Román Sauza Pérez

Expediente 1406/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1406/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Román Sauza Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de diez septiembre de dos mil veintiuno, en el que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite el informe justificado rendido por el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo informe justificado en representación del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido de las aludidas constancias, se evidencia una causal indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora bien, en atención a lo anterior, este juzgador decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en atención a las consideraciones que a continuación se precisarán. Cabe destacar, que la parte quejosa reclama del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en esta vía constitucional, lo siguiente: "[.] LA FALTA DE PROVEIDO de la promoción presentada a las 11:25 horas del día 13 de mayo del año 2021, en el expediente laboral 2423/2010-B, del TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO - Ahora bien, de las documentales que la responsable adjuntó al informe con justificación, en lo que interesa la copia certificada del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que proveyó el escrito presentado por la parte aquí quejosa, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del expediente 896/2011-C1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, como se precisó, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de proveer respecto del escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno, mismo que con fecha veinticuatro de agosto de la presente anualidad, la autoridad responsable se pronunció respecto del citado escrito presentado en los autos del expediente 896/2011-C1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que con aquello se constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las condiciones apuntadas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la citada legislación, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. No es obstáculo a la anterior determinación que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación a la quejosa respecto del acuerdo; sin embargo, la parte quejosa tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el presente proveído y correrle traslado con el oficio de cuenta y anexo de cuenta Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/99, localizable en la página 469, Tomo IX, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Así como la tesis 2a./J.44/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 373, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". Toda vez que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abandonar el criterio referido en la jurisprudencia 45/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, los alcances por los que se pudiera otorgar la protección constitucional deberán de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala, visible en la página 732, registro 2005150, Materia(s): Común, Décima Época, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, a saber, las diez horas con quince minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda, los oficios que suscriben el Subdirector del Área de Administración y Finanzas, Director General y Titular del Área de Capital Humano, todos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 208 fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a dichas autoridades rindiendo su informe respecto al incidente de exceso o defecto de la suspensión concedida, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia de incidente de exceso o defecto de la suspensión . Con lo anterior dese vista a las partes, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Presidente De La Junta Especial Número Diecisiete De La Federal De Conciliación Y Arbitraje, mediante el cual informa respecto de las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada del auto de cuatro de agosto del año en curso, dictada en el juicio burocrático 2601/2019; al respecto, agréguese a los autos el oficio de cuenta y téngasele en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, requiérase a La Junta Especial Número Diecisiete De La Federal De Conciliación Y Arbitraje, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria, en el entendido de que la concesión del mismo fue Bajo apercibimiento de ley cumpla con lo requerido

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