Romel Emilio Rivas Bojorquez

Expediente 1185/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1185/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Romel Emilio Rivas Bojorquez
  • Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California, Con Sede En Mexicali

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad, a través del cual informa que se encuentra imposibilitado para designar asesor jurídico al quejoso Romel Emilio Rivas Bojórquez, atendiendo a las razones de fuero y competencia de las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, en este juicio de amparo no se cuenta con el elemento que sustenta la negativa de designación de defensor público, producida por la autoridad oficiante. Ello así se afirma, porque del análisis a la demanda inicial, no se advierte manifestación alguna del quejoso por la que exprese o ponga en conocimiento el fuero bajo el cual fue condenado. Partiendo de lo anterior, es necesario señalar que en diferentes juicios de amparo radicados ante este órgano jurisdiccional (201/2019-VII, 361/2019-VII, y 753/2019-VII), en que la parte quejosa reclama de las responsables, actos de igual naturaleza al aquí combatido -orden de traslado de un centro penitenciario a otro-, se ha solicitado el auxilio de la autoridad oficiante para la designación de un Defensor Público Federal, como en la especie; y en todos ellos, dicha petición ha sido acogida (oficios D/BCT/456/2019, D/BCT/869/2019 y D/BCT/2205/2019), contrario a lo que acontece en este caso, aún y cuando comparte las mismas características. En esas condiciones, dada la incertidumbre que provoca lo determinado en el oficio de cuenta, en atención a que conforme a los precedentes de este juzgado, señalados a manera enunciativa, el auxilio fue recibido sin ningún obstáculo, mientras que en el caso concreto, éste es negado; en consecuencia, se requiere al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe y justifique los motivos por los que determinó exceptuar de la generalidad, a la orden judicial enviada por la suscrita en términos similares a ocasiones previas. Lo anterior se requiere así, al margen de las consideraciones vertidas en el oficio de cuenta, porque se reitera que éstas se sustentan en un elemento -fuero-, con el que en este expediente no se cuenta. Además, tales manifestaciones resultan insuficientes para estimar justificado la inobservancia a un mandato judicial que requiere ser acatado. Se apercibe al requerido, que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1185/2019-VII. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiese alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, previo a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Romel Emilio Rivas Bojórquez para que dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado aclare su demanda con relación a lo siguiente: Único. De conformidad en lo establecido en la fracción V, del numeral 108 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, es decir, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos que impugna en esta instancia constitucional y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, lo que hará en orden cronológico y precisando las fechas en que sucedieron los acontecimientos que narrará. Lo anterior, ya que la parte promovente no expone dichos antecedentes, por lo que deberá: 1) Precisar si ha solicitado su traslado ante alguna autoridad, ya sea administrativa o judicial, esto por ser necesario para conocer los antecedentes del acto reclamado. 2) Señalar si las autoridades responsables le hicieron saber los actos que reclama, es decir, deberá narrar las circunstancias en las que tuvo conocimiento de la orden de traslado que reclama. 3) De manera específica, la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de traslado que reclama. Lo anterior, a fin de que este Juzgado de Distrito se allegue de más datos para apreciar con claridad el acto por el que interpone su demanda, toda vez que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte quejosa con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo realizando dicha aclaración, se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Se cita por razones que contiene la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Cuestiones que resultan de importancia a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses y las autoridades estén en posibilidad, en su caso, de rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.1º.3 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, treinta de noviembre de dos mil dieciocho, con número de registro 2018493, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Robustece a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." En la inteligencia que el requerimiento antes señalado deberá ser desahogado directamente por el promovente y no por conducto de interpósita persona, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, en la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, consultable a página 348, registro 174745 del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Apercibimiento. Se apercibe que en caso de no dar cumplimiento a la prevención, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el citado numeral 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Suspensión de plano. Debe decirse que atento a que en el caso, no se satisface el mencionado requisito previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, no es el caso conceder la suspensión de plano, pues si bien en la demanda de amparo se señala como tal la orden de traslado, lo cierto es que no está ejecutándose, por una parte, ya que el propio quejoso manifiesta que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Tijuana, lo que demuestra que no se surte la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, de que tal acto lo hace depender de una supuesta orden de traslado la cual "no tardará en consumarse", respecto de lo que solicita la medida cautelar, de ahí que se estime que en el caso el referido acto que reclama reviste evidentemente el carácter de futuro y de realización incierta y en esa medida resulta improcedente conceder la suspensión de plano respecto de la misma. En otras palabras, del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende una irregularidad de la demanda que impide a este juzgado federal estar en condiciones de fijar la litis constitucional, pues conforme a los antecedentes narrados por el promovente, se combate un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, de ahí que en el caso, se estimó necesario contar con más elementos que permitan una correcta conclusión, por ende, la improcedencia de la suspensión de oficio y de plano. Robustece lo anterior, la tesis I.7o.A.24 K sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo." [Énfasis añadido]. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de Romel Emilio Rivas Bojórquez el Centro de Reinserción Social Tijuana; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se le realicen personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Prevención. Asimismo, se advierte que Romel Emilio Rivas Bojórquez no cuenta con un defensor que lo patrocine en el presente juicio; en consecuencia, se previene al quejoso para que dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, o bien, al momento de la diligencia, nombre un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./J.43/2019 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Solicitud de copias. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a favor de la parte quejosa copia del presente proveído, el cual le será entregado por conducto del actuario de la adscripción al momento de su notificación, previa constancia que por su recibo obre en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese en términos de ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano