Román Stanislaw Kociankowski Sopora
Expediente 852/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Román Stanislaw Kociankowski Sopora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dictado por este órgano jurisdiccional, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por --------------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Por lo acordado en los párrafos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; en tanto el original del incidente de suspensión, es DEPURABLE, al haberse concedido la suspensión provisional y la definitiva, por tanto, se deben dejar únicamente la demanda y determinación en la que fue concedida la suspensión, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. En tanto que, el duplicado del incidente de suspensión es destruible, en términos del acuerdo general previamente transcrito. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las copias certificadas del expediente J.2/761/2012, que remitió la Presidente en representación de la Junta Especial Número Dos de la Loca de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, en tres tomos, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibiendo a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que las multas a que se hace referencia en el presente acuerdo, están fundamentadas en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 852/2020-VI, promovido por ----------------, por propio derecho, contra los actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido hasta el doce de noviembre de dos mil veinte, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, ----------------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las siguientes autoridades y actos: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. EL ACTUARIO NOTIFICADOR adscrito a LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO IV.- ACTO RECLAMADO.- El supuesto citatorio previo de fecha 10 de Julio de 2013 a las 15:05 horas. El supuesto Citatorio de notificación y emplazamiento a juicio de fecha 11 de Julio de 2013 a las 15:00 horas. La supuesta Cédula de Notificación de fecha 11 de Julio de 2013, a las 15:00 horas. La supuesta notificación de fecha 14 de noviembre de 2013 a las 13:00 horas. Como consecuencia de lo anterior, como resultado del ilegal, ficticio y doloso emplazamiento, el Laudo de fecha 18 de Agosto de 2015, así como todas y cada una de las constancias procesales emitidas con posterioridad al auto de radicación de la demanda, dentro del expediente número J.2/761/2012, [.]." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa estimó que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil vente, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, por lo cual se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que los actos reclamados tuvieron ejecución material en el municipio de Naucalpan de Juárez, lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda de amparo y de las demás constancias del expediente,9 se precisa que los actos que la parte quejosa reclama son los siguientes:10 1. El citatorio de veintinueve de mayo de dos mil trece y emplazamiento practicado el treinta de mayo de dos mil trece, dentro del juicio laboral J.2/761/2012, por el Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. 2. El citatorio de diez de julio de dos mil trece y la notificación de once de julio siguiente, practicados dentro del juicio laboral J.2/761/2012, por el Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. 3. Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado dentro del juicio laboral J.2/761/2012, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, incluyendo diversas notificaciones y el laudo dictado el dieciocho de agosto de dos mil quince. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son CIERTOS los actos reclamados, ya que al rendir su informe justificado, la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, en representación de ambas autoridades responsables, responsables aceptó su existencia. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas de las constancias del juicio laboral J.2/761/2012, remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2, segundo párrafo, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones.11 9 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 10 Tesis: II.3o.A.23 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Página: 1554, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso." 11 Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Quinta Época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio de fondo del asunto debe verificarse si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que opere de oficio o que la hagan valer las partes. Dicho artículo establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El tercero interesado ----------------, mediante escrito recibido en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, alegó que los actos reclamados no le causan ningún perjuicio al quejoso, ya que en la demanda inicial del juicio laboral de origen se señaló con el carácter de demandado a "----------------" siendo una persona distinta del aquí quejoso, por lo refiere que éste no fue demandado ni condenado en el juicio natural. En esencia, le asiste la razón al tercero interesado en tanto que el quejoso no sufre afectación alguna con motivo de los actos reclamados, por lo tanto en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, ya que, como se explicará a continuación, el quejoso no justificó tener algún interés jurídico para reclamar los actos precisados en el considerando segundo. Los referidos preceptos legales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "Artículo 5°. