Romeo Pérez Martínez
Expediente 891/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Romeo Pérez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
ELECT QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el caso, resulta fundado uno de los conceptos de violación esgrimidos Soraya Elizabeth Lujan Berger. Primeramente, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar los antecedentes destacados que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de los que se desprende lo siguiente: Que en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, recibió la solicitud de restitución internacional de las menores de edad I.M.B.L. y A.K.B.L., emitida por la Dirección General a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, (fojas 1 a 76, tomo I). El treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, tuvo por recibido el oficio del Tribunal Superior de Justicia, relativo a la restitución internacional de las menores de edad I.M.B.L. y A.K.B.L., por lo que admitió a trámite dicha solicitud y comisionó al actuario de su adscripción notificara a Soraya Elizabeth Lujan Berger, a efecto de que compareciera a una audiencia preliminar privada, (fojas 77 a 80, tomo I). Escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por el apoderado de Nathan Alexander Boersma, en el que realizó diversas manifestaciones en relación a la solicitud de restitución internacional de las menores involucradas y exhibe diversas documentales (fojas 82 a 331, tomo I). En proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras cosas, debido a que no fue posible notificar a Soraya Elizabeth Lujan Berger, se suspendió la audiencia programada, (fojas 332 a 334, tomo I). Escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual Nathan Alexander Boersma, solicitó se concedan medidas emergentes de protección y petición de resguardo de las menores durante el proceso, (fojas 358 a 363, tomo I). En proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, por una parte, no se accedió a la solicitud de Nathan Alexander Boersma, y por otra, se ordenó nuevamente el emplazamiento de Soraya Elizabeth Lujan Berger, (385 a 389, tomo I). Acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual, la Jueza ordenó la institucionalización de las menores I.M.B.L. y A.K.B.L. al Centro de Asistencia Social denominado "Amor y Vida", y previno a Soraya Elizabeth Lujan Berger, o a la persona que las tenga consigo, proceda en forma voluntaria a poner a disposición de esa autoridad a las citadas menores, (fojas 417 a 419, tomo I). Proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, en el que en cumplimiento a la suspensión provisional decretada en el juicio de amparo 1572/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, se declaró que no ha lugar a la institucionalización ordenada en autos; por otra parte, decretó el régimen de convivencia que llevarían las menores con sus progenitores, (fojas 623 y 624, tomo I). Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, las autorizadas de Nathan Alexander Boersma, solicitaron a la Jueza nombrara un perito traductor acreditado del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a favor de su representado, (fojas 635 y 636, tomo I). El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se citó a las partes a la audiencia preliminar, y entre otras cosas, debido a que Nathan Alexander Boersma, no habla ni comprende el idioma español, se le previno a los autorizados para que nombraran a un intérprete del mismo, (fojas 637 y 638, tomo I). Escrito de Nathan Alexander Boersma, con el que nombró como perito traductor a Mónica Marrufo Medina, (foja 9, tomo II). Escrito de Mónica Marrufo Medina, con el que aceptó el cargo de perito traductor de Nathan Alexander Boersma, (foja 10, tomo II). Escrito de Soraya Elizabeth Lujan Berger, en el que manifestó su oposición del procedimiento de restitución internacional promovido por Nathan Alexander Boersma, en el que esencialmente alegó que su aún cónyuge promovió el juicio en forma fraudulenta en el país de Canadá, sabiendo que residía desde hace años en la ciudad de Mérida, Yucatán. Que su cónyuge cometió violencia familiar en su contra y de sus menores hijas y que el trece de agosto de dos mil dieciocho abandonó su domicilio conyugal para evitar ser investigado de los golpes que le propinó, dado que denunció dichos hechos ante la Fiscalía General del Estado. Siendo que adjuntó a su escrito diversas documentales que obran en autos del expediente de origen (fojas 12 a 1175, tomo II). Audiencia preliminar de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en la que la jueza se pronunció en relación a diversas pruebas ofrecidas; decretó las medidas de protección solicitadas por Soraya Elizabeth Lujan Berger; modificó la institucionalización ordenada en el Centro Amor y Vida para quedarse las menores en el domicilio donde habitaban con su madre; decretó que la convivencia de las menores con su padre sería en la modalidad de visita supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, se fijó fecha y hora para la escucha de las menores, (fojas 1,176 a 1,181, tomo II). Escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que Nathan Alexander Boersma, contestó el escrito presentado por Soraya Elizabeth Lujan Berger, en el que hizo diversas manifestaciones y ofreció pruebas (fojas 190 a 438, tomo III). Escrito de Soraya Elizabeth Lujan Berger, en el que objetó las pruebas ofrecidas por Nathan Alexander Boersma, y señaló que las menores nunca vivieron en Canadá, (fojas 439 a 441, tomo III). Oficio de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer, remitió a la Jueza Quinto de Oralidad Familiar, copias certificadas de la carpeta de investigación B1/CJM/B1/001250/2018, interpuesta por Soraya Elizabeth Lujan Berger, (fojas 442 a 985, tomo III). Oficio de treinta de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Delitos Comunes en Trámite, remitió a la Jueza Quinto de Oralidad Familiar, copias certificadas de la carpeta de investigación D1/336/2019, interpuesta por Soraya Elizabeth Lujan Berger, (fojas 3 a 260, tomo IV). Oficio 1200/UEPTS/2019, de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, por medio del cual, la psicóloga adscrita a la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo del Poder Judicial del Estado, remitió el informe de evaluación psicológica de la menor A.K.B.L., (fojas 261 a 270, tomo IV). Oficio 1198/UEPTS/2019, de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, por medio del cual, la psicóloga adscrita a la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo del Poder Judicial del Estado, remitió el informe de evaluación psicológica de la menor I.M.B.L., (fojas 271 a 280, tomo IV). En fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia