Romelio Luis Arias Obregón

Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Romelio Luis Arias Obregón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de diecinueve de enero del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVESE. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran los autos, se advierte que el pasado diecinueve de enero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en favor del quejoso **************************; sin embargo, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de computar el plazo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, resulta necesario que dicho proveído le sea notificado a la parte quejosa en términos de ley. Por tal motivo, notifíquese electrónicamente a la parte quejosa el contenido del proveído de diecinueve de enero del año en curso, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto al archivo del presente asunto. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia de notificación personal de dieciséis de enero pasado, de la que se advierte que el directo quejoso *****, no ratificó la demanda de amparo promovida a su nombre el catorce del mes y año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de esa misma data y, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo y quedan sin efectos las providencias dictadas en este asunto. Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y la actualización de datos que corresponde en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, por el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados y rinde informe respecto a la suspensión de plano concedida en este asunto. En tales condiciones, respecto al informe rendido, no se hace mayor pronunciamiento en atención a lo acordado en líneas precedentes. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley de Amparo, se tienen por designados como Delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley antes invocada, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Demanda de amparo Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por *****, en representación de *****; contra actos del Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 82/2023 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Actos reclamados. Ahora bien, cabe precisar que de la demanda de amparo se desprende que el promovente en favor de la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- SEÑALO AL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE... 2.- SEÑALO AL JEFE DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 3.- SEÑALO AL ENCARGADO y/o TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 4.- SEÑALO AL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.". "ACTOS RECLAMADOS: I. La incomunicación del directo quejoso dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. II.- La deportación del directo quejoso a su lugar de origen. III.- La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y, por ende, la inminente detención del directo quejoso fuera de todo procedimiento, y la inminente deportación su lugar de origen. IV.- El aseguramiento del directo quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en por estar retenido y privado de su libertad se señala como su domicilio en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración." Ahora bien, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el promovente del juicio manifestó que el directo quejoso se encuentra alojado en la estación migratoria "Las Agujas", privado de su libertad; en mérito de lo anterior, toda vez que en la demanda de cuenta se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo -supuesto que es planteado como un ataque a la libertad fuera del procedimiento-, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto de la medida cautelar. Efectos solicitados para la suspensión de plano. Asimismo, el promovente solicita la suspensión de plano en favor del quejoso para los efectos que a continuación se señalan: "1.- Para que la quejosa sea puesta INMEDIATAMENTE EN LIBERTAD por parte del Instituto Nacional de Migración (tutela anticipada). De conformidad con lo ordenado por el artículo 164 de la Ley de Amparo y en cumplimiento con los lineamientos y criterios establecidos para la concesión de dicha medida cautelar. (...) De igual manera solicito la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamado consistentes en a inminente deportación, retorno asistido o cualquier otro acto que tenga como fin devolver a la quejosa a su país de origen y toda incomunicación que se presente." Concesión de la suspensión de plano De conformidad con los datos que obran a la vista, hasta el momento no es posible determinar si existe algún procedimiento en contra del quejoso, por ello, dado que se trata de una persona que se encuentra privada de su libertad personal en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración denominada "Las Agujas", ubicada en Jacarandas 726, El Vergel, alcaldía Iztapalapa, código postal 09880, en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional estima, en todo caso, que las conductas impugnadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, son de aquéllas que de continuar con su ejecución, harían físicamente imposible restituir a aquélla en el goce de los derechos humanos que se estiman violados. Por lo anterior, y dado que la suspensión de oficio y de plano constituye un mecanismo de garantía de la libertad personal, de la prohibición de incomunicación y de la integridad personal, con fundamento en los artículos 15, 112, 125 y 126 de la Ley de Amparo procede concederla, para los siguientes efectos: - Por lo que respecta a la posible orden de deportación, expulsión y/o retorno asistido; para el efecto de que no se ejecute tal acto. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 80/2007, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". - Asimismo, por lo que hace a la incomunicación, se permita al quejoso mantener comunicación con sus abogados o autorizados, conforme a las medidas preventivas de higiene y seguridad, con ello garantice en todo momento su derecho de recibir asesoría jurídica, a nombrar a un representante legal y a que su defensor comparezca en todos los actos legales cuantas veces se le requiera y cuando lo solicite. - Respecto del acto reclamado consistente en el alojamiento, este órgano jurisdiccional atiende el contenido del "Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional", publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno. Es necesario establecer que, aunque dicho protocolo no sea vinculante, sí constituye una herramienta que da pauta para guiar a los juzgadores en la tarea de impartir en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecua a los criterios nacionales e internaciones, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular en ningún caso configura por sí misma la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige de quienes imparten justicia, conocer las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo a los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior y como ya se destacó, con los datos que obran a la vista, hasta el momento, no es posible determinar que existe algún procedimiento seguido a la parte quejosa, en tanto que la prolongación del aseguramiento, detención o cualquiera forma de denominar a la privación de la libertad, por la forma como ha sido narrada por el promovente del amparo, no tiene relación con la comisión de un delito y dado que