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" La anterior transcripción permite observar que para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o laborales, es requisito indispensable que la parte quejosa tenga un interés jurídico que se vea afectado por el acto de autoridad reclamado en la demanda de amparo. Así, de acuerdo con el numeral 5, fracción I, de la ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado sólo a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera personal y directa. En esos términos, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces se considera que éste no tiene legitimación para instaurar el juicio constitucional. Por otra parte, el interés para acudir al amparo requiere un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.12 En esa línea, la ley establece que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente, cuando promueve demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o que produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. 12 Tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 50/2014, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). Dicho de otro modo, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés que le asiste en el juicio de amparo, el cual no puede inferirse con base en presunciones.13 Consecuentemente, el juzgador debe inevitablemente constatar que ésta demuestre fehacientemente que los actos reclamados resulten susceptibles de perjudicarla de alguna manera, sin que las simples manifestaciones formuladas en la demanda de amparo resulten suficientes para satisfacer dicho requisito. Tampoco es suficiente la existencia de los actos reclamados; ya que suele acontecer que éstos no produzcan afectación alguna a los derechos de los gobernados, por lo que a pesar de haberse constatado el acto, de cualquier manera no habría ningún agravio o violación a derechos fundamentales que reparar mediante el juicio de amparo. Ahora, en el presente caso el quejoso no acredita haber sufrido afectación alguna con los citatorios ni con las diligencias de notificación y emplazamiento reclamadas, es decir que ninguno de sus derechos se vio con motivo de dichos actos. Tampoco acreditó ser parte en el juicio de origen, por lo tanto en atención al principio de relatividad de los laudos, los demás actos efectuados en el juicio laboral J.2/761/2012, del índice de la autoridad responsable, no son susceptibles de generarle una afectación como tercero extraño por equiparación. Se concluye lo anterior, porque el quejoso, ----------------, no exhibió alguna prueba para acreditar: (i) que los citatorios reclamados se encontraran dirigidos a su persona, (ii) que él hubiera sido objeto de emplazamiento ya fuera en la diligencia de treinta de mayo o en la de once de julio de dos mil trece; (iii) que fuera parte demandada en el juicio laboral J.2/761/2012, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco; o (iv) que alguno de sus bienes o derechos pudiera verse afectado con motivo de la tramitación de dicho procedimiento. Por el contrario, como lo refiere el tercero interesado, de las constancias de autos se advierte que todos los actos reclamados se encuentran dirigidos a una diversa persona "----------------", quien es uno de los demandados en el juicio natural, como se desprende de la demanda inicial y del laudo de dieciocho de agosto de dos mil quince, dentro del juicio laboral J.2/761/2012. En esos términos, a pesar de la similitud fonética de los nombres -------------------------------- y ----------------; en esta instancia constitucional no existe prueba alguna que pudiera llevar a la conclusión de que se trata de la misma persona, ya que ambos apellidos son diferentes y el quejoso tiene un segundo nombre, tal como se acredita con la copia de su credencial de elector, que se encuentra anexa a la demanda de amparo. Tampoco es suficiente que en su escrito inicial de demanda el quejoso haya manifestado: "Bajo protesta de decir [.] tuve conocimiento del juicio laboral del que emanan los actos reclamados [.] al haber concurrido de manera personal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México el pasado 03 de Noviembre de 2020, a revisar un expediente radicado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, cuando saliendo APROXIMADAMENTE A LAS 12:00 HORAS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 y al pretender salir del inmueble, se aproximó ante mí un sujeto del cual no recuerdo su nombre quien se ostentó como actuario judicial [.] junto con otra persona, preguntando si mi nombre es "------------------------------------------------", a lo cual contesté que no que era "---------------- [SIC] SOPORA", manifestándome que para él era el mismo nombre y que había un procedimiento entablado en mi contra, y que antes del embargo querían que lo arreglara, dándome los datos del juicio. [.]" Pues, además de que no existe alguna prueba que acredite lo anterior, de las constancias que obran en autos no se advierte que en ningún momento las autoridades responsables hayan determinado que el demandado en el juicio natural pudiere llamarse ---------------- "o" ----------------, ni que la parte demandada o la propia junta responsable hayan hecho una aclaración o rectificación del nombre de la persona demandada; por lo tanto, no puede afirmarse que el quejoso sea parte del juicio natural, ni que el laudo en el que se condenó a ---------------- a reinstalar al actor y al pago de salaros devengados, sea susceptible de perjudicar al aquí quejoso, quien no fue parte en el juicio natural. 