principal, en la que se ofrecieron pruebas y se suspendió hasta en tanto se tuvieran por recibidos los informes, para citarlos a la audiencia de alegatos, (fojas 281 y 282, tomo IV). Escrito de Nathan Alexander Boersma, por el que solicitó se fije fecha y hora para la audiencia de alegatos y realizó diversas manifestaciones, (fojas 288 a 292, tomo IV). Escrito de Nathan Alexander Boersma, por el que solicitó se cambie la modalidad del régimen de convivencia a entrega recepción, (fojas 340 a 345, tomo IV). En proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se citó a las partes a exponer sus alegatos y en relación a la solicitud de Nathan Alexander Boersma, no se accedió a la misma, (fojas 346 a 348, tomo IV). El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la continuación de la audiencia principal, en la que se recibieron diversas pruebas supervenientes, mismas que se admitieron y se pusieron a la vista de la parte actora, igualmente se fijó fecha y hora para la continuación de la audiencia y el dictado de la sentencia, (foja 403, tomo IV). Sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, en la que se resolvió que no fue procedente la solicitud de restitución de las niñas I.M.B.L. y A.K.B.L. por cuanto no se configuró alguno de los supuestos previstos en la Convención sobre los Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores, (fojas 502 a 523, tomo IV). En contra de dicha sentencia, Nathan Alexander Boersma interpuso recurso de apelación, el cual se admitió en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte (fojas 537 y 538, tomo IV). Escrito de agravios de Nathan Alexander Boersma, (fojas 2 a 38, tomo V). Acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, emitido por los Magistrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que dio trámite al recurso de apelación interpuesto, (foja 40, tomo V). Escrito de Soraya Elizabeth Lujan Berger, con el que da contestación a los agravios de Nathan Alexander Boersma, (fojas 51 a 94, tomo V). Proveído de uno de junio de dos mil veinte, en el que la Sala responsable citó a las partes a la audiencia de alegatos, (fojas 109 y 110, tomo V). Escritos de alegatos de ambas partes, así como del auxiliar jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, los cuales se tuvieron por formulados en proveído de ocho de junio de dos mil veinte y se citó a las partes a oír sentencia (fojas 115 a 158, 161, 162 y 168, tomo V). Resolución de dieciocho de junio de dos mil veinte, en la que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, declaró fundado el segundo agravio expuesto por Nathan Alexander Boersma, por lo que dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ordenó reponer el procedimiento y así como la traducción de las promociones y actuaciones que señala en el considerando quinto, incluida esa resolución (fojas 180 a 199, tomo V). La anterior resolución, resulta el acto impugnado por el quejoso. La cual, en lo conducente, señala: "En su segundo motivo de disenso el señor Nathan Alexander Boerman sostiene que se violenta en su perjuicio lo dispuesto en los artículo 1, 4,14, 16, 17, 103, 107 fracción V, Inciso a), 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto por los numerales 9 y 12 de la Convención de los Derechos de los Niños y arábigos 7, 13 y 34 de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, lo anterior ya que el procedimiento se llevó únicamente en la lengua oficial de éste país, ya que todos los documentos presentados por su contraria, así como los decretos emitidos por la a-quo se realizaron en el idioma español tal como consta en autos mediante memorial presentado en la oficialía de partes del juzgado de origen el día quince de noviembre del año dos mil diecinueve en donde la parte demandante, hoy recurrente, señaló que conforme al artículo 158 el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán y su relativo numeral 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán se establece la obligación y responsabilidad el juez de origen de proveer al hoy apelante de un intérprete de manera gratuita por lo que se restringe su derecho al acceso a la justicia entendible y, aun cuando sus asesores le informaran de las determinaciones que nos ocupa, esto no exime la responsabilidad de la autoridad al dictar sus resoluciones en el idioma español. Aunado a lo anterior, disputa que el procedimiento que se llevó a cabo se salió del contexto que el convenio de La Haya tiene establecido, tal como hizo valer en su primer agravio, ya que la a quo llevó a cabo un interrogatorio por parte de la autoridad cuyas preguntas fueron formuladas y cuestionadas como una prueba confesional y declaración de parte, cargando con pruebas al cuando el propio instrumento promovente hoy apelante, internacional establece que la carga de la prueba corresponde a la parte sustrayente, hecho que a su parecer configura una violación al artículo 1° constitucional el cual, entre otros principios, establece el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, principio que se traduce en que las autoridades judiciales de todos los fueros deban ajustar su actuar a los derechos humanos; señalando, además, que todos aquellos documentos que contengan derechos humanos deberán ser interpretados bajo el principio pro homine a fin de garantizar la más amplia protección que le pueda corresponder a la persona. De tal forma que aduce que en el caso que nos ocupa, se observa un incumplimiento a lo dispuesto en el instrumento internacional referido por parte del estado, manifiesta a través de la omisión del a-quo de traducir las promociones y proporcionar un intérprete durante el procedimiento de restitución, lo anterior con fundamento en el artículo 25 de la Convención de Viena el cual dispone que no se podrá exigir fianza o depósitos para el pago de costas con motivo de los procedimientos judiciales establecidos en el propio instrumento. Continuando con su segundo motivo de disenso, el apelante Nathan Alexander Boerman señala puntualmente lo siguiente: Primeramente, que en los procedimientos de índole familiar en los que se ven como lo es el caso que nos ocupa, no existe propiamente un litigio entre padre y madre, sino, el proceso se debe enfocar a esclarecer los derechos que tiene el menor y quien de ellos puede ejercerlos de una manera óptima, en segundo punto, que se debe reconocer el derecho de custodia conjunta por parte de los padres; en tercer punto, que es, precisamente este derecho de custodia el que recibe una protección, no sólo por el estado, sino también por la comunidad internacional a través de los instrumentos suscritos por la misma; en cuarto lugar, aduce que cuando la custodia se ejerce de manera conjunta y existe una transgresión a ese derecho por parte