Ronaldo Enoc Lopez Garcia

Expediente 912/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
912/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Ronaldo Enoc Lopez Garcia
  • Francisco Alberto Sanchez Monegro
  • RONALDO ENOC LOPEZ GARCIA y Otros.
  • Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migracion. Tijuana, Baja California
  • Carlos Sánchez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a ello, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse sobreseído, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que los quejosos ********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************y********************, señalaron como actos reclamados en el presente juicio, lo siguiente: La orden de deportación, expulsión o repatriación a su país de origen. Incomunicación. Violación a la libertad de tránsito, arbitraria detención y aseguramiento, así como el alojamiento y retención por más de treinta y seis horas. Asimismo, que mediante constancias actuariales de tres, veintiuno y veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, los actuarios de la adscripción hicieron constar, respectivamente, que los quejosos ya no se encontraban en la estación migratoria de esta ciudad, por haber obtenido oficio de salida; documentos que los fedatarios públicos refirieron tener a la vista, y cuya copia adjuntaron a las constancias actuariales relativas. De esta manera, al imponerse del contenido de los referidos documentos, resulta evidente que desde el ocho, trece y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, los aquí quejosos quedaron en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La orden de deportación, expulsión o repatriación a su país de origen. Incomunicación. Violación a la libertad de tránsito, arbitraria detención y aseguramiento, así como el alojamiento y retención por más de treinta y seis horas. Actos que han cesado sus efectos, toda vez que mediante constancias actuariales de tres, veintiuno y veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, los actuarios de la adscripción hicieron constar, respectivamente, que los quejosos ya no se encontraban en la estación migratoria de esta ciudad, por haber obtenido oficio de salida; documentos que los fedatarios públicos refirieron tener a la vista, y cuya copia adjuntaron a las constancias actuariales relativas; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (once de noviembre de dos mil veintidós), las autoridades señaladas como responsables les otorgaron salida a los directos quejosos de la estación migratoria, el ocho, trece y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en ese orden. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente; y por lista a los quejosos.

  4. Principal

    En tales condiciones, en base a lo antes expuesto se considera infundado el presente incidente, al no existir defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida en proveído de once de noviembre de este año. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 206 y 208 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e Primero. Resulta procedente el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, promovido por Sandro Jiménez Gallardo, a favor de Ronaldo Enoc López García, María Concepción Bazán Orozco, Francisco Alberto Sánchez Monegro, Carlos Sánchez Ramírez, Vicente Rafael Arias Pinales, Esteban Feliz Jiménez, Yoni Sanche Encarnación, Andy Rosario Germán, Ronny Alexander Herrera Pérez y Camilo Tejada Cruz. Segundo. Resulta infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por Sandro Jiménez Gallardo, a favor de Ronaldo Enoc López García, María Concepción Bazán Orozco, Francisco Alberto Sánchez Monegro, Carlos Sánchez Ramírez, Vicente Rafael Arias Pinales, Esteban Feliz Jiménez, Yoni Sanche Encarnación, Andy Rosario Germán, Ronny Alexander Herrera Pérez y Camilo Tejada Cruz, en términos del considerando único de esta resolución. Notifíquese personalmente.

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