se trata de una persona que se encuentra privada de su libertad personal ante el Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración denominada "Las Agujas", este órgano jurisdiccional estima, que al ser la suspensión de plano un mecanismo de garantía de la libertad personal, de la prohibición de la integridad personal, con fundamento en los artículos 15, 112, 125 , 126 y 160 de la Ley de Amparo procede concederla -incluso sin examinar otros requisitos ni siquiera los contenidos en los artículos 128 y 129, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 128, ambos de la ley de la materia- para que la autoridad responsable lleve a cabo los siguientes efectos: La Estación Migratoria en la Ciudad de México denominada "Las Agujas" que como autoridad tenga la custodia de la parte quejosa, instruya su inmediata libertad, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, por lo que en caso de que la estancia en el país de la parte quejosa presente inconsistencias en su documentación migratoria, procederá de manera inmediata a efectuar los trámites relativos para determinar su situación migratoria y con ello, quedando a su disposición para continuar el procedimiento administrativo migratorio al que en su caso se encuentran sujetas La efectividad de la presente suspensión se encuentra condicionada a que la parte quejosa realice lo siguiente: 1) Se presente ante la autoridad migratoria encargada de registrar las firmas de las personas sujetas a procedimiento administrativo, en los días y horas que establezca dicha autoridad. 2) Proporcione a la estación migratoria en la que se encuentra, un domicilio en el que se le pueda localizar dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad ante quien se está realizando sus trámites administrativos. 3) No abandone la demarcación que corresponda al domicilio indicado. La autoridad migratoria deberá determinar la forma y términos en que la parte quejosa deberá acudir a estampar las firmas ante ella, para la efectividad de la medida cautelar. 4) Para lo anterior, deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad su vida, salud e integridad física y personal. Resulta aplicable la tesis l.20°.A.20 A (10a), visible en la página 3550, libro 51, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo 2018, Décima Época, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.4o.A.1 K (11a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro 2024000, de la Undécima Época, Materias Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: y "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." Sin perjuicio de que la Ley de Migración prevea otras alternativas para seguir el procedimiento migratorio en libertad, como lo pudiera ser la figura de la custodia que prevé su artículo 101, la cual es un derecho de los migrantes, de modo que el peticionario, si así lo estima conveniente, podrá optar por dicha figura, acatando en su caso lo que la Ley de Migración y su reglamento establezcan con respecto a dicha custodia; en el entendido de que ello será solamente a elección del extranjero y no es un mandato que forme parte de esta medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro digital: 169268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: l.1o.P.99 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1745, Tipo: Aislada, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". Para lo anterior, en tanto se ejecuta plenamente esta medida cautelar, la autoridad deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad la vida, salud e integridad física y personal de la parte quejosa. Resulta aplicable la tesis l.20°.A.20 A (10a), visible en la página 3550, libro 51, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo 2018, Décima Época, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD." Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija garantía alguna. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE." Asimismo, cabe precisar que, desde luego, la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno, si la detención o cualquiera forma de denominar a la privación de la libertad decretada en contra de la parte quejosa deriva de actos distintos a los actos aquí impugnados o emanan de un procedimiento de naturaleza penal, así como la detención deriva de la comisión de algún ilícito que se le atribuya, sea o no por un delito grave así calificado por la ley penal federal o del orden común, para evitar el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; que se le haya sorprendido en flagrancia cometiendo uno o varios delitos en cualquier modalidad; por lo que en dichos supuestos quedan expeditas las facultades de la autoridad para actuar como en derecho corresponda. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:--- (.)--- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Rendición de Informes Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificadas de esta determinación, informe a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio únicamente al Director General de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir el oficio que con motivo de este juicio se le dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el propio oficio contenga. Finalmente, se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se le formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Sentido de la determinación. Ahora bien atendiendo al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente demanda de amparo, en el sentido de que cuando se reclame la orden de presentación o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias constituye un acto de naturaleza administrativas, por tanto al efecto se provee: Toda vez que la demanda fue promovida a favor de los directos quejosos, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que acuda al lugar en el que se encuentra detenido el quejoso *****, esto es, la Estación Migratoria de la Ciudad de México conocida como "Las Agujas", a efecto de que le requiera que ante su presencia ratifique la demanda de amparo de que se trata, advirtiéndole de las consecuencias contempladas en el tercer párrafo del citado artículo 15 de la ley de la materia, es decir, que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias que se dictaron. A efecto de llevar a cabo la diligencia encomendada en líneas que anteceden, se requiere a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México denominada "Las Agujas", brinde todas las facilidades necesarias a efecto de que el fedatario público adscrito a este Juzgado, ingrese a las instalaciones de dicha Estación; asimismo, en caso de no permitir el desarrollo de dicha diligencia, puede incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 215, fracción V, en relación con el diverso 13, ambos del Código Penal Federal. Por lo que al margen de lo anterior, la actuaria deberá corroborar directamente con la parte quejosa si se le permitió llamar a su representación consular y si ya lo hicieron. Autorizados. Asimismo, una vez que, en su caso, se ratifique la demanda de amparo, se acordará lo relativo al autorizado que señala en la demanda de amparo. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones por la misma vía, aún las de carácter personal, en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre del usuario "*****" que corresponde a *****. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa en la Estación Migratoria "Las Agujas".

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