de uno de los progenitores, de manera ilícita o sin justificación otorga el derecho al otro progenitor a que sea restituido de manera inmediata; además, menciona que los estados parte deben establecer procesos ágiles para dicha restitución, finalmente señala que cuando uno de los padres solicita la restitución del menor a otro, es con el interés de que éste sea devuelto al lugar donde habitualmente decidieron sus progenitores. En tal contexto, continúa mencionado que un proceso con una naturaleza como el presente (que involucra dos idiomas) obliga al Estado a ofrecer plena accesibilidad al procedimiento mediante la traducción de las promociones de su contraparte y a contar con un traductor para conocer las resoluciones de los órganos jurisdiccionales precisando que para el cumplimiento del referido compromiso, no basta con nombrar a un traductor o intérprete en las audiencias, sino que además los órganos deben hacer del conocimiento al recurrente las promociones de su contraria y todas y cada una de sus determinaciones, y al no realizarse se violenta lo pactado por el Estado Mexicano sino que además se hace nugatoria el acceso a la justicia cuya garantía se encuentra prevista en el artículo 17 así como el principio de convencionalidad previsto por el artículo 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (..) El agravio segundo, es fundado, pues de conformidad con el artículo 25 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos, éste adquirió el compromiso de otorgar asistencia judicial y asesoramiento jurídico a los nacionales de los Estados parte de ese tratado en las mismas condiciones como si fueran nacionales y residieran habitualmente en el territorio de la República Mexicana, siendo que una vertiente de esta obligación es la de implementar las medidas necesarias para dar a conocer las actuaciones procesales a los extranjeros en su idioma original. En efecto el artículo 25 de la referida convención dispone que los nacionales de los Estados Contratantes y las personas que residen habitualmente en esos Estados tendrán derecho en todo lo referente a la aplicación de la presente Convención, a la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado Contratante en las mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro Estado. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, de lo que se desprende que la norma fundamental obliga a los órganos jurisdiccionales a garantizar pleno acceso a los gobernados involucrados en procedimientos de carácter jurisdiccional, para lo cual, entre otras cosas, las promociones de las partes y resoluciones o actuaciones de los órganos jurisdiccionales locales en materia familiar deben realizarse en el idioma español tal como lo señala el artículo 157 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Así, en el procedimiento de restitución de menores previsto en el ordenamiento de referencia, el compromiso adquirido por el Estado Mexicano de tratar como nacionales a los extranjeros, sólo se cumple en la medida en que los órganos jurisdiccionales, de primera o de segunda instancia, instrumenten las medidas necesarias para darles a conocer las actuaciones procesales, entre ellas, la traducción de los escritos de las partes, las resoluciones, actuaciones judiciales, e inclusive las sentencias de amparo, si en su país de origen el idioma oficial es distinto al español, para que conozcan las actuaciones en el idioma de su país, sin que tengan que soportar la carga de contratar un traductor, pues será con cargo al erario federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que ellos son la Autoridad Central para los efectos de la aplicación de dicho tratado, teniendo en cuenta que ellos instaron el procedimiento de origen, para que en cumplimiento a la garantía de acceso efectivo a la justicia, prevista en el citado precepto constitucional, que entre otras cosas, permite a los justiciables conocer por sí, sin necesidad de nombrar intérprete a su cargo, los motivos y fundamentos que condujeron al tribunal a resolver en determinado sentido y, de este modo, el Estado Mexicano da cumplimiento al compromiso adquirido con la suscripción de la convención. Esto es así, porque el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores señala en su artículo 10 que la Autoridad Central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendentes a conseguir la restitución voluntaria del menor, siendo entre ellas dar las facilidades necesarias para que el requerido entienda de primera mano lo resuelto en la restitución ya sea pagando un traductor o asignando uno de su personal. Igualmente, en el numeral 26 de dicho tratado internacional obliga a cada Autoridad Central a sufragar sus propios gastos en la aplicación del convenio (como dar las traducciones al requirente), y que esta y otros servicios públicos del Estados contratante no impondrá cantidad alguna en relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en el presente Convenio, como las peticiones presentadas por la requerida. Ahora bien, tal como señala el propio recurrente, no se advierte que se haya cumplido con dicha obligación, pues ninguno de los escritos presentados por su contraparte o las actuaciones y resoluciones judiciales que involucran al apelante fueron traducidas a su idioma (el inglés) para que conozcan las actuaciones en el idioma de su país para que en cumplimiento a la garantía de acceso efectivo a la justicia, prevista en el citado precepto constitucional, que entre otras cosas, permite a los justiciables conocer por si, sin necesidad de nombrar intérprete a su cargo, los motivos y fundamentos que condujeron al tribunal a resolver en determinado sentido y, de este modo, el Estado Mexicano da cumplimiento al compromiso adquirido con la suscripción de la convención, siendo dichos escritos, actuaciones y resoluciones los siguientes: Escrito de la señora Soraya Elizabeth Luján Berger en la que se opone a la restitución de las menores (fojas doce a treinta y tres del Tomo II), El acta mínima de la audiencia preliminar celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas un mil ciento setenta y seis a un mil ciento ochenta y uno del tomo II), Las actas de valoración psicológica previa y la escucha de menores realizada el veintiocho de noviembre de dos mildiecinueve (fojas uno a tres del tomo III), El escrito de objeción de pruebas presentado por Soraya Elizabeth Luján Berger presentado en esa misma fecha (fojas cuatrocientos treinta y nueve a cuatrocientos cuarenta y uno del tomo Ill), El auto de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas un mil veintinueve a un mil treinta y uno del tomo Ill) El informe de la intervención psicológica previa y durante la audiencia reservada de las menores Isabella Moana y Arabella Kailani ambas de apellidos Boersma Luján (fojas doscientos sesenta y uno a doscientos ochenta del tomo IV), El acta mínima de la audiencia principal de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas doscientos ochenta y uno y doscientos ochenta y dos del tomo IV), El auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja doscientos noventa v ocho del tomo IV) Los escritos presentados por Soraya Elizabeth Luján Berger en fechas cinco y nueve de diciembre de ese mismo año y proveídos por la A-Quo el once de ese mismo mes y año (fojas trescientos cinco a trescientos diez del tomo IV), Escrito presentado por la señora Soraya Elizabeth Luján Berger el doce de diciembre de dos mil diecinueve y la resolución que lo proveyó el trece de ese mismo mes y año (fojas trescientos treinta y dos y trescientos cuarenta y seis a trescientos cuarenta y nueve del tomo IV), Escrito presentado por la señora Soraya Elizabeth Luján Berger el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y el cual fue proveído en la continuación de la audiencia principal el diecisiete de ese mismo mes y año (fojas trescientos cincuenta y nueve y trescientos sesenta y cuatrocientos uno del tomo IV respectivamente), Dos escritos presentados por la señora Soraya Elizabeth Luján Berger el seis de enero de este año el cual fue proveído el ocho del mismo mes y año (fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos treinta y cinco del tomo IV). Dos escritos presentado por la señora Soraya Elizabeth Luján Berger el ocho y nueve de enero de este año los cuales fueron proveídos el diez de enero (fojas cuatrocientos cuarenta y tres a cuatrocientos cuarenta y ocho y cuatrocientos setenta del tomo IV respectivamente), Escrito presentado por la señora Soraya Elizabeth Luján Berger el dieciséis de enero de dos mil veinte y el cual fue proveído en la audiencia para la lectura de sentencia de esa misma fecha (fojas cuatrocientos noventa y cinco a cuatrocientos novena y ocho y quinientos a quinientos uno), y ñ) Sentencia de primera instancia dictada por la A-Quo objeto de esta alzada (fojas quinientos dos a quinientos veintitrés del tomo IV). En este tenor dicha obligación también abarca respecto a los escritos presentados por la contraparte del apelante en esta alzada, así como las actuaciones y resoluciones dictadas por esta Sala, por lo que deben ser traducidas a su idioma (el inglés) para que conozcan las actuaciones en el idioma de su país, los cuales incluyen el auto de admisión del presente recurso, la contestación de la expresión de agravios realizada por la requerida, así como las demás actuaciones subsiguientes, inclusive la presente resolución de segunda instancia, por lo que se reitera lo fundado del agravio esgrimido por el recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.130.C.2 C (10a.) emitida Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2000751 y visible a página 1827 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIll, Mayo de 2012, Tomo 2, bajo el rubro y texto siguientes: "CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EN EL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN DE MENORES LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES PROCESALES A LOS EXTRANJEROS. De conformidad con el artículo 25 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos, éste adquirió el compromiso de otorgar asistencia judicial y asesoramiento jurídico a los nacionales de los Estados parte de ese tratado en las mismas condiciones como si fueran nacionales y residieran habitualmente en el territorio de la República Mexicana. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los órganos jurisdiccionales a garantizar pleno acceso a los gobernados involucrados en procedimientos de carácter jurisdiccional, para lo cual, entre otras cosas, las promociones de las partes y resoluciones o actuaciones de los órganos jurisdiccionales deben realizarse en el idioma oficial de los mexicanos. Así, en el procedimiento de restitución de menores, el compromiso adquirido por el Estado Mexicano de tratar como nacionales a los extranjeros, sólo se cumple en la medida en que los órganos jurisdiccionales, de primera o de segunda instancia o de control de garantías o de convencionalidad, instrumenten las medidas necesarias para darles a conocer las actuaciones procesales, entre ellas, la traducción de los escritos de las partes, las resoluciones, actuaciones judiciales, e inclusive las sentencias de amparo, si en su país de origen el idioma oficial es distinto al español, para que conozcan las actuaciones en el idioma de su país, sin que tengan que soportar la carga de contratar un traductor, pues será con cargo al erario federal para que en cumplimiento a la garantía de acceso efectivo a la justicia, prevista en el citado precepto constitucional, que entre otras cosas, permite a los justiciables conocer por sí, sin necesidad de nombrar intérprete a su cargo, los motivos y fundamentos que condujeron al Tribunal Colegiado de Circuito a resolver en determinado sentido y, de este modo, el Estado Mexicano da cumplimiento al compromiso adquirido con la suscripción de la convención." Ahora bien, en sus conceptos de violación, la impetrante del amparo aduce, en esencia, que la resolución reclamada vulnera los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la Sala responsable sin una adecuada fundamentación y motivación, declaró fundado el segundo agravio del recurrente y ordenó la reposición del procedimiento, para que se realizara la traducción al idioma inglés de los escritos de las partes, resoluciones, actuaciones judiciales e incluso la sentencia que se volviera a dictar, a fin de que Nathan Boersma conozca en su idioma las actuaciones del expediente, en cumplimiento al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia; cuando dice, dicha determinación no encuentra apoyo en lo dispuesto en el Código de Procedimientos Familiares del Estado, ni en la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Lo anterior, como ya se dijo, resulta fundado, en atención a las siguientes consideraciones. En el caso, de la resolución reclamada, se desprende que la responsable basó su determinación en la interpretación que realizó de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada por el Estado Mexicano, y ordenó la reposición del procedimiento de origen, al considerar que en el caso se había cometido una violación procesal en razón de que la parte actora, al ser de origen canadiense y ser su idioma materno el inglés, el juez de primer grado debía de haber ordenado la traducción de todas las actuaciones del juicio de restitución de menores que éste entabló en contra de la hoy quejosa, a fin de darle a conocer en su idioma todo lo actuado en dicho procedimiento. Cabe señalar, que