Rommel Santiago Gonzalez Chavez
Expediente 138/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/04/2019
Partes del expediente
- Rommel Santiago Gonzalez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tienen por hechas las certificaciones precedentes, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta evidencia la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin embargo se concedió la suspensión de plano del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente
- Principal
III Toluca, Estado de México; nueve de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta evidencia que venció el plazo otorgado al quejoso en auto de uno de abril pasado, a efecto de que indique de manera concreta el recurso que deseaba interponer en contra de la determinación que le fuera notificada mediante constancia de veintiocho de marzo del año en curso. Consecuentemente, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia 21/2002, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y no se realiza mayor pronunciamiento respecto de la notificación que le fuera notificada mediante constancia de veintiocho de marzo del año en curso Sobre el particular se estima aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 228 del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, septiembre de 1998, Novena Época, Materia Penal, registro 195585, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente. Así como el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal del país, visible en la página 40 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre de 1994, Octava Época, registro 205441 de rubro y texto: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA (ARTICULO 76 BIS, FRACCION II, DE LA LEY DE AMPARO). SUS LIMITES EN LA INTERPOSICION DE RECURSOS EN MATERIA PENAL. En el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se establece que en materia penal, la suplencia de la deficiencia de la queja operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, pero ello debe entenderse en el sentido de que para que tal suplencia se produzca, es necesario que se haya intentado la acción o recurso procedente, de acuerdo con los preceptos legales aplicables. Esto es, en materia penal, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada, ya que en el juicio de amparo impera el principio de instancia de parte, lo que significa que a ésta corresponde elegir e intentar, dentro de los recursos previstos en la ley, el que sea procedente. Por consiguiente, cuando se interpone recurso de queja en contra de un auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual desechó un recurso de revisión, en contra del cual procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 103, de la Ley de Amparo y no el de queja intentado por el recurrente, establecido en el artículo 95 del propio ordenamiento legal, lo procedente es desechar este último, sin que sea obstáculo la disposición contenida en el artículo 76 bis, fracción II, a que se ha hecho referencia. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán de forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que la promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie, no es necesario que se ordene la notificación personal. Notifíquese.
- Principal
iii) Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación personal de la que se advierte que el quejoso al momento de la diligencia respectiva, asentó lo siguiente: "LO SOLICITANTE POR EL HOY SUSCRITO ROMMEL SANTIAGO GONZÁLEZ CHÁVEZ ES TODO LO RELACIONADO CON EL JUICIO DE AMPARO 138/2018-III DE INICIO A FIN, PARA PROCURAR EL PROCEDIMIENTO DEL MISMO JUICIO". A dicha constancia se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, en razón de tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación de cuenta; téngase por notificado al quejoso de la determinación emitida el uno de abril pasado para los efectos legales procedentes, y por desahogado dicho requerimiento sólo en cuanto a la solicitud de copias que formuló en la diversa constancia de notificación de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. En ese sentido, expídanse gratuitamente al quejoso referido copias simples de todo lo actuado en el juicio de que se trata; y dado que éste no señaló autorizados para oír y recibir notificaciones, se comisiona al actuario judicial adscrito para que haga entrega de las mismas en el centro de reclusión en que se encuentra el promovente, debiendo levantar la razón de recibo correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; uno de abril de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación personal practicada por el actuario de la adscripción el veintiocho de marzo pasado, de la que se advierte que al momento de hacer del conocimiento del quejoso la determinación emitida el veintisiete anterior, este manifestó lo siguiente: "solicito copia de todo lo relacionado con el presente escrito, haci mismo (sic) solicito el medio de impugnación correspondiente con el presente juicio de amparo". A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, en razón de tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación de cuenta y téngase por notificado al quejoso de la determinación referida para los efectos legales procedentes. Ahora, en relación con la petición de las copias solicitadas, a fin de que este juzgado pueda proveer lo conducente, requiérase al quejoso por el plazo de tres días legalmente computado, previsto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que precise las actuaciones en específico respecto de las cuales solicita su reproducción, ya que no es claro en señalar a qué escrito se refiere ni las actuaciones relacionadas con éste, bajo el apercibimiento que para el caso de omisión no se acordará favorable su solicitud. Por otro lado, respecto del señalamiento de solicitar el medio de impugnación correspondiente, de igual modo requiérase al quejoso por el plazo de tres días legalmente computado, para que indique de manera concreta el recurso que desea interponer en contra de la determinación que le fuera notificada mediante la constancia de veintiocho de marzo del año en curso, bajo el apercibimiento que para el caso de omisión no se realizará mayor pronunciamiento. Sin que en el caso se estime vulnerado el derecho humano de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo. Además, si bien en materia penal procede la suplencia de la deficiencia de la queja en favor del quejoso, ello no implica hacer procedente un recurso que no lo es, pues por dicha figura jurídica debe entenderse integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, supuesto que exclusivamente opera entratándose de conceptos de violación o agravios y una vez que es procedente el juicio o recurso, circunstancia que en el caso no acontece ya que el quejoso es omiso en indicar el recurso que desea plantear ante la determinación que le fue notificada el veintiocho de marzo pasado, pues corresponde a él elegir o intentar, dentro de los recursos previstos en la ley, el que sea procedente. Sobre el particular se estima aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 228 del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, septiembre de 1998, Novena Época, Materia Penal, registro 195585, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente. Así como el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal del país, visible en la página 40 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre de 1994, Octava Época, registro 205441 de rubro y texto: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA (ARTICULO 76 BIS, FRACCION II, DE LA LEY DE AMPARO). SUS LIMITES EN LA INTERPOSICION DE RECURSOS EN MATERIA PENAL. En el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se establece que en materia penal, la suplencia de la deficiencia de la queja operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, pero ello debe entenderse en el sentido de que para que tal suplencia se produzca, es necesario que se haya intentado la acción o recurso procedente, de acuerdo con los preceptos legales aplicables. Esto es, en materia penal, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada, ya que en el juicio de amparo impera el principio de instancia de parte, lo que significa que a ésta corresponde elegir e intentar, dentro de los recursos previstos en la ley, el que sea procedente. Por consiguiente, cuando se interpone recurso de queja en contra de un auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual desechó un recurso de revisión, en contra del cual procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 103, de la Ley de Amparo y no el de queja intentado por el recurrente, establecido en el artículo 95 del propio ordenamiento legal, lo procedente es desechar este último, sin que sea obstáculo la disposición contenida en el artículo 76 bis, fracción II, a que se ha hecho referencia. Así como en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 60/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, visible en la página 1312, con registro 2014509, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA. No existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado deba reencauzarse la vía y admitirse el que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja; por ello, si el recurrente expresamente interpone el de revisión contra el auto que desechó su demanda de amparo, la actuación del Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso debe limitarse a determinar sobre su procedencia, admitiéndolo o desechándolo, según corresponda, sin que pueda reencauzar la vía y tramitar un recurso distinto. Este proceder no vulnera el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo." Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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