Román Reyna Jiménez
Expediente 820/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Román Reyna Jiménez
- Director del Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a Román Reyna Jiménez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por lo anterior, devuélvase al Juez de Control de la Región Siete, con sede en Huimanguillo, Tabasco, el DVD (disco digital versátil), que anexó a su informe justificado. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, por ende, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la constancia de cuenta suscrita por el actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente a la tercero interesada Audalia Sánchez Arena, representante del occiso Alfredo Montejo Gamas, la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en el presente asunto, en virtud de que la citada parte, no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones; en ese contexto, se le hace efectivo el apercibimiento efectuado en el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquese, a la prenombrada tercero interesada por lista de acuerdos de este juzgado la citada sentencia, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal. Notifíquese y cúmplase. SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 820/2020-7, promovido por Román Reyna Jiménez, por conducto de su defensor particular José Ángel Mérito Martínez contra actos del Juez de Control de la Región Siete, con sede en Huimanguillo, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Román Reyna Jiménez, por conducto de su defensor particular José Ángel Mérito Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 El auto de vinculación a proceso de fecha 17 de septiembre de 2020 dictado en contra de mi representado en la causa penal 72/2020 por los delitos de homicidio calificado en autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado en los artículos 110, 112, 70 y 71 robo de vehículo con violencia en autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado en los artículos 175, 177, 179 fracción V y robo a casa habitación con violencia en pandilla en autoría indeterminada previsto y sancionado en los artículos 175, 177, 179 fracción I, 70 y 71, todos del código Penal vigente en el Estado de Tabasco. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Siete, con sede en Huimanguillo, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el número de expediente 820/2020-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento del fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Huimanguillo, Tabasco (foja 29), y mediante diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se emplazó a la tercera Audalia Sánchez Arena, en representación del occiso Alfredo Montejo Gamas (foja 40). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 72/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Siete Centro de Villahermosa, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Juez de Control de la Región Siete con sede en el municipio de Huimanguillo, Tabasco (foja 18), pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, adjuntó copias certificadas de la causa penal 72/2020 y un disco versátil digital DVD que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia correspondiente, a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. En consecuencia, procede verificar el análisis de los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los que no se transcriben, por no ser necesario, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero "Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. No obstante, en los motivos de disenso, se plasman los siguientes argumentos: Que el auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, no reúne los requisitos del artículo 19 Constitucional en relación con los diversos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no surtirse los supuestos para su dictado. Lo anterior, porque en la continuación de la audiencia su defensor presentó como medios de prueba el testimonio del doctor Rolando Forjas Rodríguez, quien manifestó que el día veintidós de agosto de dos mil veinte, llegó a su clínica Román Reyna Jiménez, con un cuadro al parecer de pancreatitis que no se podía mover, pero que a falta de dinero se fue a su casa con el tratamiento asignado por el médico; y que regresó el día veintitrés de agosto de dos mil veinte, con dolores más fuertes y que no se podía parar, y que el médico le indicó que debía de estar internado, reconociendo el doctor a la persona que atendió como Román Reyna Jiménez; que dicho médico refirió que con los dolores que presentaba era imposible que una persona pudiera moverse, y que además llegó a la clínica con ayuda; lo cual refiere el quejoso que no fue tomado en consideración por el juez responsable al dictar el auto de vinculación. Que el juez de Control, tampoco tomó en consideración la testimonial de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, a cargo de la enfermera Melsa Ríos Reyes, quien manifestó en lo que interesa que el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, atendió al aquí quejoso Román Reyna Jiménez, en varios horarios, y que éste se encontraba canalizado en su brazo con un sello de heparina que dijo sirve para suministrar medicamento, y que la última atención fue aproximadamente a las veintiuna horas con quince minutos del veinticuatro de agosto del presente año, cuando llegó al domicilio del aquí quejoso, en donde suministro los medicamentos a Román Reyna Jiménez, y que se retiró de su domicilio entre diez y quince minutos antes de las veintitrés horas de ese día. Que tampoco se tomó en consideración los diversos datos de prueba consistentes en la documental consistente en el historial clínico expedido por el doctor Rolando Forjas Rodríguez, que se relaciona con el dicho del médico en su declaración; así como copia del historial del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se menciona que Román Reyna Jiménez, llegó el día veinticinco de agosto al área de urgencia y en el cual constaba que al menos hasta el veintisiete de agosto de dos mil veinte, el quejoso estuvo internado en esa clínica, y un ultrasonido que corrobora todos esos datos y medios de prueba, con lo cual acreditaba que Román Reyna Jiménez no se encontraba en el lugar en donde sucedieron los hechos debido a que desde el veintidós de agosto de dos mil veinte presentó un cuadro clínico grave, tal y como se demostró con los medios de prueba precitados. Que por todo lo anterior, el juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, al momento de resolver la situación jurídica del quejoso, restó valor credibilidad a los medios de prueba, esto es, a la testimonial del doctor Rolando Forjas Rodríguez, la testimonial de la enfermera Melsa Rios Reyes, así como a los datos de prueba consistentes en los documentos con los que se acreditó que el quejoso estuvo enfermo del veintidós al veintisiete de agosto de dos mil veinte. Así también alega que, los hechos fueron justificados por el fiscal por una serie de entrevistas a las víctimas Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L, y con ello la policía de investigación dio por sentado quienes habían sido las personas que participaron en los hechos delictivos, y que no fueron tres sino cinco personas, entre ellos el aquí quejoso Román Reyna Jiménez. Que el fiscal tomó en consideración la entrevista del Delegado del poblado C-31, del municipio de Huimanguillo, Tabasco, dando a entender la fiscalía que fue testigo de los hechos sin estar presente el día de los hechos y la fiscalía menciona que es una autoridad; además de que la policía de investigación no investigó, y que solo se basó en el dicho de las víctimas y la fiscalía, en lugar de dirigir la investigación para esclarecer los hechos. Insiste en que además no se respetaron sus derechos constitucionales al debido proceso, defensa adecuada, puesta a disposición sin demora, no autoincriminación, y la obtención de prueba lícita. También manifiesta que no se aplicó el artículo 1º Constitucional, respecto a la presunción de inocencia, en donde los datos de prueba que presentó la fiscalía no eran suficientes para vincularle a proceso. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso devienen infundados sin que exista queja que amerite ser suplida en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, dado que la resolución que por esta vía se combate no es violatoria de los derechos fundamentales que alega. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 constitucional]). Así, partiendo de la base de que, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20 constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal, se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente sobre la base de los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Para explicar tal calificación, deben establecerse las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Conviene destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. A. REQUISITOS FORMALES: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4 Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. REQUISITOS DE FONDO: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 87/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, registro 2014800, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso de doce de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Siete con sede en Huimanguillo, Tabasco, en la causa penal 72/2020, en contra de Román Reyna Jiménez y otro, por su probable participación en la comisión del delito por el delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado dictado por el Juez responsable, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. De ese modo, se destaca que dentro de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte la copia certificada de la resolución reclamada, en la cual la autoridad responsable dictó en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho denominado por la ley como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el impetrante fue presentado ante el juez responsable, el doce de septiembre de dos mil veinte, fecha en la que solicitó la duplicidad del término (144 horas) para resolver su situación jurídica y la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 3. Que se haya formulado imputación. Conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que al quejoso se le formuló imputación en la audiencia de doce de septiembre de dos mil veinte, en la que, en uso de la palabra la Fiscal del Ministerio Público Carlos Jesús Alejandro Román formuló imputación en contra del hoy quejoso Román Reyna Jiménez, por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. Gustavo Gongora Mayo y Román Reyna, en este momento le hago de su conocimiento que esta fiscalía desarrolla en contra de ustedes una investigación bajo la carpeta número CI-HUI-1220/2020, por los siguientes hechos y de su posible participación ocurrido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, ese día a esa hora y en ese lugar, ustedes de manera conjunta llegaron a la propiedad que se encuentra ubicada en la calle zona verde, sin número del poblado C-31 General Francisco Villa que resulta ser propiedad de quien en vida respondiera al nombre de Alfredo Montejo Gamas, en donde de manera violenta y mediante el uso de armas de fuego sometieron al propietario de dicha vivienda cuando este iba llegando a su domicilio a bordo de un vehículo marca Nissan línea tida color rojo, modelo 2008 con número de serie 3N1BC13G68L371468 con número de motor MR18157211H dejándolo estacionado a un costado de su domicilio, quien llegó en compañía de su esposa Audolia Sánchez Arena y de la menor con iniciales MFSL, que al bajarse de la unidad debido a que los perros ladraban, el propietario por una poza de pescado que está a quince metros de su casa le solicitó una lámpara a la menor quien la fue a buscar al interior del cuarto de la vivienda, mientras que su esposa se quedó en la puerta del corredor, cuando regresó la víctima alumbró con la lámpara hacia los árboles y fue en ese momento derivado del reflejo de la luz de la lámpara la víctima se dieron cuenta de que se trataba de ustedes dos, de tal forma que su sometido la víctima el señor Alfredo Montejo Gamas por usted señor Román Reyna Jiménez, ya que lo agarra del cuello y empieza a forcejear con él, y en el forcejeo usted como traía una capucha, en ese momento en el forcejeo se le baja y con la ayuda de otra persona toma a la víctima de la mano y que otro sujeto lo cacheteaba y en ese momento ustedes dos portaban armas de fuego, seguidamente conducen a la víctima al interior de la casa en la parte de la sala, es decir, usted señor Román Reyna Jiménez