Roman Nilocas Ruiz

Expediente 855/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
855/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Roman Nilocas Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE ASÍ LO SOLICITARON.

  2. Incidental

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 18, fracción a), del citado Acuerdo General y atendiendo a que, por una parte, se negó la suspensión definitiva y, por otra, se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de doce de febrero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 855/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y por razón de turno ante este juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el mismo día ROMAN NICOLAS RUIZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos y autoridades responsables: III.- Autoridades ordenadoras: Señalo como tales a: AL C. GUSTAVO ACASIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, AGENTE MUNICIPAL, DE LA AGENCIA DE ITURBIDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, DEL DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE CHALCATONGO. AL C. ADELFO NICOLÁS NICOLÁS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE CHALCATONGO. A LA C. WUENDY DOLORES CORTES RUIZ, SÍNDICO MUNICIPAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE CHALCATONGO. b) Autoridades ejecutoras; con tal carácter señalo a: A LA C. SABINA ADELA LÓPEZ CORTÉS, REGIDORA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, CON DOMICILIO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO. IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades ordenadoras, reclamo: LA ORDEN VERBAL Y ESCRITA PARA REALIZAR LA APERTURA DE UNA CALLE EN EL TERRENO QUE SOY POSEEDOR SIN PREVIO AVISO, NOTIFICACIÓN A MI PERSONA COMO POSEEDOR Y SIN UN DOCUMENTO QUE ACREDITE EL DERECHO DE SERVIDUMBRE DE PASO, Y/O ACUERDO, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS. De las autoridades ejecutoras, reclamo: "LA EJECUCIÓN MATERIAL de la APERTURA DE UNA CALLE EN EL TERRENO QUE SOY POSEEDOR, SIN MI CONSENTIMIENTO". Actos que estimó violatorios del artículo 1º., 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Seguido que fue el trámite del juicio, bajo el esquema de trabajo establecido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los diversos Acuerdos Generales, emitidos con motivo de la pandemia derivada del virus covid- 19, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda, y, de las constancias de autos, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: La orden verbal o escrita de la apertura de una calle en el terreno del cual es poseedor, sin su consentimiento; y, su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente Municipal Constitucional, Síndica Municipal y Regidora de Obra Pública, del Ayuntamiento Constitucional de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado pues expresaron: "NEGAMOS los actos reclamados que aduce el quejoso, toda vez que los suscritos no hemos dado ninguna orden verbal y/o escrita para realizar la apertura de una calle en el terreno que supuestamente es poseedor, cuyas medidas y colindancias se precisan en la demanda de amparo, ni mucho menos hemos ejecutado la supuesta orden, pues la misma es inexistente. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito4, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas; lo procedente es sobreseer en el presente juicio. CUARTO.- Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Agente Municipal de la Agencia de Iturbide, perteneciente al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, del Distrito de Tlaxiaco, estado de Oaxaca; no rindió su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado de la petición del mismo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en el caso, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de las constancias que integran el expediente, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acredita contar con el interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, en relación con lo dispuesto en los numerales 5 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (...)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De los dispositivos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no lesiona el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa; entonces, para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad, es indispensable que le produzca a la parte quejosa un agravio dentro de su esfera jurídica. Bajo esa condición, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos tanto por la Constitución Federal, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; así, la noción de perjuicio, para los efectos del amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir a demandar que cese esa transgresión. El contexto anterior hace evidente la existencia de elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, los cuales son concurrentes, pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. Para acreditar el interés jurídico la parte quejosa del juicio de amparo debe demostrar, necesariamente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo, el promovente del amparo debe acreditar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. De esta manera, se reitera que el juicio de amparo puede ser promovido únicamente por aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo, de ahí que el perjuicio debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Así, como la parte quejosa tiene