Romeo Almaraz Santiago

Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Romeo Almaraz Santiago
  • Romeo Almaraz Santiago y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que remite testimonio de la ejecutoria de veintiocho de junio del año en curso, dictado en el conflicto competencial 24/2022, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca y este Órgano Jurisdiccional. Acúsese recibo vía interconexión. De la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal Colegiado determinó que la competencia legal para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Romeo Almaraz Santiago, Guillermo Gabriel Matías y Orlando Gabriel José, corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con firma evidencia criptográfica de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual hace del conocimiento a este Juzgado Federal que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito de este propio Estado y este órgano jurisdiccional, mismo que quedó registrado con el número 24/2022, por auto de fecha nueve del actual. De lo anterior se toma nota. Cúmplase. za.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos así como de la certificación de cuenta se advierte que después de realizar una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró que en el juicio de amparo 824/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, ese órgano jurisdiccional ordenó remitir su asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, a fin de que sea resuelto el conflicto competencial suscitado entre ese y este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 22616/2021, recibido vía electrónica con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que remite la demanda y seis copias que dieron origen al juicio de amparo 824/2021 de su índice, promovido por ***, ***y ****, en cumplimiento al auto de veintitrés de julio del año en curso, dictado en el referido juicio, en el que se declaró que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la citada demanda de amparo, y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en turno. ANOTACIONES. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 428/2021-II-A. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Analizadas las razones que sustenta el juez de origen para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. Sostiene el Juez declinante literalmente en lo que interesa que: ".En el caso, los quejosos Roberto Almaraz Santiago, Guillermo Gabriel Matías y Orlando Gabriel, reclaman del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la orden de aprehensión librada en la causa penal 26/2014. Asimismo, señalan como autoridad ejecutora a la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca. De manera que como la autoridad ejecutora tienen su residencia en San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, se advierte que ahí se va a ejecutar el acto que ahora controvierten. Como se ve, en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado va a tener ejecución en San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca. (.) Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. Empero, como ya se adelantó no se comparte el criterio sostenido por la autoridad jurisdiccional declinante, en virtud de que para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro del ámbito de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y para el caso que nos ocupa, atendiendo a la legislación aplicable, en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto, cuyo numeral, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se deriva la existencia de tres hipótesis diferentes para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el Juzgador Federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; con el presupuesto lógico de que el citado acto, por su índole, para cumplimentarse requiera necesariamente de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la que lo haya expedido. 2. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de cualquiera de ellos, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presentó la demanda. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo de origen, se advierte que la finalidad del acto que se combate -orden de aprehensión- consistente en la restricción de la libertad deambulatoria de los peticionarios del amparo, por lo que su naturaleza es esencialmente ejecutiva e instantánea, pues al cumplimentarse deberá ponerse al gobernado privado de su libertad bajo la potestad de la autoridad que lo requiera. De ahí que, en congruencia con la primera regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo, y atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, el cual, como se dijo, requiere de ejecución material inmediata, corresponde conocer del juicio constitucional al juzgador federal que ejerza sus funciones en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cabe mencionar que cuando se recibe una demanda de amparo indirecto, respecto de actos que requieren ejecución material, la competencia se fija, en principio, atendiendo a los datos vertidos en tal escrito, de los que se pueda deducir el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado ese acto. No obstante, para determinar la competencia de un Juez de Distrito frente a un acto que requiere de ejecución material, como en el caso acontece, es necesario hacer un análisis sustentado en lo que establece el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, partiendo del estudio integral de la totalidad de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto, para determinar, bajo hechos conocidos y objetivamente comprobados, la competencia territorial del órgano jurisdiccional, basada en el lugar donde deba tener ejecución la orden privativa de libertad, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien el quejoso señaló en su demanda de amparo como autoridades responsables al: 1. Juez de Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca. Asimismo, en el punto I del escrito de la demanda de amparo, el quejoso señaló como domicilio, el siguiente: "I.- EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: han quedado precisados en el preámbulo de este escrito. A lo anterior el quejoso se refiere al domicilio ubicado en la Avenida de Fresnos número 1316 esquina con calle Francisco Zarco, Colonia Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Centro Oaxaca. En el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, los quejosos precisaron, lo siguiente: ".Tenemos conocimiento que el día dieciséis de noviembre de 2014, detuvieron al C. FÉLIX ALONSO GABRIEL en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juez Segundo Mixto de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el expediente penal número 26/2014, en donde también nosotros configuramos como inculpados por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA Y TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, el primero en agravio de Enedina Gaspar Matías, y el segundo en Agravio de Felicisimo Jóse José. Ahora los policías están en busca de nosotros para detenernos sin embargo nosotros no hemos cometido delito ya que es invento de Felicisimo Jóse José y su hermano Reynaldo Jóse José (.). De lo anterior se advierte que los quejosos señalan el lugar en el que tienen su domicilio particular que lo es Avenida de Fresnos número 1316 esquina con calle Francisco Zarco, Colonia Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Centro Oaxaca, en el que consideran se pretende ejecutar el acto reclamado (orden de aprehensión), por así haberlo manifestado bajo protesta de decir verdad, además refieren que policías están en busca de ellos para detenerlos, por una posible orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Segundo Mixto de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el expediente penal número 26/2014, en virtud de que ellos figuran como inculpados por dicho delito. En este sentido, es pertinente destacar que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostuvo el criterio siguiente: "La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.