Román Santiago Ojeda Ruiz

Expediente 1151/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1151/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Román Santiago Ojeda Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I y 98 de la Ley de Amparo se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada, se declara que éste ha causado estado, para los efectos legales procedente; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase a la parte quejosa para que en un plazo de noventa días naturales contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábiles a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que a partir del uno de octubre del año en curso, el titular de este órgano jurisdiccional es el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.104/2010, visible en la página 312, tomo XXXII, julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Visto; el oficio y anexos remitidos por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite el juicio de amparo 1128/2018-lll, promovido por Román Santiago Ojeda Ruíz, contra actos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; por considerar que este Juzgado de Distrito debe conocer del presente asunto por conocimiento previo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y gírese el oficio compensatorio a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y se asume el conocimiento; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 5-B-1151/2018. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, tomando en consideración que el Juzgado de Distrito oficiante no se pronunció con relación a la admisión de la demanda; en tal virtud, a efecto de proveer al respecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, este juzgado advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "IV. Acto Reclamado: Oficio N° SH/SUBI/1329/2018 de fecha 16 agosto de 2018, ejecutada por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas." Luego, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado expresa en lo que interesa: "Con fecha 22 de agosto de 2018, el C Juan Carlos Toledo Castillejos, notificador - ejecutor adscrito a la Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, se constituyó, mi domicilio para notificarme el oficio N° SH/SUBI/1329/D1/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, con el cual pretendió hacer de mi conocimiento que con la información contenida en el señalo oficio, da cumplimiento al Resolutivo Segundo de la Sentencia Amparo, emitida con fecha 30 de julio del 2018, del expediente N° 1-B-647/2018." [Énfasis añadido]. Manifestaciones las anteriores, de las cuales se advierte que el acto reclamado en el presente asunto es el oficio SH/SUBI/1329/2018, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, signado por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 647/2018, del índice este juzgado. En ese contexto, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De lo transcrito se obtiene que, contra las determinaciones emitidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, no procede el juicio constitucional, lo cual protege la estabilidad y seguridad jurídica, pues de no ser así se propiciaría una cadena interminable de juicios de garantías, que solamente obstaculizarían la impartición de justicia. Es decir, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número II.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1235, tomo X, Octubre de 1999, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Es por ello que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio tratándose de actos derivados del cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio de amparo, se debe distinguir si el acto reclamado es un acto vinculatorio a cuya realización se vio constreñida la autoridad responsable, sin margen alguno dentro del cual emitirlo, o si es un acto que contiene decisiones libres que realizó en uso de su arbitrio por contar con libertad de decisión al respecto, ya que sólo estos últimos son susceptibles de combatirse nuevamente a través del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 539, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 171753, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Ahora, para evidenciar la causa de improcedencia en estudio, este juzgador considera necesario tomar en consideración la copia certificada del juicio de amparo indirecto 647/2018, del índice de este Juzgado de Distrito, de la que se advierte la resolución constitucional de treinta de julio de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto siguiente: "El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, emita una respuesta por escrito, fundada y motivada, de manera congruente y exhaustiva con lo solicitado por la quejosa mediante escrito de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, únicamente en lo que respecta a lo siguiente: De resultar la autoridad competente para tal efecto le informe si se ha iniciado un procedimiento en su contra, así como el estatus legal del mismo. Así mismo, deberá notificar a la quejosa el contenido de la respuesta que recaiga a su petición, de acuerdo a la legislación aplicable." Lo anterior, se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y se glosa copia certificada a este expediente, pues tales constancias guardan relación directa e inmediata con una causa de improcedencia que se considera actualizada en el presente juicio de amparo, por tanto, debe ser analizada de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, Enero de 1997, tesis XXII. J/12, página 295, del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN" En cumplimiento a la ejecutoria de amparo citada se dictó el acto reclamado en esta vía constitucional. Por tanto, es evidente que la actuación de la autoridad responsable al emitir el oficio reclamado, quedó vinculada en su totalidad a la ejecutoria de referencia, pues no se le dejó en libertad de decisión al respecto sino que se le ordenó emitir una respuesta al quejoso en los términos señalados en la ejecutoria de mérito, acatando actividades precisas que le fueron indicadas. En esas circunstancias, toda vez que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento estricto a una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, es incuestionable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Como lo solicita la parte quejosa se autoriza el uso de medios electrónicos para obtener reproducción simple de las constancias de autos, dejando la constancia respectiva en autos, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Se autoriza al secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente.