dicha Convención tiene como finalidad garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; y velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes. También establece que los nacionales de los Estados contratantes, tendrán derecho a la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado contratante en el que se encuentren, en las mismas condiciones como si se trataren de ciudadanos nacionales; todo lo cual, debe tramitarse con urgencia de que se disponga, a efecto de garantizar la restitución inmediata de los menores y cumplirse así el resto de los objetivos del citado convenio. Al respecto, el artículo 25 de la Convención, invocado por la responsable como fundamento legal para emitir la resolución en el sentido que lo hizo, señala: "Artículo 25: Los nacionales de los Estados contratantes y las personas que residen en esos Estados tendrán derecho en todo lo referente a la aplicación del presente Convenio, a la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado contratante en las mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro Estado." En efecto, la Convención invocada por la responsable, debe ser interpretada de conformidad con las normas consuetudinarias de derecho internacional aplicables y conforme a la buena fe, esto para garantizar que la interpretación que se realice sea aquella que propicie el cumplimiento del objeto y el propósito del tratado internacional. Por tanto, debe privilegiarse la interpretación que permita el cumplimiento de dichos objetivos de acuerdo con las reglas generales de interpretación de los tratados. Empero, en el caso, se advierte que la Sala responsable, sostiene que atendiendo a una interpretación conforme de dicha Convención, no se había cumplido con otorgarle al actor del juicio natural un acceso efectivo a la justicia, al no haberle traducido las constancias del juicio, lo que consideró constituía una violación procesal que traía como consecuencia la reposición del procedimiento a efecto de que se hiciera la traducción de los autos al idioma inglés, incluso sufragando los gastos que ello ocasionara. Determinación que no se comparte, ya que como lo señala la quejosa, lo argumentado así por la Sala responsable no se encuentra debidamente fundado y motivado. Lo que se afirma en esos términos, ya que en principio se debe partir del hecho de que el juicio de restitución de menores, entablado por Nathan Alexander Boersma, se tramitó en términos de lo que al efecto establece el Capítulo II, de la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, contemplado en los artículos del 523 al 538 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, en el cual no se contempla en forma alguna que exista obligación por parte del juez de instancia, que las actuaciones que se tramiten en el mismo, deban ser traducidas al idioma del extranjero que forme parte de dicho procedimiento. De tal forma, que no se comparte, la aseveración de la responsable, en el sentido de que al no haberse realizado así por parte del juzgador de primer grado, haya constituido una violación procesal. Aunado a que del análisis de la totalidad de la Convención de mérito, tampoco se advierte que en alguno de los preceptos que la rigen, se establezca como obligación para los Estados firmantes, que en los juicios que se lleven a cabo se deban traducir en su integridad las constancias, para garantizar con ello, que el extranjero que se somete a la jurisdicción del Estado contratante donde se ejerza el derecho a la restitución de los menores, tenga una adecuada defensa. Pues si bien, dentro del cuerpo de dicha convención se hace referencia, en varios postulados, al deber de garantizar las medidas apropiadas para la obtención de asistencia judicial y asesoría jurídica, incluso la participación de un abogado, a fin de que el extranjero que habitualmente se encuentra en otro Estado contratante tenga las mismas condiciones que tuviera un nacional que reside en el lugar en el que se entable el procedimiento. Ello de ninguna manera significa o puede interpretarse en el sentido de que por esa circunstancia se tenga la obligación ineludible de traducir cada una de las actuaciones que se lleven a cabo dentro de un procedimiento de restitución de menores al idioma del extranjero parte en el juicio de restitución de menores. Pues incluso, ello, va en contra de la propia finalidad relativa a que dichos procedimientos deben ser atendidos con celeridad, tal y como se dispone en el numeral 11 de la propia Convención, que indica que las autoridades judiciales deben actuar con urgencia; con el objeto de que en el menor tiempo posible se resuelva lo correspondiente a la restitución del menor. De ahí que pretender que todas las actuaciones se traduzcan al idioma de origen, sería contrario a dicho objetivo, dados los tiempos que se deben considerar para que cada una de las actuaciones primero se realice en el idioma del Estado contratante donde se lleva el juicio, y luego traducirlas a efecto de hacerlas del conocimiento del extranjero que corresponda. Sin que con ello se trastoque el derecho de defensa adecuada, ya que en la misma Convención se garantiza que el Estado contratante vele porque el extranjero cuente con el asesoramiento jurídico y la asistencia judicial en las mismas condiciones que si se tratara de un nacional y residiera en dicho Estado. Lo que en el caso, se garantizó con el hecho de que el promovente del juicio de restitución internacional Nathan Alexander Boersma, en todo momento contó con la asesoría legal correspondiente, que le permitió entablar la demanda y llevar la tramitación del juicio hasta su conclusión, otorgándole las mismas oportunidades que a la demandada, aquí quejosa, para ofrecer pruebas y presentar los recursos que la propia ley local establece para tal efecto dentro del citado procedimiento. De manera, que contrario a lo sostenido por el tribunal de alzada, no se comparte la afirmación de que exista una violación procesal que haga necesaria la reposición del procedimiento del juicio de restitución de menores, a efecto de que se traduzcan todas las constancias, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia del aquí tercero interesado Nathan Alexander Boersma. Pues, de una interpretación del artículo 25 de la citada Convención y del artículo 17 de la Constitución Federal, se sostiene que la posibilidad del acceso a la tutela judicial efectiva de los tribunales judiciales no se veda por el hecho de que en el caso no se traduzcan las actuaciones en su idioma, pues lo que reglan los citados dispositivos es que se cuente con una asesoría legal y asistencia judicial en las mismas condiciones que un nacional. Lo cual, incluso en los casos en los que se trata de nacionales mexicanos, que no hablen y entiendan el idioma