en compañía de otras personas más, conduciéndolo por la parte de la puerta al interior de la casa por la parte de la sala, que también otras de las personas con las que ustedes se hacían acompañar agarraron a la esposa del señor Alfredo por la parte de atrás y con la otra mano le colocaron un objeto en la cabeza y a empujones también la condujeron al interior de la casa, mientras que en ese momento la menor que también llegó en ese acto, salió corriendo hacia el interior de la vivienda, en el interior de la vivienda tiran sobre el piso al señor Alfredo Montejo Gamas cerca de un sofá de color café en donde lo siguieron golpeando y lo sujetaron amarrándolo de pies y manos, que también en ese acto sujetaron a la señora Audolia Sánchez Arena y la tiraron al piso, e incluso la taparon con una colcha o sabana, la cual le apuntaban en la cabeza con un arma de fuego y que con palabra amenazante le exigían el dinero en efectivo de la venta de una taquería que tienen en el centro del poblado C-31, también le decían que no fuera a pedir ayuda o lo denunciara porque la iban a regresar a matar, colocándole un objeto como de arma de fuego, que una vez que estando ustedes en el domicilio en compañía de otras personas más empezaron a rebuscar objetos y cosas de valores y se apoderaron de una televisión de cincuenta pulgadas plana y un teléfono celular de la marca Samsung y dinero en efectivo la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, cuando ustedes señor Gustavo y señor Román se encontraban en el interior de la vivienda en compañía de otras personas y cuando ya tenían atados de pies y manos al señor Alfredo Montejo Gamas en ese acto lo privan de la vida cuando este se encontraba sin ninguna oportunidad de defenderse o de evitar el mal que se le hizo, ya que uno de ustedes o de sus acompañantes le disparó a la cabeza, es decir, en su región temporal izquierda lo que le provocó una herida abierta que a la postre le ocasionara la muerte inmediata por laceración del lóbulo temporal izquierdo producida con proyectil de arma de fuego, cuando se encontraba en el interior de la vivienda un acompañante de ustedes encontró a la menor que estaba escondida en la cocina debajo de una mesa y que la jaló de los cabellos y la condujo hacia un fogón que es una cocina rustica y luego la tomó del brazo derecho y la condujo al interior del baño dejándola ahí sola en ese acto es donde usted señor Gustavo Gongora Mayo entra al baño donde se encontraba la menor y que incluso usted le refirió que sabía que ella tenía trece años y que pese a que la menor le dijo que no le hiciera nada usted le dijo que se callara, seguidamente en ese acto usted Gustavo Gongora Mayo abusa sexualmente de la menor introduciéndole sus dedos en vía vaginal a la menor, y seguidamente la penetró introduciéndole su pene en su vagina y que una vez que abuso sexualmente de ella y al ser una menor de catorce años, sin su consentimiento, salió del baño y derivado de este abuso sexual le provocó a la menor un fuerte sangrado y dolor, ya que con esto la menor tuvo la necesidad de cambiarse en tres ocasiones de prenda de vestir y ser trasladada de urgencia primeramente en un hospital Regional de Huimanguillo, Tabasco y seguidamente al hospital de la Mujer en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y al paso de los cinco minutos de ocurridos los hechos salieron de la vivienda cerrando la puerta y dejando encerrada en el interior de la misma la víctima, no sin antes apoderarse con ánimo de dominio de una motocicleta que se encontraba en el interior de la casa, marca italika, color azul con blanco modelo 2020, 110 placas de circulación, con número de serie 3SCPATCS891026554 con número de motor RW152FMH2020415 y también se apoderaron y se llevaron el vehículo marca nissan tiida color rojo que se encontraba a un costado de la vivienda, ambas unidades propiedad de la víctima Alfredo Montejo Gamas, estos hechos Gustavo Gongora Mayo y Román Reyna Jiménez, hacen suponer la existencia del hecho ilícito que la ley señala como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación y robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previsto y sancionado sin prejuzgar 110, 112, 113, 123, fracción I, 175, fracción IV, 179 fracción I y V, 180, 70 y 71 todos del código penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación con ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional dispone que, formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código. Lo que fue observado según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de doce de septiembre de dos mil veinte, específicamente a las 09:22:06 minutos de esa fecha, al imputado quien manifestó que no era su deseo declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por el fiscal del Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución reclamada, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, se especificó que los hechos materia de la carpeta de investigación se suscitaron en el domicilio ubicado en calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en el transcurso de la noche aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, cuando en el imputado se encontraba en el domicilio citado, quien sometió a la víctima quien en vida respondiera al nombre de Alfredo Montejo Gamas, lo agarró del cuello y empezó a forcejear con éste, quien en ese momento llevaba una capucha, pero con el forcejeo con la víctima se le bajó y con la ayuda de otra persona tomó a la víctima de la mano mientras otro sujeto lo cacheteaba, que en ese momento portaba arma de fuego, que condujo a la víctima al interior de la casa en la parte de la sala en compañía de otras personas. Que también agarraron a la esposa de Alfredo Montejo Gamas, y le colocaron un objeto en la cabeza y a empujones también la condujeron al interior de la casa, que tiraron en el piso en el interior de la vivienda al hoy occiso cerca de un sofá de color café en donde lo siguieron golpeando y lo sujetaron amarrándolo de los pies y manos, que también en ese acto sujetaron a la señora Audolia Sánchez Arena y la tiraron al piso, e incluso la taparon con una colcha o sabana a quien le apuntaban en la cabeza con un arma de fuego y que con palabras amezantes le exigían dinero en efectivo de la venta de una taquería que tiene en el centro del poblado C-31 de Huimanguillo, Tabasco, a quien le dijeron que no fuera a pedir ayuda o a denunciarlos porque iban a regresar a matarla. En compañía de otras personas, empezaron a buscar objetos y cosas de valor y se apoderaron de una televisión de cincuenta pulgadas y un teléfono celular de la marca Samsung, y dinero en efectivo por la cantidad de $20,000 veinte mil pesos 00/100 moneda nacional. Asimismo, que en compañía de otras personas privó de la vida al señor Alfredo Montejo Gamas, cuando éste se encontraba sin ninguna oportunidad de defenderse o de evitar el mal que se le hizo, ya que le dispararon en la cabeza en la región temporal izquierda, lo que le provocó una herida abierta y posteriormente le ocasionó la muerte por laceración del lóbulo temporal izquierdo producida con proyectil de arma de fuego. Lo que llevó al Juez responsable a emitir la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la que vinculó a proceso a Roman Reyna Jiménez, por el delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. Por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. B. Requisitos de fondo. En este fallo únicamente se procederá a analizar si en el dictado del auto de vinculación a proceso, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por el juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado al impetrante del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra el quejoso. 1.En ese orden de ideas, del análisis del auto de vinculación tildado de inconstitucional se advierte que acertadamente, la Juez de control estableció que los datos de prueba reseñados por la fiscal, son suficientes para tener por demostrado el delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena, tomando en consideración al valorar los datos verbalizados por la fiscalía, en forma libre y bajo la máxima de la experiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó que existen datos suficientes para tener por acreditado el hecho con carácter de delito que exige el artículo 316 del Código Nacional multicitado, así como el 19 constitucional, y que se hace consistir en que en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco. Puesto que, los hechos se hicieron consistir en que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintidós horas con treinta minutos, Román Reyna Jiménez se encontraba en el domicilio ubicado en calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en donde una vez que la víctima Alfredo Montejo Gamas se percató de su presencia, lo agarró del cuello y forcejeó con él, y junto con otras personas lo introdujeron al domicilio de éste y lo amarraron de las manos y de los pies, a quien además golpearon y le dispararon en la cabeza, en la región temporal izquierda, lo que provocó una herida abierta en la cabeza, y que posteriormente le ocasionó la muerte. Así también, en compañía de otras personas buscaron objetos y cosas de valor, y se apoderó de una televisión de cincuenta pulgadas, un teléfono celular de la marca Samsung, así como dinero en efectivo por la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, se apoderó de una motocicleta que se encontraba en el interior de la casa, marca italika, color azul con blanco modelo 2020, 110 placas de circulación, con número de serie 3SCPATCS891026554, con número de motor RW152FMH20200415, así como el vehículo marca nissan tiida color rojo que se encontraba a un costado de la vivienda, éstos propiedad de la víctima Alfredo Montejo Gamas. Lo anterior en razón de que obran, los siguientes datos de prueba verbalizados por la fiscalía: La existencia de una noticia criminal de veinticinco de agosto de dos mil veinte, a cargo del policía de investigación Horacio Gerónimo Jiménez, quien a las cero horas con treinta y cinco minutos de ese día, recibió un aviso por parte de un policía de Seguridad Pública del municipio de Huimanguillo, Tabasco, y que responde al nombre de Ricardo Nieto Cupido, quien le informó que en el poblado C-31, se encontraba el cuerpo de una persona sin vida y al parecer con impacto de arma de fuego, en donde se trasladaron a dicho lugar, en donde se entrevistaron con una persona del sexo femenino que dijo llamarse Audolia Sánchez Arena. Diligencia de levantamiento de cuerpo a cargo del perito Carlos Humberto Troca de la Cruz, quien al tener a la vista el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual vestía una playera blanca y un pantalón verde, y que además se encontraba amarrado, con hilo de color de cuerda para lasar y presentaba lesiones compatibles con lesiones de arma de fuego. ? Entrevista a cargo de Audolia Sánchez Arena, la cual se verificó el veinticinco de agosto de dos mil veinte, quien señaló que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintidós horas con treinta minutos, llegó con su esposo y una menor a su domicilio, en un vehículo marca nissan tiida color rojo, el cual era propiedad de su esposo, a su domicilio que se encuentra ubicado en la calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa de Huimanguillo, Tabasco, que escucharon que el perro ladraba, que su esposo le pidió a la menor que llevara una lámpara, que cuando le entregan la lámpara el occiso alumbra y ve a tres personas del sexo masculino, siendo que uno de ellos llevaba una capucha blanca, que lo agarraron del cuello, que su esposo le jaló la capucha y vio que la persona era Román Reyna Jiménez, que con otros lo golpearon y lo llevaron a la sala, que otro la llevó a ella sometida a la casa, que aventaron a su esposo al piso, lo golpearon y le colocaron una colcha, que cuando se subió reconoció a una persona de nombre David Paz Rodríguez, que vive en el mismo poblado, que el que tenía sometido a su esposo, le dijo a David Paz Rodríguez que la amarrara, que David la amarró, y empezaron a buscar cosas de valor en la casa, posteriormente sintió que le colocaban en la cabeza un objeto como arma de fuego, que escuchó una detonación, que escuchó que arrancaban la moto y un vehículo y que escucho a su sobrina que se quejaba y le pidió que la desamarrara y vio el cuerpo de su esposo el cual se encontraba en un charco de sangre, y que su sobrina le dijo que Gustavo Gongora la había violado; que logró reconocer a Román Reyna Jiménez, y que la casa se encontraba hecha un desorden, asimismo se percató que la habían robado un vehículo, una motocicleta, así como una pantalla plana de cincuenta pulgadas, un teléfono celular marca Samsung y $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). También refirió que previamente el occiso había tenido problemas con Román Reyna Jiménez en dos ocasiones, ya que en una de esas le dio un escupitajo a la camioneta, y en la otra le dijo que se la iba a pagar. ? Entrevista a cargo de la menor de identidad reservada de iniciales MFSL. ? Dictamen de necropsia de veinticinco de agosto de dos mil veinte, suscrito por la médico legista Rosa Candy Pérez Calles. ? Comparecencia de Audolia Sánchez Arena, de diez de septiembre de dos mil veinte. ? Acta de defunción con número de folio 1501940, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, a nombre de Alfredo Montejo Gamas, expedido por el Registro Civil de Huimanguillo, Tabasco. ? Certificado parcelario con folio 28199 de veintinueve de noviembre de dos mil doce, a nombre de Alfredo Montejo Gamas. ? Copia certificada de la carpeta de investigación CI-CAR-2304/2020, en donde dejan a disposición un vehículo marca nissan, línea tiida, color rojo, modelo 2015, placas WTW2704 del Estado de Tabasco; en donde obra el informe policial homologado 27PM03002 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, firmado por Olan Córdova Cronos; y, dictamen de avalúo y costo comercial del vehículo por parte del perito en tránsito terrestre Rafael Castellanos Hernández; avalúo intrínseco con oficio 861/2020 de diez de septiembre de dos mil veinte, respecto a la motocicleta azul, Italika modelo 2020, sin placas de circulación; y, carta factura que ampara la propiedad de la motocicleta a favor de Alfredo Montejo Gamas de nueve de marzo de dos mil veinte. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; Ahora bien, en cuanto al tema de que ese hecho la ley lo señale como delito, correctamente consideró el Juez responsable que hay datos suficientes hasta ese momento para tener por acreditado así el delito que se le imputa de homicidio calificado, ello tomando en consideración que dichos datos de prueba hacen patente que se llevó a cabo la supresión de la existencia de una persona del sexo masculino, quien en vida respondió al nombre de Alfredo Montejo Gamas, que esto sucedió el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, también de acuerdo a los datos de prueba que han sido verbalizados que la causa de la muerte del extinto Alfredo Montejo Gamas, se debió a una lesión por proyectil de arma de fuego que le provocó una laceración del lóbulo temporal izquierdo, pues así se desprendió del protocolo de necropsia, y de acuerdo a los datos enunciados en esa audiencia, previo a dicho acontecimiento Alfredo Montejo Gamas se encontraba en perfecto estado físico y de salud, por lo que resultaba evidente que la supresión de su existencia resultó por haberse accionado el arma de fuego sobre su humanidad. Por otra parte, advirtió también que este hecho de homicidio se acompañaba de la calificativa a la que alude el artículo 123 fracción I, del Código Penal en vigor del Estado de Tabasco, esto es, que se ha cometido cuando la persona no tiene la oportunidad de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer, y de acuerdo a la dinámica de los hechos Alfredo Montejo Gamas fue sometido por varias persona del sexo masculino que se encontraban armados, y por lo tanto le superaban tanto en armas como en número, y que posteriormente fue sometido y conducido al interior de su domicilio, estando en el interior de su domicilio fue amarrado de pies y manos y fue tirado al suelo, y que al encontrarse en dicha posición carecía de cualquier posibilidad real de repeler la agresión en su contra, y estando ya sometido se accionó el arma de fuego en contra de su humanidad. Ahora, en cuanto al número de personas que participaron, se advierte que fueron más de tres personas que participaron en el evento, y posteriormente conforme se desarrollaron los hechos intervinieron más personas del sexo masculino, por lo que dicho ilícito se llevó a cabo en la modalidad de pandilla en la modalidad a que hace alusión el artículo 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco. Ahora, si bien es cierto que participaron varias personas en el evento delictivo, de acuerdo a lo manifestado por el Fiscal del Ministerio Público, no consta quien realizó de manera material el acto de accionar el arma de fuego con el cual se privó de la existencia al occiso Alfredo Montejo Gamas, pero existen indicios que hacen suponer la participación de varias personas, por lo que es aquí donde emerge la figura conocida como "autoría indeterminada" a que hace alusión el artículo 70 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, y que establece que cuando un sujeto interviene en la comisión de un delito, pero no conste quien de ellos produjo el resultado a todos se les aplicaran las dos terceras partes de la punibilidad correspondiente; de ahí que, de acuerdo a los datos verbalizados por el fiscal del Ministerio Público, al haberse evidenciado la participación de varias personas en el lugar de los hechos y no existir un dato que permita establecer quién de ellos de manera material accionó el arma de fuego, y quien de manera material ocasionó el deceso del occiso Alfredo Montejo Gamas, se surte la figura a que hace referencia el artículo citado. Por cuanto hace al delito de robo de vehículo con violencia en pandilla y en autoría indeterminada, si bien es cierto que el fiscal del Ministerio Público encuadró los hechos dentro de lo establecido en el artículo 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 en relación con el artículo 70 y 71 del Código Penal para el Estado de Tabasco, el juez de Control, de acuerdo a la mecánica de los hechos verbalizados, se advirtió el apoderamiento de un vehículo marca niisan tipo tiida, color rojo, modelo 2015, placas WTW2704 del Estado de Tabasco, así como una motocicleta marca italika, color azul con blanco, modelo dos mil veinte, sin placas de circulación, con número de serie 3SCPATCS891026554 con número de motor RW152FMH2020415, por lo que se trata de vehículos de motor, por lo que encuadran en lo dispuesto por el artículo 179 fracción V, del Código Penal en vigor del Estado de Tabasco. Que tal ilícito se cometió con violencia, toda vez que las personas que participaron y que ingresaron al domicilio, portaban armas de fuego, y además cometieron actos violentos en contra de las personas que habitaban ese domicilio en donde se encontraban los vehículos de motor; que en dicho ilícito participaron más de tres personas y tampoco consta quien de ellos ejecutó el acto material de apoderarse de tales vehículos. Además, obra el dicho de Audolia Sánchez Arena, así como de la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L., quienes manifestaron que diversas personas se llevaron un vehículo de color rojo marca Nissan tida, así como una motocicleta color azul con blanco, los cuales eran propiedad de Alfredo Montejo Gamas, pues así lo acreditaron con la factura y carta factura respectiva de dichos vehículos. Ahora, respecto del delito de robo a casa habitación con violencia, también fue expuesto por la testigo Audolia Sánchez Arena, y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L., que después de que privan de la vida a Alfredo Montejo Gamas, se dedicaron a buscar objetos de valor dentro del domicilio y posteriormente se percataron de que habían sustraído un televisor pantalla plana de cincuenta pulgadas, la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), así como un equipo celular, asimismo como sucedió con los vehículos, no quedó establecido cual es el valor que pudieron haber tenido, el cual se estima que fue cometido bajo la modalidad de pandilla ya que participaron más de tres personas, y que fue bajo la determinación de autoría indeterminada, porque no consta cual de las personas que participaron en el evento hayan sustraído de manera material dichos objetos, por lo que con base en los datos de prueba expuestos por la fiscalía y por el Juez de Control responsable, se determinó que el hecho que la ley señala como delito de robo a casa habitación con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por el artículo 175, 177, 179 fracción I, 180 del Código Penal del Estado de Tabasco, por haberse realizado de manera violenta, y en relación a los artículos 70 y 71 del código en cita, dicho ilícito se encontraba acreditado. Con todo esto, como ya se dijo tiene existencia el hecho que la ley señala como delito en términos que la fiscalía ha precisado y que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Respecto a la probabilidad de que Román Reyna Jiménez haya participado en estos hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. Ello, tomando en consideración que derivan las entrevistas que obran en la carpeta de investigación y que fueron verbalizadas por el fiscal del Ministerio Público, como lo son la entrevista de Audolia Sánchez Arena, quien señaló que una de las personas que llegaron al lugar de los hechos e incluso fue quien sometió al hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, fue la persona a la que conoce como Román Reyna Jiménez (aquí quejoso), en tanto que esa persona también fue señalada por la menor de identidad reservada de iniciales MFSL, como una de las personas que llegaron de manera inicial al domicilio ubicado en la calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, y también lo señala como la persona que llevaba la capucha y que forcejeo con la victima Alfredo Montejo Gamas. Por lo anterior, es posible inferir la participación del aquí quejoso Román Reyna Jiménez, en los delitos de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, por existir los testimonios de las referidas testigos quienes presenciaron los hechos, lo que hace presumir fuertemente, al menos hasta el estado procesal en que se encuentra la causa penal 72/2020, que el impetrante del amparo participó en la comisión de los hechos delictivos investigados. Apoya a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.1o. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado. Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 10a., emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3323, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente. De igual manera, cobra aplicación la tesis XVII.1o.P.A.52 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el doce de enero del año en curso, pendiente de integración, registro 2015954, que establece AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por el quejoso Román Reyna Jiménez, en los que refiere: Que el auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, no reúne los requisitos del artículo 19 Constitucional en relación con los diversos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no surtirse los supuestos para su dictado. Ello, porque los hechos fueron justificados por el fiscal por una serie de entrevistas a las víctimas Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada, y con ello la policía de investigación dio por sentado quienes habían sido las personas que participaron en los hechos delictivos, entre ellos el aquí quejoso Román Reyna Jiménez, además de que no fueron tres si no cinco personas las que intervinieron los hechos delictivos. Que en la continuación de la audiencia la defensa presentó como prueba los testimonios del doctor Rolando Forjas Rodríguez, y la enfermera Melsa Ríos Reyes, quienes dijeron haberlo atendido el día de los hechos; así como el historial clínico expedido por el médico citado, y copia del historial clínico emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se menciona que el aquí quejoso llegó el día veinticinco de agosto de dos mil veinte al área de urgencias quedando internado hasta el día veintisiete de agosto de este mismo año; con lo que pretende demostrar que no se encontraba en el lugar donde sucedieron los hechos delictivos que se le imputan. Ahora bien, como ya se dijo, dichos motivos de inconformidad son infundados, ya que el juez de Control responsable correctamente valoró y determinó que de los medios de prueba expuestos por la defensa respecto del doctor Rolando Forjas Rodríguez, a este sólo le constan hechos que fueron sucedidos los días veintidós y veintitrés de agosto de dos mil veinte, sin que le consten los hechos que pudieron haber acontecido el día veinticuatro de agosto del año en curso, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, ya que claramente refiere que él solamente prestó asistencia médica al imputado Román Reyna Jiménez, los días veintidós y veintitrés de agosto del año en curso. Ello es así, dado que el juez de Control correctamente dijo que, si bien era cierto que éste presentaba dolor abdominal, y que presentaba