Romeo Santos Madrigal
Expediente 519/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Romeo Santos Madrigal
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de las autoridades Administración Desconcentrada de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Veracruz, con sede en Veracruz y Administración Desconcentrada de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de amparo 519/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la autoridad responsable, mediante el cual se determina no ha lugar a admitir el recurso propuesto, en virtud de que debe presentarlo a través de Buzón Tributario; o en su caso, presentar juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Respecto a este diverso acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El diverso numeral 107 señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del Trabajo. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La interpretación sistemática de los preceptos legales en cita permite establecer que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales, entendiéndose por estos la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. De tal manera, el juicio de amparo será procedente contra los aludidos actos, porque la afectación que producen o sus consecuencias no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables o de índole intraprocesal no tocan los valores a que se hace referencia, pues producen la posibilidad de que sus efectos nocivos sean remediados con el fallo que al efecto se dicte en el procedimiento. El amparo indirecto procede pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado. Así, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, debe observarse la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Da sustento a la anterior determinación, Jurisprudencia número IV.3o. J/9, visible en la página 333, Parte II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de Octubre de 1995, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." De igual manera se apoya lo anterior, con la Jurisprudencia 3a./J.43, visible en la página doscientos noventa y uno del Tomo IV, Primera Parte, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de rubro siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En este sentido, de la demanda se desprende que el impetrante de amparo interpuso recurso de revocación en contra de la resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, en la que se le impuso una multa por la cantidad de $1,986.00 (un mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) emitida por la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, al que recayó el acto recamado, proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, donde se le informó al quejoso que no ha lugar a su admisión, en virtud de que éste debía ser presentado mediante Buzón Tributario ante la autoridad competente, o en su caso, presentar demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por lo anterior, se advierte que la resolución combatida no causa una afectación real y actual en los derechos sustantivos del quejoso, pues la resolución reclamada no constituye la determinación definitiva en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que no resuelve el recurso de revocación en cuestión, ni declara su improcedencia, sino únicamente expone que tal recurso deberá ser presentado a través del Buzón Tributario, como lo dispone el artículo 121 del código Fiscal de la Federación, que a fin de dar trámite a su recurso de revocación, o de preferirlo, le informa que puede presentar demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ahí que, dicha determinación no le causa un perjuicio de imposible reparación, ni transciende en sus derechos fundamentales, pues el impetrante se encuentra en aptitud de presentar su recurso de acuerdo a los medios y modalidades previstos en ley; o en su lugar, acudir directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de que la autoridad esté en aptitud de resolver lo que en derecho proceda, y determinar la procedencia o improcedente de su recurso de revocación. En consecuencia, al no tratarse de un acto que transgreda derechos fundamentales que sean de imposible reparación, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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