español, sino un lengua distinta, los criterios del Alto Tribunal, sostienen que el derecho al acceso a la justicia efectiva se cumple con la circunstancia de proveerles asistencia judicial, consistente en asignarle un intérprete que lo asista en el desahogo de las diligencias, para que exista una comunicación efectiva así como la transmisión adecuada de mensajes y la posibilidad de evitar una afectación a la esfera jurídica de sus derechos humanos. Por lo que se les otorga un defensor, o en su caso, un traductor práctico, procurando que no solamente conozca su lengua, sino que también cuente con los conocimientos necesarios sobre sus especificidades, usos y costumbres a efecto de que entienda la cosmovisión derivada de su cultura, ya sea porque pertenezca a la misma comunidad o porque tenga un referente de relación que le permita conocerlo y que pueda informarle las circunstancias específicas que trasciendan para el ejercicio del derecho de defensa adecuada. Empero, de ninguna manera, la circunstancia de que no hablase el idioma español, sino una lengua distinta, implica que se ordene la traducción de las constancias de autos, sino que el Estado le otorga la asignación de un intérprete que lo asista durante el procedimiento al en que se encuentre sometido. Por tanto, con base en la interpretación sistemática y armónica de las normas de referencia en conjunción con los principios contenidos en el convenio citado, se concluye que no existe una obligación por parte del Estado contratante de que se traduzca en el idioma del extranjero parte del juicio, todas las constancias que en el mismo se dicten, sino solamente, que la autoridad a quien se someten, vele porque tengan una asistencia judicial y asesoría legal en las mismas condiciones que un nacional. Máxime que en el caso, no se debe perder de vista, que el expediente de origen deviene de un procedimiento de orden privado, en el que una persona acudió al Estado Mexicano para promover un procedimiento en contra de otro individuo, por ende, es éste quien debe someterse al procedimiento conforme a la legislación interna establecida, por así haberlo promovido. A diferencia del derecho público, que es donde el Estado se ve obligado a otorgar a la persona extranjera las medidas de compensación necesarias a fin de salvaguardar sus derechos de defensa y acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad. Lo anterior, ya que el derecho público es el sector del derecho en el cual una de las partes tiene relación de superioridad respecto de la otra, por participar el Estado con su imperium en lugar de hacerlo como titular de un derecho subjetivo privado. Caso al que corresponde la interpretación que erróneamente realizó la Sala en su resolución, pues es en éstos, en donde sí debe ordenarse la traducción de los autos en el idioma del extranjero y no en los casos, como en el asunto de origen. Pues no debe perderse de vista, que en el derecho privado, las relaciones jurídicas quedan siempre establecidas sobre la base de la coordinación o igualdad de los sujetos. Es básicamente el derecho civil, en cuanto éste es el derecho común que tiende a regular todas las relaciones jurídicas que el hombre tiene o puede establecer con otros sujetos de derecho sin consideración a sus calidades personales o profesionales. Por tanto, contrario al derecho privado, en los procedimientos instados por el Estado, específicamente, en los que se somete a un ciudadano extranjero a un procedimiento, es en los que el Estado debe proporcionarle, a fin de otorgarle un debido acceso a la justicia y adecuada defensa, la asistencia jurídica necesaria en la cual pueda escudarse, lo que necesariamente implica que se le otorgue un traductor que lo asista durante todo del procedimiento que se insta en su contra, a fin de que pueda conocer de primera mano respecto del mismo e incluso poderse ordenar la traducción de ciertas constancias a efecto de garantizar el conocimiento pleno del juicio que el Estado entabla en su contra. En su parte conducente, sirve de apoyo, lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página quinientos treinta y cinco, del Tomo I, Mayo de dos mil trece, Libro XX, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003544, del rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SUS DIFERENCIAS CON EL DERECHO A TENER UN ABOGADO Y EL DERECHO A TENER UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que para el extranjero detenido en territorio mexicano, el derecho a la asistencia consular, contenido en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tiene una función propia y diferenciada tanto del derecho a tener un abogado como del derecho a tener un traductor o intérprete. La asistencia consular no se reduce a una simple medida de comunicación entre el extranjero y un representante de su gobierno. Es ante todo un derecho fundamental reconocido para evitar la indefensión del inculpado, que no depende de los conocimientos que tenga el extranjero del idioma del país en el que ha sido detenido. El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer término, de que el extranjero no sea simplemente informado de la acusación y de los derechos que le asisten, sino que los comprenda cabalmente. La comprensión del significado gramatical de las palabras que contiene la acusación puede ser facilitada por un traductor. Asimismo, una explicación técnica de las implicaciones de la acusación puede ser facilitada por un abogado habilitado para ejercer en ese país. Sin embargo, esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada, ya que para esto es indispensable que se encuentre cubierto el elemento relativo a la idiosincrasia cultural. La herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al momento de comprender cualquier fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto a aquellos actos o decisiones que puedan implicar la privación de la libertad. Estas cuestiones, como es lógico, no son conocidas ni debidamente ponderadas por los abogados nacionales, por lo que este tipo de decisiones sólo pueden ser tomadas una vez que se ha recibido una efectiva asistencia técnica, la cual debe ser otorgada por los funcionarios consulares, quienes por su actividad profesional, presumiblemente se encuentran debidamente capacitados para dicha tarea." Luego, el caso que nos ocupa, se trata de un procedimiento instado por Nathan Alexander Boersma, en contra de Soraya Lujan Berger, reclamando la restitución internacional de sus menores hijas, el cual se lleva ante un órgano de jurisdicción estatal y en base a las reglas procedimentales establecidas en la legislación procesal local familiar previstas para tal efecto; de ahí que, resulta evidente que fue el promovente quien se sometió a la jurisdicción del Estado para