Rommel Rodrigo Skynka López
Expediente 634/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rommel Rodrigo Skynka López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse declarado sin materia la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Por último, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, los cuadernos de pruebas formados con las copias certificadas de la causa penal 41/2022, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de *****, a quien le asiste el carácter de tercero interesado; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, y atento a su contenido se provee: Téngasele por apersonado al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se provee y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ignacio Emilio Simbrón Martínez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio 4471 signado por la secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad; mediante el cual remite la resolución de trece de diciembre del año en curso, pronunciada en los autos de la causa penal ********************, de su índice, en la que dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ******************** cometido en agravio del patrimonio de ********************; constancia que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Así, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por las consideraciones que enseguida se especifican: En efecto, si en el presente juicio de amparo promovido por ********************, señaló como acto reclamado la orden de aprehensión librada por el Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, y con posterioridad, mediante resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la supracitada causa penal ********************, se advierte que dicha autoridad dictó auto de formal prisión en contra del impetrante del amparo; por lo que se actualiza la causa de improcedencia del juicio por CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, de conformidad con la regla general que establece la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la orden de aprehensión, fue sustituida jurídica y procesalmente por el citado auto de formal prisión. Es conveniente hacer referencia a los artículos 61 y 63, ambos de La Ley de Amparo vigente, los cuales en su parte conducente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)." En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, pues, como ya se indicó, se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que se refiere a la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es por lo anterior, que no puede analizarse la constitucionalidad de la orden de aprehensión, sin afectar el referido auto de formal prisión, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de éste, afectaría al citado auto, atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos la orden de aprehensión, soslayando que la situación jurídica del quejoso ya no obedece a ello, sino al auto de formal prisión. En consecuencia, al haberse dictado al aquí quejoso auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ********************, resulta evidente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto combatido por el peticionario del amparo, con lo que se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que la orden de aprehensión se sustituyó jurídica y procesalmente por el indicado auto. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa XVII del precepto 61, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 171841 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50 Tipo: Jurisprudencia CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Confirma lo antes precisado, la jurisprudencia que dice: Registro digital: 169410 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Suprema Corte de Justicia de la Nación Sin que al efecto se otorgue oportunidad al peticionario del amparo para que ofrezca pruebas, ya que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que, considerar lo contrario, vulneraría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por el quejoso de la autoridad responsable ejecutora Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives de esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios, de acuerdo con el criterio jurisprudencial que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 239008 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 50 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.
- Incidental
(aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de la autorizada del quejoso, por el que exhibe la garantía que se fijó al impetrante del amparo para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional del acto reclamado; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, regístrese el billete de depósito N 888193, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional), en el libro ocho de juzgado de control de certificados de depósito, guárdese en la caja de valores y certifíquese la copia de dicho billete para ser agregada al sumario. Ahora bien, tomando en consideración que la garantía exhibida es para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional del acto que se reclama; sin embargo, de constancias se advierte que en interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió sobre la suspensión definitiva, por lo que dejó de surtir efectos aquélla, lo que hace innecesaria la exhibición del billete de mérito. Por consiguiente, déjese a disposición única y exclusivamente del quejoso ********************, el billete de depósito N 888193, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia, en el entendido de que transcurrido el plazo que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir dicho billete, se procederá a hacerlo efectivo a favor del erario federal. En virtud de lo expuesto, no ha lugar a tener por exhibida la garantía fijada para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional del acto reclamado. Notifíquese personalmente al quejoso. Así, lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del doce al veintiséis de diciembre del dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6513/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.
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