Romana García Miranda
Expediente 1629/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Romana García Miranda
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, se ordena formar electrónicamente el incidente de suspensión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo al juicio de amparo 1629/2023, promovido por Romana García Miranda, en su calidad de victima indirecta de la desaparición de sus familiares, así como Integrante del Colectivo Regresando a Casa Morelos, por la que solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad, y únicamente se ordena formar el cuaderno físico para glosar las constancias que sean presentadas de esa forma. Lo anterior, con fundamento en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Requerimiento del informe previo Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable, el informe previo, el cual deberá rendir en un solo tanto, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142, de la Ley de Amparo. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe previo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se informa a la autoridad que en el informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De la audiencia incidental: Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con cuatro minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: Asentado lo anterior, se procede verificar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada, a partir del acto que se precisa a continuación: Autoridad responsable Acto reclamado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos El nombramiento de ******************** como nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Titular de la Secretaría de Gobernación La omisión de hacer consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. La omisión de hacer Público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre el perfil elegido. En ese contexto, a fin de analizar la procedencia del otorgamiento de la medida solicitada, es menester destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: El perjuicio del interés social. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Decisión: Bajo tal orden de ideas se niega la suspensión provisional, en contra del nombramiento de ********************, como nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque el mismo se refiere a actos declarativos. Así, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado, a efecto de establecer si es susceptible de paralización por ser positivo, presente, futuro, inminente, negativo o declarativo con efectos positivos, entre otros; o no apto para suspenderse por ser negativo o declarativo simple, entre otros, y como se observa el nombramiento combatido no tiene efectos ejecutivos, pues sólo dio a conocer la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se invoca por su contenido la tesis IV.3o.A.9 K, con registro digital 181238, que establece: "ACTOS DECLARATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. No procede conceder la suspensión contra el acto reclamado en el juicio de amparo, si éste reviste el carácter de positivo con efectos meramente declarativos, sin actos de ejecución atribuibles a la autoridad que los emitió, como en el caso de que la responsable al dar contestación a una petición se constriña a informar al particular la instancia a que debe acudir para realizar la gestión que requiere, pues en ese supuesto las consecuencias de tal acto se reflejarán en la conducta que a posteriori despliegue el particular al acudir o no ante la instancia que se le informó es competente para decidir sobre su solicitud, pero éstas de ninguna forma serían imputables a la autoridad que emitió el acto reclamado". Por otra parte en relación a los actos consistentes en: La omisión de hacer consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. La omisión de hacer Público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre el perfil elegido. A criterio del suscrito, debe negarse la medida cautelar solicitada respecto de los actos reclamados señalados con anterioridad, en atención a que los mismos son de naturaleza omisiva, respecto de los cuales la medida suspensiva resulta improcedente. Considerar lo contrario, es decir, de conceder la suspensión solicitada, se podría dejar sin materia este asunto, aunado a que dotaría de efectos restitutorios que son propios de la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de amparo, en términos del diverso precepto 77 de la legislación en cita, pues implicaría darle un alcance indebido, al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la suspensión, cuestión que solo puede ser propia del fondo del asunto, todo lo cual opera, incluso, por similitud de consideraciones jurídicas, tratándose de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito cuyo rubro y texto enseguida se transcriben: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por último, sirve de apoyo la tesis I.6o.T.3 K (10a.), sustentada por Sexto Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, cuyo rubro y texto cita: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Notifíquese Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por Romana García Miranda, en su calidad de victima indirecta de la desaparición de sus familiares, así como Integrante del Colectivo Regresando a Casa Morelos, contra actos de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos El nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Titular de la Secretaría de Gobernación La omisión de hacer consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. La omisión de hacer Público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre el perfil elegido. Del incidente de suspensión Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento a las autoridades responsables de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que las autoridades responsables podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De la audiencia constitucional Se señalan las diez horas con tres minutos del quince de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. Reserva de emplazar al tercero Se reserva acordar lo relativo al emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obren los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas que ofrece, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Domicilio procesal y autorizados Para el caso en que el usuario proporcionado no se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo Se autorizan para oír y recibir notificaciones, a las personas que propone para dichos efectos. Se tiene por autorizadas a las personas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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