Romualda Susana Niño Martinez
Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Romualda Susana Niño Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa ***, se acuerda de conformidad su solicitud y se le requiere para que comparezca ante el personal de este Juzgado de la Federación debidamente identificada con documento idóneo (credencial de elector, pasaporte; o bien, licencia de conducir vigente), a recoger el billete de depósito número ***, que fuera exhibido en autos, con la finalidad de que surtiera efectos la suspensión de los actos reclamados en el incidente de suspensión emanado de este juicio de amparo, previa razón de entrega que se deje en autos. Asimismo, hágase del conocimiento de la mencionada quejosa que la entrega de billetes de depósito se lleva a cabo los días viernes de diez a once horas; con el apercibimiento, que para el caso de no acudir a recoger el billete de mérito en los términos indicados, dentro del término de dos años contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto; con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito dicho billete, en favor del Fisco Federal. Cabe hacer la aclaración, que el billete antes detallado será debidamente endosado a favor de la propia quejosa, en virtud de que en el mismo aparece como depositante.
- Principal
Por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, en atención a su contenido se provee: Tomando en consideración que el juicio de amparo en el que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido y por ser innecesaria la retención del documento antes citado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena hacer la devolución al promovente de los documentos referidos. Por lo que deberá acudir en días y horas hábiles, debidamente identificado con credencial oficial con fotografía, para la recepción respectiva, autorizando a recibir dichos documentos a la persona que indica.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que no fue recurrido el auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, en que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO. En virtud de lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Glósese el original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue concedida la suspensión del acto reclamado, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha en que se emite el presente proveído, ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa ***, a efecto de recoger los edictos para emplazar al tercero interesado ***, sin que ella, ni ninguno de sus autorizados haya comparecido a este Juzgado Federal, para tal fin; por tanto, ante el incumplimiento del accionista constitucional, de recoger los edictos para su pago y publicación, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, y en acatamiento a la Jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 63, fracción II, de la Vigente Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5º., fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, toda vez que la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el suscrito no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 64/2002, visible en la página 211, Tomo: XVI, Julio de 2002, Novena Época, de la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, es aplicable al respecto, la Tesis VI.2o.C.176 K, visible en la página 1105, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA QUEJOSA EXHIBE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE SU PUBLICACIÓN FUERA DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ESE EFECTO.- Si la promovente del amparo exhibió los comprobantes de pago de la publicación de los edictos ordenados con el fin de emplazar a la parte tercera perjudicada al juicio constitucional, pero lo hizo fuera del término concedido para ese efecto, debe sobreseerse en el juicio con apoyo en la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; lo anterior es así, porque de dicho criterio no se desprende que deba existir un total abandono por parte de la quejosa para emplazar por ese medio al tercero perjudicado para que haya lugar a sobreseer, sino que su aplicación al caso deriva del incumplimiento de la obligación de la quejosa de realizar el pago de los edictos dentro de los plazos que la autoridad judicial determina, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y 157 de la Ley de Amparo, pues tomando en consideración la naturaleza del juicio de amparo así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el llamamiento al mismo del tercero perjudicado permite tener por válidamente constituida la relación jurídico-procesal y constituye un presupuesto procesal, cuyo incumplimiento atribuible a la quejosa por la falta oportuna de la exhibición del pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de garantías, ya que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asunto son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley.
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