Román Navarro Simental
Expediente 594/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 41 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 09/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Román Navarro Simental
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
El nueve de enero de dos mil diecinueve, José Luis Cuevas Nolasco, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término transcurrió para la parte quejosa del cinco al dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el********************, dentro del juicio de amparo 594/2018. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión en el que se le concedió la suspensión definitiva solicitada y que la parte quejosa no exhibió billete de depósito; No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el********************, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en razón de que se concedió la suspensión definitiva; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Wendy Díaz*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de derechos 594/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 8), a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 16, 48 y 146); así como, a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al Juez con la documental que anexó el quejoso con el escrito de demanda (foja 8); con las documentales remitidas por las autoridades responsables con los informes justificados y con el oficio recibido bajo el folio 5248, por el Director General del Centro SCT Zacatecas (fojas 23 a 38, 48 a 81, 146 a 170, 181 a 196). A lo que el juez provee: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: El secretario hace constar que no existen escritos por los cuales las partes formularan alegatos, ni la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, formuló pedimento. A lo que el Juez dispone: Con vista en la certificación secretarial de cuenta, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tener perdido el derecho de las partes para expresar alegatos. Al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 594/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Román Navarro Simental, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables ordenadoras: -Titular de la Dirección de Asuntos Laborales de la Dirección General Adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la ciudad de México. -Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la ciudad de México; de quienes reclama: La orden de suspensión del cargo por el periodo de quince días, decretada en el juicio DR-089/2017. Autoridades responsables ejecutoras: -Director General del Centro SCT, Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concede en Guadalupe, Zacatecas: de quien reclama: La ejecución de la orden de suspensión de empleo atribuida a las autoridades ordenadoras. Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -La orden de suspensión del cargo del quejoso decretada por el periodo de quince días, decretada dentro del juicio DR-089/2017 y ejecución de la misma. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director General del Centro SCT, Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en Guadalupe, Zacatecas, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado; de ahí que se tenga cierto el mismo (fojas 16 y 17). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte las diversas autoridades responsables Titular de la Dirección de Asuntos Laborales de la Dirección General Adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambos con sede en la ciudad de México, rindieron informe justificado negando la existencia del acto reclamado; negativa que se desvirtúa conforme a las manifestaciones que realizan de la defensa de la legalidad del acto reclamado y de las que se advierte la suspensión del empleo, cargo o comisión por el término de quince días decretada en contra del quejoso y comunicada a la autoridad ejecutora para su ejecución. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia. En la especie, no se analizará la litis constitucional, toda vez que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Esta causa de improcedencia se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. Tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (Tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en la orden decretada para que se cumpla la suspensión del empleo, cargo o comisión que desempeña para las responsables, por el término de quince días, decretada en el juicio DR-089/2017. El citado acto, lo sustenta el quejoso, en la circunstancia que la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, recaída al recurso de revocación 4/2017 y que dejó firme la suspensión aludida, no ha quedado firme en tanto que le fue notificada el diecinueve de enero siguiente y como tal, refiere es impugnable en el término de treinta días ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, con el informe justificado y mediante oficio recibido bajo el folio 21965 (fojas 146 y 181), con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, obra constancia relativa a: Resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida por los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 5601/18-17-13-2, que confirma la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revocación 4/2017, por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De ahí que, de llegar a concluirse que la orden de suspensión del empleo, cargo o comisión reclamada por el quejoso, resultase inconstitucional, por encontrarse subjudice la recaída en el recurso de revocación emitida en el expediente 4/2017; los efectos del fallo protector ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, puesto que a la fecha la referida resolución quedo firme al decretarse así en la diversa de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 5601/18-17-13-2, por la Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En efecto, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 5601/18-17-13-2, que deja firme la diversa de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, recaída al recurso de revocación 4/2017, modificó el entorno del acto reclamado, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento invocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Román Navarro Simental, contra los actos que reclamó del Titular de la Dirección de Asuntos Laborales de la Dirección General Adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambos con sede en la ciudad de México y Director General del Centro SCT, Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concede en Guadalupe, Zacatecas, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la suscrita Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas certifica: Que se encuentran fijadas las diez horas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido de las constancias allegadas por la autoridad responsable titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja ciento noventa y nueve), con sede en la Ciudad de México. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que se encuentran fijadas las diez horas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido de las constancias allegadas por la autoridad responsable titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja ciento noventa y nueve), con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las once horas con veinte del treinta de noviembre de dos mil dieciocho. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza. Doy fe. EMVG
- Principal
El treinta de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 21965. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el titular del Área de Responsabilidades del órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG
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