Romulo Rivera Galván
Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 26/07/2023
Partes del expediente
- Romulo Rivera Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese al expediente para que obre como corresponda, el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias que solicita, previa firma de recibido que se deje en autos a cargo de la persona autorizada para ello. Finalmente, una vez hecho lo anterior devuélvase este asunto al archivo de donde fue extraído para el dictado de este proveído. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que autoriza y da fe. humbers ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio que se gira para notificar el proveído ue antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega pario recibe el oficio de referencia.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 25/2023-II, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de catorce de abril de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 25/2023-II, promovido por ********************; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables foráneas, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que les fue reclamado, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 25/2023-II, promovido por Rómulo Rivera Galván, contra actos de la Secretaría de Energía, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil veintitrés en este Juzgado de Distrito, Rómulo Rivera Galván, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y acto que enseguida precisan: Autoridades responsables: 1. Secretaría de Energía. 2. Comisión Reguladora de Energía. 3. Comisión Nacional de Hidrocarburos. 4. Petróleos Mexicanos. Todos con residencia en Ciudad de México. 5. Iberoamericana de Hidrocarburos CQ, Exploración & Producción de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (HISA), con asentamiento en San Pedro Garza García, Nuevo León. Actos reclamados: "La orden de ocupación de una fracción de un predio propiedad del suscrito, ubicada en el ejido N.C.P.A. EL CORTINEÑO, sin previa audiencia del suscrito. La inminente desposesión de una fracción del inmueble del que el suscrito goza de su tenencia material y derecho de propiedad, así como, todos los efectos y consecuencias que se deriven o puedan derivarse del acto reclamado antes señalado, ubicado en el ejecito N.C.P.A. EL CORTINEÑO, perteneciente al suscrito." (sic) Asimismo, narró los antecedentes del caso y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 27, 73, fracción X, 89, 133, fracción I, constitucionales y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 25/2023-II; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; se decretó que a la persona moral denominada Iberoamericana de Hidrocarburos CQ, Exploración & Producción de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (HISA), con asentamiento en San Pedro Garza García, Nuevo León, contrario a lo expresado por la parte agraviada, le reviste el carácter de tercera interesada, se le tuvo como tal y se ordenó su notificación personal; asimismo, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Inconforme con tal determinación respecto al tercero interesado, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, quien lo radicó con el número 24/2023, de su índice; mismo que el pasado treinta de marzo de dos mil veintitrés, fue declarado infundado. Una vez integrado este asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que el acto que reclama la parte quejosa consiste en: La orden de ocupación e inminente desposesión de una fracción de un predio propiedad del quejoso, ubicada en el Ejido N.C.P.A., El Cortineño, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con una superficie de 5-37- 36.240, cinco hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y seis punto doscientas cuarenta centiáreas, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Noreste: 107.780. MTS., con camino parcelario; Sureste: 492.090. MTS., con parcela 10; Suroeste: 109.580. MTS., con camino parcelario; y, Noroeste: 508.130. MTS., con parcela 6. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía; el Director de lo Contencioso adscrito a la unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de la Titular de la Secretaría de Energía; así como Director General de lo Contencioso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos con sede en Ciudad de México al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye. En ese tenor, el quejoso no desvirtuó las negativas a que se ha hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, por la razón expuesta únicamente a dichas autoridades en comento. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. A su vez, la Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, enseguida refirió que los trabajos realizados en el predio del quejoso no le deben ser desconocidos, pues celebró "Contrato de ocupación temporal"; esto es, la autoridad responsable en comento hizo manifestaciones que entrañan la certeza del acto reclamado. Por tanto, se tienen como ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa a la responsable aludida en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso concreto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; ya que los actos de los cuales se duele la quejosa derivan de una relación en plano de igualdad y no de supra a subordinación. Los preceptos legales invocados textualmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.". Del análisis de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, así como por Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También, de conformidad con la última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que la autoridad señalada como responsable no tiene dicho carácter. