Román Peréz Reyes

Expediente 402/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
402/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Román Peréz Reyes
  • Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Sombrerete, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE PÚBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa los autos del Juicio de amparo en que se actúa y testimonio autorizado de la ejecutoria de siete de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del recurso de queja penal 108/2022, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y agréguense los antecedentes de la queja. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe Ricardo García Valencia, quien se ostenta defensor del quejoso Román Pérez Reyes, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintidós de febrero del año en curso, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veintidós de febrero de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por Ricardo García Valencia, en su calidad de defensor del quejoso Román Pérez Reyes, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el promovente, así como el expediente original del juicio en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta que suscribe Ricardo García Valencia, quien se ostenta defensor de Román Pérez Reyes, por el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, la juez acuerda: Es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. Ahora, atendiendo que la resolución reclamada implica ataques a la libertad personal del quejoso, pues se trata de un auto de formal prisión dictado contra el quejoso, se puede concluir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, estos es, tres de abril de dos mil trece, el amparista estaba en posibilidad de promover juicio de amparo biinstancial contra dicha resolución en cualquier momento, dado que se trata de un acto de aquéllos que la Ley de Amparo abrogada tenía como excepción del término de quince días para instar el juicio de amparo. Sin embargo, la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema especifica que la excepción de mérito es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en término del artículo 17 fracción IV de la Ley de Amparo; por ende, si en la especie el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por la parte quejosa en el apartado de antecedentes de la demanda, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. Entonces, si el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, fue dictado por una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, pues fue el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Sombrerete, Zacatecas, quien el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 55/2006, dictó auto de formal prisión en contra de Román Pérez Reyes, la demanda de amparo debió presentarse en el término genérico de quince días. Debe precisarse además, que la anterior Ley de Amparo establecía en su artículo 22, fracción II, que cuando el acto reclamado consistiera en un ataque a la libertad personal, la demanda podía promoverse en cualquier momento, esto es, no existía diferencia en que ese ataque a la libertad fuera dictado dentro o fuera de procedimiento; sin embargo, a partir del tres de abril de dos mil trece, entró en vigor la nueva ley de amparo, donde el legislador fue claro al establecer que solo los ataques a la libertad fuera del procedimiento, tienen oportunidad a instar juicio de amparo en cualquier momento y se excluyeron de esa excepción precisamente, los ataques a la libertad dictados dentro de procedimiento; por lo que, el criterio de jurisprudencia que el promovente pretende aplicar para la procedencia del presente juicio de rubro "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO", no resulta aplicable al caso, pues dicho criterio hace referencia a los asuntos que se tramitaron antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), en la que determinó que cuando se reclamen actos restrictivos de libertad personal y éstos se dictaron en un proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, el plazo con el que cuenta el gobernado será el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley en comento, lo que en el caso se actualiza, pues de los antecedentes narrados por el propio promovente, se obtiene que el acto de molestia reclamado en este juicio, se emitió el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, fecha posterior a lo establecido en la jurisprudencia en cita, misma que es de observancia obligatoria para esta resolutora en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo y su contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Todo lo anterior permite concluir que si el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, Román Pérez Reyes, tuvo conocimiento completo del acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión dictado en esa misma fecha, dentro de la causa penal 55/2006, emitido por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Sombrerete, Zacatecas y la demanda de amparo que ahora se atiende, fue presentada el dieciséis de febrero del año en curso, se advierte que transcurrió en exceso el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, y en consecuencia se consintió el acto que ahora reclama. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, considerándose que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo García Valencia, quien se ostenta defensor de Román Pérez Reyes, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. En la inteligencia que, atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, la notificación del presente auto, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan, lo anterior con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós.

