Romeo de la Cruz Santiago

Expediente 225/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
225/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Romeo de la Cruz Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo pasado, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes.| Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta la imposibilidad que presentó para llevar a cabo la notificación personal ordenada en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído, así como, del diverso de dieciséis de marzo de este año, por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal Notifíquese como está ordenado. EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO QUE ANTECEDE SE NOTIFICA EL ACUERDO DE 16/03/2021 POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Romeo de la Cruz Santiago, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Garantías y Juez Coordinador del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y otras autoridades; regístrese en libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 225/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: La orden de aprehensión o alguna otra que tenga como finalidad la privación de la libertad y su ejecución. En este tenor, cobra relevancia las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, vertió en su demanda de amparo en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, a saber: ".Resulta que el suscrito desde el sábado siete de marzo del año en curso, me enteré extraoficialmente que actualmente se está integrando en mi contra, una carpeta de investigación por un delito que desconozco, sin que hasta este momento, se haya hecho de mi conocimiento los hechos que se me imputan; desconociendo si alguno de los fiscales adscritos a la vicefiscalía de la región de la Mixteca, ejerció acción penal en mi contra, judicializando la carpeta de investigación, y por este motivo se haya librado nueva orden de aprehensión en mi contra, o alguna medida cuya finalidad sea privarme de mi libertad, por un delito que nunca he cometido; es por eso acudo a su Señoría a efecto de demandar el amparo y acogerme a la legítima protección de la Justicia Federal en términos del artículo 16° constitucional, que establece que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella, de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, en tanto que el artículo 18 constitucional señala que solo habrá lugar a prisión preventiva, de manera que es inconstitucional que se haya librado alguna orden de aprehensión o una medida para privarme de mi libertad, cuando no he participado en algún hecho delictivo que motive la integración de una nueva carpeta de investigación en mi contra, cuya finalidad sea privarme de mi libertad.". Ante lo resaltado, al realizar una interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, tenido tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de madera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tales condiciones, atento a los mencionados dispositivos se concluye que la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, que se produzca un agravio personal y directo por el acto reclamado; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto reclamado. Así, por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. De ahí que se concluya que el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo se advierte que lo que en realidad constituye el acto de molestia en el presente juicio de amparo, es el temor del quejoso a que se libre una orden de aprehensión o alguna otra que tenga como efecto privarlo de su libertad; lo cual constituye un acto futuro de realización incierta. Lo que se considera así, pues el quejoso al narrar los antecedentes del acto reclamado -bajo protesta de decir verdad- indicó que se enteró "extra oficialmente" que existe una carpeta de investigación que se está integrando en su contra; que desconoce si alguna autoridad ministerial ha ejercitado acción penal en su contra (judicialización de la carpeta de investigación); y que por ese motivo -judicialización- se haya librado orden de aprehensión. Lo anterior, permite advertir el desconocimiento de la parte quejosa de los siguientes tópicos: Si realmente la autoridad ministerial está integrando una carpeta de investigación en su contra. En su caso, si la Representación Social ha ejercitado acción penal en su contra. De ser así, si la Fiscalía solicitó a algún juez de control el libramiento de la orden de aprehensión. Si un juez ha girado mandamiento de captura en su contra. Entonces los actos que reclama a las autoridades, implican una presunción o posibilidad de existencia, más no algo cierto, real y actual, pues de la narración de hechos, no se desprende algún dato objetivo que permita establecer la existencia (real y actual) de lo reclamado, o bien su inminencia a ocurrir, pues conforme a su manifestación únicamente tiene conocimiento que posiblemente se esté integrando una investigación en su contra, sin que ese hecho implique que necesariamente tenga como consecuencia que se libre una orden de captura; es decir, se trata de un acto futuro remoto, al depender de diversas condiciones para que suceda. Lo que a las luces de la lógica, resulta una cuestión contingente, es decir, puede ser, o bien, no puede ser; lo que no es admisible para la procedencia de un juicio de amparo. De ahí, que se sostenga que se trata de una mera presunción o posibilidad de un acto de autoridad. Es decir, la parte quejosa no tiene certeza, ni siquiera indiciaria, de su existencia; por lo tanto, es necesario probar al menos de manera indiciaría que se afecta la esfera jurídica de sus derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Es así, pues con los antecedentes narrados en la demanda de amparo, resulta evidente que en el caso concreto, lo que la parte quejosa pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Pues -como se dijo- la parte quejosa no tiene conocimiento directo de los actos reclamados, pues es categórica al manifestar que desconoce si el Ministerio Público ha ejercitado acción penal y lo que trata de prevenir es que se dicte una orden de aprehensión en su contra, pero se itera, desconoce su real existencia o inminencia. Precisado lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una proximidad certera en la realización del perjuicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones". Asimismo, la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza". Así también, apoya la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo." Y, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." En tales circunstancias, al actualizarse en el caso, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia mencionada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el diverso 113 de la Ley de Amparo. