclama en el presente juicio de amparo, pues de las constancias remitidas por la juez responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el referido quejoso mediante escrito de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, presentado ante la oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado, compareció en el Juicio Ejecutivo Mercantil 2108/2019 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo que a partir de dicha fecha se puede considerar que el mismo ya tenia conocimiento de los actos reclamados, aún y cuando no tenía el carácter de albacea con el cual promovió el presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis VII. 2o. C.43 K (10ª), visible en la página 1904, Tomo: III, Libro 42, Mayo de 2017 de Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ALBACEA ACEPTÓ EL CARGO, SI CON ANTERIORIDAD A ELLO SABÍA COMO PERSONA FÍSICA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 1628, 1633 y 1639, fracción VIII, del Código Civil para el Estado, se concluye que si bien es cierto que el albaceazgo es un cargo voluntario, también lo es que, una vez aceptado, se constituye en deber legal su desempeño, por lo que se tiene la obligación genérica de defender y representar el caudal hereditario, quedando sujeto en este aspecto, de ser necesario, a la promoción de juicios para no disminuir la masa hereditaria, a la defensa en juicio de ésta, y a la comparecencia en aquellos procesos iniciados con anterioridad al fallecimiento del autor de la sucesión o la aceptación del cargo de albacea, sin que para esto último sea necesario iniciar un nuevo procedimiento pues, en virtud del albaceazgo, existe entre el autor de la sucesión y éste, una causahabiencia. Ahora bien, dada la obligación de desempeñar el cargo de albacea, desde que tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento que involucre a la masa hereditaria, el albacea se encuentra constreñido a comparecer a aquél con dicha calidad motu proprio, so pena de preclusión de los derechos que le permitan una adecuada defensa. En esas condiciones, el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo inicia a partir del día siguiente al en que el albacea aceptó el cargo, si con anterioridad a ello sabía como persona física de la existencia del acto reclamado, pues a partir de esa fecha, se cuenta con la legitimación necesaria para ocurrir al juicio constitucional." Asimismo, tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis IV.3o.78 K, visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". De igual forma, sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis jurisprudencia visible en la página 652, Primera Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 cuyo rubro y texto reza: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que el juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, debe sobreseerse el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Bajo tales circunstancias, al operar la citada causal de improcedencia respecto al ilegal emplazamiento reclamado por la parte quejosa, la misma suerte deben correr los demás actos reclamados y autoridades responsables, consistentes en todo lo actuado en el procedimiento de origen con posterioridad a dicho procedimiento, al no haberse reclamado por vicios propios. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690, Tomo: II Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Finalmente, en virtud de la resolución que se adopta, se torna jurídicamente imposible emprender el examen de fondo de la cuestión planteada, resultando aplicable la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sexto. Públicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Resuelve: Primero. Se Sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Roque Aladino Salas Mis, albacea de la sucesión de intestado de Andrés Antonio Salas Fernández también conocido como Andrés Salas Fernández y Margarita Mis Canul alias Margarita Mis, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se tiene a las partes en este juicio constitucional, por no opuestas a la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libraron los oficios correspondientes, en los términos de la minuta que al efecto se anexa. Conste.

  3. Principal

    POR LOS MOTIVOS QUE SE INDICAN SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se tiene por recibido el escrito de Nanzi Noemi Salas Canul autorizada del quejoso Roque Aladino Salas Mis albacea de la sucesión de intestado de Andrés Antonio Salas Fernández también conocido como Andrés Salas Fernández y Margarita Mis Canul alias Margarita Mis, con el que en atención al requerimiento que se le hizo en auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, proporciona un domicilio para emplazar a juicio al tercero interesado Manuel de Jesús Uc Cante, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado Federal, se constituya al domicilio proporcionado en el escrito de cuenta, el cual se encuentra ubicado en el predio marcado con el número ciento cincuenta y tres letra "C", de la calle sesenta y siete entre treinta y ocho y cuarenta, del Fraccionamiento Fidel Velázquez de esta ciudad, y previo cercioramiento del mismo, emplace a juicio al tercero interesado Manuel de Jesús Uc Cante, con entrega de copia autorizada de este acuerdo, del auto admisorio, del proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve y de la demanda de amparo, previniéndolo para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se les señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de que medie posterior acuerdo y hasta en tanto subsanen su omisión. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse los informes justificados que obran en autos a la vista de la parte tercero interesada para el ejercicio de sus derechos si así lo estimare pertinente, por el término continuo y genérico de ocho días. Por otro lado, hágase de su conocimiento que la audiencia constitucional está señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente al tercero interesado Manuel de Jesús Uc Cante. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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