algunos problemas de salud, esto había ocurrido los días veintidós y veintitrés de agosto de dos mil veinte. Por otra parte, respecto al testimonio de la enfermera Melsa Ríos Reyes, ésta dijo que el día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, atendió a Román Reyna Jiménez en diferentes horarios, y que el último de los horarios, fue cuando llegó al domicilio del imputado entre nueve y nueve quince de la noche, y que se retiró del mismo después de las once de la noche. Así entonces, el juez responsable precisó, que independientemente de que la testigo hubiese errado al momento de establecer la fecha ya que fue el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el cual de acuerdo a la máxima y a la lógica era imposible, porque como bien lo había expresado la defensa, la audiencia de vinculación a proceso era de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por lo que, era claro que se trata de una confusión, no obstante, esa no era la razón por la que no atendía dicho testimonio, sino porque ese testimonio se encontraba en contraposición con lo que narraban las testigos Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L. Además, de que el testimonio de la enfermera no se encontraba corroborado con algún otro dato que le otorgara credibilidad y que por lo tanto pudiera sustentar ese dicho, ya que lo único que había sido ofertado para establecer de que el día veinticuatro de agosto del año en curso, en el transcurso de las nueve de la noche a las once de la noche se encontraba la enfermera en el domicilio del imputado Ramón Reyna Jiménez, fue únicamente el testimonio de Melsa Ríos Reyes. Que, si bien se acreditó de que éste tuvo un padecimiento desde el día veintidós y que persistió hasta el día veintisiete de agosto de dos mil veinte, de acuerdo a la nota médica y clínica siendo esta última la del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual hacía constar que el quejoso ingresó a dicha institución el veinticinco de agosto del año en curso, estas fechas no correspondían al día en que sucedieron los hechos. Que respecto a la presencia del imputado Ramón Reyna Jiménez, en su domicilio particular que se ubica en el poblado C-31 del municipio de Huimanguillo, Tabasco, para acreditar que estuvo ahí es el testimonio de la enfermera Mesa Ríos Reyes, pero dicha testigo no menciona como se cercioró de los horarios en los que dijo haber estado en el domicilio del imputado, por lo que se considera correcta la valoración del juez de Control en determinar que sólo se trataba de horarios aproximados, pues no se tenía la certeza de que en esos horarios haya estado acompañando al quejoso Ramón Reyna Jiménez en el domicilio particular de éste. Ahora, respecto a los documentos que tienen que ver con la atención médica, que fue requerida por el aquí quejoso, dichos documentos dejaban en claro que el imputado si había necesitado atención médica, y que desde el día veintidós de agosto del presente año, fue a una clínica particular por una posible pancreatitis, también que ingreso a las cero nueve horas con cincuenta y dos minutos a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante, en ambos casos el juez de Control consideró acertadamente que tanto el día veintidós de agosto, como la fecha de ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es, el veinticinco de agosto del año en curso, se trataban de fechas distintas a la fecha en que sucedieron los hechos que son materia de la audiencia de vinculación a proceso. Además de que, dichos medios de prueba se encontraban en total oposición a lo manifestado por las víctimas, quienes desde su primer declaración ante el órgano investigador señalaron a las personas responsables de los hechos cometidos en su perjuicio, y de acuerdo al principio de inmediatez procesal, era claro que esas versiones también debían ser tomadas en consideración ya que fueron realizadas de manera próxima a la realización del evento, además de que pudieron reconocer al aquí quejoso dado que éste vive en la misma comunidad en donde radicaba el occiso, y en donde sucedieron los hechos. Por lo que, al ser personas que viven en la misma comunidad es creíble que los puedan reconocer y sepan quienes eran las personas que participaron el día de los hechos delictivos, además de que la menor de identidad reservada los reconoció porque dijo que iban a comer tacos al negocio de su tío Alfredo Montejo Gamas. De todo lo anterior, queda evidenciado lo infundado de los conceptos de violación, pues el Juez de Control de la Región Siete con sede en Huimanguillo, Tabasco, si valoró y tomó en consideración los medios de prueba ofertados por la defensa consistentes en el testimonio del doctor Rolando Forjas Rodríguez y la enfermera Melsa Ríos Reyes; asimismo, tomo en consideración las documentales con las que se acreditaba que el quejoso Román Reyna Jiménez, había recibido atención médica; pues ello no desvirtuaba la participación del aquí quejoso el día de los hechos delictivos, dado que se trataba de fechas diferentes a las del evento, y que el testimonio de la enfermera si bien era lo único que le servía para acreditar que el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, éste había estado en su domicilio particular ubicado en el poblado C-31 de Humanguillo, Tabasco, dicho testimonio no se encontraba corroborado con ningún otro medio de prueba, por lo que prevalecía el testimonio de las víctimas quienes lo identificaron plenamente el día de lo acontecido. Por otra parte, deviene también infundado el concepto de violación en el que refiere que el juez de Control responsable al momento de resolver su situación jurídica se basó en las entrevistas de las víctimas Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L, y con ello se dio por sentado quienes habían sido las personas que participaron en los hechos delictivos, y que no fueron tres sino cinco personas, entre ellos el aquí quejoso Román Reyna Jiménez. Aunado a que el fiscal tomó en consideración la entrevista del Delegado del poblado C-31, del municipio de Huimanguillo, Tabasco, dando a entender la fiscalía que fue testigo sin estar presente el día de los hechos y la fiscalía menciona que es una autoridad; además de que la policía de investigación no investigó, y que solo se basó en el dicho de las víctimas y la fiscalía, en lugar de dirigir la investigación para esclarecer los hechos. Ahora, en atención a dicho concepto de violación resulta pertinente mencionar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el juez debe atender el hecho ilícito que se plantea y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él, sin ser requisito, al menos en ese momento procesal, acreditar el hecho delictivo ni justificar la probable responsabilidad de que el indiciado intervino en su comisión, pues el auto de vinculación a proceso constituye una determinación en fase investigadora inconclusa bajo el control de la autoridad judicial; es decir, no es precedida por la acusación ni el ejercicio de la acción penal, pues ello acontecerá cuando se cierre la investigación judicializada. De modo que, al analizar el acto debe atenderse únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Es decir, al analizar el acto debe evitarse una anticipación de la etapa de juicio sobre el estudio de los elementos del delito y atender únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Por tanto, la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 72/2020, se encuentra debidamente fundada y motivada, tomando en consideración que la juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, fundó y motivó correctamente su resolución, pues estableció como fundamento el artículo 19 Constitucional y 316 del Código de Procedimientos Penales. Puesto que existían hasta ese momento procesal datos de prueba que sustentaban que el quejoso Román Reyna Jiménez, había cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, los delitos de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. En ese sentido, como ya se ha establecido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Página 360, Registro 2014800, Décima Época, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así entonces, fue correcto que hasta ese estadio procesal, el juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, tomara en consideración lo manifestado por la testigo Audolia Sánchez Arena, ante la fiscalía del Ministerio Público, pues si bien es cierto que refirió que habían intervenido tres personas, pues incluso señaló las características y la identidad de alguno de ellos, lo cual consideró que resultaba creíble tomando en consideración que esas personas tienen ubicado su domicilio en la misma comunidad en donde radicaba el occiso Alfredo Montejo Gamas, y en la cual también radica la testigo Audolia Sánchez Arena, y que también había quedado evidenciado en esa audiencia que Román Reyna Jiménez radica también en el poblado C-31 de Huimanguillo, Tabasco, ya que así lo había señalado la testigo Melsa Ríos Reyes, por lo que, al ser personas que viven en la misma comunidad, era creíble que lo pudieran reconocer y que sepan quienes son las personas que participaron en los hechos delictivos, entre ellas el aquí quejoso. Ahora, el hecho de que la testigo Audolia Sánchez Arena, haya manifestado que se trataba de un grupo de personas y que eran más de tres personas, eso no demeritaba su versión, pues el hecho de que haya dicho que participaron originalmente tres personas, ello implicaba que se trataba de un grupo de personas. Por otra parte, también resulta infundado el concepto de violación en el que hace referencia que se violaron sus derechos fundamentales de debido proceso y defensa adecuada. Se sostiene lo anterior, en virtud de que del audio y video que remitió el juez de Control de la Región Siete, con sede en Huimanguillo, Tabasco, en compañía a su informe justificado, se puede advertir que tanto en la audiencia inicial de doce de septiembre, como en la continuación de la audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el aquí quejoso Román Reyna Jiménez, fue asistido por el licenciado Dolores Cruz Rodríguez, quien se identificó con cédula profesional 4096124 y con número de registro 186, y quien les hizo saber sus derechos al imputado; así mismo, el juez de Control solicitó a la administración de ese juzgado que se corroborara que se tratara de cédula autentica y que se encontrara debidamente registrada ante ese juzgado, por lo que se le hizo saber al juez que el profesionista previo a ingresar a la audiencia exhibió cédula profesional original y quedó previamente registrada ante la administración de ese juzgado, por lo que el juez consideró que el defensor se encontraba legitimado para comparecer en dicha audiencia. De igual manera, en la continuación de la audiencia inicial en fase de vinculación a proceso, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 72/2020, el inculpado Roman Reyna Jiménez, fue asistido por sus defensores particulares María de Lourdes Herrera Toledo y José Ángel Mérito Martínez, asimismo, el juez de Control pidió a la administración de ese juzgado verificar las cédulas de los profesionistas en mención; por lo que se le hizo saber al juez que los profesionistas previo a ingresar a la audiencia exhibieron cédula profesional original y quedaron previamente registradas ante la administración de ese juzgado. Por lo que, se deja en claro que no se vulneró el derecho de defensa adecuada, que consagran los artículos 19 y 20 apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P.XII/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Página 413, Registro 2006152, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Tampoco se violaron las garantías del quejoso relativas al debido proceso contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, que consiste en permitir a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas; pues el derecho al debido proceso se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se cumplieron como se puede constatar de los párrafos que anteceden en donde se hizo un estudio minucioso de dichas formalidades. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Registro 200234, Novena Época, que dice: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Finalmente, se deja en claro que se respeta el principio de presunción de inocencia conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Página 1283, Registro 2021559, Décima Época, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO. Conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto. Con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo expuesto por el quejoso, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mucho menos existe violación al procedimiento acorde a lo establecido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales En esas condiciones, al ser jurídicamente infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Román Reyna Jiménez, en contra de los actos que reclama del Juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tienen protegidos los datos personales de las partes de acuerdo a lo determinado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente
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S E N T E N C I A MESA 7 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 820/2020-7, promovido por Román Reyna Jiménez, por conducto de su defensor particular José Ángel Mérito Martínez contra actos del Juez de Control de la Región Siete, con sede en Huimanguillo, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Román Reyna Jiménez, por conducto de su defensor particular José Ángel Mérito Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "El auto de vinculación a proceso de fecha 17 de septiembre de 2020 dictado en contra de mi representado en la causa penal 72/2020 por los delitos de homicidio calificado en autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado en los artículos 110, 112, 70 y 71 robo de vehículo con violencia en autoría indeterminada en pandilla previsto y sancionado en los artículos 175, 177, 179 fracción V y robo a casa habitación con violencia en pandilla en autoría indeterminada previsto y sancionado en los artículos 175, 177, 179 fracción I, 70 y 71, todos del código Penal vigente en el Estado de Tabasco. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Siete, con sede en Huimanguillo, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el número de expediente 820/2020-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento del fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Huimanguillo, Tabasco (foja 29), y mediante diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se emplazó a la tercera Audalia Sánchez Arena, en representación del occiso Alfredo Montejo Gamas (foja 40). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 72/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Siete Centro de Villahermosa, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Juez de Control de la Región Siete con sede en el municipio de Huimanguillo, Tabasco (foja 18), pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, adjuntó copias certificadas de la causa penal 72/2020 y un disco versátil digital (DVD) que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia correspondiente, a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. En consecuencia, procede verificar el análisis de los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los que no se transcriben, por no ser necesario, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, en los motivos de disenso, se plasman los siguientes argumentos: Que el auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, no reúne los requisitos del artículo 19 Constitucional en relación con los diversos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no surtirse los supuestos para su dictado. Lo anterior, porque en la continuación de la audiencia su defensor presentó como medios de prueba el testimonio del doctor Rolando Forjas Rodríguez, quien manifestó que el día veintidós de agosto de dos mil veinte, llegó a su clínica Román Reyna Jiménez, con un cuadro al parecer de pancreatitis que no se podía mover, pero que a falta de dinero se fue a su casa con el tratamiento asignado por el médico; y que regresó el día veintitrés de agosto de dos mil veinte, con dolores más fuertes y que no se podía parar, y que el médico le indicó que debía de estar internado, reconociendo el doctor a la persona que atendió como Román Reyna Jiménez; que dicho médico refirió que con los dolores que presentaba era imposible que una persona pudiera moverse, y que además llegó a la clínica con ayuda; lo cual refiere el quejoso que no fue tomado en consideración por el juez responsable al dictar el auto de vinculación. Que el juez de Control, tampoco tomó en consideración la testimonial de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, a cargo de la enfermera Melsa Ríos Reyes, quien manifestó en lo que interesa que el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, atendió al aquí quejoso Román Reyna Jiménez, en varios horarios, y que éste se encontraba canalizado en su brazo con un sello de heparina que dijo sirve para suministrar medicamento, y que la última atención fue aproximadamente a las veintiuna horas con quince minutos del veinticuatro de agosto del presente año, cuando llegó al domicilio del aquí quejoso, en donde suministro los medicamentos a Román Reyna Jiménez, y que se retiró de su domicilio entre diez y quince minutos antes de las veintitrés horas de ese día. Que tampoco se tomó en consideración los diversos datos de prueba consistentes en la documental consistente en el historial clínico expedido por el doctor Rolando Forjas Rodríguez, que se relaciona con el dicho del médico en su declaración; así como copia del historial del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se menciona que Román Reyna Jiménez, llegó el día veinticinco de agosto al área de urgencia y en el cual constaba que al menos hasta el veintisiete de agosto de dos mil veinte, el quejoso estuvo internado en esa clínica, y un ultrasonido que corrobora todos esos datos y medios de prueba, con lo cual acreditaba que Román Reyna Jiménez no se encontraba en el lugar en donde sucedieron los hechos debido a que desde el veintidós de agosto de dos mil veinte presentó un cuadro clínico grave, tal y como se demostró con los medios de prueba precitados. Que por todo lo anterior, el juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, al momento de resolver la situación jurídica del quejoso, restó valor credibilidad a los medios de prueba, esto es, a la testimonial del doctor Rolando Forjas Rodríguez, la testimonial de la enfermera Melsa Rios Reyes, así como a los datos de prueba consistentes en los documentos con los que se acreditó que el quejoso estuvo enfermo del veintidós al veintisiete de agosto de dos mil veinte. Así también alega que, los hechos fueron justificados por el fiscal por una serie de entrevistas a las víctimas Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L, y con ello la policía de investigación dio por sentado quienes habían sido las personas que participaron en los hechos delictivos, y que no fueron tres sino cinco personas, entre ellos el aquí quejoso Román Reyna Jiménez. Que el fiscal tomó en consideración la entrevista del Delegado del poblado C-31, del municipio de Huimanguillo, Tabasco, dando a entender la fiscalía que fue testigo de los hechos sin estar presente el día de los hechos y la fiscalía menciona que es una autoridad; además de que la policía de investigación no investigó, y que solo se basó en el dicho de las víctimas y la fiscalía, en lugar de dirigir la investigación para esclarecer los hechos. Insiste en que además no se respetaron sus derechos constitucionales al debido proceso, defensa adecuada, puesta a disposición sin demora, no autoincriminación, y la obtención de prueba lícita. También manifiesta que no se aplicó el artículo 1º Constitucional, respecto a la presunción de inocencia, en donde los datos de prueba que presentó la fiscalía no eran suficientes para vincularle a proceso. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso devienen infundados sin que exista queja que amerite ser suplida en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, dado que la resolución que por esta vía se combate no es violatoria de los derechos fundamentales que alega. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 constitucional]). Así, partiendo de la base de que, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20 constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal, se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente sobre la base de los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Para explicar tal calificación, deben establecerse las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Conviene destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. A. REQUISITOS FORMALES: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. REQUISITOS DE FONDO: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 87/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, registro 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso de doce de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Siete con sede en Huimanguillo, Tabasco, en la causa penal 72/2020, en contra de Román Reyna Jiménez y otro, por su probable participación en la comisión del delito por el delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado dictado por el Juez responsable, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. De ese modo, se destaca que dentro de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte la copia certificada de la resolución reclamada, en la cual la autoridad responsable dictó en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho denominado por la ley como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el impetrante fue presentado ante el juez responsable, el doce de septiembre de dos mil veinte, fecha en la que solicitó la duplicidad del término (144 horas) para resolver su situación jurídica y la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 3. Que se haya formulado imputación. Conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que al quejoso se le formuló imputación en la audiencia de doce de septiembre de dos mil veinte, en la que, en uso de la palabra la Fiscal del Ministerio Público Carlos Jesús Alejandro Román formuló imputación en contra del hoy quejoso Román Reyna Jiménez, por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. ".Gustavo Gongora Mayo y Román Reyna, en este momento le hago de su conocimiento que esta fiscalía desarrolla en contra de ustedes una investigación bajo la carpeta número CI-HUI-1220/2020, por los siguientes hechos y de su posible participación ocurrido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, ese día a esa hora y en ese lugar, ustedes de manera conjunta llegaron a la propiedad que se encuentra ubicada en la calle zona verde, sin número del poblado C-31 General Francisco Villa que resulta ser propiedad de quien en vida respondiera al nombre de Alfredo Montejo Gamas, en donde de manera violenta y mediante el uso de armas de fuego sometieron al propietario de dicha vivienda cuando este iba llegando a su domicilio a bordo de un vehículo marca Nissan línea tida color rojo, modelo 2008 con número de serie 3N1BC13G68L371468 con número de motor MR18157211H dejándolo estacionado a un costado de su domicilio, quien llegó en compañía de su esposa Audolia Sánchez Arena y de la menor con iniciales MFSL, que al bajarse de la unidad debido a que los perros ladraban, el propietario por una poza de pescado que está a quince metros de su casa le solicitó una lámpara a la menor quien la fue a buscar al interior del cuarto de la vivienda, mientras que su esposa se quedó en la puerta del corredor, cuando regresó la víctima alumbró con la lámpara hacia los árboles y fue en ese momento derivado del reflejo de la luz de la lámpara la víctima se dieron cuenta de que se trataba de ustedes dos, de tal forma que su sometido la víctima el señor Alfredo Montejo Gamas por usted señor Román Reyna Jiménez, ya que lo agarra del cuello y empieza a forcejear con él, y en el forcejeo usted como traía una capucha, en ese momento en el forcejeo se le baja y con la ayuda de otra persona toma a la víctima de la mano y que otro sujeto lo cacheteaba y en ese momento ustedes dos portaban armas de fuego, seguidamente conducen a la víctima al interior de la casa en la parte de la sala, es decir, usted señor Román Reyna Jiménez en compañía de otras personas más, conduciéndolo por la parte de la puerta al interior de la casa por la parte de la sala, que también otras de las personas con las que ustedes se hacían acompañar agarraron a la esposa del señor Alfredo por la parte de atrás y con la otra mano le colocaron un objeto en la cabeza y a empujones también la condujeron al interior de la casa, mientras que en ese momento la menor que también llegó en ese acto, salió corriendo hacia el interior de la vivienda, en el interior de la vivienda tiran sobre el piso al señor Alfredo Montejo Gamas cerca de un sofá de color café en donde lo siguieron golpeando y lo sujetaron amarrándolo de pies y manos, que también en ese acto sujetaron a la señora Audolia Sánchez Arena y la tiraron al piso, e incluso la taparon con