Romualdo García López
Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Romualdo García López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
pral.648/2021 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de este año, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de a) las autoridades responsables, así como de b) la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.1 Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (conservable, depurable o destruible, según corresponda). 8. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 10. Devolución del tomo anexo. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obran copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente 3365/18-15-01-4, remitidas por la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en el Estado de Oaxaca, como justificación a su informe rendido en este juicio de amparo (tomo anexo I); por ende, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena devolver dicha documental a la citada autoridad, al carecer de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese.
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PRAL 648/2021 MESA 7° *** , se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra: a) La omisión de hacer efectivo el apercibimiento de multa a la parte demandada, decretado en el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4. b) La omisión de realizar las acciones legales correspondientes para verificar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, el quince de marzo de dos mil diecinueve. Que atribuyó a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. c) La omisión de cumplir la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que atribuyó al delegado y encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 648/2021; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, remitido en esa fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Romualdo García López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Además, narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 648/2021; se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se pidió informe justificado a las autoridades responsables y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y la ejecución de las omisiones reclamadas se atribuye a autoridades residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso Romualdo García López y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: I. De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: a) La omisión de hacer efectivo el apercibimiento de multa a la parte demandada, decretado en el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4. b) La omisión de realizar las acciones legales correspondientes para verificar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, el quince de marzo de dos mil diecinueve. II. Del delegado y/o responsable, y III. Responsable de la Subdelegación de Prestaciones. Ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca (al que en lo subsecuente, en el contexto de esta sentencia, se le podrá denominar únicamente por las siglas ISSSTE): c) La omisión de cumplir la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su correspondiente informe justificado, el a) encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados y, al respecto, expuso que emitió una resolución registrada con el oficio número SP/DPSHT/JN/4171/2020, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que, en lo que interesa, determinó: 1) Respecto a la cuota diaria de pensión que en ese momento percibía Romualdo García López, por la cantidad de $734.99 (setecientos treinta y cuatro pesos 99/100 m.n.), se incrementaría a $868.80 (ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 m.n.), misma que sería instalada en la nómina de enero de dos mil veintiuno. 2) Por lo que respecta a las diferencias de retroactividad, de las cantidades que resultaron derivado de la modificación de su cuota diaria de pensión, se determinó la cantidad total de $351,097.82 (trescientos cincuenta y un mil noventa y siete pesos 82/100 m.n), por concepto de pensión retroactiva. Importe de pensión retroactiva que ha sido pagado al quejoso, transferencia bancaria al quejoso, con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En tanto que el b) delegado Estatal del Instituto responsable únicamente negó la existencia de los actos atribuidos. Al respecto, cabe señalar que mediante sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio 3365/18-15-01-4, se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para los siguientes efectos: ". .". De lo que se desprende que si mediante resolución contenida en el oficio número SP/DPSHT/JN/4171/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a las responsables a) encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y el b) delegado Estatal del Instituto responsable, dando cabal cumplimiento a dicha sentencia, y la pensión retroactiva a favor del quejoso le fue pagada, mediante transferencia bancaria, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno ; es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda (16-junio-2021), no existía el acto reclamado a las referidas autoridades. Por su parte, la c) magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa¸ al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado consistente en a) la omisión de hacer efectivo el apercibimiento de multa a la parte demandada, decretado en el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4 y, al respecto, señaló que: a) Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad demandada y la apercibió en caso de incumplimiento. b) Por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno se hizo efectiva la multa decretada el uno de septiembre de dos mil veinte, y se requirió por segunda vez a la demandada para que, dentro del término de tres días hábiles, informara el total cumplimiento dado a la sentencia. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe la negativa de la responsable, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio respecto los actos reclamados a las responsables, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de un acto reclamado. Por lo que hace al acto reclamado consistente en b) la omisión de realizar las acciones legales correspondientes para verificar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, el quince de marzo de dos mil diecinueve, la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa¸ al rendir su informe justificado, negó su existencia. Además, informó, cronológicamente, las determinaciones dictadas en el referido juicio, a saber: a) Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad demandada y la apercibió en caso de incumplimiento. b) Por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno se hizo efectiva la multa decretada el uno de septiembre de dos mil veinte, y se requirió por segunda vez a la demandada para que, dentro del término de tres días hábiles, informara el total cumplimiento dado a la sentencia. c) Mediante acuerdo de trece de mayo de este año, dictado en el referido juicio ordinario, la responsable consideró que la demandada había sido omisa en acreditar el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que procedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno e impuso la multa indicada en dicha determinación; asimismo, se requirió al director Normativo de Supervisión de Calidad, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad demandada, para