13 Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 51/2019, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Tampoco se encuentra acreditado que alguna de las diligencias que reclama o un acto diverso dentro del procedimiento laboral, hubieran derivado en un acto de molestia en contra de su persona o posesiones; ni que las autoridades responsables hayan tratado de ejecutar el laudo con bienes propiedad del aquí quejoso. Lo cual refleja que el aquí quejoso no ha sido objeto de algún acto de autoridad por parte de las responsables; y, por el contrario, el motivo que tuvo para acudir al juicio de amparo, fue que una persona que supuestamente se ostentó como actuario de la Junta responsable le dijo que había un juicio en su contra y que lo arreglara antes del embargo. En esos términos, como se explicó, el aquí quejoso --------------------------------, no figura como parte demandada en el juicio natural, tampoco hay prueba alguna de que los citatorios de veintinueve de mayo y diez de julio de dos mil trece, hubieran sido dirigido a su persona, tampoco existe evidencia de que con el emplazamiento de ----------------, o con la tramitación del juicio laboral J.2/761/2012 se haya afectado o se pueda afectar la esfera jurídica del aquí quejoso de alguna manera, lo cual resultaba indispensable para la acreditación de la afectación al derecho que pretende defender en este juicio.14 Por lo anterior, en vista de que el quejoso no acreditó sufrir alguna afectación con motivo de los actos reclamados, es menester concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el artículo 5 de la Ley de Amparo y, por ende, con fundamento en la fracción V del artículo 63, de la ley en cita, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su escrito de demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo.15 Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ----------------, contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO y por las razones sostenidas en el considerando CUARTO de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 2116 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 852/2020-VI, promovido por ---------, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe, sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran: Copia simple de la demanda de amparo suscrita por Román Stanislaw Kociankowski Sopora, por propio derecho. Auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por el que se formó por duplicado y separado la presente incidencia y se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados. Constancias de notificación. Asimismo, da cuenta con el oficio registrado con el folio 10575, por el cual rinde informe previo la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, así como del Actuario Notificador adscrito a la misma. Acto seguido el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendido el informe previo rendido por las autoridades responsable, el cual se deberá tomar en consideración al momento de dictar la presente sentencia. Abierto el periodo de pruebas: El secretario hace constar que la parte quejosa ofertó prueba documental. Acto seguido el Juez acuerda: Por ofrecida la prueba documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, y sin más pruebas por acordar se culmina con la fase probatoria. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Acto seguido el Juez acuerda: Sin alegatos por acordar, se tiene por precluido ese derecho de las partes y se cierra la presente etapa. En los términos precedentes se tienen por desahogadas las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos de la audiencia incidental, por lo que se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la resolución que en derecho proceda, con la que concluirá dicha audiencia. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 852/2020-VI, promovido por ------------, por propio derecho, contra actos y autoridades precisados en la copia de la demanda con que se formó este cuaderno los cuales en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado el doce del referido mes y año a este Juzgado Décimo de Distrito, ---------, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este juzgado federal ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables informes previos y fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107, Constitucionales; 1, 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 140 y 144, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 artículo primero fracción II, segundo fracción II y cuarto fracción II, emitido por el Pleno del consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa, tienen ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, procede hacer la fijación del acto que por esta vía se reclama, esto es: La falta de notificación y/o emplazamiento al juicio laboral J.2/761/2012, por consecuencia todo lo actuado, así como el laudo dictado en dicho asunto y su ejecución. TERCERO. La autoridad responsable Presidente en representación de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Actuario Notificador adscrito a la misma, aceptó la existencia del acto reclamado. Atento a lo anterior, se procede al estudio de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en los siguientes términos: Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. De igual forma, en el presente apartado, resulta necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, estableció que la apariencia del buen, es el consentimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. También el pleno estimó: 1. Que para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, 2. Que tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. b) Que exista la solicitud del quejoso; y, Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Fijado el acto reclamado en considerando en específico, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, siendo por su orden: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Los actos reclamados, son de naturaleza positiva y de inminente ejecución, pues implica una conducta activa por parte de las autoridades responsables. Por lo tanto, de acuerdo a sus características sí son susceptibles de suspenderse, puesto que no agotan todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138 de la Ley de Amparo; se estima que existen elementos suficientes que evidencian con cierto grado de certeza que la parte quejosa puede resentir una afectación en sus derechos, derivado de la ejecución de un laudo dictado en un procedimiento laboral en el que dice no fue emplazado. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, el quejoso no fue llamado a juicio y por tanto, no estuvo en aptitud de ejercer su derecho de defensa. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público", Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, este requisito se estima cumplido, dado que al tratarse de un asunto en el que se afecta el patrimonio de la parte quejosa, con la suspensión de la ejecución no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la sola concesión de la medida no genera impunidad ni evita que se lleve a cabo el cumplimiento del laudo emitido en juicio laboral. De esta manera, antes de entrar al estudio de la medida suspensional que se solicita se debe hacer notar el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a./J. 12/95, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, página doscientos noventa y uno, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES." Ese criterio debe aplicarse cuando se impugna una resolución laboral, como en el caso a estudio acontece, cuenta habida que, con el incremento en el número de Juzgados de Distrito en esta ciudad, se estima que el tiempo que duraría la tramitación del juicio no será de seis, si no de tres meses. Lo anterior es así, porque el trabajador, ya tiene derecho a que se le haga entrega del pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta responsable consideró procedente su acción, y mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador en los términos del citado precepto 174 de la Ley Laboral; con base en la Tesis Jurisprudencial que aparece con el número 13/90 en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa, Primera Parte, página doscientos cuarenta y nueve, rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO." CUARTO. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, respecto de la ejecución del laudo emitido por la responsable, hasta por la cantidad que resulte de multiplicar tres meses por el equivalente a la unidad diaria de medida y actualización, que a la fecha es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), lo cual da como resultado $7,819.20 (siete mil ochocientos diecinueve pesos 20/100 Moneda Nacional); lo anterior, en razón que dada la condición de trabajador que tiene la parte actora a quien resultó favorable el laudo reclamado dictado en el asunto de donde deriva el reclamo, subsista mientras se resuelve el presente juicio de amparo, lo cual tiene su fundamento en el precepto 174 de la Ley de Amparo aplicado de manera analógica. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis número 48/98, entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dio origen a la jurisprudencia que se identifica con el número 2ª./J. 40/2000, que se encuentra publicada en la página doscientos sesenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LIQUIDA O DE FACIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRON. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO." De lo anterior, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se trae como hecho notario a este asunto, la suspensión definitiva dictada en los autos del diverso juicio de amparo 1083/2019-III, del índice de este órgano jurisdiccional, de la cual se advierte que el aquí promovente con el nombre que refiere fue emplazado al asunto de origen, tiene el carácter de patrón, de ahí la directriz del presente. QUINTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 128, fracciones I y II de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa respecto de la diferencia que dé como resultado de la cantidad a que se condenó en el laudo emitido en el juicio de donde derivan los actos reclamados, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión. III. Requisito para que continúe surtiendo efectos la suspensión. La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia este proveído, sin embargo, para que continúen los efectos de la medida cautelar otorgada el incidentista deberá, cumplir con una garantía que enseguida se establece: Garantía Al momento en que se dicta la presente determinación este Juzgado Federal, no cuenta con datos suficientes para determinar la misma, en virtud de que no se tienen datos precisos sobre el laudo; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que existe una persona que podría resentir algún perjuicio con motivo del otorgamiento de la suspensión otorgada; por lo tanto, la medida suspensional surte efectos desde luego, como lo disponen los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe, a satisfacción de este juzgado, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta resolución, garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los probables daños y perjuicios de difícil reparación que pudieran ocasionarles al tercero interesado con motivo del otorgamiento de la medida cautelar, garantía que se fija de manera discrecional. Es de aplicarse a lo anterior la tesis Jurisprudencial publicada a foja ochocientos doce, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, parte III, Segunda Parte-2, enero de 1989, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. PUEDE SER DISCRECIONALMENTE FIJADO." Se hace saber a la parte quejosa que la garantía fijada podrá ser presentada en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el supuesto de que la parte quejosa pretenda exhibir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores, de conformidad al artículo 877, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, los mismos se recibirán en el órgano jurisdiccional únicamente mediante billete de depósito certificado u otro instrumento análogo. Cabe precisar que para el caso de presentar billete de depósito el mismo deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el rubro atinente a concepto deberá precisarse que es para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de la suspensión definitiva concedida dentro del incidente derivado del juicio de amparo 852/2020-VI, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. En caso de que se