ventilar su procedimiento, por lo que se obligó a llevarlo como se encuentra establecido en la ley. Esto es, si bien la Convención de la Haya sobre los Aspectos civiles de la sustracción Internacional de Menores, da los lineamientos generales a los que debe sujetarse el procedimiento para, en su caso, ordenar la restitución de la persona menor de edad, esto obedece a que, el procedimiento en cuestión se siga conforme a la legislación interna. Por lo que es la legislación procesal del Estado de la República en el que se esté llevando a cabo el juicio de restitución la que establecerá el procedimiento, sin que esto de ninguna manera vulnere el derecho de igualdad procesal. Siendo que no es opción para el promovente solicitar al juzgado donde se lleva a cabo su procedimiento, se le efectúe una traducción del juicio a fin de accesar a la tutela judicial y a que se le permita presente promociones en un idioma distinto al español que se habla en México, país en el que se encuentra en litigio su asunto, ya que es el idioma legalmente reconocido. Lo anterior, no obstante que el promovente no se encuentre en el país, pues en su procedimiento está representado por las personas que desde un inicio señaló para tal efecto, las cuales han promovido diversas solicitudes y llevado todo el procedimiento en su representación, sin que en el caso, resulte transgresor que su idioma de origen sea distinto al en que se lleva el procedimiento, pues se insiste, éste se encuentra debidamente representado en el mismo. Por tanto, no se comparte lo resuelto por la Sala responsable, ya que la calidad de extranjero del promovente, de ninguna manera obliga al Estado a que tuviera que traducirle las constancias a su idioma, a fin de que conociera de primera mano el procedimiento, tan es así, que no podría considerarse que cualquier ciudadano que acuda a otro país a demandar a un ciudadano nacional del mismo, pueda instar se le realice una traducción en su idioma del procedimiento; pues es éste quien al acudir a la jurisdicción del diverso Estado, debe someterse a las leyes y procedimientos establecidos en el mismo. Contrario a la circunstancia en los que es el Estado el que inicia un procedimiento en contra de un extranjero y lo somete a la jurisdicción del Estado Mexicano, pues en estos casos es en los que sí corresponde al Estado otorgarle un traductor al extranjero a fin de garantizar un debido acceso a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en publicada el trece de mayo pasado, en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro 2024632, del rubro y texto siguientes: "SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 13, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES EN LA MATERIA NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL. Hechos: En un juicio de restitución internacional de personas menores de edad, la madre sustractora se opuso a que su hijo fuera restituido con base en las excepciones que prevén los artículos 12 y 13 de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El Juez de Primera Instancia consideró que la madre sustractora había acreditado la excepción prevista en el artículo 12 de la Convención, debido a que el niño se había adaptado a su nuevo entorno. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia considerando que también se actualizaba la excepción prevista en el artículo 13 de la convención citada. En contra de esta resolución el padre del niño promovió juicio de amparo directo el que le fue negado; inconforme interpuso revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que si bien el artículo 13, último párrafo, de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no especifica exactamente en qué momento procesal el órgano jurisdiccional debe solicitar la información sobre la situación social de la persona menor de edad, ello no vulnera el derecho a la igualdad procesal, pues las partes pueden solicitar a dicho órgano jurisdiccional que requiera tal información. Justificación: Si bien la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, sólo da los lineamientos generales a los que debe sujetarse el procedimiento para ordenar la restitución de la persona menor de edad, esto obedece al hecho de que, resulta conveniente que el procedimiento en cuestión se siga conforme a la legislación interna. Por lo tanto, será la legislación procesal del Estado de la República en el que se esté llevando a cabo el juicio de restitución de las personas menores de edad la que establecerá cuándo la autoridad jurisdiccional podrá solicitar la información sobre la situación social de las personas menores de edad a las autoridades competentes. Así mismo, esta legislación será la que establezca la oportunidad de las partes de solicitar a la persona juzgadora que haga dicha solicitud de información; sin que ello transgreda el derecho de igualdad procesal. Luego, la Convención de la Haya debe ser interpretada de conformidad con las normas consuetudinarias de derecho internacional aplicables y conforme a la buena fe, esto para garantizar que la interpretación que se realice sea aquella que propicie el cumplimiento del objeto y el propósito del tratado internacional. Por tanto, debe privilegiarse la interpretación que permita el cumplimiento de dichos objetivos de acuerdo con las reglas generales de interpretación de los tratados." Así como la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada el siete de julio de dos mil diecinueve, en el Libro sesenta y siete, Tomo VI, página cinco mil ciento cuarenta y ocho, Décima Época, Materia Civil, con número de registro 2019994, del rubro y texto siguientes: "CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN QUE SE SIGA ENTRE LOS ESTADOS PARTE DE AQUÉLLA (MÉXICO Y ESPAÑA), SÓLO PUEDE ACUDIRSE A LOS ORDENAMIENTOS ADJETIVOS LOCALES, SIN QUE PROCEDA TRAMITARSE CON BASE EN OTROS TRATADOS INTERNACIONALES, COMO LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, SI ALGUNO DE LOS ESTADOS INTERVINIENTES NO FORMA PARTE DE ÉSTA. En las tesis aisladas 1a. CXXVI/2004, 1a. CCLXXXI/2013 (10a.) y 1a. CCLXXXII/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que para el trámite de los asuntos relacionados con la restitución internacional de menores, la Convención de la Haya no ha creado un nuevo procedimiento para cumplir con sus fines, pero sí establece que dichos asuntos se tramitarán mediante los procedimientos más expeditos disponibles; de manera que en cada legislación procesal civil se establecen las reglas generales, etapas, plazos y demás requisitos bajo los cuales deben seguirse dichos procedimientos; siendo necesario que esas legislaciones establezcan los aspectos relativos a los derechos fundamentales de audiencia y de defensa que tienen las partes y, en general, los del debido