Roman Perez Jimenez

Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
482/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Roman Perez Jimenez
  • Roman Perez Jimenez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a los quejosos Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios. de siete, ocho, diecinueve y veintiocho de abril de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de tres de mayo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro del proceso penal. en principio, dejó insubsistente los actos reclamados, es decir, las resoluciones de quince y veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitidas en el proceso penal. en las que, respectivamente, se impuso a. la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable intervención en la comisión del delito contra las instituciones de seguridad pública. Enseguida, repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial celebrada el quince de mayo del año pasado, a partir de la imputación; por ende, aperturó nuevamente la audiencia en mención, en la que, en lo que trasciende, la Fiscalía formuló la imputación y, previo a que los imputados -aquí quejosos-, asesorados de su defensa, decidieran que era su deseo acogerse al plazo constitucional y pedir su duplicidad, dicha representación social solicitó la vinculación a proceso, para lo cual realizó un ejercicio de motivación acerca de que cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditaban la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que los imputados hubieran intervenido en su comisión. Posteriormente, el veintiocho de abril del referido año, fecha señalada para la continuación de la audiencia inicial, previo debate en relación con la solicitud de vinculación, el Juez de Control, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de. a quienes se les atribuyó el hecho ilícito previsto en la ley como delito contra las Instituciones de Seguridad Pública, por los motivos ahí expuestos y, en consecuencia, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a éstos. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, la autoridad ejecutora, 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó las acciones realizadas en cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra, se negó la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a los quejosos Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios. de siete, ocho, diecinueve y veintiocho de abril de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de tres de mayo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro del proceso penal. en principio, dejó insubsistente los actos reclamados, es decir, las resoluciones de quince y veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitidas en el proceso penal. en las que, respectivamente, se impuso a. la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable intervención en la comisión del delito contra las instituciones de seguridad pública. Enseguida, repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial celebrada el quince de mayo del año pasado, a partir de la imputación; por ende, aperturó nuevamente la audiencia en mención, en la que, en lo que trasciende, la Fiscalía formuló la imputación y, previo a que los imputados -aquí quejosos-, asesorados de su defensa, decidieran que era su deseo acogerse al plazo constitucional y pedir su duplicidad, dicha representación social solicitó la vinculación a proceso, para lo cual realizó un ejercicio de motivación acerca de que cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditaban la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que los imputados hubieran intervenido en su comisión. Posteriormente, el veintiocho de abril del referido año, fecha señalada para la continuación de la audiencia inicial, previo debate en relación con la solicitud de vinculación, el Juez de Control, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de. a quienes se les atribuyó el hecho ilícito previsto en la ley como delito contra las Instituciones de Seguridad Pública, por los motivos ahí expuestos y, en consecuencia, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a éstos. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, la autoridad ejecutora, 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó las acciones realizadas en cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra, se negó la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a los quejosos Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios. de siete, ocho, diecinueve y veintiocho de abril de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de tres de mayo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro del proceso penal. en principio, dejó insubsistente los actos reclamados, es decir, las resoluciones de quince y veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitidas en el proceso penal. en las que, respectivamente, se impuso a. la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable intervención en la comisión del delito contra las instituciones de seguridad pública. Enseguida, repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial celebrada el quince de mayo del año pasado, a partir de la imputación; por ende, aperturó nuevamente la audiencia en mención, en la que, en lo que trasciende, la Fiscalía formuló la imputación y, previo a que los imputados -aquí quejosos-, asesorados de su defensa, decidieran que era su deseo acogerse al plazo constitucional y pedir su duplicidad, dicha representación social solicitó la vinculación a proceso, para lo cual realizó un ejercicio de motivación acerca de que cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditaban la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que los imputados hubieran intervenido en su comisión. Posteriormente, el veintiocho de abril del referido año, fecha señalada para la continuación de la audiencia inicial, previo debate en relación con la solicitud de vinculación, el Juez de Control, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de. a quienes se les atribuyó el hecho ilícito previsto en la ley como delito contra las Instituciones de Seguridad Pública, por los motivos ahí expuestos y, en consecuencia, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a éstos. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, la autoridad ejecutora, 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó las acciones realizadas en cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra, se negó la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a los quejosos Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios. de siete, ocho, diecinueve y veintiocho de abril de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de tres de mayo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro del proceso penal. en principio, dejó insubsistente los actos reclamados, es decir, las resoluciones de quince y veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitidas en el proceso penal. en las que, respectivamente, se impuso a. la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable intervención en la comisión del delito contra las instituciones de seguridad pública. Enseguida, repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial celebrada el quince de mayo del año pasado, a partir de la imputación; por ende, aperturó nuevamente la audiencia en mención, en la que, en lo que trasciende, la Fiscalía formuló la imputación y, previo a que los imputados -aquí quejosos-, asesorados de su defensa, decidieran que era su deseo acogerse al plazo constitucional y pedir su duplicidad, dicha representación social solicitó la vinculación a proceso, para lo cual realizó un ejercicio de motivación acerca de que cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditaban la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que los imputados hubieran intervenido en su comisión. Posteriormente, el veintiocho de abril del referido año, fecha señalada para la continuación de la audiencia inicial, previo debate en relación con la solicitud de vinculación, el Juez de Control, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de. a quienes se les atribuyó el hecho ilícito previsto en la ley como delito contra las Instituciones de Seguridad Pública, por los motivos ahí expuestos y, en consecuencia, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a éstos. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, la autoridad ejecutora, 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó las acciones realizadas en cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra, se negó la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

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