Roman Neri Salmeron
Expediente 457/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Roman Neri Salmeron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado con la firma electrónica del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Saltillo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 412/2022 (con número de orden 732/2022), enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal notificara al directo quejoso Román Neri Salmerón, el auto de diecinueve de julio del presente año, mediante el cual este Juzgado Federal declinó la competencia para conocer del presente asunto; por tanto, téngase al directo quejoso por legalmente notificado de referido auto. Dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que en auto de tres de agosto del presente año, se tuvo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, residente en Saltillo, informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, sin que se hubiera hecho pronunciamiento respecto al archivo del asunto, hasta en tanto se devolviera la comunicación oficial citada en párrafos que anteceden. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), del capítulo octavo, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado con la firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, residente en Saltillo, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 457/2022, promovido por Román Neri Salmerón, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, de lo que este Juzgado Federal toma del conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos como es la demanda de amparo y las constancias relativas al toca penal SPU-EJ-III-15/2022, consistente en dos tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que del sumario se advierte que la resolución reclamada dictada en el toca penal SPU-EJ-III-15/2022, es la que confirmó la diversa que calificó de legal la orden de traslado del aquí quejoso del Centro de reclusión ubicado en esta ciudad al Centro Federal de Readaptación Social número "18 CPS-Coahuila", ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila (fojas 36 a 78, tomo I de pruebas). El directo quejoso fue trasladado a ese Centro desde las cero horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, como se hizo constar en el acta respectiva (foja 435, tomo II de pruebas), por lo que la orden de traslado de un centro de reinserción social a otro, ya fue ejecutada y es la que se cuestiona en el juicio de origen, por lo que debe conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el centro de reclusión donde actualmente se encuentra recluido. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2020828, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." De acuerdo con la anterior jurisprudencia se observa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el traslado implica, en un primer momento, la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al interno del lugar de donde está recluido; el segundo consiste propiamente en el traslado material del interno a un lugar distinto; y el tercer momento es aquél por el cual se ingresa al interno al nuevo centro de reclusión, etapa con la que culmina la ejecución de la orden de traslado con la noticia cierta al centro de reclusión en donde se encuentra. De ahí que, en el caso la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, dada su naturaleza jurídica (acto de tracto sucesivo), sus efectos no se agotaron con la sola emisión de la orden, sino que al requerir ejecución, se prolongaron en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado actuó constantemente hasta lograr ejecutar el traslado que culminó con el internamiento del quejoso en el otro centro penitenciario, como ya quedó reseñado. Por tanto, el acto reclamado consistente en que el traslado produjo sus efectos en dos circunscripciones territoriales, por lo que el supuesto aplicable es la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, es decir a prevención. De ahí que este órgano jurisdiccional, sin mayor interpretación, arriba a la decisión de que, en la especie, el juzgado competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa, es un Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila en turno con sede en Saltillo, toda vez que es el que ejerce jurisdicción en el territorio donde se materializó la ejecución de la orden de traslado. En efecto, como en el caso, si el quejoso al momento en que se presenta la demanda de amparo se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número "18 CPS-Coahuila", ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, proveniente de diverso Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad, conforme a las reglas citadas en el numeral 37 de la ley de Amparo, el Juez competente para conocer del juicio es aquél que tiene jurisdicción donde se encuentre recluido el reo; por ende, si en la demanda de amparo el inconforme reclama la resolución que confirmó la calificativa de la orden de traslado efectuada al citado centro federal de reclusión en el que se encuentra recluido actualmente, la competencia del asunto corresponde al Juez de Distrito qué ejerce jurisdicción en ese centro penitenciario. Lo anterior, ponderando que como en el caso, al tratarse el acto reclamado tiene origen en una orden de traslado que ya se ejecutó, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de Amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos humanos. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito; por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y a la brevedad posible remítase los autos originales y dos tomos de pruebas al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila en turno con sede en Saltillo, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa sede, a fin de que esté en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia planteada. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 24/2018 en sesión pública ordinaria de veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Ahora bien, toda vez que el directo quejoso Román Neri Salmerón, actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-COAHUILA", con dirección en carretera Paredón, kilómetro 16, Ex hacienda de Mesillas 25901, Ramos Arizpe, Coahuila; con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y por lo dispuesto en el acuerdo General 28/2016, que reforma, adiciona y deroga el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, así como lo dispuesto por los artículos 107,108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, con sede en Saltillo, Coahuila, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído al referido sentenciado. Se faculta al juzgado exhortado para que ordene las providencias que sean necesarias a efecto de lograr la diligencia mencionada, asimismo resuelva las contingencias que pudiesen derivarse respecto lo encomendado, en el entendido de que las facultades concedidas en su favor son enunciativas más no limitativas, por lo que, podrá gestionar lo necesario para que la diligencia se verifique. Hecho lo anterior, remita las actuaciones conducentes al resultado del trámite de la comunicación oficial vía electrónica a este órgano jurisdiccional. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para este día a las trece horas con diez minutos, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que la tercera interesada fue emplazada a este juicio el quince de junio del presente año, razón por la cual a la presente fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese a todas las partes, en términos de la jurisprudencia 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".
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