Ronaldo St Victor
Expediente 366/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ronaldo St Victor
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el once de abril de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo en cumplimiento artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Encargado de Despacho de la Subdirección de Estación Migratoria de Instituto Nacional de Migración en Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de marzo del año en curso, remite copia certificada de lo siguiente: Puesta a disposición mediante oficio INM/ORQO/SRFC/SCVM/0666/2023. Acciones de verificación migratoria. Oficios de salida definitiva del país de treinta de marzo de dos mil veintitrés a nombre de ********************, todos de nacionalidad haitiana. Oficio de salida de la Estación Migratoria Chetumal con número INM/ORQR/SRFCHT/SEM/774/2023 de treinta de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por recibidas las documentales de que se trata, y se tiene a la referida autoridad dando cumplimiento al requerimiento de que fue objeto. Luego, del presente expediente se advierten los antecedentes siguientes: Mediante escrito presentado el treinta de marzo del año en curso, ********************promovió juicio de amparo a favor de******************** e********************, contra actos del Sub representante del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo y otra autoridad, en el que reclamó la inconstitucional revisión a los quejosos, la excesiva e inconstitucional garantía, la detención, presentación y privación de la libertad fuera de procedimiento, la sujeción a un procedimiento administrativo de migración y la negativa de otorgarles oficio de salida de las oficinas de migración. Luego, a fin de que los directos quejosos manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo presentada a su favor, la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Chetumal, Quintana Roo; sin embargo, fue informada por personal de la estación que******************** e******************** ya no se encontraban alojados en esa estación migratoria, puesto que salieron en libertad el treinta de marzo del año en curso. Por lo anterior, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remitiera copia certificada, completa y legible de las constancias relativas al ingreso y puesta en libertad de los directos quejosos. Ahora, del contenido de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que por oficio con terminación 0666/2023, los directos quejosos fueron puestos a disposición del Encargado de Despacho de la Sub representación Federal de Chetumal, Quintana Roo; asimismo, que por oficio de salida de treinta de marzo de los actuales, se determinó otorgarles salida definitiva del país, de conformidad con el artículo 137, fracción III de la Ley de Migración y 217 del Reglamento de la Ley de Migración; y por oficio ******************** el Encargado de Despacho de la Subdirección de Estación Migratoria Chetumal solicitó al Encargado de Turno de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, la salida de la Estación Migratoria de los directos quejosos******************** e********************. Bajo ese contexto, toda vez que se advierte que a los directos quejosos se les otorgó oficio de salida definitiva del país el treinta de marzo del actual año, es indudable que ya no se encuentran a disposición de alguna autoridad nacional alguna y, por ende, no están siendo objeto de algunos de los actos reclamados en la demanda de amparo. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de derechos fundamentales promovida por ********************a favor de los quejosos******************** e********************, y se dejan sin efecto las providencias dictadas con motivo de este juicio de amparo. No obsta que el propio numeral 15 señale que de no lograrse la comparecencia de los agraviados, deberá resolverse la suspensión definitiva, dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación y suspender el procedimiento durante un año, hecho lo anterior, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo. Sin embargo, como quedó establecido en párrafos precedentes, este órgano de control constitucional tomó las medidas necesarias para lograr la localización de los directos quejosos, de lo cual resultó que estos fueron puestos en libertad mediante oficio de salida definitiva del país el treinta de marzo de dos mil veintitrés; por lo que resultaría ocioso ordenar la suspensión del procedimiento durante un año en términos del artículo 15 de la ley de la materia, que concluiría en el mismo sentido, es decir, tener por no presentada la demanda de derechos fundamentales. Máxime que la orden de salida definitiva del país de los solicitantes de tutela constitucional fue llevada a cabo materialmente el treinta de marzo de dos mil veintitrés, esto es, en la misma fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales (treinta de ese mismo mes y año), por lo que no sería susceptible de ser materia de análisis en la presente instancia constitucional. Cobra aplicación al respecto, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, página: 273, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda."
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Encargado de Despacho de la Sub Dirección de Estación Migratoria en Chetumal; y atento a su contenido, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe relativo a la suspensión de plano.
- Principal
Vista la razón de treinta de los actuales suscrita por la Actuaria de la adscripción, se advierte que no fue posible localizar a los directos quejosos ****, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, se le informó que los quejosos citados ya no se encontraban alojados en esa estación, toda vez que salieron en libertad el treinta de marzo del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, para que en el término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada completa y legible de las constancias relativas al ingreso y puesta en libertad de los quejosos. Apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello en el término concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.
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