Román Rojas Hernández
Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Román Rojas Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído de quince de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Sin que pase desapercibido que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión; no obstante, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio, la resolución no les irroga perjuicio alguno, de conformidad con el diverso 87 del mismo ordenamiento. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años, puesto que se dictó un proveído en la que se sobreseyó en el cuaderno principal.
- Principal
Agréguese el escrito con firma electrónica de **************, autorizada en términos amplios del quejoso ************, a través del cual alude una causa de improcedencia en el presente juicio de amparo. Atento a ello, dígasele que el quince de julio pasado se tuvo noticia de la citada causal, por lo que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto.
- Principal
Informe justificado. Visto el informe justificado que rinde el titular de la Coordinación Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, a través del cual acepta el acto que se le reclama, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Pruebas. Se tiene a la citada autoridad ofreciendo como pruebas las documentales que adjunta a su oficio de cuenta; de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahogan desde este momento dada su naturaleza y serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Correo electrónico y número telefónico. Se toma nota del correo electrónico y teléfono que proporciona la autoridad responsable, como medios para establecer comunicación no procesal en caso necesario. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a los profesionistas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Uso de medios electrónicos. También se le autoriza imponerse de los autos en el presente juicio, mediante el uso de aparatos o medios tecnológicos como cámaras fotográficas, grabadoras, lectores ópticos (escáner), o análogos. Precisión respecto de oficio de cuenta. Se destaca que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBIE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Estado de autos. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a la petición formulada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a través de la cual solicitó que le fuera otorgada una pensión por viudez, en virtud de ser cónyuge de la finada ***************, quien laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se desprende que por resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dio respuesta a la citada petición, y determinó otorgar al quejoso ***************** pensión por viudez con efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil veinte. Lo que notificó de manera personal al solicitante del amparo el veintinueve de junio del año en curso. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo las anteriores circunstancias, se actualiza de forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que han cesado los efectos de la conducta omisiva reclamada. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su sustanciación, se materialice un supuesto de improcedencia y que, conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deba ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Para explicar la causal de improcedencia citada, se precisa que conforme al artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de carácter negativo o que impliquen una omisión, el efecto y finalidad del juicio de amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y cumplir con lo que el mismo exija, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, es decir, como si no se hubiere afectado la esfera jurídica del particular, de manera que si el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho fundamental conculcado, al haber dejado de producir sus consecuencias legales. Sustenta esta razón la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el presente asunto, como se dijo, el acto reclamado es la omisión de dar respuesta a la petición formulada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a través de la cual el quejoso solicitó que le fuera otorgada una pensión por viudez, en virtud de ser cónyuge de la finada Teresita de Jesús Valle Luna, quien laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, se traen a contexto las documentales que exhibió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. De esas constancias se sigue que el veintidós de junio de dos mil veintidós, dio respuesta a la citada petición, y determinó otorgar al quejoso Román Rojas Hernández pensión por viudez con efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil veinte. Lo que fue notificado de manera personal al solicitante del amparo el veintinueve de junio del año en curso. Por tanto, las premisas normativas y fácticas apuntadas permiten concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada, de tal manera que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de la violación alegada por el quejoso, sin dejar huella alguna. Al satisfacerse los requisitos para la materialización de la hipótesis de improcedencia en estudio, resulta manifiesta e indudablemente improcedente el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Sin que en el caso sea procedente dar vista a la parte quejosa para que manifieste su deseo de ampliar la demanda de amparo contra la respuesta otorgada por la autoridad responsable, pues de no ser favorable a sus intereses, quedan a salvo sus derechos para acudir a la vía ordinaria laboral, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de registro digital 2011948 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, página 898, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Se deja sin efectos audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Agréguese el oficio del encargado de la Oficina de la Administración Postal Celaya, Guanajuato, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que solicitó a su homólogo en la Ciudad de México, el acuse de la pieza postal relativa al oficio 12743/2022. De lo que se toma nota y se está a la espera de que acate el requerimiento en su totalidad.
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