una colcha o sabana, la cual le apuntaban en la cabeza con un arma de fuego y que con palabra amenazante le exigían el dinero en efectivo de la venta de una taquería que tienen en el centro del poblado C-31, también le decían que no fuera a pedir ayuda o lo denunciara porque la iban a regresar a matar, colocándole un objeto como de arma de fuego, que una vez que estando ustedes en el domicilio en compañía de otras personas más empezaron a rebuscar objetos y cosas de valores y se apoderaron de una televisión de cincuenta pulgadas plana y un teléfono celular de la marca Samsung y dinero en efectivo la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, cuando ustedes señor Gustavo y señor Román se encontraban en el interior de la vivienda en compañía de otras personas y cuando ya tenían atados de pies y manos al señor Alfredo Montejo Gamas en ese acto lo privan de la vida cuando este se encontraba sin ninguna oportunidad de defenderse o de evitar el mal que se le hizo, ya que uno de ustedes o de sus acompañantes le disparó a la cabeza, es decir, en su región temporal izquierda lo que le provocó una herida abierta que a la postre le ocasionara la muerte inmediata por laceración del lóbulo temporal izquierdo producida con proyectil de arma de fuego, cuando se encontraba en el interior de la vivienda un acompañante de ustedes encontró a la menor que estaba escondida en la cocina debajo de una mesa y que la jaló de los cabellos y la condujo hacia un fogón que es una cocina rustica y luego la tomó del brazo derecho y la condujo al interior del baño dejándola ahí sola en ese acto es donde usted señor Gustavo Gongora Mayo entra al baño donde se encontraba la menor y que incluso usted le refirió que sabía que ella tenía trece años y que pese a que la menor le dijo que no le hiciera nada usted le dijo que se callara, seguidamente en ese acto usted Gustavo Gongora Mayo abusa sexualmente de la menor introduciéndole sus dedos en vía vaginal a la menor, y seguidamente la penetró introduciéndole su pene en su vagina y que una vez que abuso sexualmente de ella y al ser una menor de catorce años, sin su consentimiento, salió del baño y derivado de este abuso sexual le provocó a la menor un fuerte sangrado y dolor, ya que con esto la menor tuvo la necesidad de cambiarse en tres ocasiones de prenda de vestir y ser trasladada de urgencia primeramente en un hospital Regional de Huimanguillo, Tabasco y seguidamente al hospital de la Mujer en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y al paso de los cinco minutos de ocurridos los hechos salieron de la vivienda cerrando la puerta y dejando encerrada en el interior de la misma la víctima, no sin antes apoderarse con ánimo de dominio de una motocicleta que se encontraba en el interior de la casa, marca italika, color azul con blanco modelo 2020, 110 placas de circulación, con número de serie 3SCPATCS891026554 con número de motor RW152FMH2020415 y también se apoderaron y se llevaron el vehículo marca nissan tiida color rojo que se encontraba a un costado de la vivienda, ambas unidades propiedad de la víctima Alfredo Montejo Gamas, estos hechos Gustavo Gongora Mayo y Román Reyna Jiménez, hacen suponer la existencia del hecho ilícito que la ley señala como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación y robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previsto y sancionado sin prejuzgar 110, 112, 113, 123, fracción I, 175, fracción IV, 179 fracción I y V, 180, 70 y 71 todos del código penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena." 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación con ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional dispone que, formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código. Lo que fue observado según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de doce de septiembre de dos mil veinte, específicamente a las 09:22:06 minutos de esa fecha, al imputado quien manifestó que no era su deseo declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por el fiscal del Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución reclamada, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, se especificó que los hechos materia de la carpeta de investigación se suscitaron en el domicilio ubicado en calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en el transcurso de la noche aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, cuando en el imputado se encontraba en el domicilio citado, quien sometió a la víctima quien en vida respondiera al nombre de Alfredo Montejo Gamas, lo agarró del cuello y empezó a forcejear con éste, quien en ese momento llevaba una capucha, pero con el forcejeo con la víctima se le bajó y con la ayuda de otra persona tomó a la víctima de la mano mientras otro sujeto lo cacheteaba, que en ese momento portaba arma de fuego, que condujo a la víctima al interior de la casa en la parte de la sala en compañía de otras personas. Que también agarraron a la esposa de Alfredo Montejo Gamas, y le colocaron un objeto en la cabeza y a empujones también la condujeron al interior de la casa, que tiraron en el piso en el interior de la vivienda al hoy occiso cerca de un sofá de color café en donde lo siguieron golpeando y lo sujetaron amarrándolo de los pies y manos, que también en ese acto sujetaron a la señora Audolia Sánchez Arena y la tiraron al piso, e incluso la taparon con una colcha o sabana a quien le apuntaban en la cabeza con un arma de fuego y que con palabras amezantes le exigían dinero en efectivo de la venta de una taquería que tiene en el centro del poblado C-31 de Huimanguillo, Tabasco, a quien le dijeron que no fuera a pedir ayuda o a denunciarlos porque iban a regresar a matarla. En compañía de otras personas, empezaron a buscar objetos y cosas de valor y se apoderaron de una televisión de cincuenta pulgadas y un teléfono celular de la marca Samsung, y dinero en efectivo por la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, que en compañía de otras personas privó de la vida al señor Alfredo Montejo Gamas, cuando éste se encontraba sin ninguna oportunidad de defenderse o de evitar el mal que se le hizo, ya que le dispararon en la cabeza en la región temporal izquierda, lo que le provocó una herida abierta y posteriormente le ocasionó la muerte por laceración del lóbulo temporal izquierdo producida con proyectil de arma de fuego. Lo que llevó al Juez responsable a emitir la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la que vinculó a proceso a Roman Reyna Jiménez, por el delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. Por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. B. Requisitos de fondo. En este fallo únicamente se procederá a analizar si en el dictado del auto de vinculación a proceso, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por el juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado al impetrante del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra el quejoso. En ese orden de ideas, del análisis del auto de vinculación tildado de inconstitucional se advierte que acertadamente, la Juez de control estableció que los datos de prueba reseñados por la fiscal, son suficientes para tener por demostrado el delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena, tomando en consideración al valorar los datos verbalizados por la fiscalía, en forma libre y bajo la máxima de la experiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó que existen datos suficientes para tener por acreditado el hecho con carácter de delito que exige el artículo 316 del Código Nacional multicitado, así como el 19 constitucional, y que se hace consistir en que en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco. Puesto que, los hechos se hicieron consistir en que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintidós horas con treinta minutos, Román Reyna Jiménez se encontraba en el domicilio ubicado en calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en donde una vez que la víctima Alfredo Montejo Gamas se percató de su presencia, lo agarró del cuello y forcejeó con él, y junto con otras personas lo introdujeron al domicilio de éste y lo amarraron de las manos y de los pies, a quien además golpearon y le dispararon en la cabeza, en la región temporal izquierda, lo que provocó una herida abierta en la cabeza, y que posteriormente le ocasionó la muerte. Así también, en compañía de otras personas buscaron objetos y cosas de valor, y se apoderó de una televisión de cincuenta pulgadas, un teléfono celular de la marca Samsung, así como dinero en efectivo por la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, se apoderó de una motocicleta que se encontraba en el interior de la casa, marca italika, color azul con blanco modelo 2020, 110 placas de circulación, con número de serie 3SCPATCS891026554, con número de motor RW152FMH20200415, así como el vehículo marca nissan tiida color rojo que se encontraba a un costado de la vivienda, éstos propiedad de la víctima Alfredo Montejo Gamas. Lo anterior en razón de que obran, los siguientes datos de prueba verbalizados por la fiscalía: La existencia de una noticia criminal de veinticinco de agosto de dos mil veinte, a cargo del policía de investigación Horacio Gerónimo Jiménez, quien a las cero horas con treinta y cinco minutos de ese día, recibió un aviso por parte de un policía de Seguridad Pública del municipio de Huimanguillo, Tabasco, y que responde al nombre de Ricardo Nieto Cupido, quien le informó que en el poblado C-31, se encontraba el cuerpo de una persona sin vida y al parecer con impacto de arma de fuego, en donde se trasladaron a dicho lugar, en donde se entrevistaron con una persona del sexo femenino que dijo llamarse Audolia Sánchez Arena. Diligencia de levantamiento de cuerpo a cargo del perito Carlos Humberto Troca de la Cruz, quien al tener a la vista el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual vestía una playera blanca y un pantalón verde, y que además se encontraba amarrado, con hilo de color de cuerda para lasar y presentaba lesiones compatibles con lesiones de arma de fuego. Entrevista a cargo de Audolia Sánchez Arena, la cual se verificó el veinticinco de agosto de dos mil veinte, quien señaló que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintidós horas con treinta minutos, llegó con su esposo y una menor a su domicilio, en un vehículo marca nissan tiida color rojo, el cual era propiedad de su esposo, a su domicilio que se encuentra ubicado en la calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa de Huimanguillo, Tabasco, que escucharon que el perro ladraba, que su esposo le pidió a la menor que llevara una lámpara, que cuando le entregan la lámpara el occiso alumbra y ve a tres personas del sexo masculino, siendo que uno de ellos llevaba una capucha blanca, que lo agarraron del cuello, que su esposo le jaló la capucha y vio que la persona era Román Reyna Jiménez, que con otros lo golpearon y lo llevaron a la sala, que otro la llevó a ella sometida a la casa, que aventaron a su esposo al piso, lo golpearon y le colocaron una colcha, que cuando se subió reconoció a una persona de nombre David Paz Rodríguez, que vive en el mismo poblado, que el que tenía sometido a su esposo, le dijo a David Paz Rodríguez que la amarrara, que David la amarró, y empezaron a buscar cosas de valor en la casa, posteriormente sintió que le colocaban en la cabeza un objeto como arma de fuego, que escuchó una detonación, que escuchó que arrancaban la moto y un vehículo y que escucho a su sobrina que se quejaba y le pidió que la desamarrara y vio el cuerpo de su esposo el cual se encontraba en un charco de sangre, y que su sobrina le dijo que Gustavo Gongora la había violado; que logró reconocer a Román Reyna Jiménez, y que la casa se encontraba hecha un desorden, asimismo se percató que la habían robado un vehículo, una motocicleta, así como una pantalla plana de cincuenta pulgadas, un teléfono celular marca Samsung y $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). También refirió que previamente el occiso había tenido problemas con Román Reyna Jiménez en dos ocasiones, ya que en una de esas le dio un escupitajo a la camioneta, y en la otra le dijo que se la iba a pagar. Entrevista a cargo de la menor de identidad reservada de iniciales MFSL. Dictamen de necropsia de veinticinco de agosto de dos mil veinte, suscrito por la médico legista Rosa Candy Pérez Calles. Comparecencia de Audolia Sánchez Arena, de diez de septiembre de dos mil veinte. Acta de defunción con número de folio 1501940, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, a nombre de Alfredo Montejo Gamas, expedido por el Registro Civil de Huimanguillo, Tabasco. Certificado parcelario con folio 28199 de veintinueve de noviembre de dos mil doce, a nombre de Alfredo Montejo Gamas. Copia certificada de la carpeta de investigación CI-CAR-2304/2020, en donde dejan a disposición un vehículo marca nissan, línea tiida, color rojo, modelo 2015, placas WTW2704 del Estado de Tabasco; en donde obra el informe policial homologado 27PM03002 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, firmado por Olan Córdova Cronos; y, dictamen de avalúo y costo comercial del vehículo por parte del perito en tránsito terrestre Rafael Castellanos Hernández; avalúo intrínseco con oficio 861/2020 de diez de septiembre de dos mil veinte, respecto a la motocicleta azul, Italika modelo 2020, sin placas de circulación; y, carta factura que ampara la propiedad de la motocicleta a favor de Alfredo Montejo Gamas de nueve de marzo de dos mil veinte. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; Ahora bien, en cuanto al tema de que ese hecho la ley lo señale como delito, correctamente consideró el Juez responsable que hay datos suficientes hasta ese momento para tener por acreditado así el delito que se le imputa de homicidio calificado, ello tomando en consideración que dichos datos de prueba hacen patente que se llevó a cabo la supresión de la existencia de una persona del sexo masculino, quien en vida respondió al nombre de Alfredo Montejo Gamas, que esto sucedió el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, también de acuerdo a los datos de prueba que han sido verbalizados que la causa de la muerte del extinto Alfredo Montejo Gamas, se debió a una lesión por proyectil de arma de fuego que le provocó una laceración del lóbulo temporal izquierdo, pues así se desprendió del protocolo de necropsia, y de acuerdo a los datos enunciados en esa audiencia, previo a dicho acontecimiento Alfredo Montejo Gamas se encontraba en perfecto estado físico y de salud, por lo que resultaba evidente que la supresión de su existencia resultó por haberse accionado el arma de fuego sobre su humanidad. Por otra parte, advirtió también que este hecho de homicidio se acompañaba de la calificativa a la que alude el artículo 123 fracción I, del Código Penal en vigor del Estado de Tabasco, esto es, que se ha cometido cuando la persona no tiene la oportunidad de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer, y de acuerdo a la dinámica de los hechos Alfredo Montejo Gamas fue sometido por varias persona del sexo masculino que se encontraban armados, y por lo tanto le superaban tanto en armas como en número, y que posteriormente fue sometido y conducido al interior de su domicilio, estando en el interior de su domicilio fue amarrado de pies y manos y fue tirado al suelo, y que al encontrarse en dicha posición carecía de cualquier posibilidad real de repeler la agresión en su contra, y estando ya sometido se accionó el arma de fuego en contra de su humanidad. Ahora, en cuanto al número de personas que participaron, se advierte que fueron más de tres personas que participaron en el evento, y posteriormente conforme se desarrollaron los hechos intervinieron más personas del sexo masculino, por lo que dicho ilícito se llevó a cabo en la modalidad de pandilla en la modalidad a que hace alusión el artículo 71 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco. Ahora, si bien es cierto que participaron varias personas en el evento delictivo, de acuerdo a lo manifestado por el Fiscal del Ministerio Público, no consta quien realizó de manera material el acto de accionar el arma de fuego con el cual se privó de la existencia al occiso Alfredo Montejo Gamas, pero existen indicios que hacen suponer la participación de varias personas, por lo que es aquí donde emerge la figura conocida como "autoría indeterminada" a que hace alusión el artículo 70 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, y que establece que cuando un sujeto interviene en la comisión de un delito, pero no conste quien de ellos produjo el resultado a todos se les aplicaran las dos terceras partes de la punibilidad correspondiente; de ahí que, de acuerdo a los datos verbalizados por el fiscal del Ministerio Público, al haberse evidenciado la participación de varias personas en el lugar de los hechos y no existir un dato que permita establecer quién de ellos de manera material accionó el arma de fuego, y quien de manera material ocasionó el deceso del occiso Alfredo Montejo Gamas, se surte la figura a que hace referencia el artículo citado. Por cuanto hace al delito de robo de vehículo con violencia en pandilla y en autoría indeterminada, si bien es cierto que el fiscal del Ministerio Público encuadró los hechos dentro de lo establecido en el artículo 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 en relación con el artículo 70 y 71 del Código Penal para el Estado de Tabasco, el juez de Control, de acuerdo a la mecánica de los hechos verbalizados, se advirtió el apoderamiento de un vehículo marca niisan tipo tiida, color rojo, modelo 2015, placas WTW2704 del Estado de Tabasco, así como una motocicleta marca italika, color azul con blanco, modelo dos mil veinte, sin placas de circulación, con número de serie 3SCPATCS891026554 con número de motor RW152FMH2020415, por lo que se trata de vehículos de motor, por lo que encuadran en lo dispuesto por el artículo 179 fracción V, del Código Penal en vigor del Estado de Tabasco. Que tal ilícito se cometió con violencia, toda vez que las personas que participaron y que ingresaron al domicilio, portaban armas de fuego, y además cometieron actos violentos en contra de las personas que habitaban ese domicilio en donde se encontraban los vehículos de motor; que en dicho ilícito participaron más de tres personas y tampoco consta quien de ellos ejecutó el acto material de apoderarse de tales vehículos. Además, obra el dicho de Audolia Sánchez Arena, así como de la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L., quienes manifestaron que diversas personas se llevaron un vehículo de color rojo marca Nissan tida, así como una motocicleta color azul con blanco, los cuales eran propiedad de Alfredo Montejo Gamas, pues así lo acreditaron con la factura y carta factura respectiva de dichos vehículos. Ahora, respecto del delito de robo a casa habitación con violencia, también fue expuesto por la testigo Audolia Sánchez Arena, y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L., que después de que privan de la vida a Alfredo Montejo Gamas, se dedicaron a buscar objetos de valor dentro del domicilio y posteriormente se percataron de que habían sustraído un televisor pantalla plana de cincuenta pulgadas, la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), así como un equipo celular, asimismo como sucedió con los vehículos, no quedó establecido cual es el valor que pudieron haber tenido, el cual se estima que fue cometido bajo la modalidad de pandilla ya que participaron más de tres personas, y que fue bajo la determinación de autoría indeterminada, porque no consta cual de las personas que participaron en el evento hayan sustraído de manera material dichos objetos, por lo que con base en los datos de prueba expuestos por la fiscalía y por el Juez de Control responsable, se determinó que el hecho que la ley señala como delito de robo a casa habitación con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por el artículo 175, 177, 179 fracción I, 180 del Código Penal del Estado de Tabasco, por haberse realizado de manera violenta, y en relación a los artículos 70 y 71 del código en cita, dicho ilícito se encontraba acreditado. Con todo esto, como ya se dijo tiene existencia el hecho que la ley señala como delito en términos que la fiscalía ha precisado y que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Respecto a la probabilidad de que Román Reyna Jiménez haya participado en estos hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. Ello, tomando en consideración que derivan las entrevistas que obran en la carpeta de investigación y que fueron verbalizadas por el fiscal del Ministerio Público, como lo son la entrevista de Audolia Sánchez Arena, quien señaló que una de las personas que llegaron al lugar de los hechos e incluso fue quien sometió al hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, fue la persona a la que conoce como Román Reyna Jiménez (aquí quejoso), en tanto que esa persona también fue señalada por la menor de identidad reservada de iniciales MFSL, como una de las personas que llegaron de manera inicial al domicilio ubicado en la calle zona verde sin número del poblado C-31 General Francisco Villa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, y también lo señala como la persona que llevaba la capucha y que forcejeo con la victima Alfredo Montejo Gamas. Por lo anterior, es posible inferir la participación del aquí quejoso Román Reyna Jiménez, en los delitos de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, por existir los testimonios de las referidas testigos quienes presenciaron los hechos, lo que hace presumir fuertemente, al menos hasta el estado procesal en que se encuentra la causa penal 72/2020, que el impetrante del amparo participó en la comisión de los hechos delictivos investigados. Apoya a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.1o. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3323, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De igual manera, cobra aplicación la tesis XVII.1o.P.A.52 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el doce de enero del año en curso, pendiente de integración, registro 2015954, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por el quejoso Román Reyna Jiménez, en los que refiere: Que el auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, no reúne los requisitos del artículo 19 Constitucional en relación con los diversos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no surtirse los supuestos para su dictado. Ello, porque los hechos fueron justificados por el fiscal por una serie de entrevistas a las víctimas Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada, y con ello la policía de investigación dio por sentado quienes habían sido las personas que participaron en los hechos delictivos, entre ellos el aquí quejoso Román Reyna Jiménez, además de que no fueron tres si no cinco personas las que intervinieron los hechos delictivos. Que en la continuación de la audiencia la defensa presentó como prueba los testimonios del doctor Rolando Forjas Rodríguez, y la enfermera Melsa Ríos Reyes, quienes dijeron haberlo atendido el día de los hechos; así como el historial clínico expedido por el médico citado, y copia del historial clínico emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se menciona que el aquí quejoso llegó el día veinticinco de agosto de dos mil veinte al área de urgencias quedando internado hasta el día veintisiete de agosto de este mismo año; con lo que pretende demostrar que no se encontraba en el lugar donde sucedieron los hechos delictivos que se le imputan. Ahora bien, como ya se dijo, dichos motivos de inconformidad son infundados, ya que el juez de Control responsable correctamente valoró y determinó que de los medios de prueba expuestos por la defensa respecto del doctor Rolando Forjas Rodríguez, a este sólo le constan hechos que fueron sucedidos los días veintidós y veintitrés de agosto de dos mil veinte, sin que le consten los hechos que pudieron haber acontecido el día veinticuatro de agosto del año en curso, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, ya que claramente refiere que él solamente prestó asistencia médica al imputado Román Reyna Jiménez, los días veintidós y veintitrés de agosto del año en curso. Ello es así, dado que el juez de Control correctamente dijo que, si bien era cierto que éste presentaba dolor abdominal, y que presentaba algunos problemas de salud, esto había ocurrido los días veintidós y veintitrés de agosto de dos mil veinte. Por otra parte, respecto al testimonio de la enfermera Melsa Ríos Reyes, ésta dijo que el día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, atendió a Román Reyna Jiménez en diferentes horarios, y que el último de los horarios, fue cuando llegó al domicilio del imputado entre nueve y nueve quince de la noche, y que se retiró del mismo después de las once de la noche. Así entonces, el juez responsable precisó, que independientemente de que la testigo hubiese errado al momento de establecer la fecha ya que fue el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el cual de acuerdo a la máxima y a la lógica era imposible, porque como bien lo había expresado la defensa, la audiencia de vinculación a proceso era