la carga de demostrar la afectación a su interés jurídico, éste debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones; es decir, el gobernado que acude ante la instancia constitucional debe demostrar, en forma fehaciente, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo; de tal suerte que la comprobación del interés jurídico se vincula directamente con el bien que se dice afectado. En concordancia con lo expuesto, cuando se defiende la posesión de un bien inmueble, como en el caso, debe considerarse que es poseedor el que ejerce sobre una cosa un poder de hecho, sin que tal poder constituya un hecho con consecuencias jurídicas, sino solamente la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Tal afirmación se sostuvo en la jurisprudencia 1/2002, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se invoca en apoyo a las consideraciones expuestas (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, registro 187733): "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Ahora, en este juicio de amparo, bajo protesta de decir verdad, ROMÁN NICOLÁS RUIZ manifestó que es poseedor de un terreno de régimen comunal ubicado en el paraje denominado "YATA UNCÚ" del núcleo agrario de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE MIDE: 118.50 METROS EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON CALLE PRIVADA DE OCHO METROS DE ANCHO. AL SUR MIDE: 126.30 METROS EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON LA POSESIÓN DE LA SEÑORA: CARMELA NICOLÁS RUIZ. AL ORIENTE MIDE: 62.30 METROS EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON LA POSESIÓN DE LA SEÑORA: ESTHER CONCEPCIÓN RUIZ PÉREZ. AL PONIENTE MIDE: 47.00 METROS EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON LA IGLESIA DE ITURBIDE. Y como se dijo previamente, reclama del Agente Municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, la orden verbal y escrita de la apertura de una calle en el terreno del cual es poseedor y su ejecución. Bajo ese tenor, para que la parte quejosa acceda a la protección constitucional, es necesario que acredite, primeramente 1) la existencia del derecho a poseer el inmueble descrito en párrafos que anteceden, el cual debe sustentarse en un justo título que se apoye en alguna figura jurídica o precepto legal; y, en segundo lugar, 2) que haya identidad entre el bien inmueble descrito en el documento que contenga la causa generadora del derecho a poseer y el que es afectado por el acto de autoridad. Para tratar de demostrar la titularidad del derecho que alega, el quejoso exhibió como prueba documental la copia certificada por notario público de la constancia de posesión expedida a su favor el nueve de julio de dos mil trece, por el presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, en razón de la cesión de derechos otorgada por Esther Concepción Ruiz Pérez. Sin embargo, la referida parte quejosa no acredita su interés jurídico, ya que esa constancia de posesión no constituye un justo título, apto para demostrar que se incorporó a su esfera jurídica el derecho de posesión que afirma guardar sobre el inmueble en comento. Es así, porque la constancia de posesión que se analiza no constituye un justo título que sirva como base objetiva en la que se sustente el derecho que, dice la quejosa, le fue vulnerado, debido a que no fue emitida por el órgano competente para regular los derechos de tenencia de las tierras comunales. En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos 107, 21, 22, 23, fracción VIII, 32, 33, 56, 99, fracción II, y 100 de la Ley Agraria, se obtiene que la asamblea de comuneros tiene, entre otras atribuciones, como de su competencia exclusiva, la regulación de la tenencia de los posesionarios de las tierras pertenecientes al núcleo agrario, por lo que será a través del reconocimiento efectuado por la asamblea de comuneros que se acredite un derecho sobre tierras comunales. Los numerales referidos son del tenor literal siguiente: "Artículo 107.- Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo". "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia". "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo". "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: (...) VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; (...)" "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido (...)". "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proverá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional". "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: (...) II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; (...) "Artículo 100.- La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción IX del artículo 23 podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 75". Sustancialmente, de los artículos transcritos de la Ley Agraria se desprende que la asamblea es el órgano supremo de la comunidad y, entre otras, es de su competencia exclusiva el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y la regularización de tenencia de posesionarios; además, se aprecia que el comisariado es el órgano encargado de la representación del núcleo agrario y le compete administrar los bienes comunes, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, así como para pleitos y cobranzas; asimismo, tiene como función la de cumplir las decisiones de la asamblea. Así, es evidente que el Comisariado de Bienes Comunales no cuenta con facultades para expedir, por iniciativa propia, constancias de posesión, pues el