  3. Principal

    con esta fecha notifico por lista a la parte quejosa el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho que en lo conducente dice: Visto; el oficio y anexos remitidos por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite el juicio de amparo 1128/2018-lll, promovido por Román Santiago Ojeda Ruíz, contra actos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; por considerar que este Juzgado de Distrito debe conocer del presente asunto por conocimiento previo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y gírese el oficio compensatorio a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y se asume el conocimiento; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 5-B-1151/2018. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, tomando en consideración que el Juzgado de Distrito oficiante no se pronunció con relación a la admisión de la demanda; en tal virtud, a efecto de proveer al respecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, este juzgado advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "IV. Acto Reclamado: Oficio N° SH/SUBI/1329/2018 de fecha 16 agosto de 2018, ejecutada por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas." Luego, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado expresa en lo que interesa: "Con fecha 22 de agosto de 2018, el C Juan Carlos Toledo Castillejos, notificador - ejecutor adscrito a la Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, se constituyó, mi domicilio para notificarme el oficio N° SH/SUBI/1329/D1/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, con el cual pretendió hacer de mi conocimiento que con la información contenida en el señalo oficio, da cumplimiento al Resolutivo Segundo de la Sentencia Amparo, emitida con fecha 30 de julio del 2018, del expediente N° 1-B-647/2018." [Énfasis añadido]. Manifestaciones las anteriores, de las cuales se advierte que el acto reclamado en el presente asunto es el oficio SH/SUBI/1329/2018, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, signado por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 647/2018, del índice este juzgado. En ese contexto, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De lo transcrito se obtiene que, contra las determinaciones emitidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, no procede el juicio constitucional, lo cual protege la estabilidad y seguridad jurídica, pues de no ser así se propiciaría una cadena interminable de juicios de garantías, que solamente obstaculizarían la impartición de justicia. Es decir, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número II.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1235, tomo X, Octubre de 1999, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Es por ello que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio tratándose de actos derivados del cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio de amparo, se debe distinguir si el acto reclamado es un acto vinculatorio a cuya realización se vio constreñida la autoridad responsable, sin margen alguno dentro del cual emitirlo, o si es un acto que contiene decisiones libres que realizó en uso de su arbitrio por contar con libertad de decisión al respecto, ya que sólo estos últimos son susceptibles de combatirse nuevamente a través del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 539, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 171753, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Ahora, para evidenciar la causa de improcedencia en estudio, este juzgador considera necesario tomar en consideración la copia certificada del juicio de amparo indirecto 647/2018, del índice de este Juzgado de Distrito, de la que se advierte la resolución constitucional de treinta de julio de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto siguiente: "El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, emita una respuesta por escrito, fundada y motivada, de manera congruente y exhaustiva con lo solicitado por la quejosa mediante escrito de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, únicamente en lo que respecta a lo siguiente: De resultar la autoridad competente para tal efecto le informe si se ha iniciado un procedimiento en su contra, así como el estatus legal del mismo. Así mismo, deberá notificar a la quejosa el contenido de la respuesta que recaiga a su petición, de acuerdo a la legislación aplicable." Lo anterior, se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y se glosa copia certificada a este expediente, pues tales constancias guardan relación directa e inmediata con una causa de improcedencia que se considera actualizada en el presente juicio de amparo, por tanto, debe ser analizada de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, Enero de 1997, tesis XXII. J/12, página 295, del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN" En cumplimiento a la ejecutoria de amparo citada se dictó el acto reclamado en esta vía constitucional. Por tanto, es evidente que la actuación de la autoridad responsable al emitir el oficio reclamado, quedó vinculada en su totalidad a la ejecutoria de referencia, pues no se le dejó en libertad de decisión al respecto sino que se le ordenó emitir una respuesta al quejoso en los términos señalados en la ejecutoria de mérito, acatando actividades precisas que le fueron indicadas. En esas circunstancias, toda vez que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento estricto a una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, es incuestionable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Como lo solicita la parte quejosa se autoriza el uso de medios electrónicos para obtener reproducción simple de las constancias de autos, dejando la constancia respectiva en autos, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Se autoriza al secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente

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