exhiba póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 5, tercer párrafo, fracción V, de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 282 del citado ordenamiento. La garantía decretada deberá ser cumplida, con el apercibimiento que de no hacerlo los efectos de la suspensión perderán su eficacia y, en consecuencia, se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado con apoyo, además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por -------, por propio derecho, en términos del considerando CUARTO de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por -------------, por propio derecho, en términos del considerando QUINTO de esta resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual la Presidente en representación de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y Actuario adscrito a la misma, rinde informe justificado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de mérito y dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de su contenido, asimismo, otórguese nueva cuenta con dicho informe en la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que adjunta la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, las cuales dada su voluminosidad se ordena la apertura de tres anexos de pruebas, para un mejor manejo de las mismas. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, (PUBLICACIÓN DE CITATORIO).- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN EL CUAL SE ACORDO:Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Previo a acordar lo conducente a la demanda de amparo de cuenta, se advierte que ésta fue presentada por ------------, por propio derecho, así como por conducto de quien refiere ser su apoderada legal ------------, sin embargo, esta última no corresponda con quien firma la demanda, a saber, ---------, aunado a que no exhibe documento alguno para acreditar su personalidad, no obstante ello, a fin de no dilatar el procedimiento, se tiene únicamente presentando la demande de amparo al primero en cita, por propio derecho, quedando expedito su derecho para autorizar en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere, a efecto de que promueva en su nombre. Así las cosas, vista la demanda de amparo, promovida por Román Stanislaw Kociankowski Sopora por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracción VII, Constitucionales 1º, fracción I, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITE a trámite en sus términos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, y 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a secretarios y demás personal para formar cuaderno impreso y electrónico, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 852/2020-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Ley de Amparo, pídase su respectivo informe justificado a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copia certificada, legible y completa, de las constancias que sirvieron de base para emitirlo, pues serán necesarias para la resolución del asunto; ello, con la debida anticipación que permita su conocimiento a las partes, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; asimismo deberán de proporcionar su correo oficial para la celeridad del presente juicio de amparo. Requiérase a las autoridades responsables para que en el momento de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien ocurran otras causas notorias de sobreseimiento deberá manifestarlo a este Juzgado Federal. Asimismo, en atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se informa a las responsables que únicamente se les notificará mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. Hágase del conocimiento de las partes que se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia constitucional, fecha y hora disponible en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente de manera virtual en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien se remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 53870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Para el caso de que la voluminosidad de las constancias que se deseen presentar no permita su digitalización se pueden presentar vía ordinaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. --------Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle -----------------------, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por encontrarse dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado federal ejerce competencia.----------- Ténganse por autorizadas a las personas que se señalan en la demanda de amparo, para oír y recibir notificaciones, así como documentos y valores, por así haber sido solicitado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a: -----------, con domicilio ubicado en: ............., Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Así las cosas, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción, para que se constituya en dicho domicilio, y con copia de la demanda de amparo, así como del presente auto, lo emplace al presente asunto, haciéndole de su conocimiento el inicio del sumario constitucional y el derecho que tiene de apersonarse al mismo, alegar u ofrecer pruebas, si a sus intereses conviniere. Asimismo, deberá requerirlo para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los Municipios que conforman parte de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia, apercibiéndolo, que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al fedatario federal para que realice la encomienda aún en días y horas inhábiles. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto, se emita o actualice la normatividad respectiva. Así también, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, se ordena la apertura por separado y duplicado el incidente de suspensión. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como al tercero interesado, y a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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