Romualdo Jesus Malo Quiroz
Expediente 783/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Romualdo Jesus Malo Quiroz
- Silvia Mora Vazquez
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto por el cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado y se tiene por consentido por las partes. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado el sentido de la sentencia y carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por otro lado, resulta innecesario conservar los dos anexos consistentes en: copia certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal ++++ del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Entonces, se ordena devolverlos y es innecesario solicitarle el acuse de recibo, dado que solo se remiten copias.
- Principal
Agrego al expediente el oficio del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde y remite copia certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal *** de su índice, en apoyo al mismo. Dada la voluminosidad del anexo recibido ordeno mantenerlo por separado con su folio respectivo y formo el cuaderno auxiliar II. Luego, del estado procesal del expediente y en particular de la copia certificada allegada por el citado juez responsable, destacan las relativas a la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en donde se condenó a *** (quejosos), por el delito de fraude, así como las notificaciones correspondientes de la misma. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, advierto que los referidos quejosos, señalaron como acto reclamado: La dilación de dictar la sentencia dentro de la causa penal *** por el delito de fraude genérico, por parte del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Puebla (omisión de emitir sentencia). De la copia certificada allegada por el juez responsable antes mencionado, advierto que dictó sentencia el treinta y uno de mayo del año en curso, en el referido proceso; la cual fue notificada a los quejosos y defensor particular, el veintiocho de agosto y dos de septiembre de este año; además, en el acto de la notificación, los quejosos interpusieron el recurso de apelación contra dicha resolución. En ese contexto, en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se afirma lo anterior, porque de las copias certificadas remitidas advierto que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, emitió la sentencia definitiva en el proceso penal ** de su índice; lo cual trae como consecuencia la cesación de efectos de la omisión atribuida. Dichas copias certificadas allegadas por la autoridad responsable, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces se corrobora la cesación de los efectos de la omisión reclamada porque se emitió el pronunciamiento que extingue los alcances de la omisión reclamada, pese a que dicha determinación se haya emitido previo a la presentación de la demanda de amparo, pues la notificación se practicó hasta el veintiocho de agosto y dos de septiembre de dos mil diecinueve (posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo); de ahí que los quejosos al iniciar este juicio constitucional, ningún conocimiento tenían del dictado de la sentencia definitiva en la causa penal de origen; por eso resulta ocioso en este juicio de amparo examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues en su caso, el objeto de la eventual concesión del amparo habría sido de obligar a la responsable a que emitiera la sentencia correspondiente dentro de la causa penal ***; lo cual ya aconteció. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, porque ya se emitió y notificó la respectiva sentencia, al grado de haber restituido a los quejosos en su derecho fundamental violado, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías 783/2019, promovido por ****. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, dejo sin efecto la audiencia constitucional señalada para diez horas con treinta y ocho minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Sin que pase desapercibido que con esta data tuve por recibido el informe justificado y anexo del juez responsable; sin embargo, considero innecesario otorgar la vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; en virtud de que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia que de ninguna forma cambiaría el sentido de esta resolución; tal circunstancia justifica el sobreseimiento fuera de audiencia en esta fecha.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual cumple el requerimiento de catorce de agosto del año en curso, y proporciona diversos nombres y domicilios de personas, que a decir de la responsable, les pudiera revestir el carácter de terceros interesados en este asunto; y remite copia certificada de diversas constancias donde se desprende dicha información. Sin embargo, este juzgador considera necesario esperar la llegada del informe justificado que rinda la responsable, pues de las constancias que se anexen a aquél, podrá determinarse si procede el emplazamiento de los nombrados como terceros interesados. Por último, dada la voluminosidad de las constancias recibidas ordeno mantenerlas por separado con su folio respectivo y fórmese el cuaderno auxiliar I.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo signada por **, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, y debido a que la demanda de amparo cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se advierte que la demanda de amparo es promovida por dos personas, empero las mismas son omisas en designar, de entre ellas, a un representante común. En consecuencia, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a la primera de los nombrados. No se apertura incidente de suspensión. Sin tramítese incidente de suspensión del acto reclamado pues los quejosos omitieron solicitarlo y tampoco se observa la necesidad de tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues el acto reclamado de ninguna forma se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Notificación del fiscal adscrito. Notifíquese en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación . En este, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También, deberá remitir copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias y actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Se le apercibe que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, a la omisa, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de información de la parte tercera interesada Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de la persona que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se desprende tal información. Se apercibe a la autoridad responsable que si omite cumplir lo ordenado en el párrafo anterior en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) conforme a los artículos 260, fracción IV, y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar el hecho notorio consistente en la carga de trabajo de la autoridad responsable, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento le generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Se requiere a la autoridad responsable informe si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Notificación de la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a la responsable, que en el presente juicio solo le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. Asimismo, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Por tanto, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. Además, se requiere al actuario que deba notificar este acuerdo y las subsecuentes, para que en caso de que algún traslado u oficio carezca de la firma de la secretaria, lo haga saber de forma inmediata, en lugar de dejar pasar varios días, pues ese actuar contraviene la celeridad con la que se lleva el juicio de amparo. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar los traslados y oficios de referencia; así como firmar el espacio relativo a su cargo en la minuta correspondiente, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Apercibimiento a la parte quejosa. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Omitir cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable en su carácter de tercero interesado. Desde este momento, se ordena librar oficio para el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, a fin que pueda ejercer los derechos que le asisten como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Además, se le hace saber al citado fiscal que desde el acto de emplazamiento, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como la relativa al informe justificado que se reciba en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas referidas por la parte quejosa, relativas a la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, sin perjuicio de relacionarlas durante la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Por otra parte, tengo como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda, ubicado en la ciudad de Puebla; asimismo, queda autorizado ***, en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la ley de la materia, porque así fue solicitado y por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el centro de reclusión, porque ya se tuvo autorizado como tal el inmueble referido en el escrito inicial. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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