Rommel Márquez Malvaez

Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
34/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Rommel Márquez Malvaez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. OFICIO Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual solicita que los acuerdos de veintitrés de enero y siete de febrero, ambos de la presente anualidad, dictados en el juicio de amparo ********************, de su índice, se notifiquen a la parte quejosa a través de las listas que publica este Juzgado de Distrito; asimismo, se le requiera para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, designe domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial del homólogo federal, apercibiendo a la parte quejosa que de ser omisa, sin ulterior acuerdo las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se practicaran a través de la lista que se fija en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta en tanto se señale domicilio en dicha ciudad. Atento a lo anterior, y como lo solicita el juzgado oficiante notifíquense a la parte quejosa ********************, los autos de veintitrés de enero y siete de febrero, ambos de la presente anualidad, dictados en el juicio de amparo ********************, de su índice, así como el presente proveído a través de las listas que publica este órgano de control constitucional, hecho lo anterior, sin previo acuerdo remítanse las constancias de notificación respectivas al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que provea lo conducente. *** EN ATENCION AL AUTO ANTERI, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veintitrés de enero y siete de febrero, ambos de la presente anualidad, dictados en el juicio de amparo 61/2023 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez: autos que en esencia mencionan lo siguiente: v.... Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual remite el expediente 34/2023 formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Rommel...., por derecho propio, contra actos del Poder Legislativo del Estado de México y otra autoridad; en virtud de que declaró carecer de competencia legal para conocer de ella; acúsese recibo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 61/2023-V. Con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la ley de la materia, infórmese al homólogo que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. PREVENCIÓN. Antes de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá a la parte quejosa para que aclare su demanda.... Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 32/2023-V, librado a fin de notificar a la parte quejosa el proveído de veintitrés de enero pasado. Ahora, a efecto de evitar mayores dilaciones, solicítese al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, ordene a quien corresponda notifique por medio de lista el auto de veintitrés de enero pasado, así como la presente determinación a la parte quejosa. De igual forma lo requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo las subsecuentes incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, remitiendo al efecto las constancias de las cuales se advierta lo anterior Asimismo, requiero ala parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, designe domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial del homólogo federal, apercibiendo a la parte quejosa que de ser omisa, sin ulterior acuerdo las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se practicaran a través de la lista que se fija en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta en tanto se señale domicilio en dicha ciudad.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil veintitrés. REGISTRO Vista la demanda que promueve Rommel Márquez Malvaez, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 34/2023-III-A. ACTO RECLAMADO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado que el promovente aduce, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese contexto, se tiene que el quejoso quien se encuentra interno en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Chiconautla, Estado de México reclama: A) DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO: LOS PRECEPTOS DISCRIMINATORIOS, INCONSTITUCIONALES, E INCONVENCIONALES, APROBADOS EN LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE DECRETO 229 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2021, YA QUE EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XII, EXCLUYE DEL BENEFICIO LOS DELITOS QUE ATENTEN CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD O LA INTEGRIDAD PERSONAL SALVO EXCEPCIONES QUE CONSTITUYEN UNA AMBIGÜEDAD EN LA LEY. PUES EL PRECEPTO EN CUESTIÓN CONDICIONA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y AL BENEFICIO DE AMNISTÍA, EL CONTAR CON UNA RECOMENDACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONES, NACIONALES Y LOCALES DE DERECHOS HUMANOS, DONDE SE DESPRENDAN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y/O AL DEBIDO PROCESO, EN LA QUE SE PROPONGA SU LIBERTAD. B) DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO EL AUTO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DICTADO POR EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL NO SE ADMITE A TRÁMITE LA SOLICITUD DE AMNISTÍA PRESENTADA EN MI NOMBRE POR LA SEÑORA YOLANDA MALVAEZ ITURBE, MI MADRE, DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSIDERÓ QUE EL DELITO DE SECUESTRO POR EL CUAL FUI SENTENCIADO INJUSTAMENTE, NO SE ENCUENTRA DENTRO LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN IV APARTADO A) Y B) (MINÚSCULAS) DE LA LEY DE AMNISTÍA, PARA OBTENER EL BENEFICIO DE AMNISTÍA POR LO QUE EL ACTO DE AUTORIDAD SE TORNA INCONSTITUCIONAL Y DISCRIMINATORIO POR VIOLENTAR MIS DERECHOS DE IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHO A LA LIBERTAD. INCOMPETENCIA En primer orden, es oportuno establecer que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO ENMATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto - quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior, es así ya que los actos reclamados por el quejoso tendrán ejecución en el lugar donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Chiconautla, Estado de México, lo que se corrobora de las manifestaciones realizadas en su demanda de amparo, en el cual refirió que actualmente se encuentra interno en dicho centro penitenciario. Es pertinente destacar que, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo antes transcrito. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Así cabe precisar que las consecuencias respecto del acto reclamado consistentes en no admitir a trámite la solicitud de amnistía, presentada a favor del quejoso en la causa penal 12/2019, del índice del Juzgado de Ejecución Penal de Ecatepec, Estado de México, tendrá ejecución en lugar en que se encuentra recluido esto es en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Chiconautla, Estado de México. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de amparo lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tendrá lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 34/2023-III-A, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido que de ser omiso al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO. Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptógrafa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal . ***

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