  4. Principal

    SE PÚBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ricardo García Valencia, quien se ostenta defensor de Román Pérez Reyes, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Sombrerete, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 402/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierten irregularidades, considerando que la parte quejosa omite informar cuándo tuvo conocimiento de la resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad: Indique la fecha en que tuvo conocimiento del auto de formal prisión, dictado dentro de la causa penal 5/2006, contra Román Pérez Reyes. En ese sentido, se hace énfasis que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en los artículos 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con nombre de usuario RGARCIAV, así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido que, con el objeto de brindar certeza a las partes y atendiendo a lo señalado en el diverso numeral 62, del citado Acuerdo General, debe señalarse que las notificaciones por vía electrónica tendrán lugar con motivo de la consulta de la resolución judicial correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que generará la constancia respectiva, o cuando sin haber revocado la referida solicitud, se ingrese un acuerdo al expediente electrónico para la consulta de las partes, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber realizado la consulta de la resolución respectiva, se genere la constancia que corresponda. Ahora bien, toda vez que la parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Tacuba, número 152, interior 34, colonia Centro, de esta ciudad de Zacatecas; asimismo, solicita que se le practiquen vía electrónica; a fin de evitar la duplicidad de notificaciones considerando que las notificaciones electrónicas sustituyen a cualquiera de las efectuadas por las vías tradicionales (personales, mediante oficio y por lista), deberá el promovente precisar cuál es la vía que elige para esos fines; por tanto, notifíquesele el presente auto y requiérasele para que en el término de tres días, a que se refiere la fracción VI, del artículo 1079 del Código de Comercio, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, precise cuál es la vía que elige; apercibida que de no hacerlo, se practicarán las subsecuentes únicamente por vía electrónica misma que fue autorizada en párrafo precedente. Es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica, el criterio sustentado por l. en la tesis 1o.P.34 K, publicada en la página 2364, del libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, tomo lll, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, materia común, con número de registro 2017924, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. El artículo 26 de la Ley de Amparo prevé cuatro vías para notificar los autos o resoluciones emitidos en el juicio de control constitucional, a saber: a) en forma personal; b) por oficio; c) por lista; y, d) la electrónica; siendo que cada una de éstas se encuentra expedita para emplearse en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular. De ese modo, las notificaciones relativas a los incisos a), b) y c) son las vías "tradicionales" en las que éstas se practican en un juicio de amparo, pues se comprende que si el órgano jurisdiccional pretende notificar personalmente una determinación a alguna de las partes, ya sea por previsión de la ley o porque lo estima necesario, dependiendo de la parte procesal de que se trate, empleará alguna de las vías de notificación a) y b), es decir, en forma personal o por medio de oficio; pero si considera que es innecesario que la comunicación respectiva se haga así, el auto o resolución deberá notificarse como lo señala el inciso c), o sea, por medio de lista, pues no puede haber proveído alguno que carezca de publicidad. Por su parte, la notificación citada en el inciso d), es decir, la referente a la vía electrónica, constituye un medio "especial" por el cual, las partes que así lo soliciten, se hacen sabedoras de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el controvertido constitucional, siendo que, salvo en situaciones específicas, la notificación electrónica sustituye a las indicadas como vías "tradicionales" (o sea, a la notificación personal, por oficio y por lista), debiendo practicar el órgano de amparo toda clase de comunicación con la parte que así lo designe, por ese medio. Esto es así, pues del artículo 30 de la ley de la materia, en el que se reglamenta cómo deben llevarse a cabo las notificaciones electrónicas, se advierte la carga procesal u obligación de la parte que elija dicho modo de notificación, de estar diariamente, o sea, de modo permanente, al pendiente del expediente digital, a fin de que oportunamente esté enterada de los pronunciamientos que se decreten en él, de donde se colige que cuando una de las partes elige que las actuaciones emanadas del juicio se le notifiquen electrónicamente, lo conducente es que se le practiquen todas sus notificaciones por esa vía, incluso, las de carácter no personal, salvo casos en los que el órgano de amparo, atento a la naturaleza del acto, estime que deban efectuarse por el actuario mediante otro método. Lo anterior, ya que ni la Ley de Amparo ni el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, prevén alguna disposición que indique que la notificación electrónica deba emplearse única y exclusivamente respecto de proveídos o determinaciones que deben hacerse del conocimiento personal de la parte procesal de que se trate, mientras que el resto (o sea, las de carácter no personal) deban efectuarse por otra vía, como por ejemplo, por medio de lista; ni tampoco en los ordenamientos jurídicos referidos existe dispositivo que señale que la notificación electrónica deba duplicarse o estar a la par de cualquiera de las vías "tradicionales", pues en congruencia con la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo vigente, la notificación electrónica es una vía adoptada libre y voluntariamente por las partes, para que puedan tener conocimiento y consultar de forma pronta, rápida, ágil e inmediata, todas y cada una de las determinaciones que en aquél lleguen a emitirse, sin soslayar que es una vía que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Por tanto, en el sumario es ilegal que la misma parte procesal (como lo es la quejosa) tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones, ya que ello genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el expediente, pues al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley citada, situación que, además de que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, también podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas, verbigracia, para la presentación de escritos, desahogo de vistas, ofrecimiento de pruebas o interposición de recursos, entre otros supuestos." Téngase como medio de comunicación no procesal los números de celular y el correo electrónico que proporciona, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del propio Pleno. En la inteligencia de que, atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, la notificación del presente auto, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan, lo anterior con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós.

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