Romeo García García

Expediente 1238/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1238/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Romeo García García
  • Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número Dos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    VistoPor lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO: Se SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por ***contra actos de la Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona número Dos, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de siete de octubre del año que transcurre (foja 307), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a lo manifestado por la autoridad responsable y finalizando el término, se acordaría lo conducente en relación al segundo punto petitorio de su ocurso presentado el cuatro de este mes, sin que hubiera hecho manifestación alguna. En primer término, se precisa que en la demanda, el acto que la parte quejosa reclama, es el siguiente (foja 2): "IV. ACTO RECLAMADO: se reclama de la responsable la falta de acceso a la salud, ya que con fecha 09 nueve de septiembre del año 2019, se me dejo de dar la atención medica consistente en terapia de hemodiálisis". Por tanto, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desecha la prueba consistente en nombrar un perito en medicina legal con especialidad en nefrología, para que determine si es o no susceptible a la hemodiálisis, pues no ha respondido favorablemente al tratamiento de diálisis. Es así, ya que si bien es cierto en el amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, también lo es que en términos del segundo de los numerales invocados, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 119 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En efecto, cuando el mencionado artículo 119 establece que en el juicio de amparo son admisibles "toda clase de pruebas", esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, inspección, etc.; consideración que se confirma porque la parte final de ese enunciado normativo señala como excepción a dicha regla "la confesional por posiciones.", es decir, alude a tal medio. Pues bien, este principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el referido artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta supletoriamente aplicable. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", como establece el artículo 79 de la legislación supletoria, pues sería contrario a la lógica y al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas, como la pericial, cuando se observe desde luego y sin dudas, que nada tienen que ver con la litis. Como acontece en este asunto, en que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la falta de acceso a la salud, pues no le han dado atención medica consistente en terapia de hemodiálisis; lo que permite concluir que la prueba pericial consistente en nombrar un perito en medicina legal con especialidad en nefrología a efecto de que determine si es o no susceptible a la hemodiálisis, nada tiene que ver con la litis constitucional, ya que de autos se advierte que la parte quejosa reclamó la falta de atención médica. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que el diecinueve de septiembre del año en curso, con motivo a la aceptación de la parte quejosa, se realizó la colocación de catéter de diálisis peritoneal sin ninguna complicación (foja 197); por lo que, como se adelantó, se desecha la pericial que ofrece la parte quejosa, pues como lo acepta el quejoso y acredita la responsable, se le está brindando atención médica, que garantiza su derecho de acceso a la salud. En apoyo a lo determinado, se invoca la jurisprudencia P./J. 41/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, página 157, con número de registro 189894, del contenido siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que en auto de treinta de septiembre del año en curso (foja 187), se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona número dos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe de trato y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar su verificativo. Notifíquese.

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