que conminara al cumplimiento de la sentencia. d) En veintidós de junio de dos mil veintiuno, los magistrados integrantes de la referida Sala dictaron un proveído al advertir que la autoridad demandada, actuando por conducto del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE, en cumplimiento a la sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, había emitido el oficio número SP/DPSHT/JN/4171/2020, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en donde se determinó que: - Existía una diferencia a favor de la actora en cantidad total de $351,097.82 (trescientos cincuenta y un mil noventa y siete pesos 82/100 m.n), misma que se pagaría mediante transferencia bancaria. - La cuota diaria de pensión se aumentó de $734.99 (setecientos treinta y cuatro pesos 99/100 m.n.) a $868.80 (ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 m.n.), misma que sería instalada en la nómina de enero de dos mil veintiuno. Oficio que fue notificado a Otilio Bautista López, autorizado de la parte actora, el once de diciembre de dos mil veinte. Al haber transcurrido en exceso de plazo para que la parte actora recurriera vía queja el cumplimiento dado mediante oficio SP/DPSHT/JN/4171/2020, declaró cumplida la sentencia definitiva. No obstante, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado, ya que la parte quejosa promovió demanda de amparo el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, y aunque la Sala Regional responsable tuvo por cumplida la sentencia definitiva el veintidós de junio de este año, el actor, aquí quejoso, al promover dicha demanda no conocía de la emisión de esa determinación, por ello reclamó la omisión relativa. QUINTO. Actualización de diversa causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Por cuanto al acto reclamado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de realizar las acciones legales correspondientes para verificar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, el quince de marzo de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de ese acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por ello, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, de las constancias recibidas en copia certificada como justificación al informe rendido por la magistrada presidenta de la Sala responsable, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos; se advierte que: a) El quince de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el juicio 3365/18-15-01-4. b) Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, de manera oficiosa, se dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y se requirió a la autoridad demandada responsable que informara y acreditara el cumplimiento de la sentencia; se le apercibió que, de no hacerlo, se le impondría multa. c) Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio 3365/18-15-01-4, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de septiembre de dos mil veinte o e impuso la multa mínima indicada en dicho auto a la autoridad demandada; asimismo, la requirió para que, dentro del término de tres días hábiles informara el total cumplimiento dado a la sentencia; con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrían nuevas multas y se haría del conocimiento de su superior jerárquico. d) Mediante acuerdo de trece de mayo de este año, dictado en el referido juicio ordinario, la responsable consideró que la demandada había sido omisa en acreditar el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que procedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno e impuso la multa indicada en dicha determinación; asimismo, se requirió al director Normativo de Supervisión de Calidad, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad demandada para que conminara al cumplimiento de la sentencia. e) En veintidós de junio de dos mil veintiuno los magistrados integrantes de la referida Sala dictaron un proveído al advertir que la autoridad demandada, actuando por conducto del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE, en cumplimiento a la sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, emitió el oficio número SP/DPSHT/JN/4171/2020, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en donde se determinó que: - Existía una diferencia a favor de la actora en cantidad total de $351,097.82 (trescientos cincuenta y un mil noventa y siete pesos 82/100 m.n), misma que se pagaría mediante transferencia bancaria. - La cuota diaria de pensión se aumentó de $734.99 (setecientos treinta y cuatro pesos 99/100 m.n.) a $868.80 (ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 m.n.), misma que sería instalada en la nómina de enero de dos mil veintiuno. Oficio que fue notificado a Otilio Bautista López, autorizado de la parte actora, el once de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, en el referido acuerdo de veintidós de junio de este año, al haber transcurrido en exceso el plazo para que la parte actora recurriera, vía queja, el cumplimiento dado mediante oficio SP/DPSHT/JN/4171/2020, se declaró cumplida la sentencia definitiva. Así, se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo respecto de ese acto. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en torno al mismo; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Romualdo García López, contra: a) La omisión de hacer efectivo el apercibimiento de multa a la parte demandada, decretado en el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4. b) La omisión de realizar las acciones legales correspondientes para verificar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, el quince de marzo de dos mil diecinueve. Que atribuyó a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. c) La omisión de cumplir la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 3365/18-15-01-4, de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que atribuyó al delegado y encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA - PREVIOS AVISO pral.648/2021 mesa 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos y vista personal a la parte quejosa. Visto el estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional diversas omisiones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio contencioso administrativo 3365/18-15-01-4, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca. Ahora, en proveído de veintinueve de junio de este año, se tuvo a la presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en el Estado de Oaxaca y secretaria de acuerdos adscrita a dicha Sala, remitiendo diversas constancias como justificación a su informe, siendo que del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 3365/18-15-01-4, se desprende que la Sala responsable tuvo por cumplida la sentencia definitiva de quince de marzo de dos mil diecinueve, declarando el asunto como definitivamente concluido; acuerdo que se notificó a la parte quejosa mediante lista de acuerdos el treinta de junio siguiente. En esas condiciones, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, se ordena notificarle de manera personal el proveído de veintinueve de junio de este año, en el que se agregó el informe justificado de la citada autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere, y en su lugar, se señalan las nueve horas con cincuenta y siete minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, para su celebración. 3. Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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