Ronny Estuardo Cacao Díaz

Expediente 1957/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1957/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Ronny Estuardo Cacao Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: el escrito de demanda mediante el cual Ronny Estuardo Cacao Díaz, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1957/2022-7. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la tesis de jurisprudencia P./J.40/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 200, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Atento lo anterior, del estudio de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "[.]La resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 59/2022-III, por los Magistrados de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que confirma la sentencia definitiva condenatoria dictada dentro de la causa penal 189/2020. [.]" Sic. Al respecto, cabe precisar lo dispuesto por los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderán por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin a juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquéllas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos [.]" (Énfasis añadido). De lo anterior se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, mismos que proceden, entre otras cosas, contra las sentencias definitivas que decidan el juicio principal, poniendo fin al mismo. Luego, si en el caso que nos ocupa, el promovente se duele de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 59/2022-III, por los Magistrados de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que confirma la sentencia definitiva condenatoria dictada dentro de la causa penal 189/2020, resulta inconcuso que corresponde conocer de la presente demanda de amparo, a un Tribunal Colegiado de Circuito. Resulta ilustrativo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia I.2o.P. J/1 P (11a.), visible en la página 2578, Libro 12, Abril de 2022, Tomo III, Undécima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2024523 cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE COMPUTA POR AÑOS NATURALES, SIN LA EXCLUSIÓN DE DÍAS INHÁBILES, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ LABORES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que le impuso pena de prisión, dictada previamente a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente; en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo de ocho años para la promoción de la demanda inició el 3 de abril de 2013; sin embargo, se presentó con posterioridad al 3 de abril de 2021. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el plazo de ocho años previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de amparo directo contra sentencias definitivas condenatorias que imponen pena de prisión se computa por años naturales, sin la exclusión de días inhábiles, con excepción de los que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Justificación: El plazo de ocho años para promover amparo directo contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión es una excepción a la regla general de quince días y constituye una norma especial; en consecuencia, no debe computarse conforme a la regla para los plazos fijados en días, prevista en el artículo 22 de la Ley de Amparo, sino por años naturales, sin la exclusión de días inhábiles. Lo anterior, pues si el legislador estableció ese plazo en años con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídica a las víctimas del delito, el excluir de los ocho años los días inhábiles implicaría un cómputo indeterminado, complicado y confuso, pues éstas tendrían que investigar no sólo el calendario de días inhábiles, sino también los acuerdos y circulares de las autoridades responsables federales y locales en cada entidad federativa en que, por cualquier motivo, se declaren días inhábiles en cada uno de los años del plazo. En la Ley de Amparo existen plazos cortos, en horas y días, así como largos, en años, de manera que en los primeros se justifica que no deban considerarse los días inhábiles dado que, al no poder tener lugar las actuaciones judiciales, sería perjudicial para las partes imponer que se consideraran los días inhábiles, porque afectaría la oportunidad de defensa de las partes. Sin embargo, el establecimiento de un plazo largo, particularmente el de ocho años, no afecta la defensa de los sentenciados, pues existen suficientes días hábiles en los que es posible consultar constancias y promover, de requerirse, lo necesario. No obstante, como excepción a esa regla, por razón de justicia y en atención al principio pro actione, debe considerarse el fenómeno de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que ha tenido impactos catastróficos para toda la población a nivel global, lo que ocasionó, entre otras consecuencias, la paralización total de la administración de justicia en nuestro país, lo que no puede operar en demérito del justiciable. En ese sentido, considerando que es ante la autoridad responsable que se presenta la demanda de amparo directo y se solicitan las constancias conducentes a efecto de ejercer el derecho de defensa, debe excluirse del plazo de ocho años el tiempo que esa autoridad suspenda labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)." Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, en relación con los diversos 34 y 170, todos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo promovida por cual Ronny Estuardo Cacao Díaz. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo y sus respectivas copias, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la misma, previa copia certificada que obre en autos, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 1997, página 6, materia común, con número de registro 198401, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." [Énfasis añadido]. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y como autorizados a los licenciados Juan Francisco Antonio Plaza Quevedo y Daniel Pedro Alperte Rodríguez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y conforme a la parte final del precepto legal antes invocado, por no tener registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales judiciales correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEBBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Número de expediente: 1957/2022 Acuerdo: VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: el escrito de demanda mediante el cual Ronny Estuardo Cacao Díaz, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1957/2022-7. