Romeo Vazquez Sibaja

Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
453/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Romeo Vazquez Sibaja

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa 4-a. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. ANOTACIONES De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente principal, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del cuaderno en comento. DIGITALIZACIÓN Previo a su destrucción, en cumplimiento al cardinal 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria encargada del presente expediente, para que verifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa.

  2. Principal

    MESA 4-A. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXX, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. El director de la Delegación Chiapas del FOVISSSTE (EL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO), con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. El director del FOVISSSTE (EL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO), con residencia en Ciudad de México. . Consistentes en: (.)"V.- ACTO RECLAMADO: La negativa de presentarse a ejecutar el rescate y cobro de cheque por la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), concepto económico que cubre el pago total del crédito hipotecario número 1704425 a nombre del quejoso (sic) a nombre de la Institución que representa cada uno de las autoridades responsables y por ende la cancelación de la ejecución de los descuentos que se realizan cada quincena por parte de mi fuente laboral derivado de la vigencia del pasivo que representa el crédito hipotecario." (.) ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 453/2022 4-A. DESECHAMIENTO En este contexto, debe puntualizarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. .. Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional.. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado.. Asimismo, debe observarse que además de la naturaleza jurídica de la autoridad, se debe atender al acto que se le atribuye, para determinar si existe una relación de supra a subordinación con un particular, toda vez de que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, con independencia de la naturaleza jurídica de la autoridad en cuestión, debe atenderse a la índole de la actividad que desempeña. Así, autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que ésta investida de facultades de decisión y de ejecución; es decir, aquél órgano del estado, susceptible, jurídicamente, de producir una alteración, creación o extinción de una o varias situaciones jurídicas concretas y abstractas, particulares o generales, públicas o privadas, que puedan presentarse dentro del Estado, alteración que se lleva a cabo imperativamente. Por lo que entonces el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de amparo se determina no solamente por su naturaleza jurídica, sino también por su actuación, la cual debe entenderse con imperio, coercitiva y unilateralidad. También debe decirse que el juicio de amparo procede en contra de actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos de los gobernados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama a las que señala como autoridades responsables la negativa de éstas de presentarse a cobrar el cheque por la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), concepto económico que cubre el pago total del crédito hipotecario número XXX a nombre del quejoso. Resulta necesario hacer una relación de los antecedentes que el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad, entre lo que se aprecia que: 1. Que el quejoso fue demandado en la vía ejecutiva mercantil por parte de la persona moral XXXX expediente mercantil XXXX del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tapachula, el cual le correspondió posteriormente tras el cierre del mencionado juzgado al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tapachula quien lo radico en el número 84/2018; siendo en este último donde se condenó al pago de $114,761.16 como suerte principal. 2. Que fue rematada la propiedad que adquirió, ubicado en Tapachula, Chiapas, la cual tenía una reserva hipotecaria ante FOVISSSTE, (para esa casa habitación), y adjudicada a favor de un diverso acreedor. 3. Señala que en el momento procesal oportuno fue pagado el monto del remate, del cual correspondió a FOVISSSTE como propietario del inmueble y primer acreedor; por lo que le fue depositada la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 4. Que dicha cantidad le fue puesta a disposición de FOVISSSTE, para que por medio de su apoderado legal, compareciera a recibir el monto del depósito, el cual fue destinado para abonarse a la deuda con dicha institución. 5. Refiere que el quejoso ha impulsado el procedimiento a fin de que se giren oficios, para hacerle del conocimiento e incluso ha hablado con los apoderados y con el Delegado en Chiapas, de FOVISSSTE, pero que dicha institución se ha negado a recibir el monto señalado, que cubre el crédito hipotecario número 1704425 a nombre del quejoso. De lo anterior, se aprecia que la cantidad que le corresponde a las autoridades esta puesta a su disposición, para que comparezcan a recibir la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como pago de lo adeudado en relación del crédito hipotecario, ofrecido con la finalidad de dar por terminado dicha hipoteca. Asimismo, se observa que las autoridades responsables que señala y que corresponden a FOVISSSTE, comparecieron a juicio ejecutivo mercantil que cita el quejoso, como acreedores preferente. De ahí, que sea evidente que en el caso particular dicho ente señalado como autoridad responsable no actúa en este caso investido de imperio, con atributos de autoridad; actuó como parte dentro del juicio ejecutivo mercantil; por lo tanto el juicio constitucional en la vía biinstancial se torna improcedente, ya que FOVISSSTE, no actuó como autoridad sino como parte dentro del juicio ejecutivo mercantil que menciona el quejoso. Esto es así, puesto que las autoridades están actuando en un carácter de acreedores del inmueble que fue materia de remate, dentro de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se advierte que no están efectuado ningún acto que emane de ellos en un carácter de relación de supra a subordinación contra un particular. Por ende, no le recae el carácter de autoridad responsable a las que señala en su escrito de demanda ya que de conformidad con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, la autoridad responsable tendrán la calidad de cuando realicen actos que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; por lo que su actuación no está regulada en ninguna ley, ni existe una relación de supra a subordinación. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, en contra de las que señalan como autoridades responsables. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa a XXXX, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que su cédulas profesionales no se encuentran inscritas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación.

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