- La literalidad del precepto da noticia del propósito del Poder Reformador de la Constitución, de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que podrá interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." De lo anterior se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo; si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel trascendental en la afectación de los derechos fundamentales del impetrante de amparo, es evidente que la norma le da preponderancia a la ejecución del acto, contrario a lo que consideró la autoridad declinante para declararse incompetente. Ello resulta lógico, desde la perspectiva de que el peticionario así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, pues ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. Dado que una orden de aprehensión, es un acto que requiere de ejecución material, y en los términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, entonces es posible sostener que si en la demanda de amparo los quejosos señala como acto reclamado dicha orden, y aseguran, bajo protesta de decir verdad, que tienen su domicilio en Avenida de Fresnos número 1316 esquina con calle Francisco Zarco, Colonia Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Centro Oaxaca y policías están en busca de ellos, por consiguiente, tal lugar es el que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito donde se va a ejecutar el acto reclamado. Se asevera lo anterior, dado que la protesta de decir verdad, vertida en la demanda de amparo, en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso, y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne, por lo que el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo en cuanto a dónde ha tratado de ejecutarse el mandamiento de captura, que en el caso lo es en Colonia Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Centro Oaxaca (lugar en el que este Juzgado no ejerce jurisdicción). Por tanto, lo argumentado por la autoridad oficiante en el sentido de que se actualiza la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, ya que la autoridad ejecutora Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, tiene su domicilio en San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, no se comparte, pues como ya se estableció lo que determina la competencia de un Juez de Distrito no es el lugar de residencia de la autoridad que dictó la orden, si no dónde tendrá ejecución, por lo que si el quejoso señaló como domicilio particular el ubicado en Avenida de Fresnos número 1316 esquina con calle Francisco Zarco, Colonia Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Centro Oaxaca, es inconcuso que corresponde conocer al citado juez declinante de la demanda de amparo. Aunado, a que de las constancias de autos remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno al revestirle el carácter de documentos públicos, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2 de la Ley de Amparo, no se advierte que la citada orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución en el lugar de residencia de la autoridad ejecutora, pues el quejoso en ningún momento manifestó tal posibilidad sino por el contrario refirió el lugar dónde trató de ejecutarse y se pretende ejecutar, de ahí que resulte lógico que la demanda de amparo haya sido presentada en dicha jurisdicción, pues en el caso sin conceder que no se tuviera la certeza de donde podrá ejecutarse ésta, la competencia también se surte a favor del juez declinante a prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.6o.P.97 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Registro 2015956, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Página 2093, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SI EN LA DEMANDA SE SEÑALAN AUTORIDADES EJECUTORAS FEDERALES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA TRATA DE EJECUTARSE. Si en la demanda de amparo el quejoso, bajo protesta de decir verdad, aseveró que a su domicilio se han presentado agentes de la autoridad a efecto de privarlo de su libertad, y que esas autoridades ejecutoras federales son dependientes de la Procuraduría General de la República, atento a la naturaleza del acto (orden de detención o aprehensión), y que éstas tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que cualquiera de sus agentes adscritos está facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales, se concluye que dicho mandato puede ejecutarse en cualquier lugar en donde pueda ser localizado el quejoso, como lo es su domicilio; en consecuencia, el competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso aseguró que trató de ejecutarse la orden, es decir, su domicilio; criterio que es inaplicable cuando en el juicio de amparo sólo se señalan autoridades ejecutoras locales, y éstas niegan el acto de ejecución que se les atribuye." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Décima Época, Registro: 2016328, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 3100 que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN.- Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." En ese tenor, si en el escrito inicial de demanda se señala como acto reclamado una orden de captura, atribuido a autoridades ejecutoras con residencia en distintas demarcaciones territoriales sin que se mencione otro dato objetivo que permita advertir en qué lugar se ejecutará dicho acto, se actualiza la posibilidad de que el acto reclamado sea ejecutado en cualquier lugar de residencia de las autoridades ejecutoras. En efecto, esa posibilidad subyace del señalamiento de autoridades responsables ejecutoras con injerencia en distintas circunscripciones territoriales, solo cuando no se plasmen otros antecedentes que permitan dilucidar el lugar donde se trata de ejecutar el acto reclamado. En cambio, si se señalan autoridades ejecutoras con residencia en distintas demarcaciones territoriales, pero además se plasman datos que permitan advertir la permanencia del impetrante de amparo en un lugar determinado, para fijar la competencia debe privilegiarse lo vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, que se expresan bajo protesta de decir verdad, y en los que se expone dónde se pretende ejecutar el acto reclamado o puede ejecutarse. Lo mismo ocurre en relación con el argumento que la competencia no se fija conforme al domicilio que señale el quejoso; sin embargo en el caso en particular, la citada competencia la fija el lugar donde manifiesta el quejoso tendrá ejecución el multicitado acto reclamado. Por su aplicación en lo conducente se cita la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004166 que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.- Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase a la autoridad jurisdiccional declinante la demanda de amparo promovida por ***, ****y ***, que dio origen al juicio de amparo 824/2021 de su índice; lo anterior, previa copia certificada que de la demanda de amparo y boleta de turno, se deje en este expediente. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ***y ***. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

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