Romero Ramos Cervantes

Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
31/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Romero Ramos Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el diecinueve enero de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ROMERO RAMOS CERVANTES, contra actos del Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 31/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud, Dr. Javier Mancilla Ramírez, Director General de Calidad y Educación en Salud y Lic. Analí Santos Avilés, Director General de Recursos Humanos y Organización, lo siguiente: ". A) El trato diferenciado e injusto del que ha sido objeto al no proporcionar beneficios laborales. B) La negativa injustificada de acceso al programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería. C) La falta de respuesta, explicación, comunicación, fundamentación, motivación, seguimiento, debido proceso y resolución al proceso de selección al programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería D) La negativa de informar las razones por las cuales no he sido beneficiario del programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería E) La omisión de proporcionar información y contestación de los números telefónicos de dichas autoridades. F) La violación al derecho de todo trabajador de obtener los beneficios laborales." En el particular, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, (.) De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad. Por tanto, debe decirse que los actos que por esta vía se impugnan no son actos de autoridad en términos establecidos por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, que éste afecte los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues la actuación de quien señala como autoridades responsables, se da en una relación entre particulares, y en consecuencia, de coordinación. En efecto, el acto reclamado no configura los supuestos previstos en los invocados numerales, pues no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que las autoridades responsables no emitieron un acto unilateral a través del cual creara, modificara o extinguiera por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal del quejoso, que pudiera exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades, sino por el contrario actúa en un plano de igualdad y como particular, esto es, como parte de la Secretaria de Salud en el Estado de Oaxaca, patrón del ahora solicitante del amparo. Ello es así, pues de los antecedentes que se asientan en la demanda de amparo, el quejoso manifiesta que es enfermero y trabajador basificado dependiente de la Secretaria de Salud comisionado en el Estado de Oaxaca; esto es, se trata de actos relacionados con la relación laboral que el quejoso tiene con la Secretaria de Salud en el Estado de Oaxaca. Así, la demanda de amparo se promueve contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado, en su calidad de patrón, es improcedente toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad en los términos del artículo 103 constitucional. (.) En ese contexto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Por otra parte, como lo solicita el promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. (...) Lo que será una vez que se pueda obtener acceso al expediente físico, previa cita que agende. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Mauro Francisco Ramos Martínez y, únicamente para imponerse de autos a las restantes personas que menciona. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por los diversos 25/2020 y 37/2020 del mismo Pleno, se le tiene señalando el correo electrónico y el número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.

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