de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por lo que, era claro que se trata de una confusión, no obstante, esa no era la razón por la que no atendía dicho testimonio, sino porque ese testimonio se encontraba en contraposición con lo que narraban las testigos Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L. Además, de que el testimonio de la enfermera no se encontraba corroborado con algún otro dato que le otorgara credibilidad y que por lo tanto pudiera sustentar ese dicho, ya que lo único que había sido ofertado para establecer de que el día veinticuatro de agosto del año en curso, en el transcurso de las nueve de la noche a las once de la noche se encontraba la enfermera en el domicilio del imputado Ramón Reyna Jiménez, fue únicamente el testimonio de Melsa Ríos Reyes. Que, si bien se acreditó de que éste tuvo un padecimiento desde el día veintidós y que persistió hasta el día veintisiete de agosto de dos mil veinte, de acuerdo a la nota médica y clínica siendo esta última la del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual hacía constar que el quejoso ingresó a dicha institución el veinticinco de agosto del año en curso, estas fechas no correspondían al día en que sucedieron los hechos. Que respecto a la presencia del imputado Ramón Reyna Jiménez, en su domicilio particular que se ubica en el poblado C-31 del municipio de Huimanguillo, Tabasco, para acreditar que estuvo ahí es el testimonio de la enfermera Mesa Ríos Reyes, pero dicha testigo no menciona como se cercioró de los horarios en los que dijo haber estado en el domicilio del imputado, por lo que se considera correcta la valoración del juez de Control en determinar que sólo se trataba de horarios aproximados, pues no se tenía la certeza de que en esos horarios haya estado acompañando al quejoso Ramón Reyna Jiménez en el domicilio particular de éste. Ahora, respecto a los documentos que tienen que ver con la atención médica, que fue requerida por el aquí quejoso, dichos documentos dejaban en claro que el imputado si había necesitado atención médica, y que desde el día veintidós de agosto del presente año, fue a una clínica particular por una posible pancreatitis, también que ingreso a las cero nueve horas con cincuenta y dos minutos a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante, en ambos casos el juez de Control consideró acertadamente que tanto el día veintidós de agosto, como la fecha de ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es, el veinticinco de agosto del año en curso, se trataban de fechas distintas a la fecha en que sucedieron los hechos que son materia de la audiencia de vinculación a proceso. Además de que, dichos medios de prueba se encontraban en total oposición a lo manifestado por las víctimas, quienes desde su primer declaración ante el órgano investigador señalaron a las personas responsables de los hechos cometidos en su perjuicio, y de acuerdo al principio de inmediatez procesal, era claro que esas versiones también debían ser tomadas en consideración ya que fueron realizadas de manera próxima a la realización del evento, además de que pudieron reconocer al aquí quejoso dado que éste vive en la misma comunidad en donde radicaba el occiso, y en donde sucedieron los hechos. Por lo que, al ser personas que viven en la misma comunidad es creíble que los puedan reconocer y sepan quienes eran las personas que participaron el día de los hechos delictivos, además de que la menor de identidad reservada los reconoció porque dijo que iban a comer tacos al negocio de su tío Alfredo Montejo Gamas. De todo lo anterior, queda evidenciado lo infundado de los conceptos de violación, pues el Juez de Control de la Región Siete con sede en Huimanguillo, Tabasco, si valoró y tomó en consideración los medios de prueba ofertados por la defensa consistentes en el testimonio del doctor Rolando Forjas Rodríguez y la enfermera Melsa Ríos Reyes; asimismo, tomo en consideración las documentales con las que se acreditaba que el quejoso Román Reyna Jiménez, había recibido atención médica; pues ello no desvirtuaba la participación del aquí quejoso el día de los hechos delictivos, dado que se trataba de fechas diferentes a las del evento, y que el testimonio de la enfermera si bien era lo único que le servía para acreditar que el día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, éste había estado en su domicilio particular ubicado en el poblado C-31 de Humanguillo, Tabasco, dicho testimonio no se encontraba corroborado con ningún otro medio de prueba, por lo que prevalecía el testimonio de las víctimas quienes lo identificaron plenamente el día de lo acontecido. Por otra parte, deviene también infundado el concepto de violación en el que refiere que el juez de Control responsable al momento de resolver su situación jurídica se basó en las entrevistas de las víctimas Audolia Sánchez Arena y la menor de identidad reservada de iniciales M.F.S.L, y con ello se dio por sentado quienes habían sido las personas que participaron en los hechos delictivos, y que no fueron tres sino cinco personas, entre ellos el aquí quejoso Román Reyna Jiménez. Aunado a que el fiscal tomó en consideración la entrevista del Delegado del poblado C-31, del municipio de Huimanguillo, Tabasco, dando a entender la fiscalía que fue testigo sin estar presente el día de los hechos y la fiscalía menciona que es una autoridad; además de que la policía de investigación no investigó, y que solo se basó en el dicho de las víctimas y la fiscalía, en lugar de dirigir la investigación para esclarecer los hechos. Ahora, en atención a dicho concepto de violación resulta pertinente mencionar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el juez debe atender el hecho ilícito que se plantea y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él, sin ser requisito, al menos en ese momento procesal, acreditar el hecho delictivo ni justificar la probable responsabilidad de que el indiciado intervino en su comisión, pues el auto de vinculación a proceso constituye una determinación en fase investigadora inconclusa bajo el control de la autoridad judicial; es decir, no es precedida por la acusación ni el ejercicio de la acción penal, pues ello acontecerá cuando se cierre la investigación judicializada. De modo que, al analizar el acto debe atenderse únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Es decir, al analizar el acto debe evitarse una anticipación de la etapa de juicio sobre el estudio de los elementos del delito y atender únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Por tanto, la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 72/2020, se encuentra debidamente fundada y motivada, tomando en consideración que la juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, fundó y motivó correctamente su resolución, pues estableció como fundamento el artículo 19 Constitucional y 316 del Código de Procedimientos Penales. Puesto que existían hasta ese momento procesal datos de prueba que sustentaban que el quejoso Román Reyna Jiménez, había cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, los delitos de homicidio calificado, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia en pandilla en autoría indeterminada, previstos y sancionados por los artículos 110, 112, 113, en relación al 123 fracción I, 175, 177, 179 fracción I y V, 180, 177, 70 y 71, todos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio del hoy occiso Alfredo Montejo Gamas, representado por Audolia Sánchez Arena. En ese sentido, como ya se ha establecido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Página 360, Registro 2014800, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así entonces, fue correcto que hasta ese estadio procesal, el juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, tomara en consideración lo manifestado por la testigo Audolia Sánchez Arena, ante la fiscalía del Ministerio Público, pues si bien es cierto que refirió que habían intervenido tres personas, pues incluso señaló las características y la identidad de alguno de ellos, lo cual consideró que resultaba creíble tomando en consideración que esas personas tienen ubicado su domicilio en la misma comunidad en donde radicaba el occiso Alfredo Montejo Gamas, y en la cual también radica la testigo Audolia Sánchez Arena, y que también había quedado evidenciado en esa audiencia que Román Reyna Jiménez radica también en el poblado C-31 de Huimanguillo, Tabasco, ya que así lo había señalado la testigo Melsa Ríos Reyes, por lo que, al ser personas que viven en la misma comunidad, era creíble que lo pudieran reconocer y que sepan quienes son las personas que participaron en los hechos delictivos, entre ellas el aquí quejoso. Ahora, el hecho de que la testigo Audolia Sánchez Arena, haya manifestado que se trataba de un grupo de personas y que eran más de tres personas, eso no demeritaba su versión, pues el hecho de que haya dicho que participaron originalmente tres personas, ello implicaba que se trataba de un grupo de personas. Por otra parte, también resulta infundado el concepto de violación en el que hace referencia que se violaron sus derechos fundamentales de debido proceso y defensa adecuada. Se sostiene lo anterior, en virtud de que del audio y video que remitió el juez de Control de la Región Siete, con sede en Huimanguillo, Tabasco, en compañía a su informe justificado, se puede advertir que tanto en la audiencia inicial de doce de septiembre, como en la continuación de la audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el aquí quejoso Román Reyna Jiménez, fue asistido por el licenciado Dolores Cruz Rodríguez, quien se identificó con cédula profesional 4096124 y con número de registro 186, y quien les hizo saber sus derechos al imputado; así mismo, el juez de Control solicitó a la administración de ese juzgado que se corroborara que se tratara de cédula autentica y que se encontrara debidamente registrada ante ese juzgado, por lo que se le hizo saber al juez que el profesionista previo a ingresar a la audiencia exhibió cédula profesional original y quedó previamente registrada ante la administración de ese juzgado, por lo que el juez consideró que el defensor se encontraba legitimado para comparecer en dicha audiencia. De igual manera, en la continuación de la audiencia inicial en fase de vinculación a proceso, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 72/2020, el inculpado Roman Reyna Jiménez, fue asistido por sus defensores particulares María de Lourdes Herrera Toledo y José Ángel Mérito Martínez, asimismo, el juez de Control pidió a la administración de ese juzgado verificar las cédulas de los profesionistas en mención; por lo que se le hizo saber al juez que los profesionistas previo a ingresar a la audiencia exhibieron cédula profesional original y quedaron previamente registradas ante la administración de ese juzgado. Por lo que, se deja en claro que no se vulneró el derecho de defensa adecuada, que consagran los artículos 19 y 20 apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P.XII/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Página 413, Registro 2006152, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Tampoco se violaron las garantías del quejoso relativas al debido proceso contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, que consiste en permitir a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas; pues el derecho al debido proceso se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se cumplieron como se puede constatar de los párrafos que anteceden en donde se hizo un estudio minucioso de dichas formalidades. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Registro 200234, Novena Época, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Finalmente, se deja en claro que se respeta el principio de presunción de inocencia conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Página 1283, Registro 2021559, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO. Conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto." Con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo expuesto por el quejoso, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mucho menos existe violación al procedimiento acorde a lo establecido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales En esas condiciones, al ser jurídicamente infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Román Reyna Jiménez, en contra de los actos que reclama del Juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tienen protegidos los datos personales de las partes de acuerdo a lo determinado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
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