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la tesis de jurisprudencia P./J.40/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 200, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Atento lo anterior, del estudio de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "[.]La resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 59/2022-III, por los Magistrados de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que confirma la sentencia definitiva condenatoria dictada dentro de la causa penal 189/2020. [.]" Sic. Al respecto, cabe precisar lo dispuesto por los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderán por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin a juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquéllas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos [.]" (Énfasis añadido). De lo anterior se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, mismos que proceden, entre otras cosas, contra las sentencias definitivas que decidan el juicio principal, poniendo fin al mismo. Luego, si en el caso que nos ocupa, el promovente se duele de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 59/2022-III, por los Magistrados de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el que confirma la sentencia definitiva condenatoria dictada dentro de la causa penal 189/2020, resulta inconcuso que corresponde conocer de la presente demanda de amparo, a un Tribunal Colegiado de Circuito. Resulta ilustrativo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia I.2o.P. J/1 P (11a.), visible en la página 2578, Libro 12, Abril de 2022, Tomo III, Undécima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2024523 cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE COMPUTA POR AÑOS NATURALES, SIN LA EXCLUSIÓN DE DÍAS INHÁBILES, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ LABORES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que le impuso pena de prisión, dictada previamente a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente; en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo de ocho años para la promoción de la demanda inició el 3 de abril de 2013; sin embargo, se presentó con posterioridad al 3 de abril de 2021. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el plazo de ocho años previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de amparo directo contra sentencias definitivas condenatorias que imponen pena de prisión se computa por años naturales, sin la exclusión de días inhábiles, con excepción de los que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Justificación: El plazo de ocho años para promover amparo directo contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión es una excepción a la regla general de quince días y constituye una norma especial; en consecuencia, no debe computarse conforme a la regla para los plazos fijados en días, prevista en el artículo 22 de la Ley de Amparo, sino por años naturales, sin la exclusión de días inhábiles. Lo anterior, pues si el legislador estableció ese plazo en años con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídica a las víctimas del delito, el excluir de los ocho años los días inhábiles implicaría un cómputo indeterminado, complicado y confuso, pues éstas tendrían que investigar no sólo el calendario de días inhábiles, sino también los acuerdos y circulares de las autoridades responsables federales y locales en cada entidad federativa en que, por cualquier motivo, se declaren días inhábiles en cada uno de los años del plazo. En la Ley de Amparo existen plazos cortos, en horas y días, así como largos, en años, de manera que en los primeros se justifica que no deban considerarse los días inhábiles dado que, al no poder tener lugar las actuaciones judiciales, sería perjudicial para las partes imponer que se consideraran los días inhábiles, porque afectaría la oportunidad de defensa de las partes. Sin embargo, el establecimiento de un plazo largo, particularmente el de ocho años, no afecta la defensa de los sentenciados, pues existen suficientes días hábiles en los que es posible consultar constancias y promover, de requerirse, lo necesario. No obstante, como excepción a esa regla, por razón de justicia y en atención al principio pro actione, debe considerarse el fenómeno de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que ha tenido impactos catastróficos para toda la población a nivel global, lo que ocasionó, entre otras consecuencias, la paralización total de la administración de justicia en nuestro país, lo que no puede operar en demérito del justiciable. En ese sentido, considerando que es ante la autoridad responsable que se presenta la demanda de amparo directo y se solicitan las constancias conducentes a efecto de ejercer el derecho de defensa, debe excluirse del plazo de ocho años el tiempo que esa autoridad suspenda labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)." Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, en relación con los diversos 34 y 170, todos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo promovida por cual Ronny Estuardo Cacao Díaz. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo y sus respectivas copias, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la misma, previa copia certificada que obre en autos, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 1997, página 6, materia común, con número de registro 198401, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." [Énfasis añadido]. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y como autorizados a los licenciados Juan Francisco Antonio Plaza Quevedo y Daniel Pedro Alperte Rodríguez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y conforme a la parte final del precepto legal antes invocado, por no tener registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales judiciales correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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