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable, en los que ha precisado que ésta es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. En ese sentido, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable a lo anterior, la tesis número P.XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, febrero de 1997, página 118, registro 199459; que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Así como en la diversa jurisprudencia número 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, novena época, página 1089, registro 161133; que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese contexto, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Así, es preciso destacar que, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es necesario el estudio de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, cuyo análisis se requiere para acreditar la naturaleza de los actos que por esta vía se impugnan. Sobre el particular, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel y, para dirimir sus controversias deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, como ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos y garantías para su protección como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el caso, el quejoso en su demanda señala como autoridad responsable a Petróleos Mexicanos, de quien, esencialmente reprocha la orden de ocupación e inminente desposesión de una fracción de un predio propiedad del quejoso, ubicada en el Ejido N.C.P.A., El Cortineño, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con una superficie de 5-37- 36.240, cinco hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y seis punto doscientas cuarenta centiáreas, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Noreste: 107.780. MTS., con camino parcelario; Sureste: 492.090. MTS., con parcela 10; Suroeste: 109.580. MTS., con camino parcelario; y, Noroeste: 508.130. MTS., con parcela 6. Ahora bien, la Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, anexó el contrato de ocupación temporal (fojas 112 a 117), celebrado entre la empresa productiva del estado denominada "Pemex Exploración y Producción", el cual fue protocolizado el seis de junio de dos mil dieciséis, ante el Notario Público trescientos veintiuno, a cargo del licenciado Ricardo Hiram Rodríguez Contreras. En ese tenor, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad, ya que entre el aquí justiciable y Pemex Exploración y Producción, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo, ya que la Litis versa sobre un contrato de franquicia, en el que existen obligaciones y derechos para ambas partes. Es decir, la relación de la parte quejosa con el ente a quien se atribuyen los actos, no es de supra a subordinación, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. Tampoco se advierte que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; porque deriva de un contrato de franquicia. Como también, que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del quejoso. Y finalmente que para emitir esos actos, el ente, no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado, porque la determinación reclamada deviene de un acto entre particulares como lo es lo pactado en dicho contrato respecto al uso de una fracción de un predio propiedad del quejoso, ubicada en el Ejido N.C.P.A., El Cortineño, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con una superficie de 5-37- 36.240, cinco hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y seis punto doscientas cuarenta centiáreas, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Noreste: 107.780. MTS., con camino parcelario; Sureste: 492.090. MTS., con parcela 10; Suroeste: 109.580. MTS., con camino parcelario; y, Noroeste: 508.130. MTS., con parcela 6. Por tanto, a la referida autoridad no le reviste el carácter de responsable, pues los actos que se controvierten se refieren a cuestiones inherentes a un contrato de franquicia y no tienen que ver con que el impetrante tenga el carácter de trabajador, gobernado o deriven de la ley; en ese supuesto, se está en un plano de igualdad, y los actos controvertidos no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación. En las relatadas condiciones, a juicio de este órgano jurisdiccional los actos reclamados en la presente instancia constitucional no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a la su naturaleza. Derivado de lo anterior, es que se concluye que los actos aquí reclamados, se realizan en un plano de coordinación, el cual como ya se dijo es el entablado entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en un mismo nivel. Encuentra apoyo a lo anterior, por las consideraciones ahí contenidas, la jurisprudencia 2a./J. 210/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XXX, Diciembre de 2009, página 306, con registro digital: 165726, de rubro y texto siguientes: "PEMEX-REFINACIÓN. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESCINDE CONTRATOS DE FRANQUICIA CELEBRADOS CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO. Si se toma en cuenta que PemexRefinación está facultado para celebrar actos con personas físicas o morales, para cumplir su objetivo relativo a los procesos industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos derivados mencionados, y que los contratos de franquicia que celebra para el suministro de combustible en estaciones de servicio están sujetos en todo momento al cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, disposiciones legales que por materia corresponda, decretos del Ejecutivo Federal y determinaciones de la Secretaría de Energía, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es claro que al rescindirlos no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo sólo por ser un organismo descentralizado subsidiario de Petróleos Mexicanos, pues ese acto deriva del incumplimiento del contrato por parte del franquiciatario o suministratario y constituye una de las maneras de dar por terminada una relación jurídica voluntaria y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y la persona física o moral que opera la estación de servicio, como particulares y no entre autoridad y un gobernado. Por ello, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, atendiendo a todo lo anteriormente señalado, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 5, fracción II, 61, fracción XXIII, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Rómulo Rivera Galván, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.
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