Romeo Castro Villanueva

Expediente 274/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
274/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Romeo Castro Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; del estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo planteada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; se agrega a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, residente en Ayutla de los Libres, Guerrero. Atento a ello se provee: Se tiene por recibido el oficio por el que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, residente en Ayutla de los Libres, Guerrero, devuelve diligenciado el exhorto 39/2019 (número de orden 217/2019), deducido del presente juicio de amparo, mismo que se envió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara a la parte quejosa el proveído de diecinueve de marzo pasado; para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, por cuanto hace al quejoso Romeo Castro Villanueva, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Mar Rojo número 4, Colonia Granjas del Márquez, código postal 39907, en esta ciudad, por así haberlo manifestado en la diligencia de notificación realizada por el secretario del juzgado oficiante. Finalmente, respecto a la diversa quejosa Juana González Nava, y tomando en cuenta que hasta la fecha no consta en autos que haya designado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante de haber transcurrido los tres días que se le concedieron para ese efecto en acuerdo de diecinueve de marzo del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquensele por medio de lista las subsecuentes actuaciones, incluidas las personales; sin perjuicio de que con posterioridad pueda señalar un domicilio procesal en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Romeo Castro Villanueva y Juana González Nava, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 274/2019, y fórmese expediente. Desechamiento de demanda. Del estudio integral de la demanda se advierte que la misma resulta improcedente en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: ".El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En la especie se surte de manera manifiesta e indudable la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, pues existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que contra actos como el que aquí se reclama, no procede el juicio de amparo, según se explica. Dichos numerales establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" De los preceptos transcritos se desprende que, el juicio de amparo será improcedente en los casos en que por disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo, así se determine; ello implica que la improcedencia del juicio también puede derivar de alguna disposición contenida en la jurisprudencia. En el presente asunto, se señala como acto reclamado del consejo responsable: "[.] La resolución dictada en el procedimiento administrativo sancionador de queja marcado con el número 24/2018, de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho." Asimismo, del anexo que en copia simple acompañan los peticionarios, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el consejo responsable, dentro del expediente 24/2018, promovido por los aquí quejosos Romeo Castro Villanueva y Juana González Nava, determinó sobreseer el procedimiento administrativo sancionador de queja y declaró que los servidores públicos, aquí señalados como terceros interesados, no eran responsables administrativamente de los actos que se les imputaron, por lo que no les impuso sanción alguna. Acorde a lo destacado, es evidente que ante tal determinación los denunciantes que formularon la queja en contra de los servidores públicos, carecen de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto dicha determinación. Sobre ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, en la que determinó que el denunciante de la queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar en amparo dicha resolución, bajo el argumento de que el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, y únicamente otorga al particular una facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. El criterio citad es del siguiente rubro y texto: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya fijó criterio en la tesis jurisprudencial referida, en el sentido de determinar que el denunciante de la queja administrativa carece de interés para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad responsable. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Lo determinado también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J 41/2019 (10ª.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa." Asimismo, se cita por su aplicación al caso concreto, la jurisprudencia IV.3º.A.J/6, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Así, ese derecho protegido por el citado ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Por otro lado, del análisis de las normas que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de las facultades y naturaleza del órgano encargado de conocer de dicho procedimiento se advierte que aquéllas no están dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, sino colectivos por lo que no conceden a los particulares la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En consecuencia, el denunciante que formuló la queja en contra de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la determinación que el Consejo de la Judicatura local tome al respecto, pues se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de la Judicatura mediante recurso alguno, de tal manera que tales resoluciones deben estimarse como inatacables por el particular, pues no representan un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, pues si bien tienen derecho a presentarla en relación con la conducta de los citados servidores públicos respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de impugnar las decisiones del mencionado Consejo de la Judicatura, pues dentro de esa actuación el único que podría resentir un agravio personal y directo sería el servidor público contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así el denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley y no verse afectado un derecho público subjetivo que le asista." Domicilio procesal. Tomando en cuenta que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como domicilio procesal el ubicado en casa marcada con el número 52-A, de la Calle Altamirano de la Colonia San Felipe del Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda se constituya en dicho domicilio, y les notifique personalmente el presente acuerdo. Asimismo, les requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes, designen domicilio en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, para recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo así, las posteriores, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de la lista que diariamente se publica en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para el actuario judicial del juzgado despachado, para su debido cumplimiento. Una vez hecho lo anterior, se solicita atentamente devolver la comunicación oficial. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gustavo Gutiérrez Alva, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccional, y a Claudia Hernández Arredondo. Romel Max Delgado Casro, Alberto Delgado Castro y Teresa de Jesús Luna Vargas, por así haberlo solicitado expresamente. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas de las actuaciones, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De las notificaciones de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Alondra Robles Girón, Secretaria que da fe.

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