órgano encargado de regularizar las cuestiones relativas a la posesión es la Asamblea. Para abundar en lo anterior, conviene citar lo establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que en el capítulo de la regularización de la tenencia de la tierra de posesionarios (artículos 36 a 40), establece: (Imagen escaneada) Lo anterior patentiza que la Asamblea es la única facultada para asignar las parcelas o regularizar la posesión sobre éstas; por lo cual, el comisariado cuenta con facultades limitadas a los actos de gestión administrativa de los bienes comunales y de representación de la asamblea, razón por la cual no puede, por voluntad propia, asignar las parcelas o disponer de los bienes propiedad de la comunidad, ni reconocer derechos posesorios; porque si la intención del legislador hubiera sido conferirle tales facultades, no lo habría facultado sólo como representante o apoderado para actos de administración y pleitos y cobranzas del núcleo agrario. En esas condiciones, se insiste, la constancia de posesión exhibida por la quejosa carece de eficacia jurídica para acreditar el interés pretendido, por haber sido expedida por un órgano que no tiene facultades para tal efecto, aunado a que tampoco se demostró que el comisariado contara con la autorización de la asamblea para su emisión o, en su defecto, que ésta la hubiese ratificado. En todo caso, la citada constancia sólo es eficaz para acreditar, indiciariamente, que el Comisariado de Bienes Comunales de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, se percató que la quejosa tiene la tenencia material irregular del predio que por esta vía defiende, pero no para comprobar que a ésta le asista un derecho asignado o reconocido por la Asamblea. En apoyo a lo anterior, y por ser obligatoria para este Juzgado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se invoca la jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), del Pleno del Decimotercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, diciembre de 2013, tomo II, página 831, registro 2005053, de rubro y texto: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero". Entonces, como la parte quejosa no ofreció algún medio de convicción idóneo para acreditar que forma parte de la comunidad agraria de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, ni que, eventualmente, el predio que ostenta sea susceptible de serle asignado, o bien, reconocido su derecho sobre el mismo por la Asamblea, asume el carácter de poseedora irregular. Por los fundamentos y motivos expuestos, en términos del numeral 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, ante la inexistencia del acto reclamado y la evidente actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la misma ley, lo que impide analizar el fondo del asunto. Precisiones finales. 1°) Si bien este juicio de amparo versa en materia agraria, es preciso indicar que no opera en favor de la quejosa la suplencia de la queja, tomando en consideración que, para ello, se requiere que los actos reclamados sean de naturaleza netamente agraria y, como tales, afecten o puedan afectar derechos agrarios, lo que, en el caso, no acontece. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 23/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página tres mil ciento noventa y ocho, tomo cuatro, libro III, diciembre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2000034, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN O PUEDAN AFECTAR DERECHOS AGRARIOS DE LOS PROMOVENTES". 2°) Cabe aclarar que el objeto del juicio de amparo no es pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del documento con el que la peticionaria de amparo pretende acreditar su interés jurídico; sin embargo, es necesario analizar ese documento, sólo para los efectos de determinar si es apto o no para justificar un derecho. Al caso, es aplicable la tesis 2a. LII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Mayo de 1997, página 333, registro 198744, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". 3°) No pasa desapercibido que el predio que defiende la quejosa, al parecer -como se advierte de las constancias de autos, forma parte de las tierras comunales del núcleo agrario de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca; no obstante, aún en ese supuesto, el quejoso carecería de legitimación para promover el juicio de amparo pues, como se puede apreciar de lo expuesto en esta sentencia, la facultad de defender tierras de la comunidad corresponde al Comisariado de Bienes Comunales. Criterios invocados. Los criterios jurisprudenciales invocados en este asunto, integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, son aplicables en tanto no se oponen a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, como lo establece el artículo sexto transitorio de esta última. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ROMAN NICOLAS RUIZ, contra los actos y autoridades responsables señaladas en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, quien actúa ante la licenciada Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria de Juzgado que autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no obra en autos el informe justificado del Agente Municipal de la Agencia de Iturbide perteneciente al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, pues es posible que se encuentre en tránsito postal. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

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