proceso que deberán seguirse para el trámite de la restitución internacional de menores. Por tanto, para la sustanciación del procedimiento de restitución internacional de menores que se siga entre los Estados que, como México y España, son parte de la Convención de la Haya, sólo puede acudirse a los ordenamientos adjetivos locales, sin que sea posible tramitarlo con base en los términos y procedimientos establecidos en otros tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que en su artículo 12 contempla un plazo de ocho días para oponerse al trámite y de sesenta días para resolver, mientras que la Convención de la Haya no señala un procedimiento específico para la tramitación judicial de la restitución internacional de menores; sin embargo, el análisis sistemático de los artículos 2, 7, inciso f), 11, 12, 13 y 20 de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, permite concluir que así fue pactado por los Estados contratantes para tener libertad de llevarlo a cabo con los procedimientos locales, sin imponer alguno otro; por tal razón, no se puede aplicar el procedimiento previsto en la referida Convención Interamericana, ya que España no forma parte de la misma." De ahí que resulte fundado el concepto de violación esgrimido por la quejosa Soraya Elizabeth Lujan Berger, por lo que debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada que ordenó la reposición del procedimiento y se pronuncie en relación al fondo del asunto a fin de dirimir la procedencia o no del mismo. Pues de esta manera, se otorga mayor protección a las partes involucradas, dada la urgencia que se debe de atender para resolver este tipo de procedimientos, pues una reposición de los autos como fue ordenada, lo atrasaría aún más, incluso permaneciendo la violación procesal que estimó la responsable, la cual no se comparte; siendo necesario que ya exista un pronunciamiento a fin de que las menores involucradas tengan certeza de la situación que debe regir para con sus progenitores. Análisis del juicio de amparo promovido por Nathan Alexander Boersma. SEXTO. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO 636/2020-V-B. Resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo promovida por Nathan Alexander Boersma, toda vez que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En la especie, el quejoso Nathan Alexander Boersma, señaló como acto reclamado la resolución de dieciocho de junio de dos mil veinte, dictada en autos del toca 337/2020, del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, en el considerando que precede, este órgano jurisdiccional concedió el amparo a la diversa quejosa Soraya Elizabeth Luján Berger. Concesión del amparo que fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de junio de dos mil veinte, y emita una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la presente sentencia. Por tanto, es inconcuso que no resulta técnicamente viable emprender el análisis de los conceptos de violación formulados en el juicio de amparo 636/2020-V-B, ya que debe considerarse que cesaron en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, siendo evidente por ello que se actualiza la causa de improcedencia indicada. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y dos, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, apéndice de dos mil once, materia laboral, Novena Época, número de registro 1002219, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO. Si un Tribunal Colegiado de Circuito conoce simultáneamente de dos juicios de amparo en materia laboral, en los que se combate el mismo acto reclamado, pero en uno de ellos determina conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, es inconcuso que cuando resuelva el otro amparo relacionado debe sobreseer en el juicio en términos del artículo 74, fracción III, en concordancia con el numeral 73, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo, pues en tal evento el laudo ya no produce efectos ni causa agravio alguno al quejoso, y de esta suerte, es innecesario que se ocupe del estudio de los conceptos de violación sea cual fuere su naturaleza, esto es, sin que trascienda si están referidos al fondo de la cuestión debatida o en ellos se aduzcan violaciones procesales". Asimismo, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página mil ciento veintisiete, Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 187189, cuyo texto dice: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO RELACIONADO, SOBRESEIMIENTO DEL. Cuando en el amparo directo se concede la protección federal, de tal suerte que el acto reclamado queda sin efecto alguno, el juicio constitucional relacionado se debe sobreseer por haber cesado los efectos de la resolución combatida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 74, fracción III, de la ley de la materia". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia sujeta a estudio, deberá sobreseerse en el juicio de amparo 636/2020-V-B, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, no se atenderán los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo 636/2020-V-B, promovida por Nathan Alexander Boersma, debido a que la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica textualmente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a la quejosa , contra el acto que reclama a la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nathan Alexander Boersma en contra del acto que reclama a la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, agréguense para los efectos legales correspondientes los oficios signados por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con anexos, a través de los cuales, esencialmente informa la asistencia e inasistencia de los beneficiarios para la entrega de los títulos de propiedad respectivos, programadas para el diez y doce de mayo del año actual. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes; información que se tomará en consideración al momento de calificar el cumplimiento de la sentencia; no obstante ello, se le solicita a la autoridad oficiante que una vez que concluyan las citas programadas, haga saber dicha circunstancia a este juzgado a fin de estar en aptitud de acordar lo legalmente procedente. Se apercibe a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos Interino del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su oficio número 2605, por medio del cual transcribe el contenido del acuerdo de veinticinco de abril pasado, dictado en autos del toca relativo al recurso de queja 147/2022, del cual se advierte que entre otras cuestiones, se dio entrada a dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el juicio de amparo que nos atañe. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
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