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la Tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. Como lo indica la parte quejosa, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizada a Elodia Gómez Santiago, únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Romeo de la Cruz Santiago, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Garantías y Juez Coordinador del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y otras autoridades; regístrese en libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 225/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: La orden de aprehensión o alguna otra que tenga como finalidad la privación de la libertad y su ejecución. En este tenor, cobra relevancia las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, vertió en su demanda de amparo en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, a saber: ".Resulta que el suscrito desde el sábado siete de marzo del año en curso, me enteré extraoficialmente que actualmente se está integrando en mi contra, una carpeta de investigación por un delito que desconozco, sin que hasta este momento, se haya hecho de mi conocimiento los hechos que se me imputan; desconociendo si alguno de los fiscales adscritos a la vicefiscalía de la región de la Mixteca, ejerció acción penal en mi contra, judicializando la carpeta de investigación, y por este motivo se haya librado nueva orden de aprehensión en mi contra, o alguna medida cuya finalidad sea privarme de mi libertad, por un delito que nunca he cometido; es por eso acudo a su Señoría a efecto de demandar el amparo y acogerme a la legítima protección de la Justicia Federal en términos del artículo 16° constitucional, que establece que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella, de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, en tanto que el artículo 18 constitucional señala que solo habrá lugar a prisión preventiva, de manera que es inconstitucional que se haya librado alguna orden de aprehensión o una medida para privarme de mi libertad, cuando no he participado en algún hecho delictivo que motive la integración de una nueva carpeta de investigación en mi contra, cuya finalidad sea privarme de mi libertad.". Ante lo resaltado, al realizar una interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, tenido tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de madera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tales condiciones, atento a los mencionados dispositivos se concluye que la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, que se produzca un agravio personal y directo por el acto reclamado; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto reclamado. Así, por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. De ahí que se concluya que el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo se advierte que lo que en realidad constituye el acto de molestia en el presente juicio de amparo, es el temor del quejoso a que se libre una orden de aprehensión o alguna otra que tenga como efecto privarlo de su libertad; lo cual constituye un acto futuro de realización incierta. Lo que se considera así, pues el quejoso al narrar los antecedentes del acto reclamado -bajo protesta de decir verdad- indicó que se enteró "extra oficialmente" que existe una carpeta de investigación que se está integrando en su contra; que desconoce si alguna autoridad ministerial ha ejercitado acción penal en su contra (judicialización de la carpeta de investigación); y que por ese motivo -judicialización- se haya librado orden de aprehensión. Lo anterior, permite advertir el desconocimiento de la parte quejosa de los siguientes tópicos: Si realmente la autoridad ministerial está integrando una carpeta de investigación en su contra. En su caso, si la Representación Social ha ejercitado acción penal en su contra. De ser así, si la Fiscalía solicitó a algún juez de control el libramiento de la orden de aprehensión. Si un juez ha girado mandamiento de captura en su contra. Entonces los actos que reclama a las autoridades, implican una presunción o posibilidad de existencia, más no algo cierto, real y actual, pues de la narración de hechos, no se desprende algún dato objetivo que permita establecer la existencia (real y actual) de lo reclamado, o bien su inminencia a ocurrir, pues conforme a su manifestación únicamente tiene conocimiento que posiblemente se esté integrando una investigación en su contra, sin que ese hecho implique que necesariamente tenga como consecuencia que se libre una orden de captura; es decir, se trata de un acto futuro remoto, al depender de diversas condiciones para que suceda. Lo que a las luces de la lógica, resulta una cuestión contingente, es decir, puede ser, o bien, no puede ser; lo que no es admisible para la procedencia de un juicio de amparo. De ahí, que se sostenga que se trata de una mera presunción o posibilidad de un acto de autoridad. Es decir, la parte quejosa no tiene certeza, ni siquiera indiciaria, de su existencia; por lo tanto, es necesario probar al menos de manera indiciaría que se afecta la esfera jurídica de sus derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Es así, pues con los antecedentes narrados en la demanda de amparo, resulta evidente que en el caso concreto, lo que la parte quejosa pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Pues -como se dijo- la parte quejosa no tiene conocimiento directo de los actos reclamados, pues es categórica al manifestar que desconoce si el Ministerio Público ha ejercitado acción penal y lo que trata de prevenir es que se dicte una orden de aprehensión en su contra, pero se itera, desconoce su real existencia o inminencia. Precisado lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una proximidad certera en la realización del perjuicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones". Asimismo, la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza". Así también, apoya la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo." Y, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." En tales circunstancias, al actualizarse en el caso, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia mencionada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el diverso 113 de la Ley de Amparo. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la Tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. Como lo indica la parte quejosa, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizada a Elodia Gómez Santiago, únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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