Roman Morales Martinez
Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Roman Morales Martinez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), artículo 21, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó el escrito inicial de demanda y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
Vista la demanda promovida por Román Morales Martínez, contra actos del Encargado del Departamento Comercial de Comisión Federal de Electricidad de Mapastepec, Chiapas, y otras autoridades, señalando como acto reclamados:...Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 28/2021. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:...De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que sea manifiesto e indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma, cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones. Lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en la hipótesis de estudio. De lo expuesto en párrafos arriba señalados, se aprecia que el acto objetivamente reclamado por el quejoso lo constituye, el cobro excesivo por el servicio de energía eléctrica en el domicilio comercial descrito en la demanda que se provee y el inminente corte de dicho servicio por falta de pago....Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la misma carece de la firma autógrafa del promovente Román Morales Martínez; ya que únicamente cuenta con la firma electrónica de su autorizado; por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, la demanda resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa del quejoso, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho, es por ello que, ante la falta de firma no hay forma de saber si es voluntad del peticionario de amparo promover el juicio constitucional, dado que conforme lo establece el artículo 6° invocado, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. De ahí se tiene que si el escrito inicial de demanda carece de firma autógrafa de Román Morales Martínez, es evidente que no incorpora la voluntad de éste de presentar la demanda por no contener firma y dicha irregularidad no puede ser corregida mediante una prevención, por no ser de las previstas en el artículo 114 de la invocada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. Cabe destacar que la demanda fue presentada vía electrónica, con la firma electrónica (FIREL) de Joel Trinidad Duque, quien figura en la demanda como autorizado en amplios términos, no obstante, carece de firma autógrafa del quejoso. En efecto, la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo y los acuerdos que al respecto ha emitido el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (12/2020), no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. Es así, pues únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, se reitera, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, procede desechar de plano la demanda....En consecuencia, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que el escrito de demanda carece de la firma electrónica del promovente Román Morales Martínez; lo anterior es así, puesto que únicamente se cuenta con la firma electrónica de su autorizado. En tales condiciones, al no existir instancia de parte agraviada a quien le perjudique la emisión del acto reclamado, lo procedente es, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, con fundamento en los artículos 61, fracciones XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo y el arábigo 113, de la última ley invocada...En virtud de que la demanda carece de la firma electrónica, no se tiene por señalado domicilio y autorizados; no obstante, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se ordena notificar el auto que se emite en los estrados de este juzgado, por así solicitarlo expresamente, únicamente el presente proveído. Sin que obste el hecho de haber señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que refiere, ello es así, toda vez que por lo que hace al primer medio señalado, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, para las notificaciones por vía electrónica es necesario que la parte indique su nombre de usuario; y, respecto al número telefónico que designa la ley en la materia no lo prevé como tal para realizar las notificaciones, y tampoco resulta tenerlos como medios de contacto, por virtud de la determinación adoptada en líneas precedentes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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