Román Noyola Hernández
Expediente 1773/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1773/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2018
Partes del expediente
- Román Noyola Hernández
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de enero de dos mil dieciocho. Agréguense sin mayor proveído a los autos del expediente en que se actúa, el escrito signado por el quejoso, por virtud de que por acuerdo de dos de enero del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente -foja 44-.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la determinación dictada el doce de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con apoyo en los numerales 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado estado; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el cinco de enero de dos mil veintitrés. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial de Toluca, Estado de México, el cinco de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "...Tijuana, Baja California, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito para notificar personalmente el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, en virtud de que éste fue puesto en libertad; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, realícese por lista la notificación inmersa en el referido acuerdo, así como las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. En ese contexto, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, en virtud de un acto posterior y diverso. Acorde con lo anterior, se considera que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado ya que como se advierte de la actuación judicial realizada el once de diciembre de dos mil diecisiete, por el fedatario de la adscripción, el quejoso Román Noyola Hernández, fue puesto en libertad el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por remisión de la pena. Actuación a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de una diligencia realizada por un servidor público en el ejercicio de sus funciones; eficaz para demostrar que han cesado los efectos del acto reclamado por el impetrante de amparo -negativa de las autoridades responsables de otorgarle su libertad por compurgación de la pena-, restituyéndolo así en el goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado que tenían. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta procedente declarar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada en proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con cuarenta minutos del dos de enero de dos mil dieciocho. Finalmente, glósese a los autos del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, el oficio signado por una de las autoridades responsables, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente y cúmplase..."; lo anterior de conformidad con el artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo.
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