RONALDO ROQUE BARRIOS y Otros.

Expediente 547/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
547/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Viorby Lázaro Bravo Denis
  • RONALDO ROQUE BARRIOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio 21014/2022, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, con firma electrónica y evidencia criptográfica, por medio del cual adjunta el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo 953/2022, de su índice, del que se advierte que dicho juzgado aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional respecto de la demanda promovida por Ronaldo Roque Barrios, Cira Caridad Martínez Pérez, Viorby Lázaro Bravo Denis, Suleydi Hernández Fernández, Yusmielys Cruz Martínez, Lionaldo Díaz Sánchez, Diamel Domínguez Pérez, Sandy Quiñones Martínez, Néstor Trancho Sánchez, Ariamna Freyre Amitad, Javier Montenegro Pérez y Amanda Pacheco Leal, por conducto de Martín Guadiana Salinas. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de once de agosto dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, toda vez que en acuerdo de quince del actual, se tuvo a la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, por instrucciones del Titular de la Oficina de Representación de dicho instituto y en representación de todas las autoridades responsables señaladas en el presente juicio, rindiendo informe respecto a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, reservándose remitir las mismas hasta en tanto se tuviera conocimiento de la aceptación de la competencia que fue planteada por este juzgados, por tanto, mediante oficio que al efecto se gire al homologo oficiante, remítase la referida constancia a que se hace mención, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio terminación 1248/2022, firmado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por instrucciones del Titular de la Oficina de Representación de dicho instituto y en representación de todas las autoridades responsables señaladas en el presente juicio, remitido vía correo electrónico, a través del cual, rinde el informe respecto a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, de conformidad a los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo. Ahora bien, resérvese remitir la presente misiva hasta en tanto, se tenga conocimiento a que órgano de control constitucional le toco conocer de la presente demanda, en razón de la incompetencia planteada por este juzgador en acuerdo de once del actual. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.3o.P.J/3 con número de registro 2016852, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2178, del Semanario Judicial de la Federación tomo III (mayo de 2018), Décima Época, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. ******************La violación al Derecho de Protección a la Salud, por lo que trata a las condiciones de salud en que se pudieran encontrar los quejosos desde su detención y las condiciones de salubridad, sanidad y hacinamiento del lugar donde se encuentran recluidos, así como darles atención médica inmediata y medicamento en caso de requerirse y atención y condiciones saludables y evitar ponerlos en riesgo ante una exposición al virus del COVID-19. f- La violación al derecho de alimentación, por lo que trata a la alimentación que pueda estar recibiendo el quejoso, la cual debe ser adecuada a su edad, condición y requerimientos alimenticios particular. g- La omisión y/o negativa de las responsables de extenderles a los quejosos un permiso de transito libre por un plazo de 30 días." ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 547/2022-V-A. SUSPENSIÓN DE PLANO***********Lo anterior, siempre y cuando cumplan con las medidas de aseguramiento que se fijan atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la calidad de directos quejosos que por tratarse de personas migrantes deben considerarse grupos vulnerables; así, con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, debe observarse lo que establece el ordinal 102 de la Ley de Migración, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional". *****************De la interpretación sistemática del precepto transcrito permite concluir que los inmigrantes indocumentados podrán ser entregadas en custodia a la representación diplomática del País del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber a los extranjeros cuya situación migratoria sea irregular en este País y que se encuentre sometida a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso, pudieran ser las autoridades responsables con sede en el Estado de Oaxaca, en cuya estación permanece alojada la parte quejosa. Tomando en cuenta, en lo conducente, los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Amparo, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, las autoridades responsables pongan inmediatamente en libertad a los directos quejosos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y medidas de seguridad, mismos que habrá de vigilar su exacto cumplimiento la autoridad migratoria, a saber: ***************** Cabe precisar que en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario fijar garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo son los directos quejosos en su calidad de migrantes, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. ********* Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que los directos quejosos gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se les deberá notificar inmediatamente de manera personal a los peticionarios de amparo y se tenga certeza que tuvieron conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA************* Ahora, resulta necesario verificar si se tiene competencia legal para conocer de la mencionada demanda de amparo, al ser ello un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero se lo hace mención a que su ejecución se efectué en una jurisdicción, en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisan que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues se lo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de la competencia del Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo.************* En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis prevista por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito de la jurisdicción en donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado y, como se aprecia, los actos reclamados tienen ejecución en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por tanto, corresponde conocer y resolver este asunto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, que estatuye: DECIMOTERCER CIRCUITO:(...) Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. ********Se ordena remitir los autos al Juez competente En tales condiciones, de conformidad con los artículos 38 y 48 de la mencionada ley, se determina que este Juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para el conocimiento de la referida demanda, por tanto, se ordena remitir el presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito en El Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, (a quien se estima competente), por conducto de su respectiva Oficina de Correspondencia Común. DOMICILIO Y AUTORIZADOS****** NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. En otro aspecto solicita que las notificaciones que deriven del presente juicio se realicen de manera electrónica, para lo cual asigna el nombre de usuario "Jesus_Corona". ************ FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. De conformidad con el precepto 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano