Romeo Aguilar Martínez y Otros.
Expediente 732/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2023
Partes del expediente
- Romeo Aguilar Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos oficio remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, con el cual solicita se le permita el acceso al expediente electrónico e informe el estado procesal del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece que cuando el órgano jurisdiccional que conozca de un asunto estime necesario consultar las constancias que obren ante uno diverso, deberá privilegiar el expediente electrónico, se deja a disposición de la oficiante el expediente electrónico del presente juicio para su consulta. En ese sentido, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que habilite los permisos necesarios en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes, a fin de que le sea posible a la oficiante tener acceso a las constancias que integran este sumario. Por otro lado, como lo solicita, infórmese al homologo federal que en once de junio de dos mil dieciocho, se desechó la presente demanda de amparo, promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como 1. Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el cual causó estado el veintiuno siguiente, ordenándose el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido. Finalmente, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo para su resguardo. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. Por otra parte, al resultar innecesario conservar los autos del toca civil ***, así como las copias certificadas del expediente ***, que remitió la autoridad responsable 1. Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, las cuales obran en dos tomos por separado; devuélvanse a la autoridad responsable indicada, sin necesidad de que acuse recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Finalmente, toda vez que en proveído de trece de junio del año en curso (foja 34), se reservó acordar respecto del escrito signado por ***, mediante el cual pretendió apersonarse al presente juicio de amparo; sin embargo, no ha lugar a proveer en cuanto a su contenido, dado que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo promovida por ***. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito signado por ***, quien pretende apersonarse en el presente juicio. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que este órgano constitucional mediante proveído de once de junio de dos mil dieciocho (fojas 20 a 26), desechó de plano la demanda promovida por ***; se reserva proveer respecto del escrito de cuenta, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Ahora, vista la demanda promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Magistrados que Integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 732/2018-3-A. DESECHAMIENTO Atento a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo . De conformidad con el el primero de los numerales citados, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. ***
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