Roman Rodriguez Lopez

Expediente 946/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
946/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Roman Rodriguez Lopez
  • Secretaría de Bienestar Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el secretario adscrito al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite el testimonio de la resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial CCA 3/2021 de su índice, en donde resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Es legalmente competente el JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, para conocer del juicio de amparo promovido por ROMÁN RODRÍGUEZ LÓPEZ, contra actos atribuidos al Secretario de Bienestar y otras." Consecuentemente, previa anotación que se haga en el libro de gobierno, se ordena archivar el asunto como concluido, En la inteligencia de que en su oportunidad, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado electrónicamente por la actuaria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por el que comunica el contenido del acuerdo de tres de marzo del año en curso, a través del cual informa que se radicó el conflicto competencial **** suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de seis de noviembre de dos mil veinte, con el voto particular de la Magistrada ***** en el incidente en revisión R.I. 105/2020 de su índice. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020 y SECNO/30/2020, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina reservar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, no se da ninguno de los supuestos para que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Dicha determinación busca, no solo observar el contenido de las circulares y de los acuerdos administrativos que obligan a este Juzgador, sino también velar por el respeto de los derechos procesales de las partes, dado que en el periodo de suspensión de labores que existe en este momento, no pueden correr los plazos y términos que prevé la normatividad de la materia para la tramitación del juicio de amparo y, en consecuencia, no se puede integrar debidamente el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se desprende el escrito inicial de demanda presentado presuntamente, por ***, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Bienestar Federal y otras autoridades; sin embargo, de sus anexos, así como de la causa de pedir, se advierte que, acude a esta instancia constitucional a reclamar los actos que a continuación se mencionan: La afectación que se causa en su salud, como persona vulnerable -pues en la demanda se señala que el quejoso ha sido diagnosticado con discapacidad permanente consistente en -****-, al no brindársele el apoyo económico que deriva del Programa de Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Que el promovente tiene su domicilio ubicado en *** Derivado de lo anterior, este órgano de control constitucional determina carecer de competencia legal por territorio para conocer del asunto en que se actúa, tal como se expone a continuación. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO En ese sentido, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, los referentes a la competencia por territorio. COMPETENCIA POR TERRITORIO La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Al efecto, debe tenerse presente el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece las tres reglas siguientes para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: - Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; - Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el supuesto de que el acto reclamado sea susceptible de ejecución, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." De lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador consideró dos criterios principales para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: un criterio primario y otro subsidiario. El criterio primario tiene que ver con la ejecución del acto reclamado. El criterio subsidiario guarda relación con el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto reclamado, y sólo se surte cuando éste no requiera ejecución material. Por consiguiente, a fin de establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa, en esencia, reclama: la afectación que se causa en su salud, como persona vulnerable -el quejoso aduce haber sido diagnosticado con discapacidad permanente consistente en ****-, al no brindársele el apoyo económico que deriva del Programa de Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Afectación a los derechos fundamentales a la salud y al bienestar social que claramente se actualizan en la demarcación territorial en la que se encuentra la parte quejosa -estado de Nuevo León -, pues es en dicho lugar en el que se ejecutan los actos reclamados. De manera que los actos reclamados por la parte quejosa sí tienen ejecución material y que ésta se da en el estado de Nuevo León, pues en atención a las manifestaciones de la parte quejosa, es donde se encuentra y en donde se ven afectados su salud y su bienestar por la falta de apoyo económico que presumiblemente se ha actualizado en su perjuicio. Aunado a lo anterior, el promovente señala como autoridades responsables, entre otros a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el estado de Nuevo León, por tanto, debe considerarse que es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde los actos reclamados tienen ejecución, lo que en el caso acontece en el estado de Nuevo León. En razón de lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL POR TERRITORIO, PARA CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE ESTE JUICIO DE AMPARO, declinando su conocimiento a favor del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIAN EN MONTERREY, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento al numeral 48, de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIAN EN MONTERREY, EN TURNO, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, acompañándole el original de la demanda de amparo, con sus anexos, tal como fueron presentados en este órgano de control constitucional con el objeto de informarle la presente resolución, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, se recibe el oficio remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa el estado de Nuevo León, con residencian en Monterrey, devuelve diligenciado el exhorto 82/2020 del índice de este juzgado federal. Acúsese recibo de estilo y dese de baja del libro de gobierno correspondiente. No pasa por inadvertido para este juzgador el hecho de que del exhorto de mérito se advierta que la actuaria judicial del juzgado exhortado asentó la imposibilidad que le asistió para que el quejoso *** ratificara la demanda de amparo presentada a su favor, pues una persona de sexo masculino quien manifestó llamarse *** y ser hermano del impetrante le informó que éste no sabe leer ni escribir y no habla debido a su problema de ****, así como que la demanda de amparo haya sido presentada de manera electrónica y sin firma; no obstante, en atención a la declaración legal de incompetencia formulada en párrafos que anteceden y tomando en consideración la naturaleza de los actos que se reclaman; es que se determinar no acordar, en este momento procesal, sobre dicha circunstancias. Notifíquese.

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