Roman Morales Martínez
Expediente 21/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Roman Morales Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, previo aviso a la Dirección General de General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.
- Principal
Es aplicable al caso la diversa tesis aislada I.3o.C.41 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Agosto de 2002, registro, registro 186294, Novena Época, Materia Común, del literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre la procedencia del amparo." Ahora, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 1 y 5, fracción II, interpretados a contrario sensu, éstos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos, refieren, en ese orden, lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Bien, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Por su parte, el artículo 5, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1, de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso concreto, el acto reclamado consistente en el cobro de servicio y corte del suministro de energía eléctrica, se advierte que es de naturaleza mercantil. En esa guisa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su naturaleza es mercantil; ello, porque la responsable actuó en un plano de coordinación con la impetrante constitucional, ya que su relación con la autoridad responsable, esto es, con la Comisión Federal de Electricidad, deriva de la pretensión de obtener la prestación del servicio de energía eléctrica a través de un contrato de suministro de la misma. Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar los conceptos de "autoridad responsable", de "acto de autoridad" y la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de "coordinación" y "supra a subordinación", a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Efectivamente, el concepto de autoridad para los efectos del amparo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, consultable en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.5b 01/10/21 10:14:27 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUÉLLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.5b 01/10/21 10:14:27 gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo, se observa, que excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en términos de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste así resulte improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de "coordinación" y de "supra a subordinación", que, se itera, también se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las "relaciones de coordinación", presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las "relaciones de supra a subordinación", surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.5b 01/10/21 10:14:27 gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el particular, cabe afirmar que la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado, consistente en el cobro y corte del suministro de energía eléctrica, que se reclama a la autoridad responsable Encargado del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad de Mapastepec, Chiapas, desde el punto de vista de esos dos tipos de relación, se ubica dentro de las denominadas de "coordinación", pues como se vio, excluye la idea del "acto de autoridad" que es la que impera en las "relaciones de supra a subordinación". En esas condiciones, y tomando en consideración que los actos reclamados por el referido quejoso, están directamente relacionados con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica, con el que señala se le prestaría el servicio y suministro de energía eléctrica; por tanto, es de naturaleza mercantil. En ese contexto, es indefectible, que el vínculo contractual que se omite y niega a la referida quejosa, y que, se reprocha a la autoridad responsable, es una controversia que debe plantearse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Es aplicable al caso la Contradicción de Tesis 250/2017, que dio lugar a la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), localizable en la página 336, del Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015944, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". De igual forma, sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), consultable en la página 532, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, máxime que existe jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual, como se vio, no corresponde a los de una autoridad, y por ende, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO.
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